Terminar la tarea[1]

La disputa por los recursos,
la descentralización y la defensa
de la educación pública

Por: Víctor Cardona[2]

En el año 2024, el gobierno del presidente Gustavo Petro sentó las bases constitucionales para saldar una deuda histórica del Estado con los maestros y los sectores populares del país. Mediante el Acto Legislativo 03, se abrió el camino para incrementar de forma gradual los giros del Sistema General de Participaciones (SGP) hacia las regiones, priorizando la financiación de la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico. Sin embargo, este avance histórico hoy transita por un panorama incierto: a falta de una Ley de Competencias definitiva, no existe claridad sobre cómo ejecutarán las regiones estos nuevos recursos.

A esta incertidumbre se suma que el nuevo gobierno se inscribe ideológicamente dentro de la doctrina neoliberal. En sus recientes pronunciamientos sobre la materia, ha enfatizado la necesidad de recortar el gasto público, al tiempo que se vislumbran vientos de privatización en el sector educativo. Es por ello, que los maestros desempeñamos un papel fundamental en esta coyuntura política. No solo debemos defender la educación como un derecho fundamental garantizado por el Estado, sino también articularnos con los demás sectores populares para culminar la tarea iniciada por el gobierno anterior.

En este documento expondré el problema de desfinanciación generado por las reformas al SGP durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Asimismo, caracterizaré el complejo escenario y los profundos debates legislativos que abrió el gobierno de Gustavo Petro, detallando el riesgo de privatización que se corre si los sectores de derecha ganan el pulso en torno a la Ley de Competencias, luego se hará una reflexión sobre la actual crisis fiscal del país a la que se le suma los estragos del terremoto. Finalmente, presentaré una serie de propuestas de horizonte político orientadas a encauzar las exigencias del movimiento sindical, gremial y social, con el fin de salvaguardar el proyecto de financiar de manera digna los derechos fundamentales en las regiones, especialmente el derecho a la educación.

La primera reforma del SGP fue de la derecha

La educación pública en Colombia se financia principalmente a través de las transferencias territoriales provenientes del SGP, las cuales representan la fuente de recursos más importante para este sector. En la práctica, muchos municipios de menor capacidad financiera dependen de manera casi absoluta (entre el 74% y el 99%) de estos giros nacionales para poder sostener sus sistemas educativos. Sin embargo, la asignación de estos recursos ha estado históricamente desfasada respecto a los costos reales de la canasta educativa.

Desde la constitución de 1991, los recursos corrientes del a nación, adquiridos principalmente a través de los impuestos, son asignados a una bolsa denominada el SGP -Sistema General de Participaciones- es el conjunto de recursos que la Nación transfiere por mandato constitucional a las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) para la financiación de los servicios públicos a su cargo, priorizando la salud, la educación pública, y el agua potable. Este modelo se concibió inicialmente en la Constitución de 1991 bajo un principio de descentralización fiscal, buscando dotar a las regiones de la autonomía y los recursos económicos suficientes para asegurar los derechos fundamentales de su población directamente en los territorios.

No obstante, a lo largo de las últimas décadas, el sistema ha sido sometido a constantes ajustes que alteraron su diseño original, transformando lo que debía ser una distribución equitativa en un mecanismo de control y centralización de la renta nacional por parte del nivel central de gobierno. A través de los actos legislativos 01 del 2001 en el Gobierno de Pastrana y posteriormente el 04 del 2007 en el gobierno de Uribe se materializaron unas contrarreformas que contrastaron con los principios establecidos en la constitución del 91.

Al respecto, hay que recordar que a finales de los años 90 Colombia estaba enfrentando una crisis económica impulsada principalmente por un mal manejo de la banca nacional. Esta situación obligó al país a solicitarle recursos a la banca internacional y a cambio se comprometió a seguir estrictos planes de ajuste fiscal que acordaron con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así fue que se desvincularon las transferencias del crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) y se establecieron fórmulas de crecimiento basadas en la inflación promedio, congelando prácticamente el flujo de recursos en términos reales. (Ortiz, 2017)

El golpe de gracia ocurrió con la reforma de 2007, calificada como aún más regresiva, ya que eliminó el parágrafo transitorio de la reforma de 2001 que obligaba al Gobierno nacional a restablecer el piso original de participación de las transferencias una vez finalizado el periodo de transición, perpetuando de esta forma el recorte fiscal de manera permanente.

Las consecuencias acumuladas de estas reformas se traducen en una enorme pérdida de recursos para el desarrollo social y educativo del país. Es importante precisar que, mientras la Constitución de 1991 proyectaba que las transferencias territoriales alcanzaran progresivamente el 46.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), el ajuste continuado introducido por las reformas de 2001 y 2007 provocó que la participación del SGP cayera drásticamente hasta representar tan solo el 29% de los ICN en 2016. Aunque existe la noción de una caída hasta el 19%, las fuentes de tu cuaderno documentan de forma exacta que esta reducción del 46.5% al 29% de los ICN implicó que los municipios y departamentos dejaran de recibir cerca de $130 billones de pesos corrientes hasta el año 2016, afectando críticamente a las jurisdicciones rurales y a los pequeños municipios que carecen de tributos propios para compensar este vacío fiscal.

Estudios del propio Ministerio de Educación evidenciaron desde 2002 que los recursos del SGP eran insuficientes y que se requería un aumento de al menos el 50% para ofrecer un servicio educativo óptimo; ante esta limitación de fondos, el Estado optó por recortar rubros esenciales de calidad como infraestructura, dotaciones escolares, conectividad y proyectos pedagógicos, limitando la financiación casi exclusivamente al pago de la nómina docente.

La descentralización como caja de pandora

El Acto Legislativo 03 de 2024 representó para las regiones de Colombia la apertura de lo que bien podríamos llamar una «caja de la esperanza» constitucional, al ordenar el incremento gradual de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) hasta alcanzar el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación en un periodo de transición de doce años (Congreso de la República, 2024). Esta reforma pretendía saldar una deuda histórica de desfinanciación y cerrar las profundas brechas socioeconómicas y territoriales en sectores prioritarios como la salud, la educación y el saneamiento básico.

Sin embargo, la descentralización fiscal es un arma de doble filo: aunque la Constitución amarró la meta porcentual de las transferencias, dejó la definición técnica y operativa de su ejecución supeditada a una futura ley reglamentaria. Es precisamente en este vacío normativo donde el debate actual ha destapado una verdadera caja de Pandora, en la que los anhelos de autonomía territorial y derechos sociales se enfrentan a la amenaza inminente del retroceso político.

Durante la última etapa del gobierno saliente de Gustavo Petro, se radicó el Proyecto de Ley de Competencias de 2025, una propuesta diseñada bajo un enfoque emancipador y de derechos humanos. Este texto buscaba estructurar la entrega de competencias a los entes territoriales priorizando la reducción de desigualdades y blindando la provisión pública de los servicios esenciales, en esta, se buscaba una “reorganización del modelo de competencias” ajustando la propia definición y propendiendo por una verdadera descentralización al otorgarle a los entes territoriales total autonomía para la ejecución de recursos, la nación sólo procedería por solicitud expresa de ente territorial o por una situación excepcional como un desastre natural (Ruiz, 2026).

Entre sus postulados más significativos, el proyecto establecía de manera taxativa que sectores vitales como el agua potable debían ser tratados como un bien común y no como una mercancía, prohibiendo su monopolización y promoviendo una gestión pública, democrática y comunitaria. Asimismo, el proyecto ordenaba una transición institucional coordinada para que la transferencia progresiva de los billonarios recursos del SGP estuviese estrictamente atada a la garantía fáctica de los derechos fundamentales de la población.

El problema fue que los resultados de las elecciones presidenciales cambiaron por completo el enfoque del gobierno y eso afectó dicho proyecto de ley. El pasado 31 de julio de 2026, el ministro del Interior designado por la administración entrante de Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, anunció formalmente que la primera gran tarea de su cartera a partir del 7 de agosto será retirar de inmediato el Proyecto de Ley de Competencias propuesto por el gobierno de Petro. Lara justificó esta decisión calificando la propuesta de «antitécnica» y argumentando que carece de la concertación y el consenso indispensables con los gobernadores y alcaldes de las regiones. Con esta medida, la reglamentación que debe poner en marcha el incremento de las transferencias queda suspendida en el limbo, activando la norma constitucional que indica que, en ausencia de la Ley de Competencias, el SGP se seguirá calculando bajo la fórmula restrictiva tradicional (Valencia, 2026).

El retiro de la ley no es una simple formalidad administrativa, sino la antesala de la captura neoliberal de la descentralización por parte del nuevo gobierno de derecha. Rodrigo Lara ha señalado que el proyecto se retira con el fin de construir un nuevo texto desde la perspectiva de la administración entrante, enfocado en un supuesto «traslado cierto, concreto y gradual de competencias en un proceso de valoración» (Valencia, 2026).

Bajo la doctrina económica del libre mercado, este nuevo marco reglamentario puede convertirse en el vehículo perfecto para la privatización y mercantilización de los derechos fundamentales. Al recibir las regiones un volumen histórico de recursos fiscales, pero bajo unas reglas de juego diseñadas por un gobierno neoliberal, se facilitaría la entrega de la educación y la salud pública a operadores privados, fundaciones aliadas y esquemas de subsidio a la demanda o vouchers, desmantelando la educación estatal desde adentro.

Un ejemplo de ello cercano pueden ser los procesos de certificación en educación en Municipios de menos de tres mil habitantes. En la región de Sabana Centro donde yo trabajo, los municipios de Sopó, Cajicá y Tocancipá han iniciado procesos de certificación para convertirse en un ente territorial autónomo y recibir las transferencias del SGP de forma directa. El proceso más avanzado ha sido el del municipio de Tocancipá quien a través de su alcalde municipal y su secretario de educación, han manifestado en múltiples oportunidades que una vez certificado el municipio van a dar en concesión a operadores privados a un nuevo mega colegio que por estos días se está construyendo.

La verdadera trampa de este nuevo orden fiscal está en la letra pequeña de la reforma. Con las nuevas reglas, el dinero de las regiones ya no cuenta con ese ‘colchón’ o ‘seguro’ que antes las protegía cuando la economía del país iba mal. Ahora, los recursos del SGP quedan amarrados directamente a los impuestos que el Estado logre recaudar día a día. Si el recaudo nacional cae, dos años después las regiones sufrirán un recorte automático y severo en sus transferencias. Para un gobierno neoliberal, esta inestabilidad es la excusa perfecta: ante cualquier descenso en los ingresos, la derecha podrá cruzarse de brazos, declarar la ‘insuficiencia fiscal’ y usar la falta de plata como pretexto para congelar la contratación de maestros públicos, obligando a los municipios a privatizar y entregar la educación a manos privadas.

Por todo lo anterior, el magisterio y los sectores populares organizados no pueden celebrar de manera ingenua la conquista constitucional del 39.5% si la llave reglamentaria queda en manos de la derecha neoliberal. La descentralización como Pandora nos enseña que un logro popular puede ser invertido y convertido en una herramienta de despojo si el movimiento social abandona el escenario de la disputa técnica y legislativa. Hoy más que nunca, se hace imperativo encauzar la movilización social y la resistencia sindical para exigir que la futura Ley de Competencias no sea redactada a puerta cerrada en los escritorios tecnocráticos de Bogotá, sino que preserve el blindaje absoluto e intransferible de los recursos para que la salud, la educación y el agua sean consagrados irrevocablemente como derechos públicos y nunca más como mercancías de mercado.

La crisis fiscal, los desastres naturales y el oportunismo neoliberal

En el 2005 el huracán Katrina sopló con tanta fuerza la costa sur de Estados Unidos que se convirtió en el peor desastre natural registrado en la historia de ese país. Se calcula una cifra de dos mil muertos y un millón de desplazados además de muchas escuelas arrasadas. Ese mismo año, todavía con la crisis sanitaria, mientras muchas de las personas pensaban en como reconstruir la ciudad de New Orleans, el famoso economista, referente de la teoría neoliberal, escribió en el diario Wall Stret Journal un polémico artículo denominado “The promise of Vouchers”. En él, afirmaba que “la tragedia era una oportunidad para reformar radicalmente el sistema educativo” afirmaba también que las escuelas fallaban porque “eran propiedad del gobierno” y propuso que en lugar de reconstruir las escuelas se le diera a las familias de los estudiantes unas cuantías considerables para darle poder de consumo educativo. (Friedman, 2005)

En Colombia, según un reporte de la UNGRD a corte del 14 de agosto se calcula que 2500 sedes educativas sufrieron algún daño a causa del terremoto del 10 de agosto. La cifra puede ser mayor debido a que se calcula que el 84% de las sedes del país no cumple con las normas de sismo resistencias y hasta ahora la información recolectada de los daños es preliminar (Chacón, 2026). Aunque todavía no se han escuchado por parte de los portavoces del nuevo gobierno afirmaciones semejantes, si vale la pena recordar que el sistema educativo colombiano está pasando por unas circunstancias especiales que nos obligan a hacer una necesaria conexión.

Para empezar, durante la legislatura 2025–2026, el Congreso colombiano debatió una propuesta de creación de un Bono Escolar que buscaba permitir a familias vulnerables elegir entre instituciones educativas oficiales y privadas financiadas con recursos públicos. Aunque la iniciativa no culminó su trámite legislativo, el debate evidenció la existencia de una disputa política de fondo sobre el destino de los recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la educación.

A esta discusión se suma la intención manifestada por varios congresistas de retomar durante la legislatura 2026–2027 iniciativas orientadas a establecer mecanismos de financiación educativa asociados a la elección de las familias, similares al modelo de bono o voucher escolar. Entre quienes han expresado públicamente su interés en impulsar nuevamente este tipo de propuestas se encuentran Esteban Quintero y otros congresistas del Centro Democrático, quienes han planteado la necesidad de ampliar las posibilidades de elección de las familias y permitir que los recursos públicos acompañen al estudiante en la institución educativa que estas seleccionen. La eventual radicación de nuevas iniciativas mantiene abierto el debate sobre si los recursos estatales destinados a garantizar el derecho a la educación deben financiar principalmente la oferta pública o pueden dirigirse también a instituciones privadas mediante mecanismos de subsidio a la demanda.

