Actualidad


Llamamiento

a los sindicatos, al movimiento social y popular, a los jóvenes del pueblo luchadores del Paro Nacional

Del 1 al 3 de octubre se reunieron en Cali los Comités de Solidaridad Sindical (Cosoles) que adelantan actividades en las ciudades de Medellín, Cartagena y la propia Cali. El objetivo de la reunión era realizar un Foro en torno a la precarización laboral, los sistemas de contratación temporal y de tercerización y dotar de herramientas jurídicas a los asistentes para enfrentar las maniobras patronales y estatales contra el derecho a un trabajo estable y con plenas garantías prestacionales.
Se compartió allí la experiencia que varias de las organizaciones asistentes han tenido en ese terreno, además de escuchar ponencias presentadas por abogados al servicio de los trabajadores. Es importante destacar la alerta que en una de las conferencias se hizo sobre como Fenalco y la Andi preparan un proyecto de Estatuto del Trabajo que reglamentará las actuales condiciones de precarización, incorporando normas aún más regresivas a la legislación laboral.
Una de las principales conclusiones del Foro fue que, más allá de la ley, sólo la unidad y la solidaridad en la lucha, garantizará la defensa de nuestros derechos y la conquista de garantías para el trabajo. Por esta razón se aprobó por unanimidad el Llamamiento que publicamos a continuación y al que invitamos a nuestros lectores a suscribir y difundir.

Los Comités de Solidaridad con los Sectores en Conflicto (Cosoles) y las organizaciones participantes del foro “defensa del derecho fundamental a la contratación colectiva directa y estable, por la abolición definitiva del sistema de subcontratación laboral y el rescate del carácter clasista de las organizaciones sindicales”, realizado del 01 a 03 de octubre de 2021 en Cali, nos comprometemos con este llamado e invitamos a asumirlo.

Tenemos una tarea urgente: unir fuerzas para continuar con el proceso de movilización que el 28 de abril del 2021, sintetizando las lucha de 2019 y 2020, inició el alzamiento que propinó al gobierno importantes descalabros, aun sin derrotar los planes definidos y orientados por las diferentes fuerzas imperialistas. Siguen siendo estos mismos planes reunidos en el que conocimos como “el paquetazo de Duque”, los que su gobierno porfía en aplicar —completos— contra el pueblo colombiano.

Aspecto de la reunión de los Cosoles en Cali.

Gracias a la presencia masiva de la población en las calles, al bloqueo de carreteras y vías urbanas, paralizamos significativamente las actividades productivas, comerciales, de abastecimiento y de transporte, con el empuje y el heroísmo de miles de jóvenes de las entrañas del pueblo colombiano que enfrentaron, en centenares de puntos de resistencia, la brutal ofensiva policial, militar y paramilitar, a costa de decenas de muertos y mutilados.

Para intentar contener el movimiento y sostener al gobierno en la crisis que se profundizaba en la coyuntura, los grandes empresarios y banqueros anunciaron, falsamente, estar dispuestos a “ceder en algo” en sus pretensiones de aumentar sus ganancias (originadas en la sobreexplotación de trabajadores, mujeres y jóvenes empobrecidos). Coherentes con su carácter de clase, capeada la tempestad, todos ellos continúan descargando la larga crisis de su economía en nuestras espaldas.

En su momento, haber contenido, en parte, la ofensiva patronal (la caída de la reforma tributaria de Carrasquilla, el frenazo a la reforma de la salud, entre otros varios aspectos claves), fue un importante triunfo de la lucha social que, ahora, se muestra insuficiente dada la continuidad que este gobierno da a sus planes antidemocráticos.

Desde el levantamiento inconsulto del movimiento de paro nacional por parte del Comité Nacional de Paro (CNP) el pasado 15 de junio, el gobierno ha lanzado una contraofensiva en todos los terrenos: arrecia la represión contra los luchadores sociales, lo mismo que el asesinato sistemático de sus dirigentes más consecuentes, junto al apresamiento y judicialización de los jóvenes de la Primera Línea y de otros activistas de la protesta social. El Congreso aprueba una nueva variante de la reforma tributaria y retoma el plan de ajuste fiscal con el que afecta los derechos laborales de los trabajadores del Estado, a los que pone a pagar el déficit presupuestal, profundizando la privatización de las empresas rentables del Estado, mientras preserva las gabelas que benefician al gran capital y a las transnacionales.

Por ejemplo, la “compra” del grupo ISA por parte de Ecopetrol, es una sofisticada maniobra gubernamental diseñada para vender ilegalmente una muy rentable Empresa Industrial y Comercial del Estado, burlando sus propias leyes (la 226 de 1995), para continuar con el proceso de privatización de los bienes del Estado, haciéndole creer al pueblo, a los ciudadanos y a la opinión pública, que se trata “simplemente de una transacción entre dos empresas estatales” y que “no afectará el patrimonio de los colombianos”. Estos recursos, tal como lo ha anunciado el gobierno serán destinados a tapar los huecos fiscales de la economía colombiana y (seguramente, como tradicionalmente lo han hecho) para financiar sus propias campañas electorales que se avecinan. Ahora se empieza a develar cómo, la cobarde y brutal arremetida de ISA contra SINTRAISA, busca desaparecer a la organización sindical y desconocer los derechos de los trabajadores, para facilitar la entrega de ISA a la estatal petrolera allanando el camino para —luego— venderla al sector privado, sirviendo obedientemente a sus intereses y a la corrupción reinante en el país.

El mismo camino privatizador avanza, en el SENA, entregando a las multinacionales (con la disculpa del manejo la “virtualidad”) la formación de la nueva fuerza de trabajo; pero también en la privatización total de UNE – EPM, con la venta de las acciones que tiene EPM en UNE. En este caso, cuando la organización sindical pidió que se diera a conocer el documento de “acuerdo” de los accionistas, las dos empresas (UNE, EPM) y la alcaldía de Medellín, se negaron diciendo que éstas son “cláusulas de confidencialidad”. Con todas estas maniobras, ocultando la venta del 100% de la empresa INVERTELCO – ENTELCO, empresa que agrupa 14 mil trabajadores en su gran mayoría bajo contratos-basura, completan la venta del 100% de UNE a las empresas multinacionales.

El alza sucesiva de las tarifas de agua, electricidad y demás servicios públicos, nos la presentan  como algo necesario e inatajable.

Son, así, muchos los casos a lo largo y ancho del país: el avance en las licencias para la explotación minero energética a gran escala, el fracking, la minería a cielo abierto y la continua destrucción de los territorios (incluidos los páramos), respaldados con el terrorismo de Estado, el despojo y el desplazamiento forzado. En el caso de la Nestlé, el régimen, manipulando la legislación da a la multinacional las herramientas para impedir la huelga; así, los empresarios se niegan a firmar la Convención Colectica con Sinaltrainal en Bugalagrande. El compromiso y la lucha que siguen dando las bases en ese conflicto y las acciones que ha mantenido su organización sindical, muestran que debemos recuperar el pleno ejercicio de nuestros derechos, fortaleciendo la perspectiva clasista.

El régimen y los patronos desconocen tanto el contrato realidad, como la estabilidad laboral reforzada, que muchos obreros han logrado con la lucha; mientras, el Estado profundiza la entrega a particulares el manejo de la salud y la educación negadas como derechos y asumidas como “servicios públicos” que, con el truco de la intermediación, se convierten en fuentes de ganancias extraordinarias privatizando los colegios, las escuelas y los hospitales públicos.

La mitad de los alimentos básicos en Colombia son importados y comprados en dólares; cada colombiano debe $ 5,8 millones por incremento en la deuda externa pública. Este país debe a acreedores internacionales la mitad de lo que produce su economía; es decir que, de cada cien pesos, casi $ 50 son ya “obligaciones” con el capital financiero internacional; incluso, los subsidios a la nómina presentados en la coyuntura como “garantía contra el desempleo”, sólo cumplen el papel de preservar e incrementar las ganancias del capital. Lo general es la precarización y negación de los contratos de trabajo para jóvenes y mujeres que son, precisamente, los sectores más afectados por la crisis y por la manipulación de la pandemia. El proyecto de ley 099 de 2021, es un nuevo ataque a las condiciones laborales de la juventud.

Debemos denunciar no sólo como irresponsable, sino como criminal, el manejo gubernamental de la pandemia que llevó al colapso de la de salud, con sus trabajadores vinculados en la “modalidad” de subcontratación, prestación de servicios o por “contratos sindicales”. Tal irresponsabilidad del gobierno criminal, ha provocado más de cien mil muertos, miles de huérfanos y familias trabajadoras destruidas; todo, por el afán de lucro de las farmacéuticas, los servicios privados de salud y el empresariado. El desprecio del gobierno por la vida de la mayoría de la población, la total impunidad ante los crímenes de Estado, la burla a las víctimas y a los campesinos despojados de sus tierras, demuestran al servicio de quiénes están los entes de control del Estado y cómo la actuación de todas las entidades estatales se da en beneficio de empresarios y multinacionales.

El robo del erario, la corrupción rampante compromete no sólo al gobierno actual y a sus ministros, a los cuadros de diferentes fracciones de las clases dominantes, en sus sucesivos gobiernos que dan continuidad a un régimen que requiere altas tasas de desempleo e informalidad, además de la pobreza extrema en campos y ciudades, haciéndose al control de todas las rentas legales e ilegales.

Ahora, es más urgente y necesaria que nunca nuestra unidad para continuar la movilización contra lo que representa el gobierno de Duque y sus planes. El distanciamiento del CNP de la masiva, radical y sostenida movilización de protesta, le hizo perder legitimidad ante las bases del movimiento social y popular. Consideramos no sólo equivocado sino una estrategia en contravía de la lucha social, que el pliego de emergencia se haya convertido en proyectos de ley a tramitar en las corruptas y desprestigiadas instituciones del régimen que sólo funcionan a su servicio; tal como lo es el Congreso de la República.

La burla a los acuerdos Fecode-gobierno siguen siendo meras promesas incumplidas tal como ocurrió con los “acuerdos” de 2017 y 2019 y marcan la ruta de esta dirección. La única manera de avanzar hacia la plena conquista de nuestras demandas es preparar y materializar la continuidad y repotenciamiento del movimiento del PARO NACIONAL. Esto podría ser, ahora, impulsado —inicialmente— por el sector estatal que viene siendo un blanco inmediato del gobierno en el terreno económico, tal como lo han sido en lo político los líderes sociales asesinados, en especial la juventud en las Primeras Líneas.

Algunas de las jornadas de movilización convocadas por el Comité Nacional de Paro pueden ser un punto de referencia para adelantar un plan de lucha. Podemos desarrollar la experiencia del 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril de este año. Necesitamos impulsar centenares de asambleas sindicales y populares y la constitución de comités de base que preparen y retomen el paro nacional, unificando fuerzas, generando una dirección representativa de todos los sectores movilizados.

Por eso invitamos a todos los que hemos participado en los procesos de la Asamblea Nacional Popular, en el Bloque por el Paro Indefinido, en los Comités de Solidaridad locales, en los Comités Departamentales de Paro, en la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular; a las organizaciones indígenas, afro y campesinas, al movimiento estudiantil universitario, a la comunidad LGBTIQ+; a la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria; a las Primeras Líneas para que, con el compromiso y el trabajo de todos, convirtamos las próximas jornadas de protesta, con el soporte de un paro estatal, en el repotenciamiento de la actual lucha del pueblo colombiano.

Las calles son nuestras y en ellas volveremos a golpear al gobierno de Duque y lo que representa, a derrotar su nefasta agenda legislativa y ejecutiva, conquistando el pliego nacional.

¡Contra la subcontratación y toda forma de explotación laboral… unidad, organización y lucha! ¡Contra el proyecto de Ley uribista 099! ¡No a la explotación juvenil! ¡Contra el terrorismo estatal! ¡Juicio y castigo a quienes dieron la orden! ¡A las calles para derrotar el plan antipopular y neoliberal que Duque desarrolla!

