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Entrevista con César Tamayo, presidente de ANFAP

La compleja situación de los firmantes
del Acuerdo de Paz de La Habana

En días pasados El Trabajador Socialista sostuvo una extensa conversación con el compañero César Tamayo, presidente de la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz (ANFAP).

En la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano, por intermedio del gobierno de Juan Manuel Santos, luego de las negociaciones realizadas durante varios años en La Habana, se han expresado múltiples contradicciones. El Estado, por decisiones del anterior gobierno de Iván Duque, no implementó planes que estaban acordados o los realizó de manera muy limitada. El Acuerdo fue suscrito por 14.024 integrantes de las FARC. Importantes sectores de las FARC decidieron no acogerse y quedaron por fuera, manteniendo su actividad armada. Posteriormente durante el desarrollo del Acuerdo otro sector, el encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich, rompió y retornó a la actividad guerrillera.

Un hecho gravísimo del incumplimiento del Estado es el asesinato de, hasta el momento, 378 firmantes del Acuerdo; en lo fundamental militantes de base y dirigentes medios de las antiguas FARC. El Estado se ha mostrado totalmente incapaz de garantizar la seguridad de los firmantes, a lo cual se había comprometido.

A todo lo anterior se suman las divergencias que se han desarrollado por lo que muchos de los firmantes consideran un manejo antidemocrático por parte de la Dirección de las antiguas FARC, hoy la dirección del partido Comunes que, según ellos, monopoliza y controla las relaciones entre los miles de firmantes y los diversos organismos del Estado encargados de la implementación de los planes y políticas de reincorporación y seguridad.

Debido a esas divergencias y a muchas otras contradicciones políticas se están presentando rompimientos y procesos de reorganización de los firmantes, por fuera del partido Comunes. ANFAP es una de las organizaciones que se ha constituido en ese proceso. César Tamayo preside la Junta Nacional de ANFAP. A continuación, algunos aspectos destacados de la conversación que con él mantuvimos.

¿Cuándo y por qué nace la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz – ANFAP?
Nos conformamos legalmente a inicios de este año, por unos inconformismos con la conducción que la dirección de Comunes hace del proceso; pero no somos la única organización que ha surgido. Somos quince organizaciones diferentes al partido Comunes; cuya dirección se considera dueña del Acuerdo. Y eso no es así. Nosotros tenemos muchas diferencias y como firmantes reclamamos nuestros derechos. Nosotros sentimos que se ha traicionado la revolución por el actuar, como lo vienen practicando ellos.

No estamos de acuerdo que ellos piensen igual que la derecha; son rosqueros, son sectarios, son burocráticos. Hoy en el partido Comunes no se puede criticar a nadie porque inmediatamente lo amenazan con expulsarlo. A nosotros nos tratan de divisores, de infiltrados; como si fuéramos enemigos, cuando venimos de un Acuerdo que fue firmado por hombres y mujeres de las FARC.

Dígame un aspecto concreto en el que se hayan expresado esas contradicciones.
En materia de seguridad la dirección de Comunes se apropió de lo que nos corresponde a todos. Ellos dan las garantías de seguridad a sus amigos, a sus familiares, a los que ellos creen. Porque ellos controlan esos planes en unión con ciertas instancias de gobierno, pues tienen una representatividad como partido. No se habla de representatividad de firmantes sino del partido Comunes. Pienso que esto quedó mal enfocado. Se debió haber acordado que la representatividad sería del partido que naciera de la negociación y de las organizaciones que pudieran nacer, a las cuales el gobierno debería reconocer. Pero quedó cerrado, se dice solo que es el partido. Entonces, en el partido se viene practicando, por ejemplo, las bolsas de empleo. Hijos, hijas, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, la mujer, el marido cuando son mujeres protegidas. Eso lo hemos documentado.

¿Qué opción queda a quienes no se sientan cobijados por el partido Comunes?
Nosotros no podemos estar en un partido que traiciona los principios de la lucha revolucionaria; que era la unidad, que era la fraternidad. Hoy no se ve. Eso hizo que tuviéramos que tomar unas determinaciones y comenzar a buscar espacios propios en todos los aspectos. La mayoría de los firmantes estamos en las quince organizaciones, pero el gobierno no nos da el mismo trato que se le da al partido. No solo respecto a seguridad, también en otros temas que están en cinco puntos del Acuerdo.

Nosotros, como Asociación, somos 317 firmantes y aspiramos crecer. Tenemos un plan de trabajo para el primer semestre del 2023 y crecer en 10 departamentos. Hoy estamos en cinco.

¿En su caso, debido a estas discrepancias, su seguridad se ha visto reducida?
Yo pertenezco a ETCR Pondores en La Guajira, en Fonseca. El 6 de enero de este año, estando allí, la Mesa Técnica de la Subdirección Especializada de la UNP, en la cual Comunes tiene un papel decisivo (5 de 10 integrantes), desmontó mi esquema de seguridad.

Salí con el acompañamiento de Naciones Unidas. Desde ese momento me he mantenido por fuera de mi territorio, porque no tengo garantías para regresar a mi territorio. Allá tengo mi mujer e hijo. Pero no tengo seguridad. Hay un compañero que se moviliza conmigo, logrado a través de una tutela. La tutela ordenó implementar un esquema de seguridad completo. Los cinco componentes del partido Comunes dijeron: –No, no necesita el esquema completo; denle un escolta a pie. Me tocó recibirlo; a cambio de no tener nada es mejor que el compañero ande conmigo. Un compañero firmante también. Una de las cosas que el acuerdo dice es que los y las escoltas deben ser firmantes del Acuerdo; no la familia de los ex comandantes, del Secretariado, como está sucediendo.

Esa es una controversia que tenemos nosotros. Esa situación la hemos presentado ante la Oficina de Implementación del Acuerdo, ante la Defensoría del Pueblo, ante Naciones Unidas, ante la Cruz Roja Internacional, ante los países garantes, al despacho del Sr. Presidente, al Alto Comisionado, al Ministerio del Interior. Hasta ahora no ha sido posible que se modifique.

En la Junta Nacional de ANFAP tenemos seis compañeros amenazados, con atentados encima. El último fue hace como dos meses, aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, al secretario general Daimer Quintero, a quien le hicieron un atentado. No se han tomado las medidas correspondientes para salvaguardar la vida y la integridad de quienes hoy estamos defendiendo el Acuerdo de Paz en su integralidad.

Por lo que comprendo, la Dirección de Comunes, que controla en gran medida la implementación del Acuerdo de Paz, no tramita democráticamente la participación y las opiniones de la totalidad de firmantes. ¿Es esa la contradicción que se fue gestando durante varios años que llevó a la conformación de esas 15 organizaciones de firmantes con divergencias con la dirección del Acuerdo, con la dirección del partido Comunes?
El fraccionamiento de las FARC venía internamente antes del Acuerdo de Paz; pero no era notorio. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba en un accionar en el cual había una disciplina militar; las diferencias no eran tan visible. Se hacen visible a partir del Acuerdo. Como ejemplo, cuando se da la captura de Jesús Santrich, que era del Bloque Caribe, del cual yo también hago parte, miembros del partido fueron los primeros críticos. Primero cuando cae a la cárcel, luego cuando sale, luego cuando él se va. Los primeros críticos se evidenciaron desde la Dirección, desde el representante legal de Comunes, señor Timochenko. Similar cuando Iván Márquez se retira del Acuerdo. Parecían uribistas, criticando y diciendo y bueno… y hasta pidiéndole a la fuerza pública que… que los asesinara.

Digamos que había dos estrategias de manejo del Acuerdo…

Sí. Porque es que cuando el camarada Jesús Santrich hace la propuesta en La Habana de continuar el Acuerdo de Paz, pero manteniendo las armas como garantía de que se cumpliera el Acuerdo. Ahí se vino una controversia interna que los del otro extremo, que denominamos nosotros, ellos estaban de acuerdo en que se entregaran las armas primero y después se firmara el Acuerdo. De hecho, ganaron ellos.

Jesús Santrich decía: –El tiempo nos dará la razón. Y nos la está dando. ¿Por qué? Lo que se presentía era que el asesinato de firmantes no iba a ser poquitos. Y una de las garantías que podían tener los firmantes era conservando las armas para defenderse. Pero bueno, esa es la historia y esa es la realidad y eso es lo que pasó y lo que está pasando. Hay compañeros que han pedido protección y a los quince, 20 días, al mes, dos meses, tres meses, los matan. Y quedan los famosos estudios de seguridad que demoran hasta seis meses para salir.

¿Usted cree que hay una estrategia centralizada de asesinato de los firmantes del Acuerdo de paz? ¿Centralizada por quién o por qué instancias? ¿Qué determina ese proceso? Si se puede intentar…
Lo que hay es un incumplimiento del Acuerdo, en materia de seguridad en primer lugar. La lentitud que maneja la Mesa Técnica, también la rosca, impide que las medidas de seguridad se implementen inmediatamente. Hay casos de emergencia, pero la Mesa Técnica dice: –No, no le den esto, denle aquello. Y mientras se aprueba eso y se implementa pasan hasta seis meses. En ese periodo aparece muerto quien necesitaba esas medidas de seguridad.

En materia de seguridad el incumplimiento es evidente. Yo pienso, puede ser que esté equivocado, que esa “diferencia” que tenemos con la Dirección de Comunes nos puede estar afectando. Puede ser que haya grupos disidentes que estén interesados en que pase todo esto para presionar que quienes nos sentimos desprotegidos tiremos hacia las disidencias.

Algunas informaciones, análisis o comentarios relacionan casos de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados por otras organizaciones, como el ELN o el denominado Estado Mayor Conjunto ¿Usted qué cree? ¿Eso existe?
Eso es muy complejo, todavía no hemos podido saber. Dentro del Acuerdo se creó la Unidad Especial de la Fiscalía, para investigar todos los casos que se pudiesen presentar. Vamos en 378 firmantes asesinados. Yo no conozco un informe que diga quiénes son los responsables de las muertes de estos compañeros. Casi a diario hay amenazas, casi a diario hay desplazamientos. Amenazas llegan de un lado, amenazas llegan del otro, amenazas llegan aquí, muertos por aquí. Amenazas y desplazamiento. Nosotros no sabemos quiénes lo hacen, quien es realmente. Debe ser el Estado, el gobierno, las Fuerzas de Seguridad las que encuentren a los responsables y lo digan. No puede ser que seamos nosotros quienes nos pongamos a averiguar quién nos está matando.

Esas otras 14 organizaciones de firmantes que se han conformado, ¿qué perfil tienen, cómo se ubican, qué relaciones tienen con ANFAP?