Por otro lado, el debate sobre cómo se va a repartir la plata en las regiones no ocurre en el aire, sino en medio de una tormenta perfecta: la crisis de las finanzas públicas, a la que muchos ya llaman el «abismo fiscal». Nos repiten a diario que el país está quebrado, que las deudas nos ahogan y que el déficit del Estado es el más alto en décadas. Pero ojo, esta alarmante radiografía económica, más allá de ser un problema real, está siendo utilizada por el nuevo gobierno de derecha como una narrativa del miedo. Al pintar un panorama de quiebra absoluta, preparan el terreno para convencer a la opinión pública de que la única salida es tomar medidas extremas que, casualmente, siempre terminan golpeando a los sectores populares.

Bajo la consigna de que «hay que apretarse el cinturón» para cumplir con las metas de los bancos y los inversionistas internacionales, la nueva administración ya anuncia el recorte de presupuesto más grande de nuestra historia. Nos venden la austeridad como un remedio doloroso pero inevitable para salvar la economía del país. Sin embargo, detrás de este discurso técnico de «ahorrar recursos», se esconde la vieja receta de siempre: achicar el Estado y debilitar lo público. Mientras el presupuesto de la nación se desangra pagando una deuda externa monumental, el gobierno usa la excusa de la falta de dinero para justificar el desmonte de los derechos de la gente y abrirle la puerta al negocio privado.

En este escenario de austeridad inducida, el derecho fundamental a la educación pública estatal se convierte en el blanco prioritario de la ofensiva privatizadora. El pretexto de la tecnocracia es simple: ante un presupuesto educativo inflexible que destina casi la totalidad de sus transferencias al pago de nóminas, el gobierno neoliberal argumentará que el Estado carece de «espacio fiscal» para sostener plantas docentes dignas, dotar escuelas oficiales y financiar la calidad educativa. Es allí donde cobra sentido la radicación en el Congreso de iniciativas profundamente regresivas como el Proyecto de Ley 079 de 2026. Esta propuesta de la derecha busca eliminar de tajo el requisito de «insuficiencia» oficial, que históricamente ha impedido que los recursos públicos se desvíen a colegios privados cuando hay cupos en la escuela pública.

Al derogar este límite legal, se legaliza el lucro sobre la educación: el Estado podrá entregar la administración de colegios públicos, construidos con el esfuerzo de todos los colombianos, a operadores privados y confesionales, financiándolos directamente con la bolsa del SGP bajo la excusa de que el sector privado «ahorra costos» y es «más eficiente» Esta trampa golpea directamente el corazón de la labor docente y la estabilidad del magisterio. Al entregar la administración de la educación pública a operadores privados, los profesores y directivos contratados por estos particulares perderán todo vínculo laboral con el Estado. Ya no contarán con las garantías, la estabilidad ni los derechos del estatuto docente oficial, sino que quedarán sometidos a contratos temporales y a las decisiones arbitrarias del jefe privado de turno. De esta manera, el gobierno utiliza la crisis fiscal para un doble propósito perverso: primero, congela la creación de nuevos puestos para maestros públicos diciendo que «no hay plata», y segundo, desvía los nuevos recursos del SGP para financiar negocios particulares a costa de precarizar el trabajo de quienes educan en los territorios.

Para el magisterio y las comunidades organizadas, la tarea de hoy es desenmascarar este discurso de la falsa austeridad. Debemos demostrar en las calles y en los debates que ahorrar recursos no tiene por qué significar regalar los derechos de la gente al mejor postor. La descentralización no puede ser el pretexto para privatizar el país. Si retrocedemos ante el chantaje de la crisis económica, el actual gobierno usará ese histórico 39.5% de transferencias, conquistado con tanta lucha, no para saldar la deuda social con las regiones, sino para patrocinar la subasta de la salud, la educación y el agua potable en beneficio de unos pocos.

¿Qué podemos hacer?

Este panorama desalentador pareciera cerrar las puertas a la posibilidad de completar la tarea que inició el gobierno de Petro: viabilizar los recursos necesarios para las regiones y garantizar así los derechos fundamentales a la salud, la educación, el saneamiento básico y el agua potable. Sin embargo, es precisamente en este escenario donde surge una oportunidad para que los sectores populares volvamos a encontrarnos de manera articulada en la movilización. En mi opinión, esta posibilidad puede materializarse, paradójicamente, alrededor de una ley que tiene poco que ver con la Ley de Competencias, pero que está estrechamente relacionada con el dinero de manera directa: la anunciada reforma tributaria. Recordemos que esta fue la espada de Damocles que encauzó las voluntades de los sectores populares en 2019, que desató el levantamiento social y que, además, se constituyó en la fuerza electoral que permitió a Gustavo Petro convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia.

Aunque aún no conocemos una propuesta de reforma tributaria del actual gobierno, si ha dado unos anuncios que debería preocuparnos, pues de fondo lo que hay es un enfoque claro de quién es el que va a financiar el estado durante estos cuatro años. Durante su discurso de posesión afirmó: “No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria” dicha afirmación va de la mano con la anunciada eliminación del impuesto del patrimonio, un gravamen que se hace a las fortunas más grandes del país ¿eso que quiere decir? Pues que a partir de ahora los ricos no son quienes van a pagar los impuestos ¿entonces quién? Al parecer las clases populares.

En esta misma línea de regresividad, la reforma tributaria estructural anunciada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, bajo el pretexto de dejar de «castigar a quienes generan riqueza», representa la muestra más cruda de la ofensiva neoliberal contra las clases populares. Al proponer la eliminación definitiva del impuesto al patrimonio un gravamen que hoy solo recae sobre el 0.1% de la población más adinerada con fortunas superiores a los 3.800 millones de pesos se renuncia de tajo a una de las pocas herramientas de equidad impositiva con las que contaba el país. Para cubrir este inmenso hueco fiscal, la tecnocracia de la derecha pretende acoger postulados neoliberales que recomiendan trasladar la carga impositiva directamente hacia el consumo cotidiano de los hogares y los ingresos de las clases medias y populares. Se trata de una fórmula de despojo inaceptable: lo que los sectores multimillonarios dejen de tributar, pretenden cobrarlo a través del pan, el transporte y el sustento diario de la gente de a pie.

Esta pretensión de blindar la opulencia a costa de asfixiar el consumo del pueblo constituye la excusa perfecta y el motor histórico para que los sectores populares salgan a las calles de manera articulada. El magisterio, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, las comunidades étnicas y las barriadas marginadas deben consolidar un solo bloque de resistencia civil para frenar esta embestida que disfraza la desigualdad de «simplificación y eficiencia fiscal». La movilización social masiva y organizada es la única herramienta democrática capaz de disputarle el sentido de la justicia al actual gobierno, demostrando en el asfalto que la verdadera prosperidad no nace de perdonarle impuestos al éxito acumulado de unos pocos, sino de garantizar la soberanía de los derechos fundamentales de las mayorías. Detener esta reforma tributaria en las calles no es solo una batalla por el bolsillo de los hogares; es la defensa de la dignidad misma del pueblo colombiano frente a la voracidad del mercado.

Es imperativo hacer un llamado de atención urgente, fraterno pero categórico, a nuestros directivos sindicales, y en particular a la conducción de FECODE. La embestida neoliberal que se avecina solo se puede frenar con una decisión absoluta y sin fisuras. Por eso, resulta sumamente preocupante lo ocurrido en la Junta Directiva Nacional desarrollada el pasado 8 de julio. Si bien el documento oficial emitido (Fecode, 2026) concluye con declaraciones de alerta ante el nuevo gobierno, advirtiendo que el magisterio se opondrá a las políticas regresivas y desobedecerá eventuales medidas de corte dictatorial, en la práctica la mayoría de la junta directiva votó por no declararse formalmente en oposición política al gobierno entrante.

Esta falta de un posicionamiento político claro y contundente envía un mensaje confuso y peligroso. La tibieza en las cúpulas no inspira a las bases; por el contrario, enfría los ánimos, desmoviliza y fractura la unidad indispensable para resistir en bloque. No podemos pretender organizar la defensa de la educación pública en las calles si nuestra propia dirección vacila a la hora de definir al adversario de clase. Si FECODE no asume con valentía un carácter de oposición frontal e inquebrantable ante un gobierno que busca mercantilizar nuestros derechos fundamentales, estará allanando el camino para la derrota antes de dar la batalla. Es hora de que los directivos sindicales sintonicen sus decisiones con la dignidad y la combatividad de las bases, dejen atrás la timidez institucional y entiendan que los derechos fundamentales no se negocian bajo el lenguaje de la resignación, sino que se defienden con la fuerza de la movilización organizada.

Referencias

—Chacón, M. (14 de 08 de 2026). Terremoto en Colombia: 2.486 sedes educativas afectadas y seis niños muertos por colapso de infraestructura escolar. El tiempo.
—Congreso de la República. (2024). Acto legislativo 03. POR El CUAL SE FORTALECE LA AUTONOMíA DE LOS DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS, SE MODIFICA El ARTíCULO 356 V 357 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA V. Colombia.
—Fecode. (2019). Cartilla de acuerdos Fecode-MEN 2019. Bogotá: Fecode/CUT.
—Fecode. (2026). Declaración política. Bogotá: FECODE.
—Friedman, M. (5 de 12 de 2005). The promise or Vouchers. The Wall Street Journal.
—Ortiz, I. (2017). El Sistema General de Participaciones y la desfinanciación estructural del derecho humanos a la educación. Educación y Cultura, 18-25.
—Ruiz, L. (29 de Julio de 2026). Ley de Competencias: proyecto redefine las finanzas territoriales con un aumento gradual de las transferencias. Portafolio.
—Valencia, B. (31 de Julio de 2026). Rodrigo Lara anunció que retirará la Ley de Competencias propuesta por el gobierno Petro, ¿celebran las regiones? El Colombiano.

[1] Ponencia presentada para la Asamblea Federal de FECODE

[2] Delegado por Cundinamarca. Integrante de Maestros con Clase y Sabana Centro Parcha Unida

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La salud del magisterio en manos de administradores
e intermediarios corruptos y manipuladores
de los servicios de salud en Antioquia

Desde la Corriente magisterial UNÍOS, junto con otros sectores magisteriales de Antioquia, desde décadas atrás, hemos levantado la bandera del Paro Nacional indefinido por la salud, para frenar la pésima manera de cómo esta ha sido manejada a costa de la vida de los maestros.

No quedamos sorprendidos cuando el mismo Gobierno nacional públicamente denunció la corrupción y el robo a los recursos de la salud que se ha realizado desde gobiernos anteriores hasta la actualidad en complicidad con el silencio de la mayoría de las juntas directivas de los sindicatos del país, que ante la gravedad del asunto se niegan sistemáticamente a buscar una salida de fondo a la situación junto con los trabajadores de la educación. Ellos mismos han promovido otra forma de corrupción: el clientelismo, porque cuando se da una situación extrema de salud, el maestro tiene que recurrir a llamar a un directivo sindical para que a través de “su contacto personal” le den solución.

No solo se trata de la compleja situación que está afrontando el FOMAG, que desde hace años está en crisis gracias a la desfinanciación de los gobiernos y de los reiterados casos de corrupción. Todos hemos visto, también, como la red pública hospitalaria del país viene desapareciendo y aumentando la mala prestación de la salud para las familias de nuestros estudiantes y el pueblo en general.

La salud en coma

El llamado “nuevo modelo” de salud es un fracaso evidenciado en: déficit de la capacidad instalada para atender al magisterio y sus familias. Incumplimiento de horarios de los médicos y personal de la salud sin justificación, sitios de atención médica y farmacias que no cumplen con normas técnicas ni higiénicas obligatorias. Los locales no cumplen con las normas sismo resistentes colombianas, en cuanto a estructuras físicas; no se tiene en cuenta el área de las instalaciones para un promedio diario de usuarios maestras y maestros, no tiene zonas para evacuación, en un evento urgente como sismos, inundaciones, incendios, etc.

La localización o ubicación de los puntos de atención no corresponde según los usos del suelo y según los Planes de Ordenamiento Territoriales y oficinas municipales de planeación, no cumplen con áreas exigidas de urbanización y arquitectura, por ello nos preguntamos qué está pasando con las curadurías municipales y oficinas de planeación que les aprueban esos locales, sin el cumplimiento de requisitos mínimos.

En los diagnósticos médicos y profesionales describen conceptos que no corresponden a lo que el paciente está informando, casi podríamos decir que se parecen a las redacciones de la mayoría de los inspectores de policía. Ni que decir, de los “profesionales médicos”, que con sus preguntas de diagnóstico lo ponen a dudar a uno, sobre qué fue lo que estudiaron. Profesionales de poca experiencia, aún en casos complejos que ameritan mucho más atención y cientificidad.

Asignan citas con fechas erradas y semanas después de la solicitud, no cumplen con los términos de referencia. Entrega de medicamentos pendientes tardíos y con fechas de vencimientos de algunos de ellos y para rematar hacen demagogia con las llamadas brigadas de salud y visitas a los colegios, con personal poco idóneo en momentos coyunturales de la crisis de la salud, haciendo remisiones a especialistas que luego no pueden cumplir ni con el contrato ni con las fechas y en ocasiones promocionan servicios por fuera del plan del magisterio.

La intermediación continúa

Cuando señalamos que la salud del magisterio sigue estando sometida a una intermediación administrativa y financiera, no se trata de una apreciación ligera, sino de una realidad sustentada en la normatividad y en la práctica.

En primer lugar, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al que se le asignó la administración de los recursos de seguridad social de los docentes, incluyendo tanto los servicios de salud como el pago de sus prestaciones económicas.

En segundo lugar, la misma ley estableció que el Fondo no administraría directamente esos recursos, sino que dicha función estaría a cargo de una entidad fiduciaria. Así, desde el inicio se configuraron dos niveles de intermediación: el Fondo y la FIDUPREVISORA que lo administra.

En tercer lugar, el Fondo contrata operadores para la prestación del servicio; en nuestro caso, SUMIMEDICAL y el FOPMAG.

En cuarto lugar, estos operadores celebran contratos con IPS, las cuales, a su vez, subcontratan con otros proveedores para la prestación efectiva de los servicios.

Esta cadena de intermediarios demuestra que los recursos atraviesan múltiples instancias antes de llegar a su finalidad esencial: brindar atención oportuna y de calidad a los docentes y sus familias. Por ello, hemos sostenido y seguimos sosteniendo que es indispensable eliminar la intermediación financiera y el negocio que se ha instaurado alrededor del derecho a la salud.