¡A PARAR PARA AVANZAR, VIVA EL PARO NACIONAL! Invitamos a las organizaciones de los trabajadores y del pueblo a adherirse a este llamamiento.

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Entrevista al Grupo de Trabajadores Socialistas
(GTS) de Colombia

Los compañeros de Impulso Socialista, sección colombiana de la Liga Internacional Socialista (LIS) entrevistaron el 18 de junio al compañero Juan Sánchez, directivo de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) e integrante del Grupo de Trabajadores Socialistas, acerca del balance del movimiento de paro nacional en Colombia y las perspectivas de la lucha social en nuestro país.
La entrevista fue difundida en https://lis-isl.org/2021/06/21/entrevista-al-grupo-de-trabajadores-socialistas-gts-de-colombia/ – Acá la reproducimos, para nuestros lectores.
El Grupo de Trabajadores Socialistas e Impulso Socialista mantienen relaciones fraternales y están explorando las posibilidades de avanzar hacia un reagrupamiento de revolucionarios.

Impulso Socialista: Se ha producido un cambio histórico, ¿Cómo caracterizan la situación que se ha abierto en Colombia?
Juan Sánchez. Antes de responder a la pregunta, una observación sobre la introducción a ella. Podría suscribir que se ha producido un cambio histórico, pero, inmediatamente después, hay que precisar cuál es el marco del mismo y con respecto a qué lo catalogamos como histórico.
Si nos referimos a la extensión, profundidad, radicalidad del proceso de movilización y protesta que arrancó el 28 de abril pasado, con la convocatoria al Paro Nacional, sin la menor duda hay un cambio cualitativo, histórico, respecto a la dinámica de luchas de las últimas cinco décadas. Habría que retroceder hasta 1977, al Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre, para encontrar un hecho similar. Pero el proceso que arranca el 28 de abril fue muy distinto al del paro de 1977. Se dio en un país que es radicalmente distinto, en el cual en esas cinco décadas se dieron procesos muy profundos de transformaciones económicas, sociales y políticas.
El proceso que estalla el 28 de abril de 2021 expresa ese nuevo país. La economía colombiana está determinada por los procesos económicos internacionales; existen millones de pobladores urbanos pauperizados por la crisis económica que se incrementó hasta niveles sin precedentes por la pandemia; se tiene el cuarto desempleo juvenil del mundo (33.3%, superado solo por Costa Rica, España, y Grecia). A diferencia del país de 1977, tendríamos que afirmar que Colombia se sincronizó con el conjunto de los procesos políticos, de lucha y movilización de millones en el mundo y que eso, en sí mismo, es un cambio histórico.
Ahora, si nos referimos a lo que, hasta ahora, ha logrado el movimiento de masas, mirado en una perspectiva “histórica”, habría que decir que aún ese cambio no se ha producido; se vislumbra, hay elementos que permiten avizorarlo, pero aún no se ha concretado. Para ejemplificar, desde 1957 –es decir, 65 años—nunca en Colombia la lucha del movimiento de masas ha logrado derribar un gobierno; asunto bastante frecuente en el vecindario (Ecuador, Bolivia, Perú, por nombrar solo algunos). Ni qué hablar del régimen político. Los elementos fundamentales del reaccionario régimen político colombiano –un régimen al cual no hay que dudar en catalogar de asesino– se han mantenido durante décadas. La tarea “histórica” de derribar por la vía de la lucha y movilización directa de millones de explotados y oprimidos a ese régimen político aún está planteada.
Las movilizaciones desde el 28 de abril, en un momento dado, colocaron contra las cuerdas al gobierno de Duque; cuya caída hubiese significado una fenomenal crisis (histórica) de ese régimen. Sin embargo, la unidad del conjunto de la burguesía y el respaldo vergonzante de las fuerzas que se reclaman como democráticas (léase la oposición de Petro y otros partidos denominados alternativos) condujo a que ni siquiera la tarea de tumbar al gobierno se haya podido concretar. Petro y esas fuerzas, en forma abierta y pública, ante la exigencia que comenzaba a ganar fuerza de masas de ¡Abajo Duque!, señalaron que Duque debía mantenerse hasta el 7 de agosto de 2022.
Ahora, su pregunta es cómo caracterizar la situación que se ha abierto en Colombia. Nunca una caracterización da cuenta de todos los elementos y dinámicas que están en juego en una realidad; menos en una realidad tan compleja como la colombiana. Pero las caracterizaciones son importantes porque dar un marco que permite ubicarse.
No haré una disquisición sobre las diversas situaciones que define la terminología clásica, marxista. No viene al caso. Para lo que interesa se puede afirmar que el movimiento que se ha desarrollado desde el 28 de abril –y que más allá de sus vaivenes o reflujos temporales continuará expresándose en el futuro– modificó en forma tajante la correlación de fuerzas entre las clases en el país.
Si bien la terminología clásica define la situación a partir de correlación de fuerzas entre las clases directamente antagónicas (burguesía y proletariado) y el proletariado colombiano (desde sus organizaciones de base, desde las fábricas, con el paro de la producción) no fue ni es aún un factor decisivo en las movilizaciones y acciones de lucha si se puede afirmar que, por la masividad, profundidad y extensión del movimiento se ha abierto una nueva situación. En el paro y sus masivas movilizaciones participaron en forma dispersa enormes masas trabajadoras no organizadas, centenares de miles de jóvenes desempleados de familias de trabajadoras, y fue visto con simpatía por toda la población. Se ha producido, por tanto, una modificación sustancial, cualitativa, de la correlación de fuerzas. Estamos, por tanto, ante una nueva situación. Podremos discutir su nombre, describirla, precisar sus elementos, pero hay una nueva realidad a ese nivel. ¿Cuánto dure? ¿Se profundizará rápidamente? No lo sabemos; eso está por verse.
Algunos señalan la situación actual en Colombia como pre-revolucionaria; es decir, previa o al borde de una situación revolucionaria. Si definimos la situación revolucionaria como aquella en la  cual existen posibilidadesreales de que el proletariado (acaudillando a millones de explotados y oprimidos) tome el poder a nivel nacional y, desde un gobierno obrero y popular (o como se le denomine) inicie un programa de transformaciones económicas y sociales de índole socialista, estamos aún lejos de ese momento. ¿Por qué? Porque para ello es necesario, casi que imprescindible, que exista un partido político que levante ese programa y que sea dirección efectiva de la lucha de millones contra el sistema capitalista (nacional y mundial). Y ese partido, hoy por hoy, no existe en Colombia.
Las luchas, masivas, heroicas, que involucran a miles o millones, por sí mismas no generan ese partido. Esas luchas abren y amplían la posibilidad de avanzar en su construcción. Pero mientras ello se dé, entonces, nos debatiríamos en medio de situaciones pre revolucionarias crónicas, con flujos y reflujos, avances y retrocesos.
A un mes y medio del estallido ¿Cómo ven la situación actual y las tareas que están planteadas?
J. S. Al día de hoy no dudo en afirmar que el ciclo de movilizaciones masivas, de enfrentamientos radicales con las fuerzas represivas del régimen, de bloqueos de carreteras y vías urbanas, con participación decisiva de franjas juveniles populares, ha concluido temporalmente, aunque sigan ocurriendo choques esporádicos. No podemos descartar que vuelva a estallar súbitamente otra protesta, pronto o tarde, con carácter nacional o local. El conjunto de la situación económica y social tiene todos los elementos necesarios para que la movilización se pueda reavivar muy rápidamente. Cualquier medida del gobierno, cualquier atropello de las fuerzas represivas puede desatar nuevos y radicales estallidos.
Pero veamos un poco, ¿por qué concluyó el ciclo, sin que podamos afirmar que se ha cerrado el proceso? En primer lugar, y decisivo, por ausencia de una dirección que tuviese capacidad e interés efectivo en dar continuidad al movimiento y desarrollase un plan para profundizarlo. Ya señalé la posición de los partidos de oposición parlamentaria. Esos partidos dominan políticamente en la cúpula de la Dirección sindical, del Comité Nacional de Paro (CNP). Esa dirección, aun cuando no representaba a todo el movimiento si influía decisivamente. Fijaba los días de manifestaciones masivas (en general los miércoles), aunque no era plan de esa Dirección desatar un movimiento de las dimensiones que se produjo. Solo querían una movilización controlada el día 28 de abril, movilización que “se les salió de las manos”. Entraron rápidamente a suplicar al gobierno la instalación de una mesa de negociación. El gobierno se resistió inicialmente pero luego, en una acción en la que combinaba intensa represión (con decenas de muertos, centenares de heridos y desaparecidos, agresiones sexuales a manifestantes, etc.) con negociaciones separadas comenzó a desgastar y debilitar al movimiento.
Hace pocos días el Comité Nacional de Paro anunció que no convocará nuevas manifestaciones y que el pliego de peticiones presentado al gobierno será convertido en proyectos de ley para llevar al Parlamento a partir del 20 de julio próximo. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que fue la única organización sindical que durante el mes de mayo mantuvo una declaratoria de paro, ha orientado a sus bases a retornar a la actividad académica normal. Entretanto se propone negociar con el gobierno, separadamente, su propio pliego de peticiones.
¿Las tareas planteadas? Diría que la decisiva y fundamental es lograr que la energía, combatividad y radicalidad demostrada por miles de jóvenes, que fueron la “primera línea” del movimiento, se traduzca, en este momento de descenso temporal del nivel de movilización, en un profundo y masivo proceso de reflexión política. Ese proceso podría sentar las bases para que los nuevos episodios de lucha y movilización generalizada, que seguro se producirán, tengan una mayor claridad en sus objetivos, estructuras de dirección democráticas y representativas de los distintos sectores en lucha y, de ser posible, lo cual sería un enorme logro, una centralización nacional de una dirección que, con representatividad, se postule como dirección alterna a la actual dirección burocrática y la obligue a modificar sus orientaciones.
Es urgente, igualmente, plantear en forma abierta la lucha por una nueva dirección política y sindical para los trabajadores. Los sectores clasistas y revolucionarios, minoritarios en este momento, deben enfrentar consecuentemente la batalla por derrotar, desde las bases, a la cúpula burocrática que domina al aparato sindical. Pero esa batalla solo se puede dar, con posibilidades de éxito, rompiendo con la política reformista, conciliadora y capituladora al régimen y al gobierno que domina al interior de esas direcciones.
¿Cómo ha sido el proceso de organización de masas? y ¿Qué opinión tienen de la Asamblea Nacional Popular?
J. S. De conjunto, las masas obreras y populares colombianas no tienen sólidos niveles de organización. Entre los trabajadores solo una pequeña fracción (4.5% aproximadamente) está sindicalizada. En la clase obrera industrial el porcentaje es mínimo. La enorme mayoría de los obreros están contratados en forma temporal y, por temor a que no se renueven sus contratos, no se vincula a los sindicatos.
El proceso de movilización que se desarrolló con el paro del 21 de noviembre de 2019 –menos fuerte y menos extenso que el actual—mostró algunos embriones de organización en sectores populares; fundamentalmente entre la juventud. A partir del 28 de abril de 2021, en distintas ciudades (Cali en forma muy especial), se comenzaron a conformar las llamadas Asambleas Populares. De desarrollarse ese proceso, aún incipiente, podría lograrse una estructura organizativa que de mayor capacidad y fortaleza a futuros movimientos. Pero todo ello, insisto, está determinado por la orientación política mayoritaria que allí gane mayoría. Sin una perspectiva política cualquier proceso organizativo, valioso e importante sin duda, puede terminar incluso frenando el movimiento.
Para una compresión del proceso de la Asamblea Nacional Popular, desarrollada entre los días 6 y 8 de junio, remito a dos textos que están publicados en www.eltrabajadorsocialista.org sitio en internet del Grupo de Trabajadores Socialistas. El primero, una Declaración común de tres organizaciones trotskistas (el GTS, Democracia Directa e Impulso Socialista); el segundo, un análisis de los resultados de la Asamblea, artículo escrito por Armando Barrera.
Pero, a manera de síntesis, se podría señalar: la Asamblea Nacional Popular fue un esfuerzo válido, ya en un momento de descenso del movimiento (más de un mes después de su inicio) por agrupar fuerzas que cuestionaban la dirección burocrática del Comité Nacional de Paro y han intentado postularse como una opción de dirección.
¿Cómo ven las posibilidades de un polo fuerte de la izquierda revolucionaria?
JS. Si entendemos por “izquierda revolucionaria” a quienes defendemos un programa anticapitalista, tenemos que señalar que somos, de conjunto, bastante débiles en Colombia. Lograr un “polo” entre ellos, por lo menos un accionar unificado en algunos terrenos, podría ser un paso adelante. La realidad presiona en el sentido de unir las fuerzas de los revolucionarios. Eso sería un paso adelante siempre y cuando esa unidad se logre sobre sólidas bases de principios y con métodos correctos en la vida interna de las organizaciones.
Existe una franja de organizaciones relativamente amplia, con influencia importante en algunos sectores, que no están totalmente integradas a la oposición parlamentaria abiertamente reformista, que se diferencian en algo de ella, pero no avanzan a levantar un programa por la toma del poder por los trabajadores, contra el capitalismo, por el socialismo. Son organizaciones que solo llegan hasta proponer la lucha contra el modelo neoliberal; por un modelo de “capitalismo humano” como el que defiende Gustavo Petro, principal representante de la oposición parlamentaria reformista.
Con estas organizaciones lo que está planteado es actuar en común impulsando la lucha y movilización de los trabajadores, logrando que en las organizaciones de masas las decisiones se adopten de forma democrática. La realidad y el proceso de lucha puede llevar a individuos (o sectores) de esas organizaciones a comprender que es en vano la lucha por reformar el capitalismo. Solo un conjunto de radicales medidas anticapitalistas, aplicadas por un gobierno de los trabajadores, puede comenzar a solucionar los problemas y necesidades que día tras día agobian a millones y millones de explotados y oprimidos, en el país y el mundo.
¿Quieren agregar algo más?
J. S. Quisiera resaltar la importancia decisiva que tuvo y tiene la solidaridad internacional para contener en algo la brutal arremetida represiva del régimen y el gobierno de Iván Duque contra el pueblo colombiano. Esas manifestaciones ante las Embajadas y consulados, las declaraciones de defensores de derechos humanos, la exigencia de que cese la represión, no solo son un respaldo moral: son una fuerza política objetiva en la batalla por contener la mano de un régimen y gobierno asesino. Hago el llamado a que esta actitud solidaria se mantenga en todos los países, pues la lucha continúa.