Entre las 15 organizaciones agrupamos aproximadamente 9.000 firmantes. Somos mayoría sobre el total de 14.024 integrados al Acuerdo al momento de su firma. El 15 de marzo tuvimos una reunión con el gobierno, la Mesa Técnica. Como somos mayoría debe de revisarse el Decreto 299 que fue el que reguló el Acuerdo y sus Decretos reglamentarios. Eso es lo que hemos dicho al gobierno. Y tendría que entrar a renegociarse el Acuerdo. Esto fue lo que el presidente planteó, en base de las denuncias que hemos hecho. No es posible que hoy la minoría (agrupada en el partido Comunes) represente a la mayoría. Se tiene que abrir el espacio para que nosotros también seamos tenidos en cuenta por el gobierno dentro del Acuerdo de Paz.

Las 15 organizaciones somos expresiones diferenciales dentro del Acuerdo de Paz. Así nos reconocemos y nos comienza a reconocer el mismo gobierno del presidente Petro. Somos diferenciales al partido Comunes, porque no estamos de acuerdo con el partido Comunes, con lo que viene haciendo.

Percibo es que usted reivindica globalmente el Acuerdo y exige su cumplimiento.
Totalmente.

Eso significa que la decisión de una franja de las FARC de retornar, de retomar la lucha armada, ¿ustedes no la comparten?
No es que no la compartamos; sino que hay que respetar la determinación de cada uno. Muchos estamos comprometidos con el Acuerdo, pero preocupados. Comprometidos en darle cumplimiento, pero preocupados si no se nos dan las garantías. Si no se nos dan las garantías imagínese usted qué podría pasar.

Aquí hay unos temas que yo se los he manifestado al gobierno. Cuando usted entra en desesperación, que es su vida la que está de por medio, usted tiene que tomar la mejor determinación que le favorezca para proteger su vida. En últimas, muchos prefieren estar armados, defendiéndose, que estar en una vulnerabilidad total donde el enemigo llega y los asesina. Entonces, eso… como dijo por ahí alguien, para el buen entendedor… Eso lo estamos analizando. Y todos los días analizamos la situación, el comportamiento del cumplimiento, si el gobierno está comprometido.

Hemos pensado nosotros, desde nuestra organización que vamos a dar este año a ver qué es lo que el país, el presidente o el gobierno están pensando en materia de seguridad y de garantías. Se habla de algo que ellos denominan la famosa paz total. Nosotros decimos: ¿Pero de qué paz total estamos hablando cuando no le ha cumplido el Acuerdo entre las FARC y el gobierno?

Mirado en su conjunto el proceso de las FARC, desde 1964, ¿qué balance haces de todo ese proceso?
En su momento la guerrilla fue como el apoyo inmediato hacia el campesinado colombiano. La formación de las FARC se da por los atropellos que tuvieron campesinos y campesinas en esa época. Es cuando deciden organizarse en grupo armado para defender sus territorios. Y durante mucho tiempo se logró el objetivo de los primeros revolucionarios que estuvieron al frente. Pero, al pasar el tiempo y con el crecimiento del movimiento se van presentando cosas que nadie hubiera querido que se hubieran presentado.

Controlar un número grande de personas no es fácil. Se reconoce además también que se cometieron abusos, diríamos. Y que eso llevó a perder un poco de simpatía de los campesinos y campesinas sobre la revolución.

También hay que reconocer que los tiempos cambiaron y la nueva generación se fue como desdibujando, diría yo. Se desdibujó la estrategia que se tenía para llegar al poder. Cuando comienzan a escalonar los mandos y el crecimiento de la organización es donde se comienzan a presentar los problemas. La gente ha cambiado, ha cambiado la lucha real; la lucha ideológica la han cambiado por lucha económica y poder. Entonces, esas cosas hicieron que en algún momento se saliera como del contexto del objetivo del nacimiento de la revolución de las FARC y de poder pensar en llegar al poder a través de la lucha armada y de las diferentes formas de lucha. Vuelvo y le digo: se terminó cometiendo algunos errores y eso hay que reconocerlo y se ha reconocido en varios espacios.

Pero bueno. Más triste para nosotros que todavía tenemos un poquito de ideología que hoy esté pasando lo que nos está pasando a todos. Que después de que creímos que en un Acuerdo de Paz íbamos a andar todos unidos resultamos más desunidos que antes.

Le doy mi opinión. Yo creo que la estrategia general de las FARC, en ciertos aspectos, en ciertos aspectos, es muy similar o era muy similar a la del ELN, a la del EPL. La estrategia era luchar por la toma del poder vía la lucha armada; iniciando la lucha armada antes que un alzamiento de masas. Esa estrategia general se mostró equivocada.

Sí. Sí.

Las FARC perdieron la ligazón política… yo creo que las FARC tuvo una ligazón política con un sector social decisivo del país: el campesinado. Las FARC fue una organización democrática revolucionaria que reivindicaba la lucha por la toma del poder y la construcción del socialismo. Las FARC se inspiraba… Yo no sé si a ti te dieron cursos. Pero las FARC daban cursos de marxismo leninismo…
Sí.

… y estudiaban las obras de Marx. O sea, las FARC se inspiraba en una concepción de lucha revolucionaria por destruir el capitalismo.
Sí señor…

Por destruir el capitalismo y por construir una sociedad socialista.
Proletaria…

A otro nivel, ustedes presentan unas diferencias no solo de método sino también políticas con el partido Comunes. ¿Cómo se ven en el futuro político del país y su actividad?
En este momento se está construyendo un espacio político que se llama Avanzar. Ese espacio Avanzar está en Pondores, en Fonseca, en La Guajira. Desde allá se está impulsando. Nos estamos preparando para llevar algunas candidaturas en coalición, pero lideradas desde la base de Avanzar para aspirar a algunos concejos, a algunas asambleas, a algunas alcaldías y algunas gobernaciones. El partido Comunes se acaba. Se acaba este último periodo legislativo. Por el Acuerdo su representación en el Parlamento llega solo hasta el 2026. Ahí se acaba por el umbral electoral pues no lo superará. Sacó escasos 85.000 votos en 2018 y sacó solo un poco más de 50.000. En vez de avanzar retrocede.

¿Qué estamos haciendo nosotros? Comenzamos a hacer una pedagogía en este proceso que se viene. No tenemos la capacidad para presentar candidatos. Nos toca ir en coalición mientras nos tomamos otros cuatro años más para ir organizando toda la estructura para poder decir: –Ahora sí nos podemos postular. No son ni siquiera cuatro años. Serían dos años más; que es para el tema de congreso. Entonces no sé, irnos por firmas, por un grupo de minorías. Por no sé, hasta ahora estamos avanzando. La idea es crear un partido, alistarlo para lo que les va a pasar a ellos. Porque eso les va a pasar. Entonces nosotros estamos construyendo con campesinos, con negros, con indígenas, con comunidad en general y con los firmantes, con las familias de los firmantes.

¿Ustedes se afiliaron formalmente a la central sindical Unión de Trabajadores de Colombia – UTC?

Sí. Nosotros somos miembros de la UTC. Ellos nos asesoraron para la creación de ANFAP.

En el Acuerdo estaban incluidos apoyos económicos individuales y para proyectos colectivos para los firmantes. ¿Qué hay en ese terreno? ¿El respaldo económico individual ha concluido?

Sí. Hasta este momento quedó aprobado por el gobierno hasta el 31 de diciembre, nuevamente. Iba por 24 meses apenas, pero se ha mantenido en el tiempo. Ahora está aprobado hasta el 31 de diciembre. Equivale al 90% de un salario mínimo. Para los proyectos productivos 8 millones por una vez para el proyecto.

¿Qué proyecto tienen en Pondores?
Nosotros tenemos un proyecto de palma aceitera. Ya está comenzando a dar los primeros frutos. Eso para nosotros es una garantía. Hay mucha gente que no supo utilizar el proyecto. Pensó que varias veces le iban a dar. Resulta que esto es una sola vez y el que lo aprovechó lo aprovechó y el que no se jodió.

Hay en el Acuerdo otro elemento, la Cooperativa Ecomun que, hasta donde se conoce, recibió sumas grandes…
Esto estuvo ligado a la cooperación internacional, que estuvo manejada por el partido Comunes, hasta hace dos meses cuando un grupo de firmantes, mayoritariamente, se la arrebató al partido Comunes. Esa organización hoy hace parte de las quince organizaciones que no estamos de acuerdo con el partido Comunes.

Complicado todo el proceso, ¿no?
Muy complicado.

20 de mayo de 2023

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Ni Petro es Alfonso López,
ni estamos en el siglo XX

El discurso de Gustavo Petro el 1º de Mayo en la “Plaza de Armas” en la Casa de Nariño, ante los trabajadores que desfilaron con consignas del llamado cambio que han generado una serie de juegos discursivos, cuya valoración desarrolla tanto la burguesía como la calle que lo acompaña en su expresión sindical y popular.

El mencionar la palabra “revolución” en medio de un gobierno que se ha apoyado en las instituciones burguesas, es un arma de doble filo y sentido, pues explícitamente las revoluciones no son para cambiar “algunas cosas y dejar otras”, cuando lo que pretende Petro y el Pacto Histórico es conservar el capitalismo. La realidad es que se trata de usar la movilización obrera y popular para negociar con la burguesía las reformas o ajustes a las leyes burguesas, que de ninguna manera alteran los mecanismos de explotación y los planes de ganancias que agravan la miseria en los trabajadores y la población más pobre.

¿La movilización social al servicio de quién?

El efecto del estallido social de 2021 no es propiedad de Petro, menos cuando fue uno de los principales bomberos para apaciguar el movimiento y transformar esa energía en votos útiles para una estrategia parlamentaria y de coyuntura de gobierno, que no alteró las instituciones fundamentales de la burguesía. Los objetivos del Pacto Histórico están muy lejos de una revolución que sacuda la propiedad capitalista. La lucha que desde los sectores populares se desarrolló contra las políticas de Duque, si bien no llevaban a derrocar el gobierno o acabar el capitalismo, de contar con una dirección revolucionaria su conciencia se habría remontado a nuevos objetivos contra el capital. Por ello el programa obrero lo deben tomar en sus manos los trabajadores por una revolución socialista. Pero no existe aún esa dirección o partido para romper con el capitalismo. Esta debilidad política la capitalizan las direcciones del movimiento de masas, que le temen más a una revolución socialista que a la burguesía con la que se subordina y alía. Por ello, Petro desarrolla su discurso contra la dirección del Partido Liberal que, sin duda, ha optado por defender los negocios y ganancias del capital, insiste en confiar en una fracción tránsfuga y corrupta de parlamentarios que mantiene el robo de los recursos que dispone el Estado.