La salud y el paro regional de Antioquia de 72 horas

Los maestros debemos comprender como se manipula la información desde diversos espacios comunicacionales, incluso los sindicales que han perdido su esencia del deber ser y actuar en su liderazgo. No podemos permitir que se instrumentalice este paro de 72 horas que las bases magisteriales hemos exigido a favor de uno u otro movimiento político en vísperas de las elecciones del 8 de marzo. Las organizaciones sindicales y los maestros debemos tener independencia, gobierne quien gobierne, ya que la salud está en nuestras manos y debemos defenderla en las calles con la movilización para alcanzar los cambios estructurales, sin intermediación sin manipulación de los dineros públicos ni el fomento de negocios particulares y paraísos fiscales, donde se robustece los capitales de los administradores e intermediarios.

Exigencias inaplazables

La atención con todos los avances de la ciencia y tecnología al servicio de los maestros y sus familias. Control real del dinero público, para evitar desangrar los recursos del magisterio.

Derecho a una salud sin intermediación e igualitaria para todos.

Garantía de una salud preventiva y curativa a tiempo, con tratamientos oportunos, que no se dilaten en la tramitología.

Exigencia de entidades farmacéuticas eficientes y diversas en todo el territorio colombiano, no más monopolios farmacéuticos, que manipulan el servicio para cansar al usuario y seguir impulsando el negocio financiero que promueve la Ley 100 y no la salud de los ciudadanos colombianos.

Atención médica y farmacéutica en los hospitales de tercer y cuarto nivel así sea con particulares, si es necesario, con controles abiertos y pagos directos. No más usuarios adscritos a redes que no funcionan.

Contratación directa con entidades públicas con control de la clase trabajadora en la administración.

Sanciones a los corruptos vengan de donde vengan. Los dineros públicos para lo público, que garanticen los derechos a la salud y la educación para los ciudadanos colombianos.

No puede haber una defensa auténtica de lo público si se tolera que un derecho fundamental como la salud quede subordinado a intereses particulares.

Lo que verdaderamente merecen los maestros y maestras de Colombia, junto con sus familias, es un sistema de salud plenamente estatal, orientado por el principio de que la vida y la dignidad humana están por encima de cualquier criterio financiero o empresarial.

Luchar contra la intermediación es luchar contra las EPS y contra la ley 100 en beneficio de nuestras comunidades educativas. Debemos avanzar en la conquista de un sistema de salud eficiente y sin intermediarios.

Los sindicatos consecuentes deben establecer un plan de trabajo que contemple movilizaciones, foros, asambleas, comunas, reuniones en las instituciones educativas con padres de familia y estudiantes que permita avanzar en la conciencia en la defensa de este derecho y el rescate de la red pública hospitalaria en el país y las regiones más apartadas.

DOCENTES UNÍOS
24 de febrero de 2025.
https://www.docentesunios.com/

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La calidad educativa

Más allá de los despidos
y la privatización

Por: Víctor Cardona
Subdirectiva municipal ADEC Sopó

La enmienda a la ley estatutaria de la educación, propuesta por congresistas de la derecha más reaccionaria, ha puesto en jaque el futuro de la educación en el país. Bajo la bandera del «mejoramiento de la calidad educativa» se esconden intenciones que podrían significar un retroceso en los derechos y garantías de los estudiantes y docentes que se conquistaron con décadas de luchas.

La exposición mediática de la ley, su enmienda y la movilización de los docentes, ha generado una creciente ola de opinión que pone en el centro de la crítica el papel de los maestros como única variable de mejoramiento de la calidad educativa. El discurso de Paloma Valencia y David Luna, que propone medidas como «despedir a los malos profesores» o privatizar la educación, ha encontrado eco en las conversaciones diarias, presentándose como una solución única. Es fundamental, sin embargo, considerar las diferentes perspectivas sobre este complejo tema y evitar soluciones simplistas que no aborden las raíces del problema.

La comprensión del tema exige un recorrido por las políticas educativas de países que actualmente sirven como modelo a seguir. Es preciso señalar que la preocupación por la calidad y equidad educativa se intensificó en la década de 1990 a nivel internacional. Los organismos multilaterales, mediante conferencias e informes, impulsaron procesos de incidencia en este ámbito. El informe Delors, titulado «La educación encierra un tesoro«, marcó un hito al promover una profunda reflexión sobre la equidad y la calidad en la educación.

A finales de la década de 1990, los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), caracterizados por su alto nivel de desarrollo económico, implementaron una prueba estandarizada llamada PISA. Esta evaluación compara el rendimiento académico de estudiantes de 15 años en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias. Desde entonces, los resultados de PISA han tenido una influencia significativa en las políticas educativas a nivel mundial, posicionando a algunos países como referentes a seguir. Un ejemplo notable es Singapur, que durante varios años ha ocupado el primer lugar en el ranking de PISA.

Revisando el caso del Singapur en comparación con las propuestas de la enmienda a la ley colombiana de educación es importante aclarar algunos puntos importantes: en Singapur se prioriza la educación pública, destinando el 99% de los recursos a este sector. Los colegios privados son considerados una opción excepcional para la élite del país, sin ocupar un rol central en el sistema educativo. Así mismo, la comparación entre la inversión per cápita en educación de Singapur y Colombia revela una brecha significativa, según datos del Banco Mundial en el país asiático se invierten US$ 16.200 per cápita al año, mientras que en el latinoamericano apenas se alcanzan los US$ 1.000.

En cuanto a la formación, selección y retención de los docentes, también existen diferencias significativas. En Singapur la remuneración de los docentes se encuentra entre las más altas del país. El salario de entrada es un 30% superior al PIB per cápita, posicionándolo solo por debajo de Corea del Sur y Alemania. En cuanto a la formación, los futuros maestros reciben un entrenamiento práctico y con un componente importante de investigación educativa; los docentes inician su proceso de selección al mundo laboral en el mismo momento en que ingresan a su proceso formativo y los resultados de las evaluaciones no son motivo de despido, sino que se utilizan para brindar acompañamiento permanente por parte del ministerio de Educación y líderes escolares.

Se hace importante precisar que ante la ausencia de argumentos sólidos que sustenten que el mejoramiento de la calidad educativa se logra retirando a los “docentes malos” y privatizando la educación lo que dichas afirmaciones esconden es más bien la intención de acabar con el sindicato más grande de país que ha demostrado una importante incidencia política, acompañando demandas gremiales y sociales que casi siempre conflictúan con los intereses de la derecha colombiana.

16 de junio de 2024

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¡Todos a las calles a defender la educación pública
financiada por el estado y la carrera docente!

Avance de las políticas neoliberales

Desde el año 2007 – 2008 venimos arrastrando una crisis económica mundial del sistema capitalista. El gobierno Colombiano con Álvaro Uribe Vélez implementó medidas para mitigar los efectos de la crisis, con políticas fiscales, redujo los presupuestos e inversión en educación pública y la salud entre otros. Avanzó en la implementación de las políticas neoliberales y el plan privatizador orientado por los organismos internacionales como el BM, BID y FMI donde la educación pública debe ser considerada como una mercancía.

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, fue uno de los líderes políticos que promovió la idea de los vouchers educativos durante su mandato. Durante su presidencia (2002-2010), se discutió la implementación de este sistema como una forma de mejorar la calidad de la educación en el país.

El gobierno Petro no se ha quedado atrás

Si bien, algunos sectores magisteriales llamamos a votar en contra de Rodolfo Hernández, no dejamos de reconocer que, Gustavo Petro como el mismo lo ha dicho, es un progresista y que cree firmemente en las reformas para hacer del capitalismo algo “más humano”, fundó en el 2011 el Movimiento Progresistas (posteriormente Colombia Humana). En 2021 fue uno de los fundadores de la coalición Pacto Histórico, compuesta por diversos partidos y movimiento sociales, es decir, un pacto con los sectores de la burguesía, corruptos y responsables de la crisis de este país, entre otros.

Algunos medios de comunicación y “varios analistas políticos son quienes consideran a Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda del país”[1]. Ideología que no viene al caso, por ejemplo, cuando al ganar la presidencia dijo: “vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”, llamó a un gran acuerdo nacional e invitó a los mandatarios “progresistas” de Latinoamérica a unir esfuerzos.

En las elecciones legislativas el movimiento político de Petro no obtuvo las mayorías en el Senado, por lo que ha realizado concesiones en las negociaciones con otros partidos, en cumplimento de su política de hacer un gran acuerdo nacional. De ahí, se explica porque el nombramiento de ministros como Alejandro Gaviria, asesores, defensores de la política neoliberal y algunos acuerdos que rayan con los intereses de los explotados de este país.

Medidas para mitigar los efectos negativos en el sector educativo

En la tan anhelada búsqueda de la “calidad de la educación” y en el acceso a recursos educativos, el gobierno de Petro en cabeza de la ministra de Educación busca adaptarse a la situación y concilian una ley estatutaria con los partidos más reaccionarios como la oposición del Centro Democrático, Partido Conservador y Cambio Radical, que termina por arrasar los derechos adquiridos de los docentes, las condiciones laborales y la defensa de la educación pública de Colombia como un derecho. Las pocas garantías que tenemos hoy los maestros, las hemos ganado con la lucha y movilización en las calles, nada ha sido regalado.

La dirigencia sindical de FECODE y de los sindicatos regionales
son los responsables de la inestabilidad del magisterio.

Hemos defendido las organizaciones sindicales, porque son las organizaciones de los maestros y la clase trabajadora. Pero hemos sido críticos con la dirigencia sindical en su actuar y la forma como han conducido nuestras luchas por mejores condiciones.

Fue la dirigencia sindical de FECODE y algunos dirigentes sindicales regionales los que matricularon al magisterio en el Pacto Histórico sin consultarnos, son ellos los que han levantado la consigna de apoyo irrestricto al Gobierno del cambio y a sus reformas sin un análisis crítico de las mismas.

Llevan dos años utilizando la movilización para apoyar las reformas neoliberales y el gobierno, desfigurando el único método que tiene la clase trabajadora para la defensa de sus derechos, de esa manera han confundido y han generado contradicciones en los maestros con la consecuente pérdida de independencia sindical y la democracia obrera, son ellos, los responsables de la inestabilidad que tenemos hoy los maestros.

Lo que está en el medio de los derechos de los maestros y la lucha por alcanzarlos, es la dirigencia sindical conciliadora y entreguista que dirige la mayoría de las organizaciones sindicales en el país y principalmente la dirigencia de FECODE. Por ello, debelar su carácter traidor es una necesidad urgente. El hecho que estemos a puertas de ser aprobada una ley con tremendos despojos es responsabilidad del entusiasmo, confianza y respaldo a un gobierno y una ministra que les queda más fácil hacer un acuerdo con lo más podrido y corrupto de país, que con la clase trabajadora.

No a la concertación y la conciliación como método de lucha.

El modelo educativo neoliberal se caracteriza por la centralización curricular, la definición de competencias y estándares, la financiación de la educación según la demanda, la contratación con empresas privadas, la flexibilización laboral, evaluaciones como mecanismo de control fiscal e ideológico, la tercerización del personal administrativo como las secretarias, las bibliotecarias, los vigilantes, los restaurantes escolares, hacer de las instituciones educativas empresas prestadoras de servicios y que tengan libertad para competir entre ellas.

Vuelve y juega el método de la concertación y la conciliación. Método que consiste en perder algo para ganar algo, ceder para no perder todo. Igual suerte correría el magisterio si se lleva al Senado a discusión el estatuto docente, ya que este método es el que utiliza hoy la dirigencia sindical y el gobierno para conciliar una ley estatutaria de educación.

Lo crítico es que la concertación y la conciliación de la enmienda a la ley estatutaria de la educación, que se discute en el Senado, se pierde todo lo que hemos logrado en los últimos 30 años, destruye la organización sindical más grande que tiene Colombia, FECODE, termina desfinanciando la educación pública y con la evaluación a los docentes medida por la eficiencia en los resultados de los estudiantes, desconociendo los contextos escolares y responsabilizando a los maestros de la mala calidad educativa, vienen por todos los maestros, lo que falta para acabar con la educación pública.

Exigimos el retiro de la ley estatutaria de la educación.

Alertar el peligro que estamos corriendo es insuficiente ante la magnitud del problema que enfrentamos hoy. Hay que dar la lucha por la resistencia contra la reforma educativa. El paro nacional indefinido, la movilización y la protesta masiva es el único camino que queda. No se sale a las calles por gusto, no se corren riesgos por placer, se sale a las calles porque vemos la necesidad de defender nuestros derechos a un trabajo con todas las garantías materiales para su ejercicio, por el derecho a que los avances de la ciencia y la tecnología estén al servicio de nuestros estudiantes y a que tenga la financiación necesaria por parte del estado.

El gobierno con la urgencia de salvar los acuerdos con los organismos internacionales con la OCDE y con el FMI, con la ley estatutaria se saltó la negociación con FECODE, entrega en bandeja de plata los derechos del magisterio, por ello salimos a las calles, nos obligan a marchar contra la reforma, por ello exigimos el retiro de la ley estatutaria de la educación.

Que se constituyan comités de paro por institución en todo el país, con un delegado elegido para asistir a la deliberación sobre cómo y cuándo levantar el paro.

Necesitamos recuperar las organizaciones sindicales para la lucha y la defensa de los maestros y los trabajadores, con total independencia frente al patrón y sus gobiernos.

Con la movilización podemos echar atrás todas las políticas de hambre y miseria por eso debemos unirnos en un gran paro nacional con todos los sectores que hoy están en conflicto y organizarnos mejor incluido el sector de la salud.

¡Ruptura inmediata de todos los pactos y acuerdos con los partidos y organismos internacionales que imponen el modelo neoliberal de la educación al servicio del capitalismo!

Bogotá/Medellín, 11 de junio de 2024

[1] Los Ángeles Times. 2022.

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El trámite de la ley estatutaria de educación

La encrucijada de Petro

Por: Víctor Cardona
Subdirectiva Municipal Sopó (ADEC)
Carlos Vergel
Activista Sindical ¡UNÍOS!