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La Asamblea Nacional Popular

Unidad por construir para continuar la lucha

Aspecto de la plenaria final, Colegio Claretiano, Bosa, 7 de junio de 2021

Armando Barrera
Bogotá, junio 14 de 2021

Los días 6, 7 y 8 de junio se realizó en Bogotá –de manera presencial en el Colegio Claretiano de Bosa, y abierta vía internet a participantes de todo el país y a nivel internacional– la llamada Asamblea Nacional Popular (ANP). Sus conclusiones fueron sintetizadas en una Declaración Final (https://www.congresodelospueblos.org/comunicado-declaracion-politica-anp/)  en la cual se plantean tareas de movilización, de construcción de una nueva dirección para el movimiento social y de preparación de una nueva Asamblea para fines del mes de julio. Es importante hacer un balance objetivo del evento, si queremos que sea un paso adelante en la lucha contra el gobierno genocida de Iván Duque.
La convocatoria
Desde hacía varias semanas diversos sectores veníamos exigiendo al Comité Nacional de Paro (CNP) la convocatoria de un encuentro nacional amplio que permitiera centralizar a todos los sectores en lucha, teniendo en cuenta que el CNP no es reconocido como dirección por muchos de esos sectores. Por su propia cuenta la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP) y el Bloque por el Paro General Indefinido (BPGI) intentaron realizar eventos virtuales amplios para empezar a agrupar a las múltiples expresiones de la rebeldía popular que estaban en la base del movimiento del paro nacional, sobre todo los jóvenes que garantizaron durante más de cuarenta días los bloqueos en ciudades y carreteras, que se constituyeron en la fuerza fundamental que obligó al gobierno a retroceder en sus planes antipopulares. Esas convocatorias obtuvieron respuestas muy limitadas.
Posteriormente el Congreso de los Pueblos decidió liderar la convocatoria denominándola Asamblea Nacional Popular; se quería de esa manera recoger la forma organizativa que estaba en marcha en los llamados puntos de resistencia. El CNSSP, el BPGI y otros sectores se sumaron al llamado y se hizo circular un texto para que fuera apoyado por firmas: se obtuvieron más de seiscientas firmas individuales y unas ciento cincuenta de organizaciones de la más variada índole: agrupaciones juveniles, asociaciones barriales, organizaciones étnicas, populares, culturales y partidos políticos dieron su respaldo. A pesar del escaso tiempo en que se concretó la iniciativa la respuesta fue positiva. Finalmente, según los organizadores, participaron unas mil quinientas personas -al inicio del evento presencial entre setecientos y un millar de asistentes y unos quinientos a nivel virtual. Pero este censo es poco riguroso por el flujo constante de la asistencia.
Un Comité Nacional de Paro no representativo de los sectores en lucha
Con la convocatoria de la ANP el Congreso de los Pueblos trató de reagrupar al llamado “sector de la Concha Acústica” de la Universidad Nacional, que a inicios del 2020 se enfrentó con el CNP exigiendo mayor democracia para la base y la dirección del movimiento. En ese momento, el CNP, constituido fundamentalmente por la burocracia de las centrales sindicales, se retiró del Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Étnico y Popular y se reunió en el Centro de Convenciones de Cafam, tratando de imponerse como únicos interlocutores válidos en una posible negociación con el gobierno, pues su objetivo siempre ha sido instrumentalizar la inconformidad social hacia las elecciones del 2022, al servicio de la Coalición de la Esperanza y el llamado Pacto Histórico que promueve Colombia Humana. Pero en la Concha Acústica, por su parte, se impuso la hegemonía del Congreso de los Pueblos cuyo objetivo principal es presionar por las negociaciones de paz con el ELN, a lo que se suma la exigencia del cumplimiento de los acuerdos con las FARC, que para sectores como el Partido Comunista o Comunes son la panacea para todos los males sociales de Colombia. De allí que surgieran posteriormente otros procesos de coordinación como el BPGI y la CNSSP.
Esa división de la dirección ha sido un lastre para el movimiento social pues ha impedido unificar objetivos, pliego y plan de acción. Al mes de iniciado el movimiento del 28A, la situación era apremiante para el CNP y ello llevó a que las diferencias en su interior empezaran a aflorar, pues su estrategia de negociar puntos que eran abstractos para la mayoría de los que seguían en las calles, deslegitimó aún más a los dirigentes de las centrales para asumir la vocería de los puntos de resistencia y las asambleas locales y regionales, a la vez que no quedaba claro como darle continuidad al movimiento desencadenado el 28 de abril.
Consciente de la falta de representatividad del CNP, el gobierno se ha negado a negociar, poniéndole como condición la condena a los bloqueos y, al tiempo que adelantaba la más brutal represión contra la protesta social, ha buscado acuerdos sectoriales y locales para debilitar la lucha. Por eso era más urgente que nunca llamar a la más amplia unidad para fortalecer el movimiento. La ANP era una posibilidad para avanzar en ese sentido.
Una concepción coyuntural y estratégica equivocadas
Si bien la asistencia a la ANP fue significativa su representatividad sigue siendo muy limitada. Muchos sectores sociales de peso, como el CRIC y su Guardia Indígena, no hicieron presencia oficial en el evento, aunque participaron algunas comunidades como los Misak, que tienen asentamiento en Bogotá. Tampoco avalaron el evento sindicatos que representen a franjas importantes de los asalariados industriales o estatales. Tal vez lo más importante fue la participación de un sector juvenil muy amplio en representación de algunas de las “Primeras Líneas” que han tenido el protagonismo en la actual lucha. Su energía y radicalidad dio tono a las álgidas discusiones que se adelantaron en la ANP, centradas en lo inmediato en las exigencias de garantías democráticas para la protesta, juicio y castigo a los responsables estatales y paraestatales de los asesinatos de manifestantes y en un programa de cambios estructurales de la sociedad colombiana.
Tal vez el problema fundamental de este evento fue que, tal como insistieron reiteradamente sus voceros, para el Congreso de los Pueblos “la ANP no es un evento, sino un proceso”. Es la vieja tesis de “construir un poder popular” paralelo al verdadero poder del Estado burgués colombiano y el régimen autoritario burgués-terrateniente que moldea sus antidemocráticas instituciones apoyadas en el paramilitarismo y respaldadas férreamente por el imperialismo yanqui. Con esa concepción estratégica el Congreso de los Pueblos disuelve en un futuro indeterminado de autogestión la lucha inmediata y concreta de las masas movilizadas, que si se centraliza, y articula a sectores cada vez más amplios de la población, en particular a los trabajadores asalariados, podría en una coyuntura de crisis como la que provocaron los bloqueos derribar al debilitado gobierno de Iván Duque, anticipando una posible crisis del régimen.
El otro factor negativo fue que la convocatoria de la ANP se hizo en el momento que el movimiento empezaba a debilitarse de manera notoria con el levantamiento de los bloqueos, los acuerdos locales de los alcaldes con las Primeras Líneas y el desgaste del magisterio, único sector sindical formalmente en paro. De allí que su llamamiento a realizar movilizaciones semanales para sostener el movimiento corre el riesgo de caer en el vacío o tener alcances muy limitados.
Organicemos el Encuentro Nacional
La ANP convoca un nuevo evento para fines de julio en la ciudad de Cali. Es necesario emplazar al Comité Nacional de Paro –que se ha retirado de la mesa de negociación con el gobierno por la absoluta falta de garantías, y por la presión de Fecode que ha levantado el paro del magisterio– a que teniendo como referencia esa fecha, convoque un Encuentro Nacional en el que confluyan todos los sectores que se han movilizado, en primer lugar los jóvenes que han sido la vanguardia de la protesta y la resistencia, pero que dicho Encuentro se prepare a fondo realizando asambleas democráticas en todos los lugares de trabajo y estudio, al tiempo que se fortalece la organización territorial basada en las Asambleas Populares. En ese gran Encuentro debemos realizar un balance objetivo del movimiento de paro nacional, unificar el pliego, elegir una nueva dirección que sea realmente representativa y definir un plan de acción con paros escalonados del sector estatal en preparación de un paro nacional de la producción para terminar de echar abajo todos los planes de Duque y el imperialismo.
Con ese propósito el Grupo de Trabajadores Socialistas pone a disposición de todos los luchadores las propuestas que presentamos a la ANP, de común acuerdo con Democracia Directa e Impulso Socialista, y que publicamos en este blog https://eltrabajadorsocialista.org/

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Un mes de paro nacional

Primeras lecciones y las tareas del momento

Aspecto de marcha en Medellín, 12 de mayo

A un mes de iniciada la movilización nacional que enfrenta al gobierno de Iván Duque y sus planes antisociales, El Trabajador Socialista -con el objetivo de hacer un balance preliminar y proyectar perspectivas- entrevistó a Ima Yurley, presidente de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín -ASDEM-, a Mónica Baena C., delegada de ASDEM y a Juan Sánchez, miembro de la junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, de la Universidad Nacional de Colombia. Los tres hacen parte del Grupo de Trabajadores Socialistas.
Desde el 28 de abril hemos vivido en Colombia la más gigantesca, extensa y continúa movilización de masas de su historia. ¿Podría sintetizar los antecedentes y razones por las cuales estalló esta movilización?