Arrebatarle a la burguesía conquistas y derechos, es tarea de los revolucionarios en el marco de la lucha de clases, pero esto para nosotros es en la ruta para que las masas rompan con la burguesía y dejen de confiar en sus instituciones con el fin de desarrollar democráticamente, en medio de la movilización, organismos de gobierno propio que no rindan cuentas a los capitalistas y sus partidos. Por otro lado, lo que pretende Petro, es devolver a la rueda de la historia cuando millones de campesinos se volcaron a las urnas confiando en los liberales las reformas para dar tierra y garantizar derechos laborales, tal y como pasó en los años 30 del siglo XX. Es cierto que los conservadores son históricamente el nefasto poder que utilizó la iglesia y el fanatismo anticomunista para alentar la violencia que solo dejó camposantos, pero la burguesía ha consolidado la capacidad de mimetizarse en formas de gobierno a lo largo de la historia, que le permite alternar los poderes de los más poderosos, pero siempre en consonancia con el dominio de los capitales imperialistas.

El capitalismo ya no admite reformas

La Constitución de 1991 es expresión de los cambios que necesitaba la burguesía para recomponerse en el curso de sus crisis estructurales, como las privatizaciones y la flexibilización laboral que hoy campean en el mundo. Las mismas que hoy Petro pretende revertir negociando, cuando lo perdido fue a sangre y fuego, con efectos de despojo de tierras y arrinconando en la miseria a millones de colombianos.

La expresión movilizada de la población hoy es coartada por el Estado, por el ejército y los paramilitares; por grupos que han caído en la guerra de aparatos y por territorios. Es limitada también por una democracia burguesa que es solo dictadura de los capitalistas, donde la riqueza es meramente para una minoría. La movilización autoorganizada de los trabajadores ha sido reprimida y perseguida en cada empresa y pueblo, la lista de masacres y asesinatos solo emula al fascismo hitleriano. Derrotar este modelo de régimen no se hará con reformas y menos con la convivencia entre explotados y explotadores.

Precisamente los llamados a la movilización son la carta de negociación con la cual el gobierno pretende disponer de una correlación de fuerza, que hasta ahora no se ha visto en la calle, una débil movilización del 1 de mayo es comparativa a las anteriores desarrolladas este año en busca de apoyo de las reformas del gobierno. No más de cien mil marchantes en todo el país, agitando el cambio por medio del parlamento, expresa un bajo nivel de convencimiento de lo que pretende el gobierno, aunque la facción reaccionaria del uribismo que se moviliza no muestre aun superar esta medición de fuerzas.

Los trabajadores tienen derecho a movilizarse y exigir soluciones

Lo real para los trabajadores es la exigencia de cambios en las condiciones de los míseros salarios y empleo, de real acceso a la tierra, de respeto a las demandas indígenas y de las comunidades negras, terminar con la impunidad y los asesinatos de líderes, freno al feminicidio y un proceso democrático dentro de las organizaciones obreras y populares. Todo esto con el fin de que no se institucionalice e instrumentalice por la burguesía sus demandas y se le amarre al voto útil, de apoyo a más alianzas con los mismos que nos explotan. Petro llama a confiar en uno de los parlamentos más corruptos y chupasangre de la historia, ningún sector de la burguesía merece ni consideración para llamar a la calma y limitarnos a la protesta “pacífica”. Es un derecho de las organizaciones definir sus objetivos revolucionarios, los métodos y alcance de la lucha y no a la medida de un presidente que deja en las cárceles a los luchadores de la Primera Línea.

La burguesía ya entendió la balconazo de 1 de mayo, y lo utilizará a sus propósitos reaccionarios. Azuzando a la pequeña burguesía para embestir a la muestra de nuevos aflojes. Sabemos que representar el estado burgués es someterse a sus reglas e instituciones, pero estas son violentas y represivas, por tanto, es impensable que se llame a confiar en este podrido Estado. Tampoco el Pacto Histórico es el “glorioso Partido Liberal” de la vía reformista a inicios del siglo XX, cuando la burguesía intentaba desarrollar un mercado interno y la competencia era no monopólica. Hoy las exigencia de estatizar la salud, que es revertir la ofensiva capitalista desde 1990, exige una huelga general de los trabajadores para conmocionar los cimientos de la economía, solo así se puede romper toda ilusión de sectores de masas en el capitalismo y de que a los capitalistas se les convencerá pacíficamente, que asustándolos con revoluciones dejan de ser explotadores y que así reducirán sus ganancias para subir salarios, para gobernar un nuevo país en ruta al desarrollo soñado. Eso solo está en la cabeza de los pequeños burgueses que añoran mejorar el capitalismo, en medio de la mayor crisis económica mundial de la historia.

¿Por un gobierno liberal o un gobierno obrero y popular?

El Partido liberal es un cadáver y no puede Petro revivirlo, es un zombi que vive de la carroña que produce en su explotación de la clase obrera, no hay ideales liberales revolucionarios en un programa que defiende la propiedad privada de los medios de producción, que hunden en la miseria a millones y asesina por ser carne y hueso del orden imperialista. Al fracasar el llamado a la “unidad nacional” con los podridos partidos de la burguesía, cree Petro que, dando aire a los tránsfugas del parlamento, salvará a su gobierno de los ataques que descargará la burguesía, si los trabajadores se atreven a alzar la voz en las fábricas y si la burocracia sindical no logra detener el próximo estallido social.

La “Revolución en Marcha” de Alfonso López Pumarejo, fue un intento por modernizar el país, cuando el mundo se debatía entre guerras y la clase obrera venia de conquistar su primer Estado Revolucionario en la URSS, esa era la motivación de la burguesía para enganchar el impulso revolucionario de aquella época tras el “Estado de Bienestar”. Hoy, el capitalismo, se debate en su más profunda crisis sistémica, la economía no da para crecer con bienestar humano, la sociedad humana se hunde en la miseria y los horrores de la violencia capitalista, los gobiernos retroceden en los derechos y se imponen más y más regímenes autoritarios y soportados en ejércitos al servicio de la explotación capitalista.

El pasado ha quedado sepultado en una degradante sombra de muerte y putrefacción, lanzar alabanzas de ese pasado es anacrónico y solo esconde una ignorancia supina de las consecuencias de esperar un florecimiento del capitalismo.

Las amenazas del capital contra el gobierno Petro

Petro sabe que la burguesía arremeterá por todos los medios si se sale del rol pacificador, por ello se emula en las figuras en Bolívar, López y Gaitán, esperando condescendencia del imperialismo y los partidos que han dominado por 200 años. Cree Petro tener blindada la espalda en un régimen que acecha día y noche, su círculo de violencia es un medio para alimentar a la bestia que se sirve de ella, los asesinatos y masacres. Al fascismo no se le aplaca con discursos.

 O se dan los pasos para que los trabajadores se organicen y se expresen democráticamente, sacudiendo el estiércol burocrático de las centrales y sus métodos de bloquear las bases, pasarles por encima y desconocerlas. Las y los trabajadores deben avanzar a romper con la burguesía y autoconstituirse en alternativa política, avanzar a sus propias organizaciones democráticas y establecer estructuras de gobierno que disputen a la burguesía en todos los órdenes: sociales, económicos, políticos y militares. Por ello ningún gobierno de colaboración de clases permitirá estos desarrollos, sobre todo el del control de la producción social. Esto no solo lo oculta Petro, quien está más cerca de la concepción capitalista, que de las necesidades revolucionarias para acabar la explotación capitalista. Por eso su gobierno no puede representar los intereses de los oprimidos y de quienes se les despoja el producto de su trabajo.

Sin duda, los trabajadores nos movilizaremos con independencia del gobierno para recuperar nuestros derechos, en ese camino avanzar a la plena independencia de los partidos que usan la izquierda para promover la pretendida “unidad nacional” o buscar intereses comunes con la burguesía. Podemos hacer unidad de acción con los sectores que vean atacadas las garantías de movilización y derechos democráticos, sin hipotecar la autonomía de las organizaciones sociales, pero sobre todo para derrotar a los capitalistas más reaccionarios en un primer momento, pero ello no puede hipotecar la independencia para avanzar a un programa revolucionario de expropiación a todos los capitalistas. Esa fue la falla de lo sucedido en el pasado, cuando las organizaciones obreras asumieron la conciliación y confianza en el orden burgués, permitiendo a la burguesía arremeter con la llamada “violencia” que empezó con los liberales y arrasó a los trabajadores y campesinos más pobres.

Las similitudes y diferencias en el siglo XX y XXI

La similitud histórica no significa similares rutas de respuesta política. Hace 100 años la hegemonía conservadora desde 1886 que topó con un creciente movimiento social y campesino en el siglo XX; hoy ese movimiento social del siglo XXI choca con el reaccionario uribismo, pero ellos son la expresión de los intereses de toda la burguesía y el imperialismo. El mecanicismo político de concertar acá no funciona para los trabajadores en la actualidad, sí para la burguesía.

Es precisamente la imposibilidad de los capitalistas para ceder en sus ritmos de explotación, pues las ganancias se han reducido al estar bajo el control de los grandes monopolios del capital. Es decir, hacer una reforma o recuperación de derechos implica movilizaciones de todos los trabajadores contra los capitalistas. Esperar negociar en los parlamentos es una utopía reaccionaria que distrae la tarea de organizar la verdadera lucha por construir otra sociedad sin explotadores. A Petro lo acorrala la burguesía, a la que insiste en llegar a acuerdos, pero lo presiona aún más la crisis social sobre la cual no ha podido aminorar ni una sola de las reprobables condiciones que impone esta sociedad degradada y a punto de estallar.

El progresismo en contravía a las necesidades de las masas

Tomar las banderas del liberalismo de mediados de siglo XX, es difícil de creer para un trabajador agobiado por la precariedad laboral y el desempleo galopante. La recuperación de la tierra hoy es una disputa con todo el orden capitalista, pues no cumple ninguna función distinta que servir a las multinacionales y los monopolios que arrancan renta de los agro-negocios, la ganadería extensiva, el narcotráfico y sobre todo de la minería intensiva.

La tierra debe ser puesta bajo el control de un gobierno obrero que planifique con los trabajadores y la población el uso de los recursos en beneficio de toda la sociedad y en adecuado equilibrio para no alterar la naturaleza y destruirla como hace la burguesía. Gaviria, Samper, Santos, Uribe, Lleras, Pastrana y todos sus viejos partidos son la cloaca de un Estado garante de explotación y entrega al imperialismo. Petro eso lo debió advertir antes de llamar a la “Unidad Nacional”. No se trata de que los trabajadores le dejen solo para gobernar, es que no ha roto con los capitalistas para pretender gobernar con los trabajadores y todos los empujados a la miseria.