El pasado jueves 6 de junio, la ministra de Educación Aurora Vergara anunció emocionada que se había logrado “avanzar en la construcción de consensos para darle al país la respuesta que habían estado esperando desde 1994”; por su parte Germán Blanco, presidente de la Comisión Crimera del Senado de la República manifestó en una entrevista recogida en la página oficial del ministerio de Educación Nacional: “Todos los partidos políticos, los del gobierno y la oposición, nos pusimos de acuerdo para firmar una enmienda, a pesar de las diferencias se puede hacer una construcción colectiva”.

Los dos funcionarios se estaban refiriendo al trámite de la ley estatutaria de educación que de manera unánime fue aprobada en la Comisión Primera y quedó a un debate de convertirse en ley en la plenaria del Senado.

Al conocerse los detalles del texto, el júbilo del gobierno contrastó con la preocupación de los docentes, quienes encontraron en el articulado algunos párrafos con políticas complejas que afectan directamente los derechos laborales conquistados mediante décadas de luchas.

Dicha realidad ambivalente se vuelve más compleja al no comprender por qué la ley se distanció tanto de las demandas de los maestros que comunicaron formalmente al gobierno en un pliego de peticiones. Los docentes, fieles escuderos del gobierno del cambio, quedaron desconcertados al encontrarse en el documento con políticas que históricamente se han cuestionado como el enfoque de competencias, la tercerización del derecho, la evaluación de desempeño subordinada a los resultados de las pruebas de estado, la no garantía de la educación preescolar de tres grados, entre otras.

Con este panorama, el presidente Gustavo Petro tiene en su poder la salida a este problema político, su dilema es: o saca adelante una de las pocas reformas que le va a aprobar el legislativo, con lo cual pasaría a ser un gobierno progresista que lidera una contrarreforma neoliberal, o respalda las luchas históricas de los maestros retirando la ley. Cualquier decisión que tome afectará fuertemente al sistema educativo, de por medio está la garantía del derecho para millones de colombianos.

Sin conocerse los detalles del supuesto acuerdo de la ministra con la derecha más reaccionaria representada por los congresistas de la bancada del Centro Democrático y Cambio Radical, así como tampoco sus motivaciones; se hace necesario hoy más que nunca que los docentes se unan en un frente común para generar acciones contundentes en la defensa de la educación pública.

Para dar cuenta de ello, se hace importante tener claro que las acciones deben ir dirigidas a exigirle al gobierno que retire el proyecto, conducir la movilización al Congreso sería una batalla perdida ya que la derecha tiene las mayorías.

Así mismo, hay que darle claridad a las formas, las acciones de incidencia tienen que tener en cuenta el monstruo al que enfrentan, en dicho proyecto se materializaron las intenciones históricas de la derecha del país y por eso no se puede titubear con la movilización.

Las propuestas que ya circulan de decretar un paro de 24 horas son poco efectivas. Por eso, hacemos un llamado al Comité Ejecutivo de FECODE para que convoque a todas sus filiales a un paro indefinido, hasta que el gobierno retire el proyecto de ley estatutaria de la educación.

#ParoIndefinidoYa

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¡Derecho a la salud con garantías!

¡No al negocio de la salud!
¡Abajo la intermediación!
¡Por la recuperación y el fortalecimiento
de la red pública hospitalaria con todos
los avances de la ciencia y la tecnología!

Luego de que el presidente Gustavo Petro, el pasado 9 de octubre del año 2023, anunciara la suspensión del proceso de convocatoria para la nueva contratación de los servicios médico asistenciales para el magisterio, en razón a hallazgos de irregularidades y corrupción en el Fomag y La Fiduprevisora y la prórroga del contrato existente al momento, por 6 meses más, se abrió en el país y por supuesto al interior del Comité Ejecutivo de Fecode un fuerte debate político alrededor de lo que sería un “nuevo modelo de salud” para el magisterio. La mayoría de los ejecutivos comenzaron una propaganda temeraria sobre las intenciones del gobierno de acabar no solo el régimen especial del magisterio sino también el Fondo de Prestaciones del Magisterio, con una férrea defensa del modelo en salud que ha demostrado ser ineficaz y malo, por decir algo, desde hace 35 años cuando se aprobó la Ley 91 del 89. Hoy, luego de muchas reuniones del Comité Ejecutivo, la Junta Nacional, pleno de direcciones regionales y mesas técnicas, se llegó al acuerdo de aceptar el “nuevo modelo de salud”, concertado con el gobierno nacional. Hay que agregar que para esta decisión hubo ausencia de asambleas y debates con las bases. Si bien este nuevo modelo avanza parcialmente en la eliminación de la intermediación, es bastante limitado y no resuelve los problemas de fondo. Petro, en acuerdo con Fecode, introduce el nuevo modelo, como “piloto” de su reforma a la salud para el resto de los trabajadores, garantizando la participación de los privados, dado que la red pública de salud está en ruinas, como consecuencia de la aplicación de la ley 100 y el avance de la privatización de la salud.

El nuevo modelo generó expectativas de cambio en la pertinencia y oportunidad en la prestación de la atención médica para los maestros y sus beneficiarios, reconociendo todos los obstáculos para acceder a este vital derecho con el anterior modelo, así como la configuración y fortalecimiento de monopolios privados que se han lucrado con la salud como negocio. Sin embargo, tres semanas después de iniciada la implementación del nuevo modelo, los problemas antes de solucionarse se agravan.

Faltó previsión del Fomag, frente a la previsible resistencia de los empresarios de la salud y los defensores del modelo de intermediación, así como frente a los mecanismos de aseguramiento de la continuidad de tratamientos especializados. Se evidencia improvisación en la organización de las redes de prestación de los servicios. No ha existido un mecanismo ágil ni adecuado para desarrollar la transición de un modelo a otro, generándose muchas incertidumbres, pero, sobre todo, alto riesgo para la vida; sobre todo de aquellos pacientes con enfermedades catastróficas y tratamientos que requieren imperiosa continuidad.

Se evidencia incoherencia en el actuar del gobierno, cuando firma a través del ministro de Hacienda, la asignación de la presidencia de la Fiduprevisora al señor Mauricio Marín, cuota clientelista del Partido de la U en el gobierno (parte de los acuerdos burocráticos del Pacto Histórico) y luego lo señala, a través del ministro de Salud, como el responsable del impedimento para implementar el nuevo modelo.

Mientras los responsables se lanzan acusaciones y la derecha y sus medios de comunicación hacen festín con los nuevos errores del gobierno, los que pagan las graves consecuencias son los maestros y sus familias. Sin dejar de denunciar las responsabilidades por los graves errores, hoy es fundamental y urgente resolver el problema de la atención en salud en todos los niveles para los maestros y sus familias, estabilizar y regularizar los procedimientos médicos y diagnósticos pendientes, la entrega de medicamentos, así como las intervenciones quirúrgicas. Luego hay que ganar al gremio a dar la batalla por derogar la Ley 100, causante de la destrucción de la red hospitalaria pública, y recuperar la estatización de la salud. Así mismo, rediscutir el manejo de cesantías y pensiones, que, si bien está resguardado por el Fomag, está sometido a la crisis de desfinanciación de este.

Los maestros no depositamos confianza alguna en partidos políticos de la burguesía o sus representantes políticos, causantes de la crisis de salud y pensiones y favorecedores del enriquecimiento de empresarios y banqueros a costa de convertir estos derechos en mercancías y denunciamos su preocupación por la salud del magisterio y sus familias como una actitud hipócrita y oportunista.

Con la intención de defender los recursos del magisterio, el presidente Petro propone que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES sea la que se encargue de girar los dineros de la atención directamente a las IPS. Esta medida favorece el desmonte de la intermediación, pero mantiene las ganancias al sector privado dueño de las IPS y también al transformar las EPS en Gestoras de Salud, quienes recibirán el 5% y hasta un 3 % más de los recursos de capitación, por realizar trámites administrativos y de direccionamiento.

Por su parte, los medios de comunicación de la derecha sirviendo de bocina de los monopolios, hacen campaña de desprestigio político del gobierno y contribuyen con el sabotaje que las entidades de salud y la fiduprevisora han venido desarrollando durante las tres semanas de implementación del modelo.

Sin embargo, una cosa sí es clara, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio enfrenta una compleja situación; desde hace años está en crisis gracias a la desfinanciación generada por los gobiernos y de los reiterados casos de corrupción. Sumado a esto, el modelo de salud sigue siendo un negocio con el que particulares se quedan con un alto porcentaje del dinero y durante estos años han sido exactamente los mismos operadores que cambian de nombre, hacen uniones temporales y en la actualidad algunos de ellos, son los que están en el periodo transitorio hacia el nuevo modelo de salud del magisterio y en su gran mayoría con desatención a los maestros en diferentes partes del país, con la excusa de que el problema es el software.

Al respecto, consideramos lo siguiente:

Dado que es necesario eliminar la intermediación financiera y la integración vertical para la prestación de la salud, no es suficiente esta política para responder a la garantía de los derechos fundamentales de los maestros y el pueblo. Por eso, le exigimos al gobierno que adelante acciones para fortalecer la red pública hospitalaria con todos los avances de la ciencia y la tecnología al servicio de todos e igualmente ponga toda la capacidad estatal y los entes de control al servicio de la garantía de la salud y la vida de los maestros y sus beneficiarios.
Que el gobierno denuncie públicamente los casos de corrupción que conoce al interior de la FIDUPREVISORA que lo llevaron a tomar la decisión de declarar desierta la invitación pública para la nueva contratación.
Mejorar el servicio de salud para la zonas rurales y más alejadas del país, lo que se resuelve fortaleciendo los centros de salud, creando unidades de atención de alto nivel y una red hospitalaria que garantice salud para los maestros y toda la población con atención de fácil acceso, oportuna con suministro eficiente de los medicamentos de excelente calidad.
Exigir al gobierno que active el Sistema de Gestión de la salud y seguridad en el trabajo para el magisterio como lo establecen las normas y convenios internacionales garantizando riesgos profesionales y la salud mental.

A la dirigencia sindical le exigimos que:

A través de la más amplia democracia y recuperando su independencia frente al gobierno, se elabore un plan de acción que incluya un paro por la salud y la vida.
Exigir a la FIDUPREVISORA que responda por la transparencia en el manejo del dinero, vele por la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus beneficiarios y del pago de las prestaciones sociales (pensiones y cesantías).
Crear las veedurías y los mecanismos de control independientes del prestador del servicio y de las juntas directivas de los sindicatos, es necesario velar por la buena prestación del servicio, la medicación tanto eficaz como oportuna y el manejo de los recursos. En ese sentido es urgente volcar toda la capacidad organizativa, de veedores de salud, activistas y dirigentes con permiso sindical a hacer presencia permanente en los centros de salud, para orientar y apoyar al magisterio en la exigencia de sus derechos y la plena atención a las necesidades de salud.

¡Si queremos un cambio de verdad, hay que recuperar nuestra independencia y movilización!

Unidad Docente – PST

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¡Derecho a la salud con garantías!

¡No al negocio de la salud,
por un fortalecimiento de la red pública hospitalaria
con todos los avances de la ciencia y la tecnología!

Marco internacional y nacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han respaldado el Marco de Alianza con el país de Colombia para el periodo 2024-2027. Esta nueva alianza estratégica respalda los objetivos de Colombia con respecto al Plan Nacional de Desarrollo (PND)^[1] de Petro, que mantiene las políticas neoliberales de privatización y protección de los monopolios que se apropian de los negocios de la salud, entre ellos el del magisterio.

Para materializar el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia se propone entre otros, ajustar algunas condiciones del actual sistema de salud para mejorar las condiciones de acceso (esto se refleja a partir del artículo 150 hasta el 168 de la Ley 2294 de 2023)^[2], de ahí que las reformas a la salud en Colombia y la salud del magisterio deben cambiar para dar cumplimento a los planes de continuidad y sostenibilidad de la oferta y la demanda que genere ganancias, en el marco de una crisis económica mundial que venimos arrastrando desde el año 2008.

Al mismo tiempo, la mayoría de la dirigencia sindical de FECODE y la mayoría de la dirigencia de los sindicatos regionales como ADIDA Y ASDEM, entre otros colectivos de docentes; matricularon al magisterio en respaldo y apoyo incondicional al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico, sin consultar sus bases y parten de la definición política de apoyo a las reformas sin cuestionamiento. Cualquier crítica que se haga a las reformas del gobierno es duramente atacada.

Conciliación y concertación de derechos

A raíz de la reunión sostenida con el presidente Gustavo Petro el pasado 9 de octubre del año 2023, el ejecutivo de la Federación Colombiana de trabajadores de la educación FECODE estaba dividida ante el problema con el sistema de salud que está atendiendo a los docentes y sus familias. La mayoría de ejecutivos comenzó una propaganda temeraria sobre las intenciones del gobierno de acabar no solo el régimen especial del magisterio sino también el Fondo del Magisterio, con una férrea defensa del modelo en salud que ha demostrado ser ineficaz y malo por decir algo, desde hace 35 años cuando se aprobó la Ley 91 del 89; hoy vemos como la mayoría de la dirigencia sindical se subió al bus del oportunismo, la conciliación y la concertación apoyando el “nuevo modelo de salud”, sin consultar ni informar a las bases del magisterio. Petro, con la complicidad de la cúpula de la burocracia sindical, decidió “un nuevo modelo de salud”, experimento que aplicarán en el sector docente y luego lo llevarán a la clase trabajadora como ocurrió con la Ley 100; conservando la intermediación y fortaleciendo la red privada en salud. Rechazamos esta estrategia que no soluciona el precario servicio de los maestros y sus familias y exigimos un fortalecimiento de la red pública hospitalaria con todos los avances de la ciencia y la tecnología.

El Sistema de Salud del Magisterio está regido por la Ley 91 de 1989

“Con la Ley 91 de 1989 de Barco, se privatizó la salud de los educadores colombianos, política neoliberal que se hizo extensiva a los demás trabajadores con la Ley 100 de 1993 (ley del entonces senador Álvaro Uribe). Los directivos de FECODE presentaron la Ley 91 como “la gran conquista”, pero fue esta ley la que privatizó la salud y se le asestó un duro golpe al régimen prestacional al perderse la retroactividad de las cesantías y la pensión gracia. A todos los maestros se nos aumentó la cotización al Fondo de Prestaciones del Magisterio (FOMAG), supuestamente para salvarlo, iniciativa votada en el XVI Congreso de FECODE en 2001”.^[3] Algunos sectores magisteriales hemos manifestado que hay que derogar la Ley 91 que abrió el camino a la privatización, eso no quiere decir que se acabe el “régimen especial” del magisterio, sino organizar la lucha contra los grandes mercaderes de la salud, además de exigir un servicio prestado por el Estado para todos los trabajadores en el país.