Ima Yurley, Presiddenta de ASDEM

Ima Yurley (IY): La situación actual es consecuencia directa de la movilización del 21 de noviembre del 2019. Las exigencias de la población que fueron represadas por la pandemia no fueron respondidas por Iván Duque. La inconformidad popular se manifestó también, a lo largo del 2020, en algunas movilizaciones y jornadas de protesta. La más radical de todas fue la del 9 y 10 de septiembre del año pasado en Bogotá, producto del asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía.
Ese malestar social llegó hasta el 2021. La jornada del 28 de abril fue convocada por el Comité Nacional de Paro (CNP) para respaldar el llamado pliego de emergencia, que comprende medidas para atender la pandemia: ingresos para las familias, fortalecimiento del sector salud, apoyo a las pequeñas empresas y otras reivindicaciones. Pero el factor que provocó el estallido fue el rechazo generalizado a la reforma tributaria.
Esas son las razones por las cuales ha estallado la movilización social; que va mucho más allá de los sectores organizados en el área sindical, como camioneros, estudiantes e indígenas y se extiende a múltiples sectores de la población. Probablemente la confluencia de sectores tuvo que ver con el rechazo a la reforma tributaria que afectaba no solamente a los asalariados sino también a la clase media y a los pequeños empresarios.

Mónica Baena C. – Delegada de ASDEM


¿La Dirección de las organizaciones sindicales, barriales, populares, preparó el paro de manera intensa en los días previos?
Mónica Baena (M.B.):No hubo una preparación por parte de la dirigencia sindical de este paro; igual a lo acontecido en el 2019. Recordemos que la convocatoria del paro del 21N fue producto de la presión de sectores sociales y sindicales que asistían al llamado Comando Nacional de Paro y que no eran escuchados.
No se convocan asambleas en los diferentes lugares de trabajo; en los gremios que están afiliados a las centrales, sino que simplemente se fija una fecha y se impone esa fecha a las bases sindicales. Por eso su participación es muy limitada. Pero las fechas definidas por el CNP se vuelven un punto de referencia para el conjunto de la población que no está organizada.