El Partido Liberal no cambia si sale Gaviria de su dirección, su programa y objetivo es mantener el orden capitalista, el interés de las facciones disidentes que se suman a los ministerios, solo son la expresión de la crisis de los partidos de la burguesía, incapaces de recoger el malestar social, manteniendo su línea clientelista y satisfaciendo las disputas de los grandes gamonales que capturan el presupuesto del estado. Es cierto que los grandes capitales presionan para impedir las reformas, así sean pequeñas, pero no pueden los trabajadores revivir las banderas ensangrentadas de los partidos que sumergieron en violencia la historia de Colombia al servicio de la dominación imperialista.

Petro ha sacrificado la postura más radical, la de la ministra Corcho, para abrir otro ciclo de colaboración de clases, con el propósito de asegurar migajas en la reforma a la salud. La explosión social fue contra la antidemocracia de un régimen reaccionario y elitista, contra la corrupción y la impunidad, contra el despojo de tierra y de trabajo; si Petro no es capaz de reconocer las fuerzas de los explotados, no tiene por qué llamar a confiar en un Congreso de mayorías responsables de la miseria y la violencia que azota ciudades y campos.

Los cambios deben comenzar en las organizaciones sindicales y obreras

Se realizará este 26 de mayo las elecciones para definir nuevo ejecutivo de la CUT y Fecode, las subdirectivas regionales, delegados para los respectivos congresos. El ejecutivo de la CUT y Fecode, todo lo han proporcionado a sus intereses de reelección y rotación, sin permitir el “cambio” de dirigentes, impidiendo que las bases se postulen para derrotar la nefasta política de “concertación” y entrega de derechos de los últimos 30 años. Por ello hemos postulado a Ima Yurley, Presidente de ASDEM (asociación de Educadores de Medellín), con otros compañeros que confirman una tradición y un programa consecuente para exigir un cambio en el rumbo de nuestras organizaciones sindicales, que ponga la movilización y la organización de las bases como método para recuperar los sindicatos para la lucha y no para promover la colaboración de clases y apoyar programas ajenos a la lucha por un gobierno de los trabajadores.

Juan López
5 de mayo de 2023

———-El gobierno de Petro

¿El cambio son las reformas?

Tras siete meses de posesionado el gobierno de Petro y del Pacto Histórico está en pleno ejercicio. Poco sirve ahora usar el retrovisor para cargar responsabilidades sobre los gobiernos anteriores. Lo que está en juego es si, ante las necesidades agobiantes y problemas profundos que afectan a millones, el gobierno desarrolla las acciones necesarias para lograr “el cambio” anhelado y prometido.

El presidente del Senado, Roy Barreras, importante dirigente del Pacto Histórico, ha repetido una y otra vez que el cambio son las reformas. Entre la multitud de proyectos ley en trámite en la actual legislatura, luego de la reforma tributaria del semestre anterior, el gobierno centra sus esfuerzos en la reforma a la salud, laboral, pensional y en los proyectos relacionados con la política de “paz total”.

Entre las expectativas, las dudas y los interrogantes

Los millones de trabajadores, campesinos pobres, población indígena y afrodescendiente, jóvenes estudiantes y desempleados que votaron por Petro, sumergidos en su vida cotidiana repleta de dificultades, con un aumento desmesurado del costo de la vida, con tarifas de servicios públicos que no paran de subir, sin conseguir un trabajo estable con remuneración suficiente, continúan a la expectativa sobre el cambio que traerán las reformas, pero no se sienten partícipes y actores directos de las mismas. Las ven como un asunto que definirá el Congreso, a través de los pactos, acuerdos, modificaciones y votaciones.

Entre centenares o escasos miles de luchadores revolucionarios (en organizaciones de distinto tipo, con reducida coordinación o unidad entre ellas) cunden las dudas e interrogantes. Esas dudas también existen entre muchos miembros de base del Pacto Histórico. La mayoría de esas organizaciones, en lo electoral, llamaron a votar por Petro; sin respaldar la totalidad o puntos de su programa. A medida en que el gobierno precisa los proyectos de ley, con el tira y afloje con los partidos que lo respaldan y la confrontación a algunas iniciativas de los de oposición y de gremios patronales, se comienza a tener claridad de la escasa profundidad que, al final del proceso, tendrán las tan publicitadas reformas o sea, que tan superficial será el cambio.

El pánico a quedar suspendido en el aire

El proceso político y social de los años anteriores, que aprovechó Gustavo Petro para ganar la presidencia, no alcanzó a ser una verdadera revolución; no barrió ninguna de las instituciones fundamentales del régimen político. El Pacto Histórico, a través de las direcciones mayoritarias en el movimiento de masas, y el mismo Petro frenaron los procesos de movilización, organización y lucha que se estaban desarrollando, los desviaron y condujeron al callejón sin salida del cual el gobierno de Petro y su plan de reformas es expresión.

Se ganó la presidencia pero no se conquistó una mayoría parlamentaria. A riesgo de convertirse en un gobierno suspendido en el aire, con pánico ante ello, con una mayoría parlamentaria que le podía ser adversa, Petro optó por profundizar los acuerdos y pactos que traía desde antes con fracciones burguesas que contribuyeron a su triunfo. Avanzó de los acuerdos con el santismo y el samperismo a los acuerdos con el partido Liberal de César Gaviria y con el partido Conservador y presentó ante las masas ese pacto de gobernabilidad como gran logro. En realidad, comenzaba a estar atado de pies y manos. Esas circunstancias definieron su primer gabinete.

El proyecto de reforma a la salud y la crisis ministerial

En la reforma tributaria, tramitada después de la toma de posesión de Petro, hubo conciliación y acuerdos a granel. De entrada, Petro se bajó de la propuesta de 50 billones de pesos para grandes planes de asistencia social. La propuesta de elevar impuestos en forma significativa a los grandes industriales, banqueros y terratenientes terminó en menos de la mitad, en 20 billones. En forma directa o indirecta esos 20 billones terminarán siendo pagados por los millones de asalariados. En esta “primera prueba” la burguesía se acomodó, algunos de sus sectores se ajustaron un poco (muy poquito) el cinturón y, mal que bien, ellos y el gobierno sonrieron y se dieron la mano.

El proyecto de reforma a la salud se negoció y tramita hoy en circunstancias distintas. Desde el inicio los sectores burgueses involucrados pelaron los dientes; teniendo como principal vocero al ex ministro de Salud de Santos, ministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria. Las objeciones a la reforma de la ministra Corcho llovieron cual aguacero tropical en época de cambio climático. La tensión que se generó condujo a la crisis ministerial y a la salida de la cabeza de la oposición dentro del propio gobierno.

En seguidilla los partidos Liberal y Conservador (partidos de gobierno) anunciaron reparos sustanciales al proyecto y exigieron modificaciones profundas. Petro dio el brazo a torcer el pasado 13 de marzo, en reunión en Palacio con las direcciones de esos partidos. Las promesas de campaña de eliminar las intermediarias EPS (lo cual no significa como algunos creen que la salud deje de ser un negocio; solo significa eliminar un intermediario parasitario) comenzaron a diluirse. Qué salga al final del debate parlamentario está por verse. Lo que sí se puede asegurar es que el gobierno, ante el pánico de perder la coalición parlamentaria y quedar suspendido en el aire, dio marcha atrás en aspectos que consideraba sustanciales y que en el Congreso se harán nuevos recortes; sin descartar que por vicios de trámite luego la Corte la tumbe, como muchos advierten.

La semana trágica

Como semana trágica para Petro fueron catalogados los días finales de febrero y primera semana de marzo cuando se presentaron las denuncias de la ex esposa de Nicolás Petro (hijo del Presidente) de apropiación por Nicolás de donaciones de dudosa procedencia (¿de narcotraficantes?) en la campaña presidencial; la crisis ministerial; el doblegamiento ante una manifestación campesina en el Caquetá contra la petrolera Emerald Energy de un contingente de más de 70 hombres del ESMAD; la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto por el cual asumió la facultad de regular tarifas de servicios públicos; el inicio del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño con las actuaciones de grupos armados (Clan del Golfo entre otros). A lo anterior, se sumaron los pobres resultados de la segunda ronda de negociaciones con el ELN en México, sobre las cuales el ex presidente Ernesto Samper señaló en un trino el lunes 13 de marzo que: “Mientras el proceso de paz con el ELN no avanza […] la situación humanitaria en los territorios se complica y aumenta el dolor de la población civil.”

Las lánguidas movilizaciones de respaldo

En los siete meses anteriores han sido convocadas tres jornadas de movilización de respaldo al gobierno y sus reformas. Cada una de ellas ha sido más débil que la anterior. La primera, a los 100 días, todavía al calor del triunfo electoral, cuando las reformas aún seguían siendo promesas y declaraciones. La segunda, el pasado 14 de febrero, convocada por el propio presidente, se convirtió en un pulso contra la convocada por la oposición para el día siguiente. Ese pulso lo perdió Petro pues, siendo ambas raquíticas vista la dimensión de los problemas en juego, la de respaldo al gobierno fue mucho menor. La tercera, el pasado 16 de marzo, convocada por las burocracias sindicales que adhieren al Pacto Histórico para respaldar las reformas puede ser calificada de lánguida.

La respuesta a los llamados a movilizaciones de respaldo muestra que, a nivel de masas, no hay un fervor, un sentimiento, una sólida motivación de respaldo al gobierno y a sus proyectos. El pacto de gobernabilidad con los partidos que durante décadas han gobernado, odiados y repudiados por millones, está pasando la factura de cobro a Petro y al Pacto Histórico. Adicional, a nivel de las formas de ejercicio del poder político, tampoco el gobierno Petro expresa una diferenciación profunda y radical. Los viajes internacionales de la denominada Primera Dama, los nombramientos en puestos diplomáticos de políticos de oscura trayectoria, la grave estocada del escándalo generado por su hijo y una innumerable cantidad de hechos muy similares a los de gobiernos anteriores, están pasando una factura de desgaste en la confianza y credibilidad en el gobierno por parte de muchos que tuvieron ilusiones y expectativas en el mismo.

Ante el imperialismo solo reclamos respetuosos

En la relación con el imperialismo, en especial con Estados Unidos, del cual Colombia ha sido siempre parte del patio trasero y todos los gobiernos anteriores lacayos serviles, el “gobierno del cambio” solo presenta reclamos respetuosos. En los planes económicos y sociales cumple a pie juntillas los dictados de la OCDE y del FMI y forcejea, con enorme debilidad, cambios en la política anti-drogas. Su independencia de la potencia del norte va muy poco más allá de los discursos. No ha roto ninguno de los programas de “asesoría” y “colaboración” de las Fuerzas Armadas colombianas con el Pentágono. Por el contrario, ha ofrecido públicamente conformar una fuerza militar conjunta para “cuidar la Amazonía”.