Con la intención de defender los recursos del magisterio, el presidente Petro propone que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES sea la que se encargue de girar los dineros de la atención directamente a las IPS, de esa manera posibilitar el negocio y las ganancias al sector privado, quienes se han apropiado de todo el sistema hospitalario. En consecuencia, lo que el gobierno está haciendo es revisar y ajustar la Ley 91 del 89 con la cual hemos evidenciado que el servicio de salud es ineficaz, cada vez más inoportuno, de calidad peor y presa de la corrupción. Petro, quiere conciliar los intereses de los trabajadores y la población de escasos recursos con los del gran capital nacional e internacional, explotador, depredador, guerrerista y genocida por naturaleza.

Por su parte, los medios de comunicación de la derecha han revuelto todas las ideas para generar pensamiento contra el Gobierno. Sin embargo, una cosa sí es clara, el fondo de prestaciones sociales del magisterio enfrenta una compleja situación, desde hace años está en crisis gracias a la desfinanciación de los gobiernos y de los reiterados casos de corrupción difundidos. Sumado a esto, el modelo de salud sigue siendo un negocio con el que particulares se quedan con un alto porcentaje del dinero y durante estos años han sido exactamente los mismos operadores que cambian de nombre, hacen uniones temporales y en la actualidad algunos de ellos, son los que están en el periodo transitorio hacia el nuevo modelo de salud del magisterio y en su gran mayoría con plena improvisación y desatención a los maestros en diferentes partes del país, con la excusa de que el problema es el software.

Al respecto, consideramos lo siguiente:

Dado que es necesario eliminar la intermediación financiera y la integración vertical para la prestación de la salud, no es suficiente esta política para responder a la garantía de los derechos fundamentales de los maestros y el pueblo. Por eso, le exigimos al gobierno que adelante acciones para fortalecer la red pública hospitalaria con todos los avances de la ciencia y la tecnología al servicio de todos.
La Ley 91 de 1989 tiene que ser derogada porque abrió el camino a la privatización, la intermediación en la salud magisterial y en la administración de las prestaciones del magisterio. Necesitamos avanzar hacia la estatización del sistema de salud de los docentes y por qué no, del pueblo colombiano. El problema de la salud se resuelve con la derogación de la Ley 100.
El nuevo modelo de salud es una política neoliberal que continúa, ya que el Estado contrata el servicio con la empresa privada que se fortalece en tanto que continúa con el desmonte de la red pública, el problema de fondo es la contratación, sea directa o indirecta.

Por todo lo anterior exigimos al Gobierno:

Que denuncie públicamente los casos de corrupción que conoce al interior de la FIDUPREVISORA que lo llevaron a tomar la decisión de declarar desierta la invitación pública para la nueva contratación que entregue los nombres a los entes investigativos correspondientes, para que respondan por esos hechos y castiguen a los culpables y los inhabiliten para contratar.
Mejorar el servicio de salud para la zonas rurales y más alejadas del país, lo que se resuelve fortaleciendo los centros de atención como METROSALUD, creando unidades de atención de alto nivel y una red hospitalaria que garantice salud para los maestros y toda la población con atención de fácil acceso, oportuna con suministro eficiente de los medicamentos de excelente calidad.

A la dirigencia sindical le exigimos que:

A través de la más amplia democracia se tomen las decisiones para el futuro del magisterio colombiano. Negociación con la presencia de las bases del magisterio.
Mantener la independencia de clase y exigir a la FIDUPREVISORA que responda por la transparencia en el manejo del dinero, vele por la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus beneficiarios y del pago de las prestaciones sociales (pensiones y cesantías).
Exigir al gobierno que implemente el Sistema de Gestión de la salud y seguridad en el trabajo para el magisterio como lo establecen las normas y convenios internacionales garantizando riesgos profesionales y la salud mental.
Crear las veedurías y los mecanismos de control independientes del prestador del servicio y de las juntas directivas de los sindicatos, es necesario velar por la buena prestación del servicio, la medicación tanto eficaz como oportuna y el manejo de los recursos con transparencia, conforme a los principios de la Constitución Política de Colombia).

¡Si el cambio es real, que sea para superar las carencias de todo tipo posible
y caminar por logros benignos para el magisterio y trabajadores colombianos!

Docentes ¡UNÍOS!

^[1] https://www.wradio.com.co/2024/02/14/banco-mundial-anuncia-alianza-con-colombia-para-llevar-a-cabo-plan-nacional-de-desarrollo/

^[2] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf

^[3] Peñaloza C, Olga Lucia. La salud y los acuerdos después del paro de 2017.

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Unidad, solidaridad y lucha para la defensa del sindicalismo hacia la real transformación de la sociedad

[Divulgamos el pronunciamiento de la Corriente Magisterial Unidad Docente – ¡UNÍOS! con ocasión del llamado de Fecode a movilizaciones el 8 de febrero]

Todo gobierno intenta tener bajo su control directo o indirecto la totalidad de instituciones, el nuevo gobierno ha generado enormes fricciones entre las instituciones del régimen dado que el triunfo de Petro revolcó las aguas de la putrefacta, política colombiana como subproducto de un gigantesco proceso de movilización de masas, frente al cual el propio Petro se proclamó como el más apto para frenarlo, es así como en el momento actual, las fracciones de clase que se le oponen luchan por mantener el control y utilizar las instituciones a su favor. Ese es el juego normal de la mal llamada democracia.

Un punto más que se agrega a la crisis del movimiento sindical

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de trabajadores de la Educación-FECODE sin consultar a sus bases destinó dineros de los aportes de sus afiliados a partidos políticos, cuyos principios, fundamentos y planes de lucha, no han sido debatidos por los trabajadores en general para considerarlos partidos de los obreros. Esto es un hecho más que se agrega a la ya evidente crisis del movimiento sindical producto del método de la concertación, la conciliación, el parlamentarismo, la lucha jurídica de manera individual y no colectiva; la realización de paros y de pliegos, así como el levantamiento de los mismos, sin consulta a las bases; la práctica continua de firmar acuerdos que no representan a los trabajadores y de igual modo, el no permitir que otras voces se puedan expresar con todas las garantías.

No por ello, no podemos dejar de levantar nuestra voz de protesta en defensa de la Federación, frente a lo que dice la misma FECODE una “acción sistemática orientada a estigmatizar, señalar, levantar falsas imputaciones, difundir una campaña de odio infundada” hacia los trabajadores en general y los maestros en particular. La Federación es de los docentes y para el servicio del movimiento obrero, por eso la debemos defender de los ataques de la clase política anquilosada y de los medios de comunicación al servicio de las élites políticas y burguesas de este país.

Somos los trabajadores aplicando nuestros propios métodos al interior de las organizaciones, los que debemos hacer la crítica a la dirección y hacer los correctivos. Lo ocurrido a la sede de la Federación es una amplia violación de la autonomía y libertad sindical.

Por garantías de las organizaciones obreras

Este ataque de la FISCALÍA a la FECODE tiene que ser rechazado por todos y cada uno de los trabajadores y servir para que esta última, encabece un plan de lucha con el cual todas las organizaciones de los trabajadores gocen de la adecuada protección contra todo acto de injerencia de las organizaciones patronales y autoridades del Estado en la vida interna y el desarrollo de los sindicatos. Se exija también, la protección a los trabajadores para que podamos ejercer nuestros derechos sindicales como el derecho a la huelga; para que el Ministerio del Trabajo vele realmente por las garantías del respeto al derecho de asociación sindical, adopte medidas adecuadas que estimulen y fomenten entre los patronos por una parte y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.

En otras palabras, FECODE en compañía de las demás centrales obreras, debe liderar la defensa del convenio 98 de la OIT de 1948, para el derecho de sindicalización y negociación colectiva, haciendo énfasis en los mecanismos de protección de los trabajadores en el ejercicio de estos derechos, con el gozo de la adecuada protección, contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el derecho a tener un trabajo digno, justo y de participación en la toma de decisiones que afecten a los trabajadores.

Dicho plan debe potenciar, además, la Democracia Sindical que abra el debate franco y sincero de cara a los obreros, donde sean los trabajadores quienes decidan qué camino seguir.

Este plan de lucha debe incluir acciones para levantar la moral de los trabajadores, fortalecer las organizaciones sindicales, elevar el prestigio del sindicalismo en Colombia, recuperar la movilización como el único método para alcanzar los derechos perdidos, mantener los que aún están vigentes y alcanzar los que aún nos faltan. A su vez, permita la autonomía de los sindicatos respecto al gobierno y la plena lealtad de las direcciones a los intereses y objetivos de las bases.

Propuestas que debe reivindicar la Fecode y las centrales obreras

Las propuestas obreras no pueden ser inferiores a las necesidades de miles de trabajadores, por tener un empleo digno, con todas las prestaciones, que le resuelva de una vez el problema de ingresos para sostener las familias en salud, alimentación, recreación y estudio.

Se debe recuperar los derechos que los gobiernos a favor de los patronos han impuesto con contrarreformas laborales arrebatando los derechos y conquistas más importantes como la jornada laboral de 8 horas, el servicio médico gratuito y eficiente para los trabajadores y sus familias, así como la estabilidad laboral.

La crisis económica no puede recaer sobre los trabajadores y los sectores populares y campesinos.

Resaltamos la importancia, entre otros aspectos, de:

1. Un pliego estatal de actualización salarial.

2. No a la intermediación en salud. La cual debe ser prestada a través de la red pública de hospitales fortalecidos.

3. Se debe extender la forma de ascenso y el escalafón del estatuto docente 2277 para todos los maestros, sin detrimento de los ascensos alcanzados por los maestros 1278, se descongele el escalafón 2277, es decir, se siga ascendiendo hasta su jubilación y juntos (2277 y 1278) luchar por el salario profesional que dignifique al maestro como intelectual de la educación.

Exigimos al Comité Ejecutivo de Fecode que:

1. Exija la reincorporación de los docentes provisionales que a raíz del concurso docente fueron declarados cesantes. el movimiento de los provisionales le ha demostrado al gobierno que pueden ser incorporados al trabajo sin afectar el mérito de los que pasaron el concurso.

2. Retire la propuesta de estatuto docente que actualmente tiene en discusión para avanzar en la concertación de este en la Comisión Tripartita, porque no parte de la defensa del estatuto 2277, dicha propuesta no unifica al magisterio del país, contiene puntos nocivos en su conjunto y entrega los pocos derechos que nos quedan.

3. El estatuto 2277 es el resultado de una lucha heroica y contundente del magisterio colombiano, ganado con la lucha y la movilización, por lo tanto, no se puede derogar como lo expresa el artículo 112 de la propuesta. Exigimos al ejecutivo de FECODE que vele por su permanencia, continuidad y luche por el descongelamiento salarial de estos maestros.

4. La estrategia de la lucha del magisterio debe ser la de reconquistar el estatuto 2277 para todo el magisterio, incluyendo los maestros que entraron al servicio estatal después del 2005 y recoja a los maestros del sector privado en lo concerniente al ascenso, escalafón y garantías laborales.

5. Defender en la calle mediante la movilización, el documento construido por las bases del magisterio, con el objetivo de que el gobierno, presionado por la huelga, negocie con los maestros. Se aplique así, una política de negociación coherente con la clase trabajadora y el magisterio, que no acepte la concertación del estatuto en una comisión tripartita.

6. Se debe recoger e integrar garantías para el ejercicio docente de las minorías étnicas, afro y género diversas y así se fortalezcan sus comunidades, libres de la discriminación y opresión.

7. Por una ley general de educación que fortalezca el presupuesto educativo, se reduzca el número de estudiantes por maestro y se garantice el ascenso permanente hasta la jubilación.

El estatuto docente debe posicionar al maestro como sujeto político, como intelectual de la educación y trabajador pedagógico que responda al desafío social de la actualidad, por la defensa de la educación pública.

Atentamente,

Maestros y maestras
Corriente Magisterial Unidad Docente ¡UNÍOS! -Unidad Obrera Socialista

Febrero 8 de 2024

———En defensa de la educación pública y el derecho a la salud,
apoyamos el paro nacional del magisterio

¿El “nuevo” viejo modelo de salud para el magisterio
y sus familias?

30 de agosto de 2023

Como colectivos que hacemos parte del movimiento sindical, social y popular, saludamos este paro de 24 horas, convocado por la Federación Colombiana de Educadores de Colombia – Fecode, que tiene como objetivo principal mostrar las dificultades en la atención de salud del magisterio y sus familias. Estamos ad portas de una “nueva” contratación en salud para el magisterio, que de “nueva” tiene más bien poco, poco. Pues desde la creación de la ley 91 de 1989 “La mayoría de las regiones tienen desde el 1 de enero de 1990, cuando empezó el Fondo de Prestaciones del Magisterio, el mismo prestador y coincidencialmente son algunos de los lugares de donde se reciben más quejas, lo que ha llevado a imponer algún tipo de sanción”[1]

Reiteramos, con vehemencia, que el modelo de salud para la atención del magisterio fue el experimento piloto para la aplicación de la Ley 100 de 1993 a los trabajadores. En consecuencia, es mentira que nuestro modelo de salud sea diametralmente opuesto a la Ley 100. Solo tiene algunos elementos que la diferencian, pero, en ambos, la intermediación es la columna vertebral del negocio. No obstante, con el gobierno del cambio o gobierno amigo, gran parte de la dirigencia sindical sigue defendiendo la Ley 91 de 1989, que es lesiva en algunos aspectos en las prestaciones sociales del magisterio.

Leyendo un poco el Acuerdo N° 5 de 2022 del 30 de diciembre de 2022 del Consejo Directivo Del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, encontramos arbitrariedad en el concepto establecido en la estandarización en la atención a la población, pues establecen unos parámetros que no corresponden a las vulnerabilidades de la población, dado los estilos de vida que exige el sistema capitalista. Además, no se entiende por qué en dicho acuerdo se consideran “atención adicional” cinco especialidades médicas, a saber: ginecología, obstetricia, pediatría, medicina familiar o medicina interna, como también que el servicio de psicología esté sujeto a “la disponibilidad de la oferta”. Nosotros podríamos pensar que esos servicios en salud no son adicionales sino consustanciales a la atención integral de la salud.