Juan Sánchez, directivo ASPU – U. Nacional


¿Cómo transcurrió el Paro el 28 y qué sucedió en los días inmediatamente siguientes, 29 y 30 de abril y 1 de mayo?
Juan Sánchez (JS): Se creía que se limitaría a manifestaciones masivas en todas las ciudades del país; esa era la intención del CNP, que fueran desfiles rutinarios. Pero el 28 de abril por la noche hubo cacerolazo y entonces se planteó que continuaba la anormalidad el día 29 de abril.
Los Comités Departamentales, los Comités Locales, y el propio CNP, tuvieron que reconocer que había procesos populares en curso y que estaban autoconvocándose en sitios de concentración, sitios de bloqueo para interrumpir la movilidad. Eso se ha vuelto un elemento común a este tipo de lucha. Afectar el transporte masivo en las ciudades más grandes, interrumpir el transporte por carretera en algunas intersecciones o tomarse las calles para desarrollar expresiones culturales y deportivas. La modalidad particular del paro nacional en Colombia tiene que ver con eso, con el bloqueo, que se ha convertido en el factor fundamental que afecta la vida, la normalidad, la cotidianidad y afecta al aparato productivo, es decir a la economía.
La burocracia del CNP pensaba que se iba a extender un poco la protesta hasta el 1º de mayo, pero no convocaron nada para el 30 de abril y directamente para el 1 de mayo el CNP llamó a no movilizarse. La respuesta de la población, la respuesta de los sectores en lucha fue movilizarse el 1 de mayo. Eso desbordó realmente a la dirección sindical.
¿Podría comentar un poco más en detalle sobre el proceso en la ciudad de Cali? ¿Cuáles son las características especiales que pueden haber determinado que, en Cali, precisamente, se haya dado el movimiento con la profundidad que se dio?
I.Y.: Aunque no me encuentro en la ciudad de Cali, hemos recibido mucha información por diversos medios. La situación singular de Cali parece que tiene que ver con un proceso de muy largo aliento que ha vivido la ciudad en el terreno demográfico. O sea, Cali se ha convertido en una ciudad de inmigrantes donde se va asentando población desplazada de la zona del Cauca, de la zona del Pacífico y de otras regiones. En Cali hay una amplia población afrodescendiente, supremamente empobrecida, a esto habría que sumarle la situación general de la juventud precarizada.
Las cifras que se presentan y que tal vez explican la explosividad de la situación en Cali tiene que ver con una caída brutal de la economía y el incremento del desempleo; sobre todo en el sector juvenil que es mucho más alto que en el resto del país. La parálisis de la economía de cuenta-propistas, informal, fue mucho más grave allá. Entonces la explosividad social fue mayor y a eso se sumó el contacto que tiene con el departamento del Cauca.
Además, recordemos que en Cali hay un sector importante de la población, en particular algunos sectores de la burguesía caleña, relacionado con el narcotráfico; lo que se vuelve supremamente crítico en momentos como los que estamos viviendo. De allí los enfrentamientos que hubo en el sur de Cali, de los sectores más acomodados, por la presencia de la Minga Indígena.
El gremio de pequeños y medianos transportadores de carga se unió al paro a partir del día 2 de mayo, ampliando y extendiendo a todo el país los bloqueos de vías que ya se habían presentado en los días previos. ¿Qué efecto tuvo esa participación de ese sector en el Paro?
J.S.: Los transportadores se vincularon al paro por sus propios intereses. En Colombia el transporte de carga es fundamental para toda la economía. En la medida en que se abandonaron los ferrocarriles y las vías fluviales, entonces todo depende del transporte de carga en camiones y tractomulas, lo que genera un sector empresarial más o menos potente del cual depende el funcionamiento de la economía. Aprovechan el paro para exigir que no haya incrementos a la gasolina y el ACPM, ni a otros insumos que ellos necesitan para su labor, que se reduzca el costo de peajes pues las carreteras colombianas están privatizadas al nivel del abuso más extraordinario. Hay otras exigencias en el terreno impositivo o de reemplazo del parque automotor, o sea la chatarrización.
¿Cuál fue la respuesta inicial del gobierno de Iván Duque al paro?
M.B.: El gobierno se mostró intransigente a pesar de que dos sectores políticos tradicionales, que representan a la gran burguesía, como son el partido Liberal y Cambio Radical desde el inicio dijeron que se oponían a la reforma. Posteriormente el gobierno se vio obligado a retirarla reforma, lo que se constituyó en el primer golpe que le propinó la movilización social al gobierno.
¿Qué significó para el Paro la caída del ministro de Hacienda y el retiro de la reforma tributaria?
J.S: La caída del ministro de Hacienda y del viceministro, o sea, el equipo fundamental en el terreno económico, de confianza del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo fue un golpe demoledor al gobierno de Iván Duque. Alberto Carrasquilla ha representado en la tecnocracia colombiana a los sectores más ortodoxos de la política neoliberal, de privatizaciones, de descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis, de contrarreformas laborales. Su caída fue un triunfo muy importante, político, de la movilización.
¿Qué papel ha jugado el Comando Nacional de Paro? ¿Cuenta ese Comando con la representatividad y autoridad para negociar a nombre del movimiento?
J.S.: El CNP tiene una representación muy limitada de los sectores sociales en lucha. El CNP responde a una trayectoria ya muy vieja, de las últimas dos décadas en Colombia, de unos espacios de coordinación a los que asisten las dirigencias de las Centrales, que en el caso de la CUT es controlada por la dirigencia de Fecode y los grandes sindicatos nacionales. Eventualmente, en las diferentes coyunturas de lucha ese Comando Nacional de Paro o esa Coordinadora Nacional, adquiría un cierto rol y ahí se definían las fechas de convocatoria, planes de acción que muchas veces eran simplemente las sumatorias de lo que cada sector informaba que iba a hacer.
De todos modos, como controlan el aparato sindical, tienen alguna capacidad de convocatoria. Hacen publicidad, sacan volantes, periódicos, afiches. Pagan comunicados en la gran prensa, en la radio. Aunque su único objetivo es presionar para concertar. Esa es la política tradicional de la burocracia. Pero hay momentos en los que la movilización se la ha salido de las manos.
En segundo lugar, ese CNP es heterogéneo. Así como aparecen sectores sindicales aparecen sectores empresariales, como mencioné en el caso de los camioneros o aparecen sectores del campesinado medio y del campesinado rico que está representado a través de las Dignidades Agropecuarias. Están también las comunidades indígenas, afro-descendientes y las identidades LGBTIQ.
En los últimos años la movilización estudiantil ha sido muy significativa y por lo tanto también los estudiantes han logrado un posicionamiento en esos espacios. Entonces, el CNP tiene esa contradicción. En algunos momentos refleja el malestar social pero la autoridad que tiene, la capacidad que tiene de control sobre el movimiento es muy limitada. Eso se ha evidenciado el 21 de noviembre del 2019 cuando el paro continúo por encima de los planes que tenía la burocracia y ahora en el 2021 igualmente desde el 28 de abril. Por eso la dificultad que tienen para concertar con el gobierno y dar la orientación de que se levantan los bloqueos que puede ser intención de la burocracia pero que en realidad no dependen de ellos; dependen de otros sectores.
¿Qué otras estructuras de dirección existen a nivel nacional? ¿A nivel local?
I.Y.: La burocracia intentó controlar el Encuentro Nacional que se realizó a inicios del 2020 por la vía de impedir el acceso a los sectores juveniles y los sectores más radicales que se hicieron presenten en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, por eso se hicieron dos encuentros, uno en la Concha Acústica de la Universidad Nacional y otro en las instalaciones de Cafam en Bogotá. Posteriormente se buscó coordinación entre los dos sectores convocando jornadas de movilización para marzo del 2020, suspendidas por la pandemia. Luego se elaboró el llamado pliego de emergencia. Pero desde el Encuentro aparecieron otros espacios de coordinación.
Inicialmente lo que se llamó el Bloque por el Paro General Indefinido. Luego hay sectores que han impulsado una especie de coordinación que venía de un año atrás, tratando de centralizar coordinadoras locales o regionales, como es la Coordinadora de Luchas de Cartagena, el Comité Oziel Tapasco, que reflejaba a la Coordinadora de Solidaridad de Medellín y la Coordinadora de Solidaridad del Valle. Eso dio paso a la creación, durante la pandemia, de la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular que ha tenido una cierta actividad, un cierto protagonismo. El propio CNP la ha tenido que reconocer. Y recientemente se ha tomado la iniciativa de convocar, virtualmente por ahora, las llamadas Asambleas Populares, tratando de centralizar un proceso que parece ser incipiente. Es probable que en algunas localidades esté más avanzado, que es lo que se ha llamado las Asambleas Populares. Eso, que sería una novedad, porque expresaría a los sectores movilizados, a los sectores populares, a los sectores juveniles precarizados que habitan en los barrios populares o que están en las pequeñas poblaciones, sería un factor muy dinámico en esta protesta.
Es claro que, en términos políticos, antes del paro, toda la actividad de las fuerzas políticas de la burguesía y de la oposición parlamentaria (Partido Verde, Coalición de la Esperanza, Colombia Humana, los Comunes, el Pacto Histórico, entre otras) estaba orientada hacia las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022. ¿Cómo se han posicionado esas fuerzas ante la nueva coyuntura determinada por el paro?
M.B.: En la movilización social, desde luego, están interviniendo todas las fuerzas políticas, incluida la burguesía. La cabeza más visible del CNP, el presidente de la CUT Francisco Maltés es del partido Liberal; Percy Oyola de la CGT o Miguel Morantes de la CTC, son burócratas de larga trayectoria, históricamente ligados a los partidos tradicionales de la burguesía.
Al lado de esta burocracia está todo lo que se llama el espectro de la izquierda. Desde la extrema izquierda, –que subestima el papel de un partido obrero, con ilusiones en la acción directa por fuera de las organizaciones de masas–, los partidos nuevos, como Comunes, o heterogéneos, como el llamado Congreso de los Pueblos, hasta el centro político, del partido Verde o Dignidad de Jorge Robledo hasta los progresistas o reformistas de los que acompañan el pacto histórico con Petro, todos hacen presencia en el movimiento social.
Se ha puesto en evidencia que la estrategia de la mayoría es fundamentalmente electoral. La convocatoria a la movilización del 28 de abril era para quitarle presión a la olla social y buscar muy rápidamente un acuerdo sobre puntos mínimos con el gobierno. Ya se había presentado ante el Congreso el llamado proyecto de Renta Básica, que es una cosa realmente miserable pero que fue acordado entre todos estos sectores en un gran evento nacional en el que participaron más de 2.000 personas. Ahí había una política de buscar un acuerdo, de concertar algo.
Pero la intención, lógicamente, es que este proceso no se salga de madre, no llegue hasta la caída del gobierno de Duque, que es lo que ha planteado explícitamente Gustavo Petro, quien es la persona que más ha capitalizado electoralmente el movimiento. Una encuesta reciente lo presenta como imbatible frente a todos los demás candidatos hacia el 2022. Quiere decir que estamos en medio de una crisis que no es solamente una crisis económica, social, sino que ha trascendido al terreno político y ha puesto en tensión a todas las fuerzas políticas en pugna.
¿Es posible ubicar, en todo el movimiento, una o dos consignas o exigencias centrales que lo unifiquen? ¿Cuáles serían, a su juicio?
J.S.: Se tiene que responder de inmediato a la necesidad de que la población tenga un mínimo de ingresos para soportar la crisis actual y poder sobrevivir. La primera consigna tendría que ser en el terreno económico. En el pliego de emergencia se exige una renta básica equivalente al salario mínimo y que sea individual; no por familia, como propone el proyecto de ley que tratan de pactar en el Congreso. El estado, es su obligación constitucional, debería garantizar de inmediato el derecho al trabajo, contratando a toda persona apta para trabajar o garantizando su subsistencia para estudiar. La otra consigna es echar abajo todo el paquete de contrarreformas de Duque, como el Decreto 1174 de contrarreforma laboral, o la reforma pensional y del sector salud.
La otra consigna fundamental es parar la masacre de manifestantes, que se ha recrudecido con la militarización de ciudades y departamentos, como lo ocurrido la noche del 28 de abril en Cali. Insistir en la renuncia del Ministro de Defensa y la toda la cúpula militar y policial, y la disolución del ESMAD.
Pero la gran pregunta es si una de las exigencias debería ser la caída del gobierno de Duque; si el movimiento da para eso, para tumbar al gobierno de Duque y poner en crisis, incluso, al propio régimen político. Hay quienes llegan a plantear que hay que propugnar por una Asamblea Nacional Constituyente. Esa discusión es la que está en curso.
¿Se pueden articular los sindicatos estatales a la movilización del Paro Nacional y cuál es la perspectiva de llegar a un paro estatal?
J.S.: La dirección de Fecode llamó al paro desde el 27 de abril. Una parte significativa del sector educativo se encuentra paralizado, movido por sus reivindicaciones específicas, y como rechazo a la alternancia que le han impuesto, obligándolo a que vaya a las aulas sin medidas de bioseguridad y a que sin vacunarse se sometan al riesgo del contagio, a contagiar a los estudiantes a su vez a contagiar a las familias. Pero la prolongación del paro empieza a desgastar a las bases magisteriales.
La dirección de Fecode no se atreve a levantar el paro porque sabe que es una columna vertebral en el CNP. Tienen ese problema. El resto de sectores estatales no actúa; hace años que no se realiza un paro nacional estatal. La forma como se negocia en el sector estatal es que hay un pliego nacional unificado y pliegos por entidad o sector; en el pliego nacional hay reivindicaciones fundamentales, como acabar con la planta paralela en la que se calcula que puede haber un millón de trabajadores tercerizados, con contratos temporales, ODSs. Eso es una dificultad, pero la dirigencia sindical estatal tampoco se ha prestado para unificar la lucha y llamar a un paro nacional estatal. Fecode podría plantearlo. Pero en este momento, después de un mes de paro, ni siquiera han llamado a una jornada nacional de protesta estatal. En algunos sectores, parcialmente se han producido protestas, una cierta presión, como en Ecopetrol. O en el sector universitario público, en el que los estudiantes han suspendido las actividades académicas, pero la mesa de negociación específica con el sector universitario no está funcionando y está pendiente que se reinicien las actividades.
¿El preacuerdo que propone el CNP es garantía para los jóvenes movilizados y las víctimas de la acción de la Policía y el Esmad?
J.S.: Realmente no. El CNP tiene una muy débil representación y el gobierno lo sabe. Por eso le ha exigido que condene los bloqueos. ¿Cómo puede haber garantías para los jóvenes movilizados? Pues que nadie sea judicializado, que aparezcan los desaparecidos, que se investigue a los responsables de la represión, de los asesinatos, de las violaciones. Esas son las garantías que hay que exigir. El gobierno no lo va a aceptar y es respaldado por el grueso de la burguesía. Por eso la absoluta mayoría de se unificó para impedir la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.
¿Por qué el gobierno exige al CNP que levante los bloqueos, cuando sabe que no dirige los jóvenes que han comenzado a organizarse en Asambleas Populares?
I.Y.: El gobierno sabe que no depende del CNP que se levanten los bloqueos. Por eso tiene un doble juego. Por un lado, buscar la negociación parcial, como con los camioneros, al tiempo que intenta reprimir. Ya hay procesos judiciales de extinción de dominio sobre algunos de los vehículos; una medida que anunció el Fiscal General. Por otro lado, busca acuerdos con este sector de pequeños, medianos y grandes empresarios. Si logra que el sector camionero se retire debilita los bloqueos.
Por otro lado, está el problema de la juventud. Duque anuncia una serie de medidas; un pequeño plan de emergencia en el terreno económico y social. Hay que ver hasta donde eso logra desmovilizar a los jóvenes. Pero no podemos ignorar que esas medidas pueden tener alguna repercusión en los sectores populares. Si se garantiza un ingreso coyuntural a esos jóvenes, si se hacen planes de contratación masiva de jóvenes a cargo del Estado, como lo está planteando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; o las garantías que le brindan al sector empresarial al que le han prometido subsidios de la nómina para que contrate jóvenes.
En la mesa de negociación el CNP puede aparecer reglamentando esas ofertas del gobierno. Aquí hay una pelea entre el gobierno que adopta políticas unilateralmente, como la matrícula cero, y el CNP que quiere aparecer obteniéndolas en la mesa de negociación para volver a ganar prestigio ante la gente.
Por el balance de asesinatos de jóvenes, detenidos, desaparecidos y heridos, se plantea que intervengan organismos de DDHH internacionales. ¿Es suficiente para detener el actuar combinado de agentes represivos y bandas paramilitares contra la protesta?
M.B.: Yo soy integrante de DD.HH. de ASDEM, y estoy convencida que ha habido también un golpe al gobierno de Duque en ese terreno a nivel internacional. Eso es lo que explica la caída de la Canciller Claudia Blum, y su reemplazo por la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez. El gobierno se resistió a aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero finalmente tuvo que ceder. Ese es el calibre de la presión internacional.
Si nosotros entendemos la relación que ha habido en el régimen político colombiano entre las instituciones represivas del Estado y las bandas paramilitares y en este caso también con sectores de esta burguesía de ultraderecha, narcotraficante, que se encuentra armada y que salió a las calles a enfrentar violentamente a los manifestantes, debemos exigir control sobre esos sectores, que también en buena medida, se han desbordado. Pero quiere decir que el gobierno se vería obligado a reprimirlos. Asistimos a un proceso de lucha de clases, similar a lo que aconteció en Estados Unidos donde sectores de ultraderecha pasaron a la ofensiva, pero el gobierno tuvo que salir también, en alguna medida, a tratar de controlarlos.
Eso no impide de manera absoluta que los paramilitares continúen actuando. Todos los días hay nuevos asesinatos, masacres, etc. Y seguramente, después de que este proceso culmine, buscarán a los líderes, a los jóvenes en los barrios, para asesinarlos. Hay que hacer un llamado muy fuerte a la movilización democrática, que sabemos que en Colombia es muy difícil, por la defensa de la vida contra el asesinato de los líderes sociales y en este caso de los jóvenes que podrían estar en peligro.
Es claro que el gobierno ha optado por negociaciones parciales en los puntos más candentes del movimiento. ¿Cómo lograr una unidad nacional del movimiento, dotándolo de una Dirección unificada y que lo represente realmente?
I.Y.: El gobierno tiene como estrategia fragmentar el movimiento. No se pudo llegar a un acuerdo entre el CNP y el gobierno, porque éste ha planteado como no negociable que el CNP no se pronuncie contra los bloqueos, que son los que realmente han afectado la producción. El empresariado declaró que el 20% de la actividad productiva está afectada provocando pérdidas de más o menos $500.000 millones diarios.
¿Qué alternativa tiene el movimiento? En la medida que es tan heterogéneo en la base y en los puntos de resistencia son los sectores juveniles y populares los que han garantizado los bloqueos es necesario darle una salida organizativa. Por eso las Asambleas Populares habría que potenciarlas y lanzar la consigna centralizadora de realizar un Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Popular, Étnico, de Afrodescendientes, Indígena, de Identidades como los LGBTIQ. O sea, todos los sectores que se han expresado con sus reivindicaciones particulares en este amplio movimiento social. Pero hasta ahora el CNP se niega a convocar ese encuentro. Entonces, todas las iniciativas en este momento son parciales y eso es lo que dificulta lograr una dirección unificada que sea representativa, que haya un gran Encuentro que elija una nueva dirección que puede incluir al Comité Nacional de Paro pero que este se subordine a las definiciones que plantee el Encuentro. Ese es el obstáculo que se enfrenta, el empantanamiento que tiene el movimiento social. En lo inmediato debemos promover la participación en la convocatoria a una Asamblea Nacional Popular para los días 6,7 y 8 de junio, con ese objetivo.
A mediano plazo, ¿cuáles serían, a su juicio, las tareas más urgentes para lograr que toda la experiencia y enseñanzas de este paro se conviertan en un factor dinamizador de futuras luchas en el país?
M.B.: Yo creo que la tarea más urgente es fortalecer el proceso organizativo. O sea, hay que reconocer que la vitalidad de los sectores populares es muy grande y en los sectores barriales, en los sectores de las poblaciones más pequeñas eso predomina. En los sectores barriales ha incidido mucho la actividad de numerosas organizaciones políticas y organizaciones no gubernamentales. Probablemente ellos canalicen buena parte de esa participación juvenil. Además de múltiples formas autónomas de organización de los jóvenes. Estamos hablando de grupos culturales, deportivos, grafiteros, etc. Entonces, si estos jóvenes buscan representación a través de ese tipo de formas institucionales sería muy interesante.
Pero eso lo tiene que potenciar el sector organizado de los trabajadores que hasta ahora no se mueve, no se lanza a la pelea. En realidad, el único sector organizado que participó con un paro fuimos los maestros, como sector estatal, y las comunidades indígenas, sector que amerita un análisis detenido. Si tenemos en cuenta que 600 pliegos de trabajadores estatales se encontraban en la mesa de negociación con el gobierno, el hecho de que hasta ahora no se haya llamado a un paro nacional estatal muestra el carácter de la dirigencia. Entonces, una tarea fundamental es justamente poner en evidencia su carácter burocrático, su política conciliadora, que en últimas está al servicio del régimen para impedir que la movilización se profundice.
Hay que tratar de reemplazar esa dirección por los nuevos sectores que están en la lucha. Será una batalla política al interior de las organizaciones sindicales. Hay que insistir en la necesidad del Encuentro Nacional, que vote un pliego y un plan de acción. Sus conclusiones deben llevarse a las asambleas de base de los sindicatos para vincularlos a la resistencia con paros escalonados hacia un paro de la producción, una huelga general, con el objetivo de conquistar las reivindicaciones más sentidas de millones pues, de lo contrario, se corre el riesgo de que todo el proceso hacia las urnas en el 2022.