Con el riesgo de perder la “certificación” y los casi 500 millones de dólares anuales que ello significaría por la “ayuda para la lucha anti-drogas” el gobierno de Petro se mueve en un terreno minado, dominado por ese imperialismo, con el cual es incapaz de romper. Eso también genera dudas y profunda desconfianza entre luchadores revolucionarios y sectores de masas; pues perciben a un gobierno que considera al gobierno Biden, el gobierno del mayor enemigo de los pueblos del mundo, como aliado, socio y colaborador.

¿Qué se puede esperar?

Si el cambio son las reformas, hoy es difícil pronosticar qué terminará siendo aprobado de los timoratos proyectos del gobierno. Mucho será recortado y reducido, “peluqueado”; hasta micos se les treparán, como es costumbre en el antro parlamentario. Para el gobierno y partidos burgueses que lo respaldan, gremios y asociaciones patronales, burocracias sindicales, se trata de cambiar algo para que lo esencial continúe igual.

Petro nunca pretendió ni pretende impulsar y dinamizar una movilización social que confronte el andamiaje del régimen político, que conquiste reales y profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. Su plan estratégico fue y es intentar desactivar el volcán del conflicto y luchas social que hizo erupciones espasmódicas en los años anteriores. Ese es el proyecto que vendió, diversas fracciones burguesas lo respaldaron y respaldan y otras lo aceptan sin mayores reparos. Por algo las frecuentes reuniones amigables del mismísimo Petro con el expresidente Uribe.

Lo que aparece claro es que ya la fuerza política del gobierno Petro no radica en la movilización y lucha de la cual se aprovechó para ganar la Presidencia. En términos de fuerza y capacidad de maniobra política el gobierno está parado en una tabla resbaladiza: los acuerdos para mantener su mayoría parlamentaria; sin la cual, el gobierno comenzaría a estar suspendido en el aire.

¿Qué hacer?

Es necesario y urgente un reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias que estén dispuestas a asumir una posición de clara y completa independencia del gobierno, de su plan político, de su programa y estrategia.

Es elemental que en las reformas propuestas por el gobierno hay puntos en los que hay que estar a favor. Algunos de ellos, como en la laboral, serían pequeñas recuperaciones de derechos anteriores (dominicales pagos en forma plena, horario nocturno desde 6:00 pm., por ejemplo). Sin embargo, ello no puede llevar a quienes proclaman posiciones revolucionarias a convertirse en acólitos de un plan de concertación y conciliación, como es el plan del Pacto Histórico.

Acolitar la estrategia de acuerdos parlamentarios del gobierno, simplemente respaldando las reformas propuestas y dejando en manos del gobierno la negociación de las mismas, conduce a envilecer la conciencia del movimiento de masas. Hay que agrupar fuerzas para desarrollar acciones de movilización que exijan y defiendan los derechos y las reivindicaciones; sin depositar ninguna confianza en los trámites y acuerdos parlamentarios.

Hay que tener absoluta claridad de que incluso los puntos pequeños o aspectos favorables que puedan llegar a ser aprobados en las reformas propuestas por el gobierno son producto y resultado de las luchas de años y en nada y para nada producto de la negociación y acuerdos con los grandes empresarios. Ellos, por el contrario, estarán agazapados buscando la menor oportunidad para hacer retroceder las conquistas.

Comité de Unificación
Impulso Socialista – Grupo de Trabajadores Socialistas

Bogotá, 24 de marzo de 2023

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La movilización del 16 de marzo
no consulta las causas de un movimiento social urgido de soluciones

No tenemos expectativas en un parlamento de mayoría corrupta y naturaleza burguesa, de un gobierno que solo cifra sus esfuerzos en la administración de los negocios capitalistas, mientras la crisis económica y social ya cobra nuevos índices de pobreza y los trabajadores son burlados en sus demandas de salario y estabilidad laboral. O cambia la CUT el carácter de apoyo a remiendos de reformas concertadas con los gremios capitalistas, o asume las consecuencias de un fracaso de cambio que solo alentará a una ultraderecha fascista que no descansará en minar todo lo alcanzado por la movilización y los mínimos derechos que se mantienen porque el pueblo no ha sido derrotado en su objetivo de barrer la podredumbre del viejo régimen burgués autoritario y sangriento que le sirve a las multinacionales, terratenientes y banqueros.

El Pacto Histórico y el salvavidas político de la unidad con el viejo régimen

En la campaña electoral para la elección de Petro, el Pacto Histórico ya había empeñado su independencia de las cavernas oportunistas que representaba Roy Barreras y demás pegados de la burguesía, alegando un proyecto por la derrota del uribismo, para asegurar un parlamento que sería la base de los cambios que necesitaba el país.

Incluso el propio Petro le juró a la burguesía que su proyecto sería en la defensa del capitalismo. Por tanto se reunió con los demócratas en EE.UU. y transmitió la seguridad que se alejaba de todo proyecto que cuestionara la inversión extranjera.

Posesionado Petro, entregó los principales cargos a los partidos que han gobernado desde el pasado. El santismo, el samperismo y los partidos burgueses: Liberal, Conservador y la U. Hoy anunciar que el uribismo y las hordas del paramilitarismo levantan cabeza para debilitar el gobierno, no puede ser una sorpresa, pues el propio gobierno de Petro entendió su debilidad para asegurar mayorías en el congreso, prefiere confiar en los viejos partidos y los diferentes poderes sobre los que se sustenta el dominio de la burguesía. El mismo congreso compuesto en su mayoría por el clientelismo y el viejo gamonalismo que depreda el presupuesto nacional, año tras año. Un sistema judicial corrupto y protector de las elites burguesas y sostenedor de la impunidad a las cabezas de masacres y arrase de tierras. Un ejército cuyo mando está cooptado por el Comando Sur de EE.UU. y el Pentágono. Esperar entonces que al ser el comandante de la espada de Bolívar, su autoridad se imponía a un régimen de represión y sumisión al imperialismo. Ni hablar de los entes de control, fichas corruptas que son el brazo del uribismo y el bipartidismo centenario.

Petro en su laberinto

El gobierno Petro es diferente a sus predecesores, pero no se alejó de las bases que le sostienen, o lo atan a los poderes de los banqueros, terratenientes y de las multinacionales. Acorazado el gobierno en las estrategias de concertación y colaboración de clases, sigue desnudando su debilidad y dependencia de la venia de los poderosos. La reforma tributaria terminó trasquilada en un santiamén, aprobando un suspiro para cumplir promesas que hoy parecen agua y sal. Pero lo peor es que se dieron las armas al viejo régimen para atar de manos y pies cualquier intento de regatear una que otra mejora a las condiciones sociales y económicas de la mayoría que se hunde en la miseria y la pobreza. El cuerpo del congreso no se purifica con 20 preclaros del Pacto Histórico. La presentación de las reformas a la salud y las negociaciones a las que se someten la pensional y laboral, le condenan a limitados retoques que solo perfeccionarán el neoliberalismo rampante. No basta quitar el nombre a las EPS, sigue la ley 100 y las IPS que son los negocios privatizados, seguirán succionando recursos cual vampiros.

“No cayó bien para muchos legisladores la advertencia de la ministra Carolina Corcho de retirar la reforma a la salud del Congreso si llegan a quitar tres puntos esenciales del proyecto: que los recursos sean administrados por el Estado a través de la Adres, que se elimine la intermediación financiera de las EPS y que la salud llegue a todos los territorios a través del plan de atención primaria y el plan preventivo y predictivo.” (https://noticias.caracoltv.com/politica/congresistas-ante-advertencia-de-carolina-corcho-no-estamos-para-aplaudirle-todo-a-petro-rg10?utm_source=no)

Lo que no se atreve a decir la ministra Corcho, es que sus líneas rojas no avanzan a cuestionar que este congreso es todo, menos prospecto de reformas que toquen las ganancias capitalistas y el negocio de la salud. En palabras claras: estatizar el sistema de salud. Pues bien entonces Petro debe dejarlo claro y denunciar el ordenamiento que le impide a los trabajadores recuperar los derechos arrebatados con las privatizaciones y el neoliberalismo.

La CUT busca en el parlamento lo que las masas
habían empezado con el paro nacional de 2021

Precisamente todas las exigencias del estallido social habían comenzado a colocar el gobierno de Duque contra las cuerdas, y ya le habían derrotado su reforma a la salud, los dirigentes de la CUT y el CNP se valieron de todos los medios para aislar las luchas y desmovilizar, en aras de una estrategia electoral, llegar a un gobierno que desarrollara el pliego nacional, hoy archivado por el Pacto Histórico. Entramos en la borrachera electoral y las fuerzas que amarraron la movilización, hoy tienen los puestos en los ministerios. Lo que no advirtieron en campaña era que sería un gobierno de cohabitación con el viejo régimen clientelista, corrupto y guardián de las ganancias capitalistas. Hoy nos quieren vender el cuento que concertando con Gaviria, Santos, Samper, Roy Barreras, el oscuro pasado del uribismo será derrotado.

En 2021 veníamos de un largo camino de luchas y movilizaciones desde 2015, y que lo digan los maestros, cuando el Paro de Fecode fue levantado inconsulto con un ridículo acuerdo que no se cumplió por los gobiernos Santos y Duque. Ya los trabajadores tenemos experiencia con la manida concertación y los acuerdos a puerta cerrada. El gobierno debe ya dar un manijazo y dar por cerrado toda colaboración con los partidos de la burguesía. De lo contrario todo se irá en maquillaje social.

Las centrales obreras deben romper con la concertación
y exigir al gobierno decretos de calado para revertir la crisis social

Sin duda se da a entender que con esta burguesía no vamos a llegar muy lejos, y por ello la verdadera movilización se tiene que desarrollar democratizando los sindicatos y cambiando los cuadros de dirección acomodados en el carrusel electoral. Hay que impulsar un Encuentro Nacional Obrero y popular, que retome el pliego de 2021 y lo actualice, para imponer desde las calles una agenda de gobierno que nazca desde las fábricas y puestos de trabajo, desde los campesinos, comunidades negras y resguardos indígenas, desde universidades y barrios. Ese es el único lenguaje que entiende la burguesía y el imperialismo.