También, consideramos que el mecanismo de contratación planteado en el acuerdo no resuelve el histórico y crónico problema de salud en el magisterio, pues es sabido por todos que, desde hace varias convocatorias los contratistas siguen siendo los mismos monopolios, generalmente con la venia de la dirección de la Fecode, que hace parte del Consejo Directivo de dicho organismo.

De otro lado, pero todo que ver, es el tema de las veedurías en salud, mismas que se han convertido en un eslabón más de la intermediación donde no interesa la afectación colectiva sino el favor personal que le hagan al maestro. Por esta vía resuelven problemas personales y, fundamentalmente, mantienen y engordan muchas veces la clientela que les da réditos sindicales para sostener las maquinarias políticas que vienen reproduciendo la burocracia sindical. Mecanismos muy lesivos para el derecho de todos a gozar de principios de oportunidad y equidad en uno de los temas más sensibles, como es la atención oportuna en la salud.

Hacemos un llamado a las bases para que estemos muy atentos a las negociaciones de FECODE con el gobierno del cambio, pues son muchos temas que están sobre la mesa de los que depende la dignificación del maestro y la defensa de la educación pública. Solo por mencionar algunos: reforma constitucional al Sistema General de Participaciones – SGP; la conformación de un nuevo estatuto de la profesión docente; la convocatoria a ascenso y reubicación de los maestros del 1278, que desde el 2018 no se surte este supuesto derecho; la retroactividad a los 8.000 compañeros que hicieron el curso. Mantener la independencia de los patrones y del gobierno nos hará avanzar y mantener las conquistas logradas en años de lucha sindical y política.

El Proyecto Ley No. 192 de 2022 del Senado: “Por medio del cual se crea el bono escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones” este lesivo proyecto atenta una vez más contra la educación pública estatal y busca supeditar la educación pública a las lógicas del mercado neoliberal, suprimiendo la educación como derecho para convertirlo en una dádiva de los gamonales de la educación. Por otra parte, nuevamente el Centro Democrático busca entregar mediante este proyecto de Ley el presupuesto público de la educación a los particulares, promoviendo el clientelismo, la corrupción y la privatización.

El Proyecto Ley, “Por medio del cual se modifica el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales”: El martes 1 de julio los congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Christian Garcés y Hernán Cadavid radicaron una iniciativa con la que buscan prohibir el derecho a la protesta de profesores y de otros sectores, convirtiendo la educación en un servicio esencial, negando la posibilidad de elevarla a derecho fundamental mediante una ley estatutaria y coartando los derechos políticos de los trabajadores de la educación acallando las voces críticas y la conciencia colectiva del país.

El maestro luchando también está educando
¡En defensa de nuestros derechos, abajo los proyectos de ley del fascismo!
¡No a la intermediación de la salud!

Nueva Cultura
Unidad Docente – GTS

[1] Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-253114_pdf_abc_salud_docentes.pdf

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Provisionales 2023

¡Un ejemplo de lucha!

**Reunión de maestros provisionales el 26 de julio en ASDEM (Medellín) para organizar la lucha por su nombramiento en propiedad.**

Felicitamos a los maestros provisionales 2023 porque están dando una muestra de lucha y se han dado a la tarea de organizarse autónomamente para mostrar que sólo desde la movilización y la organización podrá haber alternativa.
Los maestros del país nos encontramos frente al despido masivo de nuestros compañeros provisionales, maestros que durante años han laborado con nosotros y que muchos de ellos han entregado todo su esfuerzo laboral, personal y familiar en la labor de educar a los niños y jóvenes del país. Cada vez que hay concurso docente y con la Plataforma Maestro, (plataforma que administra las vacantes nacionales), han servido para atropellarlos, desconocerles el arraigo, el tiempo de servicio en regiones aisladas y promoviendo el desplazamiento de maestros entre las diferentes zonas del país. Es de anotar que, ambas situaciones no son casuales que se agudizan antes de las elecciones regionales de gobernadores, alcaldes y concejales.
El comité ejecutivo de la FECODE y/o las juntas directivas de los sindicatos regionales no han logrado realizar acciones previas y efectivas contra los despidos, situación que viene generando estrés y depresión en nuestros compañeros y un mal clima laboral en las instituciones educativas.
Desde Unidad Docente tuvimos la misma experiencia en el 2005, donde las burocracias sindicales de aquel año dieron luchas equivocadas y el Estado colombiano logró imponer el nuevo estatuto docente 1278 aprobado en el año 2002 y aplicando toda la contrarreforma educativa dictada por los organismos internacionales y materializada por la Fundación Compartir y los alcaldes del momento en las diferentes entidades territoriales del país.

Marco nacional de los provisionales en el momento actual (2023)
Ante la falta de iniciativa de las direcciones sindicales de dar la lucha, los maestros provisionales se empezaron a organizar autónomamente en sus regiones para tratar de colocarle freno a la masacre o lograr unos mínimos laborales posibles.
La fuerza que han venido mostrando organizados o no desde tiempos atrás, alcanza su máxima expresión en La Guajira cuando voceros de algunas regiones del país confluyen allí para intentar fallidamente entrevistarse con el presidente del “Gobierno Amigo” y llamar la atención sobre sus problemáticas.
Con una nueva concentración de más voceros en Bogotá, ante el Ministerio de Educación, a la semana siguiente se posibilita la creación de una mesa técnica de estudio a las peticiones de los maestros, con algunos logros pequeños, pero significativos.

Las respuestas del Ministerio de Educación
Los funcionarios administrativos del Gobierno son los que continuamente manifiestan que la ley no les permite atender las peticiones de continuidad laboral. Que hay que garantizar el derecho a la igualdad y oportunidad para todos, que el concurso docente no se puede detener y los invitan a seguir haciendo parte de las mesas técnicas porque la Constitución Política de Colombia no se puede cambiar. Sin embargo, recordemos que está constitución ha sido modificada 45 veces según los intereses de quién tienen el poder y mediante decretos y resoluciones que se firman fácilmente por los gobernantes de turno han servido para golpear a la clase trabajadora. Sin embargo, les queda muy difícil aprobar decretos y/o resoluciones que sirvan para brindar soluciones reales al pueblo trabajador.

FECODE y los acuerdos de los provisionales
Gracias a la presión ejercida por estos maestros, la dirección de la FECODE se vio obligada a incluir el tema de los provisionales en el pliego de peticiones y obtuvo para ellos algunos acuerdos:“Logra” en el punto 14: Respeto el llamado “Retén Social”, la continuidad en la misma entidad territorial si la ETC cuenta con la vacante, prioridad en el sistema maestro para ser vinculado nuevamente, ajuste de los parámetros del sistema maestro con enfoque regional, experiencia y arraigo; auxilio de desempleo a través de las cajas de compensación familiar y una mesa técnica para incluir en el nuevo concurso las variables y otros aspectos que reconozcan al maestro provisional.

Los métodos equivocados de lucha
Desde Unidad Docente reconocemos la inequidad de los concursos de méritos, que cada vez trae más desigualdad en el magisterio y elimina de tajo los derechos adquiridos de los maestros provisionales, sumado a esto, la concertación como política del imperialismo y la burguesía para conciliar los intereses de la clase trabajadora, ha sido adoptada, asumida y defendida por los dirigentes sindicales en su mayoría llevando a los docentes a pérdida de derechos.
El método parlamentario, el clientelismo, la vía jurídica individual y los directivos sindicales burocratizados de las direcciones sindicales no creen en la acción colectiva y organizada de la clase trabajadora, en últimas terminan firmando acuerdos y mesas técnicas preparatorias que no son más que estrategias para frenar la lucha de los maestros y no solucionan la problemática real de los provisionales en el país.

Llamado a las direcciones nacionales y regionales entre ella a ASDEM
Le hacemos un llamado a que se promuevan al interior de las organizaciones sindicales los comités y voceros para se les brinde los recursos económicos necesarios, la asesoría jurídica colectiva, la continuidad de los maestros en el sindicato sin más afiliación y/o aportes extras, sin pago de los meses que quedarán cesantes.
Hacemos un llamado a que FECODE recoja la lucha de los diferentes grupos y sectores de provisionales en el país, que se han organizado autónomamente, para que se unifiquen, nombren entre ellos sus voceros por regiones, recojan las exigencias y la lucha de estos maestros hasta consolidar un plan de lucha y colocarlo en marcha en todo el país.
El magisterio en general organizado conjuntamente con los maestros provisionales deben vigilar para el cumplimento efectivo de los acuerdos y la defensa del derecho al trabajo de todos los que actualmente están nombrados bajo cualquier denominación de tal manera que los parámetros de arraigo en el territorio y experiencia que se han esbozado, en la práctica se hagan realidad.
Con relación al subsidio familiar, al auxilio de desempleo y otros beneficios se debe buscar que compensen el salario del año lectivo restante que el maestro quedará cesante, para que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones de vivienda, alimentación y servicios públicos.
Se debe llamar a la movilización de los maestros en general para solidarizarnos con las luchas de los provisionales. Aclaramos, que no estamos en contra de los maestros nuevos que se van a vincular y “ganaron” el derecho a posesionarse en propiedad, sin embargo, un cambio en la relación técnica maestro/alumno y una planificación acorde a las necesidades de las plantas de cargos podría garantizar trabajo sino para todos, para una gran mayoría; no obstante, estamos en contra de que ilusionen a los maestros con un supuesto proyecto de ley en favor de los provisionales que lo único que hace es desviar la justa lucha y organización de los maestros por defender su estabilidad laboral.
Los voceros de los maestros provisionales elegidos autónomamente por ellos mismos no pueden ser excluidos de las negociaciones o acuerdos de las mesas técnicas.
Entre las acciones previas que las direcciones sindicales deberían proponer, está que realmente se les otorgue a estos maestros provisionales los derechos que con su trabajo y experiencia se han ganado, donde se les garantice la estabilidad laboral y continuidad en la entidad territorial, donde su idoneidad ha quedado demostrada por todo el tiempo laborado, al servicio del Estado y la educación pública.
Los provisionales y sus voceros no deben renunciar a la exigencia por la vinculación en propiedad, la continuidad en el magisterio y evitar quedar cesantes.
Los maestros provisionales deben luchar por defender en unidad de acción con los maestros de todo el país sus reivindicaciones, comenzando por el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, el salario profesional, el ascenso, la salud y la resistencia al inminente despido mediante la organización y la lucha colectiva democráticamente organizada, como también la confrontación contra la dirigencia sindical, que no apoya las justas luchas.
Desde Unidad Docente, GTS e Impulso Socialista hacemos un llamado a participar de nuestros debates y aportar libremente para seguir fortaleciendo una corriente magisterial que se proponga organizar acciones por la labor docente y la educación pública. Debemos seguir la lucha intransigente contra las leyes injustas, los planes del Estado y los organismos internacionales.

Medellín, 26 julio de 2023

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Manifestaciones del 7 de junio

Comunicado a la opinión pública
Subdirectiva de Cáceres de la ADIDA

[Las subdirectivas de Jericó y Cáceres de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) han emitido cada una un «Comunicado a la opinión pública» en el que informan las razones del por qué NO participarán de la jornada de movilización programada por Adida para el día 7 de junio de 2023. Te invitamos a leer el comunicado. Déjanos tus apreciaciones con respecto a sus argumentos. Te leemos!!]

comunicado-a-la-opinion-publica-6-junio-2023 Descarga

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Exigencia por el retiro de la propuesta de Estatuto Docente
de la Dirección de Fecode

**Aspecto de la Asamblea General Federal de Fecode, Cali, 29, 30 de Nov. – 1 y 2 de Dic. de 2022**

Los maestros adscritos a la Corriente Magisterial Unidad Docente GTS, desde hace 10 años, cuando se conoció el primer borrador de “Propuesta de proyecto de Estatuto Docente” de la dirección de FECODE, hemos estado en la tarea de estudiarla, analizarla y debatirla. Hemos desarrollado una batalla constante con activistas y corrientes consecuentes en defender el estatuto especial 2277. En ese trabajo, visitamos varias regiones del país, recogiendo aportes del debate, juntos en el año 2013 impulsamos el Plebiscito por la derogatoria del 1278 y contra los fundamentos del proyecto de Estatuto Único elaborado por la dirección de FECODE, se recogieron más de 5.000 firmas rechazando la propuesta de estatuto docente y exigiendo su retiro.

Hoy el contexto político, con un gobierno del Pacto Histórico, no cambia la realidad de los intereses del estado burgués. Que defiende la precarización laboral y con las direcciones del magisterio de FECODE, insisten en un proyecto concertado en un congreso que es dominado por los mismos partidos de la burguesía y defienden los postulados privatizadores y de la OCDE.

Crisis de dirección sindical

Reconocemos que cada cuatro años, en época de elecciones sindicales a FECODE y a elecciones de los sindicatos regionales, emerge el tema del estatuto docente, que le ha servido a los directivos sindicales para hacer campaña electoral y no aportan a la solución, defensa y recuperación de los derechos perdidos del magisterio.

Es evidente que en la actualidad existe una profunda crisis del movimiento sindical producto del método de la concertación, la conciliación, el parlamentarismo, la lucha jurídica de manera individual y no colectiva, la realización de pliegos y levantamientos de paros sin consulta a las bases, la práctica continua de firmar acuerdos que no representan el magisterio y de igual modo el no permitir que otras voces se puedan expresar con todas las garantías.

De tal manera que ese método ha traído desmoralización y las organizaciones sindicales se han debilitado y desprestigiado. Por ello hacemos un llamado a cambiar la estrategia de negociación, de mesas de conciliación y recuperar la movilización como el único método con el cual podemos recuperar los derechos perdidos, mantener los que aún están vigentes y alcanzar los que aún nos faltan. Exigimos la autonomía de los sindicatos respecto al gobierno y la plena lealtad de las direcciones a los intereses y objetivos de las bases.

¿Qué debe contener una propuesta de estatuto docente?

Una propuesta de estatuto docente no puede ser inferior a las necesidades de miles de maestros por tener una carrera docente digna, que le resuelva de una vez, los problemas de estabilidad laboral, ascenso, salario profesional y cualificación gratuita, que cubra las expectativas de un intelectual de la educación y suprima de tajo las diferentes evaluaciones neoliberales y de control fiscal, que han ejercido a todas luces los mecanismos de disciplinamiento social e ideológico del maestro, como lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional.