——————————————Declaración del Frente de Izquierda -Unidad de Argentina

Viva la rebelión del pueblo de Colombia
Abajo el gobierno ajustador y represor de Iván Duque

Mitin del FIT-Unidad en Buenos Aires, en solidaridad
con la lucha del pueblo colombiano

Para conocimiento de nuestros lectores, difundimos la declaración emitida por el Frente de Izquierda-Unidad de Argentina sobre la situación y lucha del pueblo colombiano.

Desde el 28 de abril Colombia está viviendo intensas jornadas de lucha contra el gobierno del derechista Iván Duque con paros nacionales y movilizaciones masivas. Decenas de miles han copado las calles de Bogotá, Cali, Medellín y cada rincón del país. Jóvenes, trabajadores, pueblos originarios, campesinos se enfrentan a la brutal represión militarizada del gobierno de Duque. Las bandas del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asesinan, golpean y abusan con total impunidad. Detrás de este accionar brutal de las fuerzas de seguridad está el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de Duque, representante de la narcopolítica y el terrorismo estatal y paraestatal.
Ese miércoles 28 el Comando Nacional de Paro integrado por las tres centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y la Fecode (Federación de docentes) convocó a un paro nacional al cual también se sumaron organizaciones estudiantiles, la Minga indígena y organizaciones de diversas comunidades rurales y urbanas.
Pero tal era la bronca que el paro desbordó a las direcciones y se extendió después del 28 de abril. Se expresó en las principales ciudades del país a través de masivas movilizaciones. El epicentro ha sido la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, donde las protestas han sido particularmente masivas y el paro es casi total con cortes de caminos y rutas hacia las zonas aledañas. Un verdadero levantamiento popular en toda Colombia.
La reacción de las clases dominantes y su Estado no se hizo esperar. Al menos 30 manifestantes fueron asesinados por la policía, hay centenares de heridos y detenidos, decenas de desaparecidos y diversos organismos de derechos humanos denuncian distintos tipos de abusos y vejaciones por parte de las fuerzas represivas.
De manera demagógica, hasta el gobierno de Joe Biden ha manifestado su preocupación por la violación a los derechos humanos. Hipocresía total por parte del mismo imperialismo norteamericano que ha financiado la guerra sucia contra las Farc con el “plan Colombia”, permitido la masacre sistemática de dirigentes sindicales y sociales (solo en el 2020 se acusa de 320 asesinatos por fuerzas paramilitares) y que hoy ve peligrar a uno de sus principales aliados en su patio trasero. Lo mismo vale para los gobiernos derechistas de América Latina nucleadas en el bloque de Lima. Denunciamos, asimismo el silencio cómplice del gobierno argentino de Alberto Fernández y mexicano de López Obrador enrolados en el grupo Puebla frente a esta masacre.
Colombia viene atravesando una profunda crisis sanitaria, económica y social, profundizada por la pandemia del coronavirus que está haciendo estragos y se cobra la vida de unos 500 colombianos por día.
La situación es catastrófica para el pueblo trabajador. El desempleo se ubica en el 17%, crece la precarización y el trabajo informal y el acceso a la salud es un privilegio para unos pocos. En el segundo año de la pandemia, la pobreza ya alcanza el 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos/as no pueden cubrir sus necesidades básicas.
A todo esto, se suma el reclamo por el retraso en la campaña de vacunación que había prometido el gobierno, que apenas ha llegado a menos del 10% de la población, de acuerdo a las propias cifras oficiales.
La gota que colmó el vaso e hizo estallar la bronca y el descontento que se venían acumulando fue la reforma impositiva que intentó imponer Duque para hacer que los trabajadores y los sectores populares paguen los costos de la crisis y preservar las ganancias de los grandes empresarios. Con esta reforma tributaria, conocida como “Ley de solidaridad sostenible”, el gobierno neoliberal de Duque pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares para “sanear” las arcas del Estado y mantener la calificación crediticia de las agencias de calificación de riesgo internacional. El 73% de ese dinero iba a salir de un impuesto a la renta de las personas que ganen 633 dólares, en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares, y de un aumento del IVA. Un ataque en regla contra los y las trabajadores, sectores populares y las clases medias empobrecidas.
Las multitudinarias movilizaciones que pusieron al gobierno contra las cuerdas, obligaron a Duque a retroceder. El 2 de mayo, anunció el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para descomprimir. Esa primera victoria de la rebelión popular ha tonificado la lucha que no se ha detenido, pese a brutal represión.
El Comité Nacional del Paro, integrado por las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC) y la Fecode (federación de educadores), mantuvo el llamado al paro nacional del 5 de mayo y otras acciones presionados por la enorme disposición a la lucha de sus bases. Sin embargo, hasta ahora su política es convocar a acciones de un día y no preparar y organizar una verdadera huelga general que tire al gobierno de Duque. Pero la realidad es que desde el 28 de abril hay una huelga de hecho, con millones en las calles, con cientos de bloqueos de rutas y calles y marchas masivas en todo el país.
Hasta el momento toda su política ha sido, luego de intensas movilizaciones, dar treguas y pactar, como lo vimos en todo el largo procesos de “diálogo” con el gobierno luego de las jornadas del 21N de 2019, que fue lo que le dio un respiro a Duque y conseguir desmovilizar. Se transforman así en un dique de contención.
Ante la agudización de la situación, el gobierno lanzó la propuesta de un “diálogo social y político”, una trampa para dividir a las masas en lucha, salvar al gobierno y al régimen que la oposición de centroizquierda nucleada en la Coalición Esperanza y el “Pacto Histórico” de Gustavo Petro ven con simpatía. Solo están esperando el momento oportuno para entregar la movilización.
La política del régimen es doble: la trampa del diálogo y la represión contra los sectores de vanguardia, a los que Uribe acusa de “saqueadores”, “vándalos” y “narcos”. De esta manera buscan aislar a los sectores más combativos con la campaña en contra de la “violencia” poniendo un signo igual entre la represión de la policía y la justa resistencia obrera y popular.
La derrota del gobierno producto de la acción combativa de la clase trabajadora y los sectores populares sería un triunfo enorme que alentaría las luchas obreras y populares contra los planes fondomonetaristas y de “ajuste” en toda Latinoamérica y modificaría sustancialmente la correlación de fuerzas para ir por más. Es necesario desarrollar las asambleas de trabajadores y sectores populares y otras instancias de organización democrática que están surgiendo al calor del proceso e impulsar la convocatoria a un Congreso o Encuentro Nacional de trabajadores para llevar la rebelión en curso a la victoria y discutir una salida de la clase obrera frente a la crisis nacional.
Defendemos el justo derecho de los trabajadores y sectores populares a organizar su autodefensa para enfrentar la brutal represión de los escuadrones de la muerte de la policía militarizada.
Es necesario con la fuerza de la movilización poner en pie Comités de huelga en cada fábrica, colegio, localidad para extender la huelga general hasta que caiga el gobierno de Duque. Contra las trampas del régimen ya sea de la extrema derecha uribista o de la centroizquierda, que intenta contener y desviar el proceso con las elecciones del año próximo para salvar al conjunto del régimen y al Estado burgués. Luchamos por el desarrollo de la huelga general para sacar a Duque e imponer un gobierno de la clase trabajadora. Que reorganice el país sin paquetazos de ajuste, sin represión heredada del Plan Colombia y con una economía obrera y popular que rompa la subordinación del país al imperialismo y a las multinacionales, comenzando por la nacionalización de la banca, del comercio exterior, el no pago de la deuda y la implementación de un fuerte impuesto a todas las grandes fortunas, para atender las demandas sociales.
Quienes integramos el Frente de Izquierda Unidad nos solidarizamos con el levantamiento del pueblo colombiano contra sus explotadores y opresores. Y llamamos a la más amplia movilización latinoamericana e internacional contra la brutal represión del gobierno de Duque.
El triunfo de los/as trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los pueblos originarios de Colombia será un triunfo para todos los explotados de América Latina.

Mitin del FIT-Unidad

Viva el levantamiento del pueblo de Colombia
Abajo el paquetazo contra el pueblo
Abajo el gobierno de Duque
Basta de represión. Castigo a los responsables de los asesinatos de manifestantes
Abajo el “plan Colombia”. Fuera el imperialismo de Colombia y América Latina. Por la Unidad Socialista de Latinoamérica.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-Unidad)
Compuesto por: Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas,
Izquierda Socialista y Movimiento Socialista de los Trabajadores
Buenos Aires – 5 de mayo de 2021

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¡Viva la lucha del pueblo colombiano!

Fuera Duque, agente del imperialismo

Marcha en Medellín, 12 de mayo

Para conocimiento de nuestros lectores, difundimos la declaración emitida por Opinión Socialista (Argentina) – Resistencia, en PSOL (Brasil) – MRS- Movimiento Revoluvionario Socialista (República Dominicana) – MPS – Movimiento por el Socialismo (Paraguay) – LUCHAS (Venezuela); organizaciones todas ellas comprometidas con el impulso a la solidaridad con la lucha del pueblo colombiano en su lucha contra las políticas del gobierno de Iván Duque.

La rebeldía ha estallado nuevamente en las calles colombianas contra un paquete de ajuste y contra una desigualdad social estructural. La masacre que se perpetra desde hace décadas contra los sectores más oprimidos de la población ha encontrado un potente freno en la acción decidida de las masas del país hermano. El terrorismo de Estado, que viene siendo la política aplicada durante años, tiene hoy una respuesta contundente de los sectores indígenas, populares, de la juventud, de las mujeres, de la clase trabajadora, del campesinado, entre otros, que se ha unido para enfrentar el plan sistemático de exterminio que lleva adelante la clase dominante de Colombia, bendecida y financiada por el imperialismo.
El paro del 28 de abril se transformó en una llamada a la insurrección contra el gobierno de Duque y sus planes de ajuste y miseria. Las reformas fiscales exigidas por el FMI en medio de la feroz pandemia, son el calco de las medidas que este organismo exige en todos los países. Pero los pueblos y la clase trabajadora van encontrando la manera de vertebrar la respuesta al saqueo. Como en Chile en 2019 o en la misma Colombia en ese año, la protesta se vuelve rebelión masiva y hace tambalear los cimientos del poder.
Resurgen los reclamos centenarios, como los de las comunidades originarias que tumban las estatuas de los genocidas, y aparecen nuevos reclamos de las jóvenes generaciones contra la precarización del trabajo y la vida. Toda Colombia ha salido a mostrar que el enfrentamiento con el uribismo criminal no tiene vuelta atrás. Cali es uno de los centros de la rebelión y es donde el gobierno de Iván Duque, el títere de Uribe y del imperialismo, ha decido descargar su golpe más violento. No sólo ha desplegado las Fuerzas Armadas y el nefasto ESMAD para responder a plomo y sangre, sino que las estructuras parapoliciales, los escuadrones de la muerte, actúan contra los puestos médicos para intimidar a quienes están tratando de cuidar la salud de la población.
La respuesta popular es heroica y conmovedora. No sólo la batalla de la primera línea que enfrenta a los asesinos en cada represión sanguinaria de las fuerzas del régimen, sino la respuesta de las organizaciones de la clase y de los sectores populares. La Guardia Indígena, que ha intervenido en Cali enfrentando directamente a los escuadrones parapoliciales y deteniendo a un provocador, es una muestra de la organización necesaria para enfrentar los planes del régimen y sacar a Duque y el uribismo del poder. Esta rebelión, “que no tiene cola ni cabeza”, irá dotándose de la dirección necesaria para vencer. Es necesario que las organizaciones de la clase trabajadora y de los sectores populares que conforman el Comité del Paro avancen hacia ser una dirección efectiva de la rebelión, no solo para consolidar los triunfos ya logrados si no para conseguir la salida de Iván Duque del gobierno.
Las manifestaciones de solidaridad que crecen en el mundo entero son de gran importancia para difundir la lucha del pueblo colombiano y la masacre que está llevando adelante el gobierno de Duque. Más de 400 personas desaparecidas hay en este momento y más de 40 muertos. Es sólo una parte del terrible costo de las políticas del imperialismo en el hermano país.
Tenemos la convicción que más temprano que tarde podrá la clase trabajadora y el pueblo colombiano coronar esta Huelga General con el merecido triunfo, reorganizando el país desde sus cimientos, a través de una Asamblea Popular Constituyente que desmantele el Estado oligárquico actual y lo reemplace por otro que esté dirigido por los sectores explotados y oprimidos del país, únicos interesados en un cambio profundo, revolucionario, como el que reclama la situación.
Desde esta Coordinación Internacional, llamamos a todas las organizaciones obreras y populares del mundo entero a unirse en una sola voz solidaria con la lucha del pueblo colombiano.