Juand López
13 de marzo de 2023

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La limitada reforma a la salud del gobierno
y la oposición que defiende la salud
como negocio

La reforma a la salud ha tenido un gran debate público, no solo porque es uno de los temas más sensibles para la clase trabajadora y sectores populares en Colombia, sino por el papel de los grandes negociados y empresas que se enriquecen a costa de un sistema de salud obsoleto e ineficiente.

La enfermedad de la ley 100

Desde la ley 100, la tercerización de los servicios de salud en manos de empresas intermediarias llamadas Empresas Promotoras de Salud (EPS) ha significado la privatización del sistema de salud, haciendo que paulatinamente se desfinancien los hospitales públicos, al punto de generar la quiebra y desaparición de muchos de ellos en todo el territorio nacional. Un ejemplo significativo en la memoria ha sido el antiguo hospital San Juan de Dios.

Esto ha llevado a la fragmentación del sistema de salud, el cual ha profundizado las brechas de desigualdad, ya que está conformado por un conjunto de instituciones y mercados que a través de los regímenes especiales, régimen contributivo, régimen subsidiado y un sistema de atención mediante la oferta de hospitales públicos para la población no afiliada presta servicios de manera inequitativa. Esto quiere decir que, si bien hay una afiliación masiva a los diferentes regímenes, la cuestión es que esta afiliación se realiza a una EPS privada que administra los recursos del estado para generar ganancias en deterioro de la prestación del derecho a la salud.

Bajo este tipo de modelo de salud, quienes tienen mayor poder adquisitivo y pueden pagar mejores servicios de salud pueden tener el privilegio de no morir y recibir una atención más integral, mientras que la población del régimen subsidiado o no afiliado debe someterse a EPS con pésimos servicios y hospitales públicos desfinanciados. En esto el Plan Obligatorio de Salud (POS) es un mecanismo impuesto por estos negociados de la muerte, que restringen cada vez más los servicios que deben cubrir para salvar vidas y excluyen tratamientos con el objetivo de cobrar un monto más por ellos.

Un dato importante, es que el 50,5% de los y las colombianas, casi 26 millones de personas se encuentran en el régimen subsidiado, es decir el más precario, mientras que el 45,1%, más de 23 millones de personas están en el régimen contributivo[1], un régimen donde están la mayor parte de trabajadores formales e informales que pueden cotizar, sin embargo, los servicios son pésimos. Es tal la crisis del sistema de salud que la mortalidad evitable es un indicador clave: Durante el periodo 1998-2011 se reportaron en Colombia un total de 2’677.170 muertes, 1’427.535 (53%) correspondieron a causas clasificadas como evitables[2].  

La limitada propuesta del gobierno

Ante este trágico panorama que ha dejado la ley 100, se necesita un cambio urgente. Sin embargo, la reciente propuesta radicada en el congreso por parte de la Ministra de salud y seguridad social Carolina Corcho, tiene como principal problema la política de conciliación de clases que promueve el gobierno de Petro, ya que, a pesar de la fuerte propuesta de la ministra para terminar con las EPS y la intermediación, el gobierno se reunió con representantes de las mismas con el objetivo de llegar a un acuerdo que les garantice sus ganancias.

La actual propuesta del gobierno plantea un modelo de salud con base en los determinantes sociales del proceso salud – enfermedad, ya que pretende avanzar en un modelo que aborde las causas sociales de las enfermedades y no reduzca la atención únicamente en el tratamiento de las mismas, por lo cual sería un modelo más preventivo bajo la consigna de un fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud con equipos interdisciplinarios en el territorio nacional. Si bien esto podría ser progresivo, el problema se encuentra en quienes y como se va a ejecutar dicha propuesta si las EPS siguen existiendo y priorizan sus ganancias por encima del derecho a la salud.

La propuesta del gobierno plantea crear un Fondo Único Público de Salud administrado por el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema de Salud) para que los recursos lleguen directamente a los Hospitales o instituciones prestadoras de salud, lo cuales se llamarían CAPS (centros de atención prioritaria en salud), en este caso, las personas ya no pedirían citas en las EPS sino directamente en los CAPS sin cuota moderadora. Esto suena bastante bien, pero ¿Cuál fue la negociación del gobierno con los representantes de las EPS? El acuerdo es que las EPS puedan construir y administrar algunos de estos CAPS, cuestión que mantendría el uso de recursos públicos en manos de privados que tienen como fin maximizar sus ganancias.

Es seguro que con la nueva reforma a la salud el modelo cambiaría y las EPS no serían lo que hoy conocemos, pero no terminaría de resolver el histórico problema de la salud como negocio y no como derecho fundamental. Si bien la reforma plantea que las EPS deben pasar sus afiliados a los CAPS para ser atendidos, ¿Qué pasaría con los afiliados de las EPS que administren y construyan sus propios CAPS? ¿Sería una nueva forma de mantener la intermediación?

Por otro lado, recuperar el sistema de hospitales públicos del país en infraestructura y tecnología implica una inyección muy alta de recursos, extremadamente necesario y urgente. En este caso, el proyecto de reforma propone que las fuentes de financiamiento del nuevo Fondo Único Público de Salud sea a partir de los recursos del Sistema General de Participaciones, los recursos de una partida anual del Presupuesto General de la Nación (PGN), los recursos provenientes del impuesto a la compra de armas, los recursos provenientes de las cotizaciones para la seguridad social en salud correspondientes a salarios de los empleados o trabajadores dependientes, los recursos provenientes de las cotizaciones a la seguridad social en salud de los trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes y rentistas de capital, los recursos provenientes de las cotizaciones de los pensionados y el dos por ciento (2%) del aporte a las Cajas de Compensación Familiar. Como podemos ver, son varias las fuentes de financiación, la cuestión aquí, es que, con base a la reforma tributaria, estas fuentes de financiación estarían respaldadas principalmente por lo que aportan los y las trabajadoras y no sobre el peso de los grandes capitalistas y empresarios, ya que nunca se propuso el impuesto progresivo y permanente a las grandes fortunas y somos les trabajadores quienes sostenemos el sistema tributario y las fuentes de financiación de este nuevo modelo de salud. Cuestión que sigue manteniendo la desigualdad.

Por último, la reforma no dice nada de las garantías laborales de los y las trabajadoras del sector salud quienes tenemos en las instituciones del estado contratos precarizados de prestación de servicios (86%), contratos de planta temporal, contratos por hora labor o contratos de libre remoción y nombramiento, los cuales no son garantía de estabilidad laboral, son sinónimo de multiempleo. Durante la pandemia nos decían héroes, pero nos trataban como descartables. Incluso teniendo en cuenta que la sentencia T – 338 plantea que los contratos de prestación de servicio NO deben darse para trabajos misionales y permanentes como los que se realizan en el sector salud.

Quienes se movilizan contra el gobierno, pero a favor de la salud como negocio

La oposición pro capitalista y empresarial, que incluso en representación de Uribe promovió la ley 100 y la privatización del sistema de salud se moviliza y llama en los medios de comunicación a defender las EPS y el sistema de salud precario. Definitivamente quienes cuestionamos al gobierno por no tomar medidas más profundas a favor del pueblo, debemos rechazar las expresiones políticas y de movilización de esta oposición reaccionaria que va en contra de nuestros derechos. Llamamos a los sectores populares y de trabajadores que ven limitado a este gobierno a no movilizarse con este sector de oposición que busca mantener el pasado, por el contrario, proponemos un camino de lucha con independencia política y de clase.

El sistema de salud que necesita la clase trabajadora y el pueblo

Por más buenas ideas, la política de conciliación de clases del gobierno no va a dar buenos frutos. Es posible que veamos un revolcón del sistema de salud, pero no logre transformar el negocio en derecho, ya que sigue manteniendo los privilegios de los negociados y empresas de la salud que nos han traído a la actual crisis. Es por esto que las y los revolucionarios debemos mantenernos firmes con las exigencias del pueblo colombiano en contra de la ley 100 y por la desaparición de las EPS incluso proponiendo cambios que vayan más allá para solucionar el problema de la salud.

Los y las revolucionarias proponemos para el pueblo colombiano, exigirle a este gobierno:

• Terminar con la ley 100.
• Por un sistema de salud completamente público, gratuito y universal bajo control de trabadores y usuarios.
• Expropiación de los espacios físicos y tecnológicos de las EPS e IPS privadas.
• Fortalecimiento del sistema público de hospitales con altos estándares de calidad técnica, tecnológica y humana.
• Aumento de los servicios de salud a nivel nacional con garantías de acceso a sectores empobrecidos de las ciudades, campesinos, indígenas y afros de los territorios.
• Por un sistema de salud al servicio de la prevención y la cura de la enfermedad. Implementar procesos de Atención Primaria en Salud en todos los territorios del país con total democracia de las comunidades y les trabajadores.
• Por el pase a planta permanente de todos y todas las trabajadoras de la salud que hoy tienen contratos de prestación de servicios, por hora labor, planta temporal y de libre remoción y nombramiento.
• Por el aumento del personal de salud con todas las garantías laborales en todo el territorio nacional, para atender de forma hospitalaria y en salud pública en los territorios. Fortalecimiento de la formación media y técnica en salud, en todas las universidades públicas y el SENA

Lorena Perdomo
Comité de unificación GTS – Impulso Socialista
16 de febrero del 2023

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[1] Datos tomados de: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx

[2] Tomado de: Informe 3. Mortalidad evitable en Colombia https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/3.%20Mortalidad%20evitable.pdf

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La paz total

Forcejeos de difícil pronóstico

Uno de los buques insignia del gobierno de Gustavo Petro, el plan de “paz total”, atraviesa aguas tempestuosas. El ELN señaló la existencia de una crisis, así los voceros gubernamentales la desmientan.

Varios factores confluyen en la crisis. Todo comenzó a medianoche del 31 de diciembre con el trino presidencial anunciando un cese bilateral de fuego con cinco de las principales organizaciones con las que se busca pactar. El trino presidencial violó el protocolo pactado con el ELN en la apertura de las negociaciones en Caracas, semanas antes, donde se estipuló un mecanismo para pronunciamientos acordados y emitidos en forma conjunta y simultánea.

A la vez, en los primeros días del año nuevo se agudizaron los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en Arauca, ocasionando más de 10 muertos. En el departamento del Cauca fue secuestrado por alguna de las fracciones guerrilleras un suboficial del Ejército. Por su parte, voceros de las disidencias de las FARC acusan al gobierno de alianzas con el ELN en Arauca, en contra de ellos. Para rematar, la Fiscalía General de la Nación se ha negado a cumplir una orden de libertad y suspensión de órdenes de captura a más de una decena de integrantes del denominado Clan del Golfo, organización completamente narcotraficante y de índole paramilitar, que intenta ser parte del plan de paz total.