Se debe recuperar los derechos que desde los años 90, los gobiernos nos han impuesto con contrarreformas laborales arrebatando los derechos y conquistas más importantes, como el derecho al ascenso y a un salario profesional. El déficit presupuestal no puede recaer sobre los hombros de los maestros y el saneamiento económico del actual gobierno también debe incluir a los maestros como transformadores de una nueva sociedad.

Resaltamos la importancia, entre otros aspectos, de:

1. Mantener el régimen especial y la estabilidad laboral para todos los maestros vinculados al estado.
2. La idoneidad la brinda el título universitario y no los concursos de méritos que generan desigualdad social.
3. Se debe extender la forma de ascenso y el escalafón del estatuto docente 2277 para todos los maestros, sin detrimento de los ascensos alcanzados por los maestros 1278, se descongele el escalafón 2277, es decir, se siga ascendiendo hasta su jubilación y juntos (2277 y 1278) luchar por el salario profesional que dignifique al maestro como intelectual de la educación.
4. La evaluación debe ser institucional con todos los estamentos de la comunidad educativa, de acuerdo a los contextos escolares propios, sin mediciones externas e impuestas por organismos internacionales que responsabilizan únicamente al maestro de la mala calidad de la educación; contrario a como se establece en la propuesta de estatuto, en el capítulo V, que invoca la evaluación sanción, los planes de mejoramiento en caso de evaluación insatisfactoria e inestabilidad laboral.
5. La idoneidad de los maestros provisionales ha quedado demostrada con su título y años de servicio prestado al estado, por lo tanto su vinculación debe ser inmediata y sin concurso.
6. Restituir el artículo 67 del 2277 sobre vacaciones.
7. La constitución Política de Colombia la han cambiado 41 vez de acuerdo con las necesidades de quiénes tienen el poder. Por ello el artículo 125 de la CPC que reglamenta la meritocracia que trae desigualdad social, la evaluación sanción y la inestabilidad laboral se puede derogar con la lucha y a movilización en las calles con el sindicato más grande que tiene Colombia, FECODE.
8. Los maestros no le tenemos miedo a la evaluación, el punto es quién hace la evaluación y con qué fines presupuestales y fiscales nos han impedido el ascenso y nos han mantenido congelados.
9. En un estatuto de los docentes no se puede legitimar en el capítulo II, las funciones de administración, vigilancia, gestión y sanción de la Comisión Nacional del Servicio civil, el Ministerio y Secretarías de Educación, por cuanto estos son parte gubernamental del control sistemático del ejercicio docente y del recorte de derechos de los maestros.

Exigimos al Comité Ejecutivo de Fecode que:

1. Retire la propuesta de Estatuto Docente que actualmente tiene en discusión para avanzar en la concertación de este en la Comisión Tripartita, porque no parte de la defensa del Estatuto 2277, dicha propuesta no unifica al magisterio del país, contiene puntos nocivos en su conjunto y entrega los pocos derechos que nos quedan.
2. El estatuto 2277 es el resultado de una lucha heroica y contundente del magisterio colombiano, ganado con la lucha y la movilización, por lo tanto, no se puede derogar como lo expresa el artículo 112 de la propuesta. Exigimos al ejecutivo de FECODE que vele por su permanencia, continuidad y luche por el descongelamiento salarial de estos maestros.
3. La estrategia de la lucha del magisterio debe ser la de reconquistar el estatuto 2277 para todo el magisterio, incluyendo los maestros que entraron al servicio estatal después del 2005 y recoja a los maestros del sector privado en lo concerniente al ascenso, escalafón y garantías laborales.
4. Potenciar la Democracia Sindical que abra el debate franco y sincero de cara a los maestros, donde sean los maestros que decidan qué camino seguir, cuáles son los derechos por recuperar y los derechos faltantes del magisterio, para presentar un articulado que complemente el estatuto 2277 y para ello, se requiere de líderes decididos que luchen por la organización de los maestros y la movilización.
5. Defender en la calle mediante la movilización, el documento construido por las bases del magisterio, con el objetivo de que el gobierno, presionado por la huelga, negocie con los maestros. Se aplique así, una política de negociación coherente con la clase trabajadora y el magisterio, que no acepte la concertación del estatuto en una comisión tripartita.
6. Se debe recoger e integrar garantías para el ejercicio docente de los minorías étnicas, afro y genero diversas y así se fortalezcan sus comunidades, libres de la discriminación y opresión.
7. Por una ley general de educación que fortalezca el presupuesto educativo, se reduzca el número de estudiantes por maestro y se garantice el ascenso permanente hasta la jubilación.

Atentamente,
Maestros y maestras Corriente Magisterial Unidad Docente GTS.
25 de marzo de 2023

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Frente a la doble moral
del Comité Ejecutivo de Fecode

Comunicado de Asoinca

[El Trabajador Socialista divulga el comunicado de la Junta Directiva Departamental de Asoinca respecto a la posición que ante sus exigencias han asumido el Comité Ejecutivo de Fecode y la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, militante del Partido Comunista de Colombia]

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Solidaridad con la lucha
del magisterio del Cauca

[El Trabajador Socialista divulga el comunicado de solidaridad con la lucha del magisterio del Cauca agrupado en Asoinca, emitido por Unidad Docente – GTS]

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DECLARACIÓN POLÍTICA

Los maestros(as), reunidos en Medellín, Antioquia, los días 14 y 15 de octubre de 2022, en el marco del encuentro nacional magisterial convocado por varios colectivos y sectores magisteriales, cumpliendo la tarea de fortalecer la unidad para las luchas tan necesarias en la actualidad, declaramos:

Es evidente la nueva y muy profunda crisis mundial del capitalismo acelerada por el COVID 19, reflejada en el aumento del hambre, la miseria, la migración y la descomposición social. La disputa entre países industrializados y poderosos política, económica y militarmente, por el control del mercado, por el control de los recursos naturales y por la dominación de los países con más pobladores pobres, identificados como semicolonias, se sigue agudizando para la clase trabajadora.

Los países imperialistas y sus organizaciones militares han encontrado en la guerra una forma de enfrentar sus propias crisis y en diferentes países del mundo han salido las masas a enfrentar el hambre y la desigualdad, luchando en las calles contra sus gobiernos y las medidas contra los trabajadores y el pueblo.

Se constata la relación entre las decisiones económicas de organismos multilaterales como FMI, BM, OCDE, y el rol que estos se le atribuye a la escuela y a los educadores, reconociéndose la permanente pretensión de dominio y control ideológico desde las políticas públicas sobre la escuela y los maestros(as).

Producto del estallido social de 2021, en Colombia fue canalizada la inconformidad general a través de las urnas, generándose un gobierno alternativo, de conciliación de clases, que ha despertado muchas expectativas y esperanzas entre los trabajadores, campesinos y en general sectores oprimidos y explotados de la sociedad; para el sector educativo oficia, como ministro, un representante de las clases dominantes, promotor de las medidas que han llevado a la agudización de la crisis social.

La dirección de FECODE está enmarañada en la mayor disputa burocrática y oportunista de su historia, agudizando la crisis sindical que junto con su política de concertación y de colaboración de clases ha contribuido con la pérdida de conquistas del magisterio y pérdida de garantías y condiciones para el ejercicio profesional docente.

Con ese marco político es indispensable analizar la situación del magisterio colombiano y los retos que la realidad actual impone en lo concerniente a derechos y reivindicaciones del sector educativo, en particular sobre ingreso, ascenso, estabilidad, evaluación, salud y prestaciones sociales.

Hecho el análisis colectivo, presentamos a las bases del magisterio nacional estas reivindicaciones para ser recuperados y extendidos a todo el magisterio:

Ingreso a la carrera docente solamente con la inscripción en el escalafón, presentando el título universitario, como lo consagra el estatuto 2277 de 1979.
Vinculación automática al servicio estatal para los maestros provisionales con más de 3 años de vinculación.
Ingreso al servicio estatal para los maestros nuevos, solo debe existir la inscripción con el título al escalafón, sin periodo de prueba.
En perspectiva, exigir que las universidades generen pasantías para los estudiantes de licenciatura, con vinculación a los colegios estatales, la cual sirva como prueba de ingreso a la planta docente, evidenciando idoneidad profesional desde la práctica.
Ascenso por títulos y tiempo de servicio, como lo establece el vigente estatuto 2277 de 1979.
Evaluación de procesos institucionales y no de responsabilidades individuales. Eliminar la evaluación de desempeño y de competencias.
Salud sin intermediación a cargo de la estado y red pública hospitalaria nacional.
Recuperar la pensión gracia y la retroactividad de las cesantías, perdidas bajo la ley 91 de 1989
Extender para todos el régimen pensional vigente de los maestros nombrados bajo el decreto 2277 de 1979.
Conservar las garantías magisteriales del estatuto 2277, estabilidad laboral, ascenso y régimen especial sin detrimento de los ascensos obtenidos por los maestros 1278.
El estatuto 2277 no se deroga se debe luchar por un adenda con los derechos que faltan, sin que se pierda las garantías que están vigentes en ese estatuto y sin detrimento de los ascensos alcanzados por los maestros 1278.
No al estatuto único de la dirección de FECODE sin discusión de las bases magisteriales y exigimos conocer las modificaciones hechas por las direcciones a la propuesta elaborada desde el congreso de Paipa sin escuchar a las bases.
Las propuestas que hemos elaborado, son exigencias que hemos venido trabajando durante años atrás y las mantenemos.
Exigimos a nuestra federación mantener la independencia frente a los patronos, al gobierno, al estado y ante los organismos internacionales, tales como la OCDE, FMI, BM sin depositar esperanzas en el actual ministro de educación quien fue clave en la pérdida de derechos y en los procesos de privación de la educación y salud.

Proponemos un llamado a las fuerzas clasistas, antiburocráticas y consecuentes a desarrollar la unidad de acción para garantizar el debate sobre estos aspectos, sobre los contemplados y aún no difundidos del mal llamado estatuto único de FECODE y actuar mancomunadamente en la asamblea federal de noviembre próximo, para democratizar los sindicatos, organizar la movilización y los paros, así como cambiar la dirección de la federación.

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La Carrera Docente
en América Latina y el Caribe

El propósito de estas notas es mostrar como las políticas que han definido y estructurado la carrera docente y el desarrollo profesional docente en América Latina y el Caribe, lejos de mejorar las condiciones del docente, han tenido un fuerte impacto negativo en la estabilidad laboral, la permanencia y el ascenso.

La UNESCO ha venido haciendo un seguimiento a la situación de los docentes y ha definido orientaciones para las políticas docentes en el marco de la iniciativa “Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe” que hace parte de la estrategia a nivel mundial de la UNESCO denominada “Profesores para una Educación para Todos”.

Estos estudios e investigaciones destacan “en sus fundamentos la existencia de una triple brecha respecto de la fuerza docente en el mundo en desarrollo –brecha de políticas, de capacidades y de financiamiento–, que estaría poniendo en riesgo las metas de Educación para Todos.”

Los temas críticos que destacan, respecto a la carrera docente, son los siguientes: “a) dificultad para atraer y retener buenos docentes; b) carreras que desconocen fases de la docencia; c) disociación entre carrera y desarrollo profesional; d) tensión entre estructuras salariales comunes y remuneraciones diferenciadas; e) dificultades en la generación de consensos para la evaluación del desempeño.” (1)

Pero ¿qué es la Carrera Docente?

Los profesores interpretan la carrera docente como el nivel de avance que se obtiene en el sistema de incentivos y remuneración de los docentes vinculados con el Estado.

Para la UNESCO la carrera docente es “el régimen legal que regula la vida laboral de quienes ejercen la profesión en el Estado.” (2) Específicamente, se norman los procedimientos de ingreso, permanencia, movilidad y retiro de los profesores del sistema estatal de educación.

Las carreras docentes en América Latina forman parte de un conjunto de políticas que han regulado el ejercicio docente en el marco de dos procesos: la expansión de los sistemas educativos, a partir de los años cincuenta, gracias a las políticas keynesianas y el fin de esta expansión, dando inicio a las carreras docentes bajo la tutela de las políticas neoliberales.

Para estos organismos internacionales resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio. De esta manera es necesario estructurar la carrera docente en torno al mejoramiento del desempeño profesional; mejoramiento que se mide no por la experiencia y estudios sino a través de la evaluación permanente de competencias y desempeño del docente como eje del ascenso en la carrera.

Para lograr lo anterior se recomienda a los gobiernos de la región diseñar e implementar una política de remuneraciones e incentivos clara y articulada para estimular la labor profesional docente, dejando de lado o negando al docente el salario profesional.

Para ello se debe diseñar e implementar un sistema de evaluación del desempeño “objetivo y transparente”, construido con participación de los docentes y basado en estándares validados por la profesión. Aunque estos organismos resaltan el propósito formativo de la evaluación docente, lo que se logra con la evaluación es el estancamiento del docente en la carrera docente.

“El más reciente informe publicado por el Banco Mundial, Great teachers. How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean, Bruns y Luque (2014) sostienen que la carrera profesional es una estrategia principal de recompensa financiera diferenciada de mayor eficiencia fiscal y mayores impactos en el desempeño de los maestros.” (UNESCO 2015)

Es decir, bajo las hipótesis de evaluar para mejorar, de esforzarse (individualmente) para alcanzar las metas y de mostrar resultados para demostrar éxito, el trabajo de los docentes está atravesando por nuevas transformaciones que impactan directamente en la noción de profesión docente.

¿Cuál es la característica fundamental
de las carreras docentes en América Latina?

A pesar de las luchas de los docentes, la heterogeneidad en la regulación es la principal característica de las carreras docentes en América Latina. Durante los últimos 65 años el nivel de modificación de la norma ha sido muy diverso.

En los dieciocho países revisados por la UNESCO se encontró:“la coexistencia de sesenta años de regulaciones laborales. La más antigua carrera vigente es la de Costa Rica que data de 1953 y la más reciente es la que regula la vida laboral de los profesores mexicanos promulgada en el año 2013”.

En Chile la carrera docente se estableció en el año de 1991 con repetidas modificaciones de la norma en los años siguientes. En Perú la carrera docente se modificó en su totalidad en el año 2012, cuando se unificaron los dos regímenes laborales existentes.