¡Basta de matanzas en Colombia!
¡Basta de terrorismo de Estado!
Disolución del ESMAD. Juicio y castigo a los que asesinan a las y los luchadores.
¡Fuera Duque y el uribismo el gobierno!
¡Fuera el imperialismo de América Latina!

Opinión Socialista (Argentina)
Resistencia, en PSOL (Brasil)
MRS- Movimiento Revolucionario Socialista (República Dominicana)
MPS – Movimiento por el Socialismo (Paraguay)
LUCHAS (Venezuela)
12 de mayo de 2021

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28 de abril
Paro Nacional en Colombia[i]

¡Nueva explosión de un volcán!

Como la gigantesca erupción de un volcán, en medio de un brutal pico de la pandemia y afrontando los riesgos que ello genera, el pasado 28 de abril centenares de miles de colombianos se volcaron a manifestaciones a las calles y plazas del país. Respondieron así a la convocatoria hecha semanas anteriores por las centrales sindicales, respaldada por la totalidad de organizaciones populares, para la realización de un paro nacional.

En los días siguientes y hasta hoy Primero de Mayo, a pesar de que no haber sido esa la orientación de la cúpula sindical, las manifestaciones continuaron en varias ciudades. En Cali a pesar de la fuerte militarización y represión[ii], en Bogotá con bloqueos y marchas que han paralizado el transporte masivo (Transmilenio); en Medellín una movilización rompió los cercos del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios); en todo el país con fuertes enfrentamientos y represión de la Policía. La mayoría de estas manifestaciones se realizaron rompiendo el toque de queda impuesto por los alcaldes.

La brutal campaña desatada por el gobierno a través de los medios de comunicación para atemorizar a la población con el riesgo de contagio por el Covid, que incluyó fallos judiciales de última hora prohibiendo las concentraciones, fue respondida por centenares de pancartas de los propios manifestantes que decían: “Si un pueblo protesta y marcha en plena pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus”.

El gobierno de Duque más peligroso
que el Covid-19

La reforma tributaria: más mortal que el Covid-19

A la tenebrosa pero categórica conclusión de que el gobierno de Iván Duque es más mortal que el Covid han llegado millones de colombianos luego de soportar durante meses el accionar del mismo que, con el más absoluto desparpajo, aprovechó la pandemia para profundizar el ataque a derechos de los trabajadores; ataque que ya venía desarrollando desde antes.

El proyecto de reforma tributaria que presentó al Congreso la semana anterior al 28 de abril fue la copa que rebosó el vaso y desató la explosión. El paro había sido convocado desde semanas antes para rechazar la reforma al sistema de salud (que entrega a los pulpos financieros lo poco que queda de salud pública); para rechazar los cambios en la legislación laboral que abren mayor espacio al trabajo por horas (trabajo precario); para protestar por los asesinatos que día a día se suceden contra líderes de comunidades campesinas, indígenas y populares y de casi tres centenares de ex combatientes desmovilizados de las antiguas FARC; para protestar ante un plan de vacunación de los más tardíos y lentos de América Latina; para exigir plenos derechos laborales para los miles trabajadores y trabajadoras de la salud que han arriesgado su vida en los intentos de salvar pacientes del virus, soportando condiciones laborales de sobre-explotación y sin garantías suficientes de equipo de protección.[iii]

El proyecto de reforma tributaria, absolutamente regresivo, busca recaudar hasta 24 billones (millones de millones) de pesos (cerca de 6.000 millones de dólares); recursos que serían destinados a favorecer a los grandes empresarios y a las multinacionales, como lo ha hecho desde antes y durante la pandemia y continuar el pago cumplido de las cuotas de capital e intereses exigidos por los organismos financieros del imperialismo (FMI, Banco Mundial, etc.). Se proponía el gobierno aumentar hasta el 19% el impuesto a los huevos, al chocolate, a todos los productos básicos de la canasta familiar y ¡hasta a los servicios funerarios! ¡Buen negocio en medio del pico de más de 400 muertes diarias por el Covid! Además, con fuertes afectación a las rentas salariales mayores de 600 dólares y a pensiones, lo que golpeaba a la clase media de forma directa.

Ese proyecto reventó el último tapón que contenía el magma hirviente de la ira popular y de sectores medios de la población. Esa ira se ha expresado, en lo fundamental, a través de los jóvenes que son la fuerza mayoritaria en las manifestaciones y que son los más golpeados por el desempleo y muchas de las medidas del gobierno.

Se generó un amplio y profundo rechazo y se potenció, hasta un nivel no visto antes, la fuerza y masividad de la protesta popular que se desencadenó el día 28. Sólo así se explica que el paro, si bien el Comando Nacional de Paro lo había convocado solo con un día de duración, haya tenido continuidad en algunas ciudades (como Cali) y se hayan realizado múltiples manifestaciones en los días siguientes hasta las conmemoraciones del Primero de Mayo en que, venciendo el temor al contagio, se realizaron en forma presencial marchas en muchas otras ciudades.

Aspecto de una de las muchas movilizaciones
en Bogotá el 28 de abril

Las Centrales Obreras, encabezadas por la CUT, trataron de contener el desborde del movimiento, convocaron a un 1º de mayo virtual para que los trabajadores sindicalizados no salieran a las calles y así evitar todo contacto con el alzamiento juvenil y popular; pero, como es un día festivo, algunos sindicatos de base realizaron convocatorias o se sumaron con sus pancartas a las marchas multitudinarias. Se demostró un desacato a la orientación de las direcciones burocráticas congregadas en el Comando Nacional de Paro.

Fisuras en la burguesía

Durante su mandato, iniciado en agosto de 2018 y que finaliza en agosto de 2022, el gobierno de Duque ha tenido el apoyo mayoritario de los partidos burgueses (Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical) en sus medidas económicas y sociales contra la población; a pesar de ser un gobierno que expresa a la fracción más reaccionaria encabezada por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien actúa como “presidente en la sombra”, agente directo de la fracción Trump de la burguesía norteamericana. Este comportamiento es típico de los gobiernos que durante décadas representan el régimen político del país: un régimen profundamente reaccionario, asesino directo de quienes encabezan las luchas por mínimas que ellas sean; un régimen bonapartista reaccionario revestido de un ropaje democrático parlamentario.

Movilización en Medellín, 28 de abril.
El Sindicato ASDEM jugó papel protagónico
en el impulso y organización del paro.

Las diferencias inter-burguesas que existieron hasta antes de la presentación de la reforma tributaria han sido, en lo fundamental, sobre la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos con las FARC, hoy partido Comunes. No hay que olvidar que la fracción burguesa de Uribe se opuso a tales acuerdos, habiendo logrado ganar el No en el plebiscito de 2016 con el cual el gobierno Santos buscó refrendarlos.

Pero pudo más el descontento popular que la unidad de la burguesía y algunas de sus expresiones políticas burguesas (Partido Liberal, Cambio Radical) decidieron tomar distancia del gobierno. Lo hacen así, ante todo, porque ya el país está inmerso en la campaña electoral parlamentaria y presidencial de marzo y mayo de 2022, respectivamente, y temen un volcamiento del descontento popular hacia la expresión “más a la izquierda” que aparece en el espectro político, encarnada en Gustavo Petro, quien obtuvo 8 millones de votos y asumió una curul en el congreso como oposición al entrante gobierno de Iván Duque del Centro democrático que comanda Álvaro Uribe.

Al grito de “Cali, amigo, Medallo está contigo”, la manifestación del 1 de Mayo en Medellín expresa su solidaridad
con la población de Cali, duramente reprimida por el gobierno

Álvaro Uribe Vélez, verdadero “presidente en la sombra”, ha sido acusado de patrocinar a las bandas paramilitares causantes de miles de muertos en decenas de masacres en años anteriores. Durante su gobierno se desarrolló la orientación militar que concluyó en los denominados “falsos positivos”[iv]. Actualmente enfrenta un proceso judicial por sobornar falsos testigos para protegerse en los procesos que le vinculan a crímenes de Estado. Renunció su curul del Senado para que los altos tribunales no le procesaran; pasando a estrados ordinarios, donde cuenta con toda la maquinaria judicial que le ha protegido y encubre sistemáticamente.

Un obstáculo a vencer

Las movilizaciones del 28 de abril aparecen como una nueva explosión de un proceso profundo que viene de años atrás. A finales de 2018 el movimiento estudiantil desarrolló masivas manifestaciones por la defensa de la educación pública, universitaria en especial, exigiendo al gobierno solución al déficit presupuestal. Miles y miles de jóvenes recorrieron las calles de las ciudades fogueándose en jornadas masivas de protesta que obligaron al gobierno a asumir compromisos –luego no cumplidos cabalmente.

Ante la profunda crisis social y las medidas antipopulares del gobierno, el 21 de noviembre de 2019  –aprovechando también la fisura que abrió la Dirección Sindical al convocar un Paro Nacional y al calor de procesos de movilización como los de Chile y Ecuador– se realizó un paro con similitudes al actual, con grandes manifestaciones. Allí, igual que en el paro actualmente en curso, la juventud jugó un papel de primera magnitud, siendo el componente mayoritario en las manifestaciones.

Posteriormente, en medio de la pandemia, ante el brutal asesinato por la policía de un estudiante en el barrio Villa Luz de Bogotá, en la noche del 8 de septiembre de 2020, el día 9 se presentaron violentos enfrentamientos en decenas de barrios de Bogotá, como protesta ante ese hecho; con un saldo de 9 muertos y 521 heridos según los datos oficiales lo que hasta la alcaldesa de Bogotá catalogó como una masacre.

La capacidad de lucha y movilización de miles y miles se ha mantenido en los últimos años, pero, también, la orientación de las fuerzas políticas supuestamente “de izquierda” (que controlan la mayoría de las organizaciones sindicales y sociales) ha sido la misma: utilizar la movilización popular como plataforma y apoyo para su estrategia electoral. Ninguna de esas fuerzas, ni siquiera la Colombia Humana encabezada por Petro, tiene como estrategia propinar al gobierno una derrota que lo obligue a echar atrás por lo menos algunas de las medidas y que frene otras nuevas. Con completa desfachatez el senador Gustavo Bolívar, de Colombia Humana, señala en un vídeo en medio de las actuales movilizaciones que hay que “tener paciencia” pues la derrota al gobierno será en el 2022, en las elecciones.