Por razones no claras, casi seguro relacionadas con la crisis, la segunda ronda de negociaciones con el ELN prevista para México a mediados de enero se encuentra aplazada. Entretanto, se desarrolla una reunión de emergencia en Caracas para tratar de capear el temporal. Al servicio de ello, en parte, se realizó la reunión presidencial de Maduro y Petro el 7 de enero; en la cual Petro debe haber solicitado a Maduro que actúe en forma más decidida presionando, en diversas formas, al ELN para zanjar las diferencias y agilizar el proceso.

Petro tiene afán

El trino presidencial de la medianoche del 31 de diciembre expresa no solo el afán de protagonismo de Petro. ¿Qué mejor escenario que el final de año y la toma de posesión del presidente del Brasil para lanzar una noticia de gran resonancia? Petro, un pequeño burgués reformista, formado en las filas del M-19, tiene la concepción de que los grandes episodios políticos se definen por acciones espectaculares y declaraciones grandilocuentes. Por eso aún reivindica el robo de la espada de Bolívar, con la cual –y con el pueblo– el M-19 iba a llegar al poder.

Más allá de lo anterior, el anuncio presidencial –un error que todos sus asesores intentaron disimular– responde a un hecho objetivo. Petro corre contra el tiempo en su plan de paz total. A la vuelta de la esquina está ya el final de su primer año de gobierno, el 7 de agosto, y en octubre se realizarán elecciones intermedias. No cuenta, como Santos, con posibilidad de reelección o de prolongar durante años las negociaciones.

Más importante aún, en medio de la crisis económica mundial; de una inflación nacional desbocada que ya ha devorado el exiguo aumento salarial concertado con las burocracias sindicales y los gremios patronales; comprometido a pagar millonadas por intereses y capital de deuda externa; el gobierno sabe que el margen para medidas que alivien de manera significativa y duradera las angustias de millones que se debaten en el desempleo y aguantan hambre es muy reducido. Lograr rápido un acuerdo de “paz total” le daría un aire que necesita para afianzar el proyecto político que encarna el Pacto Histórico. Por eso pisa el acelerador a fondo, presionando al ELN.

El ELN tiene otro ritmo

Se sabía de tiempo atrás, todos los analistas lo advirtieron, que el ELN “no anda a las carreras”. Tampoco acepta que lo arrastren, como intento hacerlo Santos amarrándolo al acuerdo con las FARC. Apoyado en muchas de las creencias religiosas que lo fortalecieron y lo permearon, cree en la eternidad. Y discutir hasta el último detalle de todo el complejo entramado que hay que negociar antes de que el ELN cese definitivamente su accionar militar puede tardar una eternidad.

Acoplar el ritmo que necesita Petro a las conveniencias del ELN puede generar importantes fricciones. El ELN puede optar por “hacerse el digno” o “ponerse difícil” ante las premuras del gobierno.

Pero hay otro asunto que generó urticaria desde el inicio. El plan de Petro de “paz total” involucra a organizaciones ciento por ciento delincuenciales, narcotraficantes, con accionar paramilitar, que han chocado en distintos momentos con las organizaciones guerrilleras. El ELN ha rechazado en forma reiterada que “los metan en el mismo costal”. Quieren su espacio y protagonismo propio. El enfoque de Petro les reduce ese espacio y ese protagonismo; pues no ha dudado en catalogar al ELN como una organización “multi-crimen”.

Esta valoración del gobierno respecto a qué es el ELN hoy por hoy le sirve para justificar ante franjas de opinión pública su propuesta política. Pero genera un riesgo enorme al propio ELN; que ya ha perdido –igual que las FARC en su momento– mucha de la aureola de organización revolucionaria que décadas atrás llegaron a tener. Salir a la acción política “legal”, a lo cual se supone aspiraría el ELN, cubiertos con una negociación que simultáneamente involucra a asesinos de la peor calaña o narcotraficantes declarados no es la mejor carta de presentación. Petro, tirando gasolina al fuego, ya les anunció que debían optar entre dos caminos: defensores de la memoria de Camilo Torres (el cura guerrillero) o terminar como Pablo Escobar; el más grande narcotraficante en la historia del país. El dilema y las alusiones a uno y otro no deben haber sido del gusto del ELN.

A lo anterior hay que unir el hecho de que el cese bilateral proclamado por Petro el 31 de diciembre y desmentido tres días después por la Dirección del ELN no daba respuesta a un hecho decisivo, más grande que una catedral. Una parte importante de la violencia en diversas zonas del país se genera por los enfrentamientos entre las distintas organizaciones por el control de territorios, rutas, negocios y no por choque con las fuerzas estatales. Mientras esos negocios continúen existiendo como actividades ilegales (cultivo y tráfico de coca, minería ilegal de diverso tipo, contrabando con Venezuela, etc.) habrá lucha violenta por su control. Y el ELN, como se ha probado en Arauca, está dispuesto a defender “lo suyo”.

En el momento actual, pronosticar hacia dónde avanzará la política de “paz total” del gobierno de Petro es casi imposible. Cada sector está calculando sus apuestas, ventajas y desventajas, pérdidas y ganancias. Lo único claro es que el gobierno, en poco tiempo, tendrá que apostar los restos. De no concretar rápidamente una negociación con el ELN (pieza central) puede sufrir un significativo revés.

Luis García A.
Bogotá, 20 de enero de 2023

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Con el gobierno de Petro

¿Habrá “paz total”?

La ambiciosa propuesta de “paz total” se ha convertido en uno de elementos centrales de la política del gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa tiene ahora más importancia que la que tuvo durante su campaña. En torno a ella, en relaciones complejas, el gobierno busca articular y dar cauce a otros aspectos de su programa: la política antidrogas, planes de conservación de la selva y la biodiversidad, la distribución de tierras, la relación con el imperialismo, entre otros.

Petro no dispone de años para esas negociaciones, como sí los tuvo el gobierno Santos. De los resultados que tenga en los próximos meses dependerá mucho su futuro. Los resultados de esta propuesta tendrán enorme influencia en las elecciones de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y asambleas departamentales a finales del 2023; campaña que ya se vislumbra.

Nos referiremos acá a los aspectos centrales de propuesta, sin profundizar en sus relaciones con los otros planes.

De una vez, todos al baile

Los analistas coinciden en que la propuesta de “paz total” es ambiciosa. Petro pretende que la mayoría de las grandes organizaciones ilegales cesen su accionar. Esa actuación ilegal se da por muy variados motivos. Todas ellas generan un gran porcentaje de los hechos violentos que día a día sacuden al país. Más importante aún para el gobierno y los capitalistas es que dificultan o impiden los planes de inversión para grandes negocios en diversas regiones. Si esas organizaciones dejan de actuar la violencia se reducirían a lo “normal” en cualquier país de características similares y la rueda de la explotación capitalista giraría más tranquila y pacíficamente.

Se habla de cerca de 50 organizaciones; algunas regionales, otras con cobertura nacional. Muchas controlan o influyen sobre las administraciones locales, están relacionadas con los cuerpos de Policía y Fuerzas Militares que actúan en sus territorios, realizan actividades conjuntas con ellas o se enfrentan a las mismas si hay desacuerdos, etc. Es decir, constituyen un Estado paralelo, que domina una parte importante de la economía y del territorio. A la vez, en algunos casos, esas organizaciones se enfrentan unas con otras por el control de los respectivos “negocios” y zonas de influencia.

Durante su campaña Petro no dudó en catalogar a esas organizaciones como “multicrimen”. Incluyó en la definición al ELN, a las disidencias de las FARC y a la Segunda Marquetalia, que presentan su accionar como basado en posiciones políticas. Las propuestas de negociación hoy en curso, según las declaraciones del Comisionado de Paz Danilo Rueda, diferencian el carácter de las organizaciones, tomando el factor político en consideración, pero mantiene la estrategia de negociación en paralelo y simultánea.

El ELN tomó pista y la delantera

De lejos, el primer plano en las noticias lo está ganando el ELN. Experta en décadas de negociaciones públicas o secretas con todos los gobiernos, la Dirección política de esa organización había quedado encallada 4 años en La Habana; luego del rompimiento de las negociaciones iniciadas con Juan Manuel Santos –al asumir el gobierno Iván Duque y el ELN llevar a cabo el violento atentado a la Escuela de Cadetes en Bogotá, con más de una veintena de muertos. Entretanto sus estructuras militares se fortalecieron, ocupando espacios y “negocios” dejados por las FARC, combatiendo con las disidencias, la Segunda Marquetalia y otros grupos.

La reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela, el levantamiento de las órdenes de captura a los negociadores que se encontraban en Cuba, el acuerdo de reiniciar los diálogos desde el punto en el que habían quedado con el gobierno Santos (aprovechando todos los complejos preliminares de la negociación), la actitud favorable del imperialismo ante el gobierno de Petro y las políticas que tocan a sus intereses colocaron al ELN a la delantera.

¿Qué tan rápido se logrará un acuerdo? ¿Cuáles serán los elementos centrales del mismo? ¿Aceptará el ELN los criterios fundamentales de justicia transicional aceptada por las FARC y aplicada por la JEP? ¿Tiene la Dirección del ELN el respaldo pleno de sus bases para culminar unificadamente una negociación? ¿Tiene el gobierno de Petro la fuerza política y base social para brindar al ELN más y mejores condiciones que las dadas por Santos a las FARC? Estas y muchas otras preguntas están por responderse.

El ELN queda, en esta apertura, en una encrucijada. Podría “colaborar” con el gobierno de Petro, facilitando la negociación. Eso lo llevaría, rápido, a una desmovilización y entrega/dejación de armas, independiente de los términos que se utilicen. Iniciaría un nuevo (e imprevisible) camino de actuación política legal, respaldando a este o futuros gobiernos del mismo tipo; similar a lo que hoy hace Comunes, el partido surgido de las FARC.

La opción de radicalizar sus exigencias en la mesa de negociación, “poniéndola difícil a Petro” (aunque en términos de programáticos no tenga antagonismo esencial), significaría un desgaste, estancamiento o parálisis del proceso que pondría en riesgo la “paz total”. Sin el cese del accionar del ELN no la habrá. Por el proceso político y experiencias anteriores, el tiempo corre contra el gobierno. El mismo Petro, refiriéndose a la totalidad de su plan, lo afirmó ante los indígenas en Caldono, Cauca, el 12 de octubre: “Estamos perdiendo tiempo, tiempo que yo no tengo, si algo le falta a este gobierno es tiempo, cada segundo es un segundo menos”.