Además, también encontramos diversidad de niveles legislativos. “Por un lado, existe regulación sobre carreras docentes que forman parte de plataformas constitucionales. Este es el caso de Guatemala y Honduras que, siguiendo una tradición centroamericana, tienen vinculadas las carreras a artículos de sus constituciones nacionales. Existe también una mayoría de países donde como en Colombia y Perú, las carreras docentes están tipificadas como leyes independientes e incluso países como Argentina y Uruguay donde la regulación de la carrera son dispositivos legales de rango inferior a una ley (ordenanzas). Otro es el caso de Ecuador, donde la carrera docente no es una norma independiente, sino que forma parte de la ley orgánica de educación. En países con modelos federales, la heterogeneidad también está presente. En México existe una ley general para todos los estados, mientras que en Brasil existen niveles estaduales y municipales de regulación del ejercicio docente.” (2)

Para la UNESCO esta diversidad de regulaciones en las carreras docentes en la región hace difícil su clasificación, pero “es posible formular una tipología general de carreras docentes en América Latina sobre la base de dos categorías correspondientes a la existencia o no de un enfoque meritocrático que oriente la implementación de las carreras.” (2)

Este enfoque común a todas las regulaciones del trabajo docente trajo consigo mecanismos de evaluación con consecuencias de alto impacto; es decir, evaluaciones del desempeño de los maestros que pueden devenir en la pérdida de la estabilidad laboral.

A pesar del tratamiento dado al tema de carrera docente la UNESCO considera ¨necesario profundizar la discusión dada su alta complejidad por las distintas dimensiones de orden político, económico y propiamente pedagógico que están implicadas, siendo, a su vez, un campo donde se producen sucesivas modificaciones de normativas legales derivadas de cambios políticos y de equipos gubernamentales lo que hace necesario actualizar permanentemente la información. ¨ (UNESCO, 2015)

¿Cómo han influido los cambios políticos y económicos
durante el siglo XX en la carrera docente?

Según C. Vergel (3), a partir del año 1938, como respuesta a la gran depresión económica y a los logros obtenidos por la revolución socialista en Rusia, el imperialismo dejó de lado momentáneamente la política liberal e impuso el modelo keynesiano. Para superar la crisis económica y hacer frente a los avances de la revolución socialista, John Mario Keynes propuso que la inversión privada se complementara con la inversión pública o estatal, de tal manera que un fuerte gasto por parte del estado ayudara a resolver los problemas generados por la crisis, como el alto desempleo y la caída de la tasa de ganancia. Bajo esta nueva doctrina los Estados capitalistas realizaron importantes inversiones en educación. La educación de masas dejó de ser el mero resultado de las necesidades de la industria y la lucha de clases, para pasar a ser parte de la política de la burguesía imperialista, que buscaba desesperadamente recuperar la estabilidad del sistema capitalista y frenar el avance del socialismo.

Contradictoriamente, el desarrollo de la educación de masas y la expansión de los sistemas educativos provocó un desajuste con las necesidades de la industria capitalista, que se reveló incapaz de incorporar a todos los egresados de la escuela o la universidad. La crisis empezó a rondar los sistemas educativos y acentuó las diferencias de clase al proveer de una buena educación a los ricos y embaucar con una pésima educación a los pobres.

A finales de la década del 60 del siglo XX, estalló la crisis económica en Estados Unidos y la crisis política de mayo de 1968 que develaron que para el capital la educación tiene un límite: la ganancia. La educación se reveló como una mercancía que se vende y a cambio el estudiante adquiere conocimientos y habilidades que le servirán en un futuro para venderlas como otra mercancía: fuerza de trabajo.

Así, la política educativa para la educación pública de masas, en todos sus niveles, es cada vez menos viable por la crisis crónica de la economía capitalista pues el aparato productivo no tiene la capacidad de incorporar en su seno a todos los egresados.

Hoy se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que el sistema educativo contemporáneo atraviesa una grave crisis desde los años 60 del siglo XX. Se inició así una ruptura con el modelo keynesiano. Las políticas neoliberales ganaron adeptos dentro de los organismos internacionales. Los neoliberales explicaron la crisis por los gastos excesivos del Estado, su intervención en la economía y el papel jugado por los sindicatos.

Por otra parte, como por arte de magia, el imperialismo “descubrió” que la educación era un gran negocio sin explotar “la enseñanza es una industria de trabajo intensivo, que utiliza grandes cantidades de mano de obra de alto nivel y alto costo … es un mercado mundial, y su volumen de negocio ha alcanzado gran auge en los últimos veinte años en medida, variedad y extensión geográfica. A pesar de ello, poco provecho se ha sacado de sus beneficios potenciales.” (Coobs 1991)

Hoy, para el Banco Mundial y la UNESCO, la educación es una industria de trabajo intensivo que utiliza “grandes cantidades de mano de obra de alto nivel y de alto costo” y por tanto las carreras docentes (léase regulaciones laborales) deben mejorar la eficiencia y la productividad de los docentes no solo en el aula de clase, donde tienen que enseñar a más alumnos por hora y en jornadas más largas, sino a través de las demás ramas de la industria que las circundan como la elaboración de pruebas, libros, textos, material didáctico, publicaciones científicas y educativas.

¿Por qué la literatura latinoamericana y la UNESCO hablan
de dos generaciones de Carreras Docentes en América Latina?

Por lo anterior, la literatura latinoamericana y la UNESCO coinciden en reconocer la “existencia de dos generaciones de regulaciones. La primera generación comprende las carreras diseñadas entre inicios de los años cincuenta y finales de los noventa. Esta primera generación coincide con el desarrollo del Estado de bienestar y se caracteriza por el reconocimiento de los profesores como trabajadores con derechos laborales amparados en el Estado”. (4).

La expansión de los sistemas educativos y las luchas de los docentes originó que el docente fuera reconocido como servidor público con derechos y deberes laborales. Para este tipo de carreras, el empleo docente está concebido “desde la carrera”; es decir, se privilegia la permanencia de largo plazo y el recorrido por la carrera es posible debido a un enfoque credencialista que premia la acumulación de certificaciones (de estudio) y la antigüedad. Es el caso del estatuto docente 2277 en Colombia.

Morduchowicz (2002) ha identificado un conjunto de elementos que caracterizan a las carreras que pertenecen a esta primera generación. Entre los más importantes, “están la promoción automática basada en la antigüedad, la estabilidad laboral, y las estructuras salariales centradas en sueldos básicos y aumentos asociados a ascensos antes que a desempeños individuales; es decir, ascensos basados en la antigüedad y certificaciones antes que en desempeños.”

Las carreras de segunda generación son claramente meritocráticas, se caracterizan por considerar mecanismos de promoción horizontal, incorporación de procesos de evaluación del desempeño, una orientación hacia los resultados y la consecuente implementación de esquemas de incentivos.

En esta generación, la eficiencia y el control se constituyeron en los ejes organizadores de la vida laboral de los profesores. Corresponde a lo que OCDE reconoce como empleo público basado en los puestos; es decir, ocupa el puesto de trabajo aquel mejor capacitado, según un conjunto de indicadores previamente establecidos. Esta centralidad en el puesto supone además impacto en dos asuntos fundamentales: salarios diferenciados por niveles de desempeño y pérdida de la estabilidad laboral.

¿Qué es la meritocracia y cuál es su papel en la Carrera Docente?

La meritocracia es un enfoque neoliberal de gran impacto en las carreras docentes de segunda generación, en donde la permanencia en un nivel específico de la estructura, el declive de esa posición o la conquista de posiciones superiores son producto del mérito, concebido como la capacidad individual que sumado al espíritu competitivo permite alcanzar los logros propuestos.

La consolidación de la meritocracia como sistema de ordenamiento de las posiciones laborales se produjo en el marco de las transformaciones del modelo capitalista durante los primeros años de la década del 80 (Chile, Estados Unidos e Inglaterra) y se consolida a partir de las definiciones tomadas por el “Consenso de Washington” en el año de 1989.

Estas transformaciones se observan en: “Primero, en la apropiación por parte del capital de una porción cada vez mayor del excedente proveniente del proceso de producción. Segundo, en el cambio de modelo de intervención estatal, con énfasis en el dominio político y la acumulación del capital, en detrimento de la legitimación política y la redistribución social. Y tercero, en la internacionalización de los procesos económicos para incrementar la rentabilidad y abrir mercado. De tal modo, siguiendo a Castells, el capitalismo emergería operando a través del nuevo modo informacional de desarrollo, de manera que la fuente de la productividad se basa en la calidad del conocimiento actuando sobre sí mismo” (UNESCO 2015)

¿Cuáles son los elementos específicos de las regulaciones en la Carrera Docente?

Lo dicho hasta aquí nos sirve de marco para el análisis de elementos comunes y específicos de cada una de estas regulaciones, tales como:

los mecanismos de acceso a la carrera
las estrategias de promoción laboral
los procesos de evaluación de la función docente y
los procedimientos de salida de la carrera.

Los organismos internacionales han logrado que la evaluación se incorpore a las carreras docentes en la región. La evaluación de la función docente está asociada al ingreso, al ascenso y al propio desempeño docente.

“Los mecanismos de acceso a la carrera son las vías por medio de las cuales un docente inicia su vida laboral regular en el sistema educativo. En todos los países latinoamericanos se han establecido y se desarrollan procedimientos de selección conducentes a incorporar a los mejores profesionales a la carrera.” (2)

En la región prevalece el método de concurso de méritos. Sobre la base del concurso de méritos, como punto de partida, algunos países de la región desarrollan exámenes que permiten conocer el nivel de conocimiento de los postulantes. “Este método de concurso por oposición es siempre un segundo grado de selectividad en los países donde ocurre. No obstante, las carreras docentes más recientes como las de México, Ecuador y Perú incluyen de manera expresa que los concursos por oposición de “lápiz y papel” son complementadas con acciones demostrativas, tales como clases modelo y entrevistas personales.” (2)

En relación a los procesos de evaluación de la función docente: En el Salvador la responsabilidad de la evaluación recae en los Consejos directivos, mientras que en Ecuador el responsable de la evaluación es el Instituto nacional de evaluación educativa. En Perú los representantes de los gremios participan como observadores y en Nicaragua el sindicato de docentes hace parte de la Comisión Evaluativa. En Chile, Colombia y Perú además de las evaluaciones por competencias y desempeño, hacen parte los instrumentos elaborados por los profesores como portafolios, videos de clases magistrales.

En relación con el retiro de la carrera docente, en Nicaragua se pierde el puesto de trabajo si se ejerce otro cargo. En Costa Rica se pierde el cargo o trabajo si la o el docente incitan a actividades contra el orden público y en general las carreras de segunda generación incluyen el retiro por pérdida de la evaluación de desempeño.

¿Qué recomienda la UNESCO?

Para la UNESCO, lo importante es reconocer y premiar el mérito; por tanto, la elaboración de marcos de desempeños, estándares o competencias específicas sobre la función y la práctica docente es un reto que tienen que resolver los sistemas educativos para consolidar las carreras docentes. Formarse desde el inicio para actuar en un marco meritocrático exige un conjunto de competencias básicas que no podrán conseguirse sólo con la formación post inicial.

La tendencia a hacer más meritocráticas las carreras docentes debe incluir la elaboración de planes integrados de estímulos e incentivos al desempeño docente.

Aun así, todo parece indicar que lejos de mejorar las condiciones de vida del docente, el trabajo docente se intensificó y se precarizaron las relaciones de empleo. (Ver recuadro con recomendaciones de la UNESCO)

Algunas reflexiones finales

La conclusión más general a la que podemos llegar es que los elementos neoliberales que estructuran las políticas públicas para la carrera docente y afectan a la identidad profesional del docente, contradicen las declaraciones fundamentales, los deberes y derechos promovidos por los organismos internacionales y gobiernos locales.

Segundo, que la forma que ha tomado el modelo neoliberal en educación en América Latina y el Caribe se caracteriza por la descentralización financiera y administrativa, la centralización curricular, la definición de competencias y estándares, la financiación de la educación basada en la demanda y en la contratación con empresas privadas y con una fuerza laboral docente flexible y tercerizada.

En el nuevo modelo la calidad no es algo que se busca o que es intrínseca a la actividad educativa, sino que es un resultado del mercado. Lo que cuenta en la carrera docente es la eficiencia en el uso de los recursos, el número de horas-clase, el número de estudiantes por profesor y el resultado de las pruebas por competencias y de desempeño. Son condiciones centrales para alcanzar dichos objetivos eliminar los derechos adquiridos por los docentes, destruir sus organizaciones sindicales, liberar las formas de contratación y estimular por medio de pruebas la competencia entre docentes.

Se constata que las políticas docentes, pese a que se proclaman como prioritarias, en los hechos tienden a no ocupar el centro efectivo de las prioridades gubernamentales, porque son de alto costo cuando se proponen afectar al conjunto de la docencia, poco visibles para el público en su implementación, políticamente complejas y de mediano y largo plazo en el logro de los efectos buscados.

Recomendaciones de la UNESCO

Buscar reconocer y premiar el mérito sin perder la esencia colectiva de la educación se constituye en un primer gran reto que las políticas de regulación docente deben enfrentar.
Resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio.
Formarse desde el inicio para actuar en un marco meritocrático exige un conjunto de competencias básicas que no podrán conseguirse sólo con la formación post inicial.
La elaboración de marcos de desempeños, estándares o competencias específicas sobre la función y la práctica docente es un cuarto reto que tienen que resolver los sistemas educativos para consolidar las carreras docentes.
Otra consideración sobre regulaciones docentes está relacionada con las características jurídicas de la norma. Hay una tendencia a especificar (aislar la legislación docente de las normas educativas generales) la normatividad docente.
La tendencia a hacer más meritocráticas las carreras docentes debe incluir la elaboración de planes integrados de estímulos e incentivos al desempeño docente.

Bibliografía

1. Antecedentes y Criterios para la Elaboración de Políticas Docentes en América Latina y el Caribe UNESCO 2014.
2. Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional. Estrategia regional sobre docentes, UNESCO 2015
3. La política educativa del imperialismo para el siglo XXI, Carlos Vergel 2008
4. Desarrollo profesional continuo y carrera docente en América Latina, Terigi 2009
5. Contra la escuela por Tomas Vasconi

Nicolás Verger – Carlos Vergel
Bogotá, 23 de septiembre de 2022

Referencias

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