El dominio de esas fuerzas políticas reformistas y conciliadoras con el gobierno en la dirección de la gran mayoría de organizaciones sindicales y populares es el talón de Aquiles del movimiento. Mientras no se avance sólidamente en superar esa debilidad estructural la fuerza de la movilización continuará disipándose cual vapor que sale de la caldera, pues sólo orientada por una dirección que se proponga, como mínimo, derrotar con esa misma fuerza al gobierno será posible dar nuevos pasos hacia adelante. Es necesario fortalecer, con una política de unidad, los embrionarios organismos que se proponen construir una dirección alterna a la actual conducción de las Centrales sindicales. La coordinación y unificación de una dirección alterna para el movimiento es un requisito para el avance y solidez del mismo.

Gustavo Tobón S.
Bogotá, 1 de mayo de 2021


[i] [Nota del editor de El Trabajador Socialista] Al mediodía del 2 de mayo el Presidente Duque retiró del Parlamento el proyecto de reforma tributaria contra el cual se concentraba la fuerza e ira de los manifestantes que paralizaron el país desde el 28 de abril. Esto es, sin duda, un triunfo parcial del movimiento. Sin embargo, todo el conjunto de exigencias que dieron razón al llamamiento al paro continúan vigentes y diversos sectores anuncian que seguirán en pie de lucha por sus reivindicaciones, reorganizando el movimiento, buscando dotarlo de una dirección consecuente y confluyendo en un nuevo paro que ya ha sido señalado para el 19 de mayo.

[ii] Según la ONG Temblores entre el 28 y el 30 de abril se reportaron 851 casos de violencia policial y ““miembros de la Policía, de manera deliberada y premeditada, asesinaron a al menos 10 personas en medio de las protestas convocadas a lo largo y ancho del país”. Se desconocen los datos de muertos en la represión contra manifestaciones el 1 de mayo Ver: https://www.elespectador.com/noticias/politica/al-menos-10-personas-muertas-por-la-policia-el-balance-de-temblores-de-las-marchas/

[iii] Con la pandemia y las medidas adoptadas la crisis social se agravó hasta niveles sin precedentes. Más de 4 millones de personas perdieron su empleo y hay millones que sobreviven con solo una comida al día.

[iv] Ejecuciones extrajudiciales de civiles no relacionados con el enfrentamiento armado para demostrar eficiencia de las Fuerzas Armadas en el combate a las guerrillas. Por cada “positivo” los mandos militares recibían recompensas en dinero, descansos o ascensos. Según las últimas investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz la cifra llegó hasta 6.402 inocentes asesinados.

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Nuestra Carolina

Nueve años de lucha por su aparición con vida

El 28 de abril se cumplen nueve años de la desaparición de Carolina Garzón Ardila en Quito, Ecuador. Carolina es una joven representativa de la generación de colombianos a la que la sociedad capitalista niega un futuro. Hija de un obrero y una madre emprendedora, es parte de una familia trabajadora unida y solidaria, en la que las mujeres han sido ejemplo de entereza y valentía luchando durante nueve años continuos por su aparición con vida.

Stephany Carolina aprendió a ser crítica y rebelde desde su adolescencia frente a esta sociedad en descomposición, siguiendo el ejemplo de su padre activista sindical y militante socialista. Estudiante de escuela y colegio públicos participó activamente en las movilizaciones de estudiantes secundarios de la primera década del siglo XXI. Posteriormente fue activista en el Sena, en el que cursaba una carrera técnica. De allí pasó a la Universidad Distrital, donde estudiaba artes plásticas y teatrales, destacándose en el movimiento universitario de 2011 como dirigente estudiantil. A inicios del 2012 decidió hacer un receso y viajar a Ecuador como lo había hecho en ocasiones anteriores, con el objetivo de continuar su recorrido hasta llegar a Brasil a un congreso estudiantil. Toda esta actividad la hacía como militante del Partido Socialista de los Trabajadores del que era integrante de la Dirección Nacional cuando decidió viajar. Pero el 28 de abril, de manera intempestiva, desapareció sin dejar ningún rastro.

Afiche de la oferta de recompensa del gobierno ecuatoriano.

El Primero de Mayo de ese año, cuando se tuvo noticia de su desaparición, sus familiares más cercanos se desplazaron de emergencia a Ecuador e iniciaron su búsqueda. A partir de allí, la dirección del PST de ese momento promovió –de común acuerdo con la familia, la Liga Internacional de los Trabajadores y su sección ecuatoriana el Movimiento Socialista de los Trabajadores– una intensa campaña política por su aparición con vida, exigiendo a los gobiernos ecuatoriano y colombiano que actuasen decididamente para conseguirlo.

Toda la familia de Carolina, pero en particular Walter Garzón su padre, militante y dirigente del PST, y Alix Ardila su madre, concentraron sus energías en lograr la más amplia difusión del caso. Gracias a la campaña, y por iniciativa de Walter, se iniciaron reuniones de víctimas de la misma situación hasta llegar a constituir la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Ecuador, ASFADEC, que ha promovido constantemente la movilización de denuncia y protesta. Por la presión ejercida el gobierno ecuatoriano se vio obligado a ofrecer una recompensa de hasta 20.000 dólares a quien diese información cierta para encontrar a Carolina. El presidente ecuatoriano Rafael Correa tuvo que atender personalmente varias veces a la familia de Carolina. Se puso en evidencia que cuando se concentra la actividad en torno a una exigencia justa, así sean sólo pequeños grupos políticos o sociales, como el PST, el MST, la LIT, o ASFADEC, se logra presionar a los gobiernos y doblegar su voluntad. Como trotskistas es el método que aprendimos con Nahuel Moreno, fundador de la LIT.

Alix Mery Ardila, madre de Carolina, en actividades en Quito, en la búsqueda de Carolina, despliega el afiche de oferta de recompensa.

Se consideró improbable una desaparición forzada por motivos políticos, y desde el inicio se exigió al Estado ecuatoriano que coordinara esfuerzos de investigación con el colombiano con la celeridad que es necesaria en esos casos. Pero sólo después de varios meses, combinando la denuncia política y la movilización social con la intervención decidida de una abogada activista de derechos humanos, las gestiones jurídicas se llevaron hasta el más alto nivel, empujando a las fiscalías generales de los dos estados a actuar, aunque su labor haya sido infructuosa por su incompetencia y morosidad. Debido a esa presión política el Estado ecuatoriano se vio obligado más adelante a establecer en su ordenamiento jurídico el delito de desaparición forzada y a crear una unidad especial de investigación: una pequeña victoria de la lucha democrática.

Afiche de ASFADEC a Walter, cuyo trabajo en Ecuador en la búsqueda de Carolina, contribuyó a la fundación de ASFADEC.
Un activista de la campaña adelantada, desplegando el afiche en evento en Ibagué, en 2012.

En Colombia se desarrollaba una actividad similar de manera sistemática con mítines de denuncia frente a la Cancillería y ante la Embajada del Ecuador en Bogotá y con la participación en las movilizaciones sociales de protesta, o actos organizados en cada aniversario de su desaparición. Organizaciones de derechos humanos, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, acogió el caso de Carolina y el mismo fue presentado por la familia, con respaldo de organizaciones de derechos humanos como INREDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ambos gobiernos respondan por no haber cumplido las obligaciones que en el mismo les corresponden.

El escándalo por la desaparición de Carolina durante mucho tiempo ha sido noticia en los grandes medios de comunicación de Ecuador e incluso en Colombia, donde la destacada periodista Jineth Bedoya, víctima ella misma de violación por paramilitares, asumió como propia la denuncia de la desaparición de Carolina. El columnista de El Espectador Lisandro Duque dedicó una sentida columna en solidaridad con ella.

Plantón ante la Fiscalía Ecuatoriana, Quito, 30 de abril de 2019, organizado por ASFADEC, organización constituida al calor de la campaña por encontrar a Carolina.

Dolorosamente, en medio de esta batalla por la búsqueda de su hija, la frágil humanidad de su padre Walter se rindió y, como consecuencia de una grave enfermedad falleció, siendo homenajeado por su partido en Colombia y por el MST y ASFADEC en Ecuador. A partir de allí la lucha por la aparición de Carolina ha continuado y su nombre se ha convertido en un símbolo que junto a otros representa a miles de jóvenes víctimas de la barbarie de esta sociedad en crisis. Nueve años después aún permanece su rostro en los muros de la Universidad Distrital y se la recuerda como lo que sigue siendo, un patrimonio de la juventud y la clase obrera en la lucha por su libertad y por la revolución socialista. Para sus familiares, y para nosotros que hemos hecho de su búsqueda una tarea permanente, exigiendo investigación y castigo a los responsables de su desaparición forzada, es y será siempre NUESTRA CAROLINA.

El Grupo de Trabajadores Socialistas dirige a ella, a su familia y a todos los que somos sus camaradas, este pequeño homenaje y le tendemos nuestra mano para que nunca caiga en el olvido. En las voces de la Cuadrilla Murguera Bogotana, junto al de otras víctimas, resuena el nombre de Stephany Carolina: ¡Ni un paso atrás!

23 de abril de 2021

¡Una cátedra necesaria!

El pasado 7 de abril de 2021 en una cuenta de twitter[1], se denuncia a la profesora Sandra Milena Caicedo de la Institución Educativa Libardo Madrid de la ciudad de Cali, por colocar una tarea a los alumnos de 9 grado, sobre los falsos positivos en Colombia.

El twitter expresa: “Secuestran la educación unos tipos que en lugar de enseñar, se han dedicado a la politiquería. Hay que denunciarlos”. A raíz de tal hecho se desató en las redes sociales una marea de comentarios y opiniones atacando a la profesora, pero también se desató una cadena de solidaridad con argumentos defendiendo a la maestra y apoyando la estrategia y el abordaje de la cátedra tan necesaria en tiempos de crisis educativa, social y política.

Desde la Corriente Magisterial Unidad Docente, apoyamos a la docente Sandra Caicedo, por su profesionalismo y calidad como maestra en un país que ha estado sumido en el pantano de la estigmatización educativa y donde se castiga por pensar distinto.

Apoyamos su taller pedagógico, su valor para promover la lectura, fomentar la investigación y sobre todo invitar a la reflexión y al pensamiento crítico, que tanto le hace falta a los hombres, mujeres y jóvenes de este país.

Ella nos ha inspirado a seguir promoviendo como maestros la libertad de cátedra, la autonomía educativa, pero sobre todo a NO guardar silencio. Ella nos ha inspirado para seguir adelante en esta difícil tarea de educar en un país individualizado y lleno de violencia donde no hay castigo a los responsables de los asesinatos de líderes sociales y falsos positivos.

Hacemos responsable al actual partido de gobierno y al presidente Iván Duque Márquez, por la vida e integridad de la profesora Sandra Caicedo y de todos aquellos maestros que de una u otra forma sean sometidos a la palestra pública por su labor formadora crítica y autónoma.

Hoy ella nos afirma e inspira a seguir forjando esa cátedra tan necesaria de educar y formar hombres libres, develar la realidad, rescatar la historia, reflexionar sobre la verdad palpable, buscar un nuevo ordenamiento educativo, económico y social, que nos obligue a renovar el compromiso en términos de la defensa de los derechos humanos.

También es esta una oportunidad para llamar a la participación del paro del 28 de abril y seguir movilizándonos en defensa de los maestros y sus organizaciones sindicales.

Luchamos como dijo Rosa Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres¨

#EstamosConLaProfeSandra.

https://twitter.com/hashtag/EstamosConLaProfeSandra?src=hashtag_click

Medellín, 16 de abril de 2021


[1] https://twitter.com/jarizabaletaf/status/1379983048821899269

unidaddocente@hotmail.com  –  www.unidadocente.com  – facebook.com/unidaddocentemedellin 

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