El camino es culebrero

Si con el ELN el asunto es complejo con las otras organizaciones no lo es menos. El gobierno está tramitando en el Congreso ajustes legales para poder re-negociar con el sector de las FARC que rompió luego de suscribir los Acuerdos de La Habana. Al retirarse del proceso, según esos Acuerdos, ellos perdieron todos los beneficios allí contenidos. No será fácil ganar entre millones de colombianos una actitud favorable a que de nuevo se concedan esos o mayores beneficios. Hay que recordar que los Acuerdos de La Habana no contaron –y aún no cuentan– con amplio respaldo entre vastas franjas de la población.

A la vez, en esos proyectos de ley para la “paz total” se tendrán que definir con precisión las condiciones y beneficios para las organizaciones “100% criminales”. La única razón de existir y funcionar de esas estructuras es el control un negocio capitalista ilegal (narcotráfico, minería ilegal) o acciones directamente delictivas (extorsión masiva a comerciantes de una ciudad o región, por ejemplo). Tales beneficios tendrán que ser bastante halagüeños. Entre ellos ya se ha ofrecido la no extradición y derecho al 10% de todo lo obtenido durante su actividad ilegal. La oferta en total debe motivar, por sí misma, la decisión de abandonar esos negocios.

Está probado que el accionar represivo del Estado ha sido bastante ineficaz ante estas organizaciones, que se han expandido en los últimos años. Si bien el actual gobierno tiene la ventaja de no tener ligazón directa con el negocio del narcotráfico, como sí la han tenido en diverso grado los anteriores, tiene otras dificultades. Tiene menos capacidad que otros para incrementar la presión militar. Por ello, con baja presión, los beneficios tendrán que ser muy generosos. Esos beneficios “generosos” pueden generar rechazo y terminar convirtiéndose en un arma política de la oposición burguesa contra el gobierno.

Existe otro factor que puede desgastar muy rápidamente la política de “paz total” así logre algunos éxitos iniciales. Donde hay un lucrativo negocio (así sea ilegal) siempre habrá quién lo desarrolle. El capital es audaz y temerario si las posibles ganancias justifiquen el riesgo. Para tener estabilidad la “paz total” debería que eliminar la ilegalidad que permea una gran parte de la economía colombiana. Si bien es posible avanzar en la legalización/regulación del cultivo y mercado recreativo de la marihuana –como se tramita en el Congreso–  no será tan fácil ni rápido con el gigantesco negocio de la cocaína; así lo planteen y coincidan con amplios sectores de la burguesía imperialista que aceptan ya el fracaso de la denominada guerra contra las drogas y estén buscando otras opciones.

Una posición de clase, independiente del gobierno
y de las organizaciones armadas ilegales

Expresando una posición de clase, independiente del gobierno y de las organizaciones armadas ilegales no sería correcto oponerse o rechazar los intentos de lograr un cese del accionar de las organizaciones armadas ilegales, vía procesos de negociación.

El accionar de esas organizaciones, incluidas las que reivindican un carácter político, ha hecho profundo daño al movimiento obrero, campesino, indígena, afro y popular. Han causado enormes sufrimientos a millones de pobladores pobres de las regiones más deprimidas del país. Los indígenas, las comunidades afro, los campesinos pobres no soportan más desplazamientos, asesinato de sus dirigentes, ocupación de sus territorios para actividades ilícitas. No soportan estar en medio del fuego cruzado entre esas organizaciones. Por eso, es normal que la propuesta de “paz total” gane apoyo y respaldo en diversas regiones. Incluso, a cambio de tener siquiera un respiro en medio del terror, casi seguro estarán dispuestos a asumir una actitud generosa con sus victimarios; sean de organizaciones 100% delincuenciales o que justifiquen su accionar en términos políticos.

Las organizaciones “guerrilleras” actuales (también las desmovilizadas en el pasado) con su método, tácticas y estrategias erradas ayudaron, de hecho, durante décadas, a que la burguesía justificase un régimen político profundamente reaccionario y asesino. El fracaso político de ellas es estruendoso; así aún cuenten con importante capacidad militar. El cese de su accionar armado y su desmovilización –aunque luego su actividad política en la legalidad sea completamente reformista y en acuerdos con sectores burgueses– terminará siendo positivo al movimiento obrero y revolucionario.

Sin embargo, a la vez que no sería correcto oponerse o rechazar tales procesos de negociación, las organizaciones obreras clasistas y revolucionarias tampoco pueden expedir un cheque en blanco, convirtiéndose en comité de aplausos del proceso. Es necesario volver a levantar en alto las consignas de “Ni perdón, ni olvido; juicio y castigo a los culpables; verdad, justicia y reparación”. Las víctimas de las décadas de violencia del país tienen todo el derecho a exigir esos mínimos tanto al Estado (que ha sido el principal victimario del pueblo colombiano) como a las organizaciones que también, directamente, han causado tan profundos daños.

Si las organizaciones que se dicen políticas y revolucionarias (ELN, disidencias de las FARC, II Marquetalia) aceptan como tribunal para juzgar y sancionar sus actos un tribunal burgués, como lo es la JEP, es asunto de ellas. El “juicio revolucionario” a esas organizaciones y el daño que causaron y aún causan al pueblo colombiano no tendrá ese escenario.

Respecto a las organizaciones 100% delincuenciales, solo habría que señalar que día a día la burguesía y sus gobiernos negocian con ellas. A veces usan a una, dándole garantías, contra otra (Cartel de Cali contra Cartel de Medellín, ejemplo histórico bien conocido). Lo único más o menos especial y llamativo de la propuesta de Petro es que intente negociar con todas a la vez. ¿Logrará dar tanto para que abandonen sus negocios? Está por verse. Lo que sí es seguro es que si el negocio continúa otras organizaciones pasarán a controlarlo.

Luis García A.
Bogotá, 16 de octubre de 2022

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A dos meses del gobierno de Petro

Existe la costumbre de tomar las acciones políticas y proyectos definidos en los primeros 100 días de un gobierno como referencia para pronosticar lo que será la totalidad de su mandato.

La razón última de esa costumbre radica en que entre las promesas de la campaña electoral y la formulación de políticas y proyectos concretos, cuando ya se es gobierno, media lo que define el refrán popular: “del dicho al hecho, hay mucho trecho”. Se supone que en esos 100 días hay que “bajar a tierra”, “aterrizar” lo que durante la campaña fueron solo palabras, discursos y promesas; muchas de ellas sin asidero en la realidad o que, en este caso, bajo las formulaciones programáticas del candidato, no pueden ser ejecutadas; a menos que tome medidas anticapitalistas que afecten en su esencia los intereses de empresarios, banqueros y terratenientes, lo cual el gobierno no está dispuesto a hacer.

Alejándonos de esa costumbre, transcurridos escasos 60 días del gobierno del Pacto Histórico, presentaremos (en diversos artículos sobre temas específicos) apreciaciones sobre los actos, proyectos y políticas que comienza a ejecutar el gobierno que permiten, desde nuestro punto de vista, con poco riesgo de error, hacer un pronóstico global sobre lo que será su accionar durante los próximos años; excepto que se llegaran a presentar situaciones muy excepcionales.

El gabinete y los acuerdos parlamentarios

El candidato Petro no contaba con la confianza de ninguna de las grandes fracciones burguesas nacionales. De hecho, su triunfo significó una muy importante derrota política de esas fracciones que terminaron, en segunda vuelta, agrupadas alrededor de un burgués pura sangre, aunque un verdadero charlatán. El triunfo en segunda vuelta, si bien incuestionable, no fue arrollador.

Previo, pero adicional a lo anterior, el Pacto Histórico –si bien logró una importante representación en el Parlamento– no logró las mayorías que esperaba; viéndose obligado a proponer una política de Acuerdo Nacional; para dar viabilidad a algunas de las promesas del presidente. A esa política se acogieron la mayoría de fuerzas burguesas, reacomodándose en medio de su derrota, declarándose partidos de gobierno. Las contraprestaciones a favor de la burguesía, a las que obliga un acuerdo de esas características, son decisivas en el accionar gubernamental en su primera etapa.

Los dos elementos anteriores al combinarse con la concepción programática de las fuerzas del Pacto Histórico de reformar lo posible de reformar en la estructura económica, política y social del país –manteniendo, fortaleciendo y desarrollando la esencia capitalista de la misma– determinaron la conformación de su gabinete.

Un sancocho nacional

El gabinete integra exministros de gobiernos burgueses anteriores (neoliberales y uribistas) de los cuales Petro fue opositor, abiertos defensores de las políticas de esos gobiernos, exmagistrados y anteriores dignatarios de instituciones del régimen (Corte Suprema y Constitucional, Consejo de Estado, etc.). A la vez, no podía ser de otra manera, nuevas figuras provenientes de las filas del propio Pacto Histórico; algunas de ellas que incluso se animan a reivindicar su definición de “comunistas”, como la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que de comunista –como el Partido Comunista Chino– solo mantiene el nombre.

En últimas, la concepción del gabinete representa el “gran sancocho nacional” que siempre preconizó el M-19, donde Petro hunde sus raíces programáticas. Ese “sancocho” es la ilusión de que es posible un acuerdo entre el capital y el trabajo, que es posible construir una sociedad pacífica, tranquila, para “vivir sabroso”; en la cual convivan los explotadores y los explotados, los que generan la plusvalía, en unión fraternal, repleta de amor y cariño con quienes se apropian de ella.

Los próximos años y las profundas contradicciones económicas y sociales que están en curso mostrarán con claridad los estrechos límites de esta concepción y, no lo descartamos, pueden llegar a colocar al gobierno de Gustavo Petro en situaciones críticas.

Hay confianza e ilusiones, pero…

En el momento actual y en el proceso político colombiano, visto el polvorín social cuyas erupciones de meses anteriores a la contienda electoral explican el resultado de la misma, el gabinete conformado por Petro, los acuerdos en el Parlamento y las propuestas y proyectos políticos en curso dan relativa confianza a la gran mayoría de la burguesía nacional y amplias franjas del imperialismo mundial.

Una franja minoritaria de la burguesía, encabezada por el Centro Democrático y orientada por el ex presidente Álvaro Uribe, guarda distancia sin proclamarse oposición radical (solo “oposición constructiva”); postulándose como opción de recambio ante el desgaste lento (pero que consideran probable o seguro) que sufrirá el gobierno. Las marchas del pasado 26 de septiembre muestran a las claras la política de este sector que busca recuperarse y fortalecerse.

Lo que se aprecia entre los millones que respaldaron electoralmente a Petro, también entre muchos que no lo hicieron, es una mezcla de expectativas, un dar espera, un mantener las ilusiones y esperanzas. Ese es un factor muy importante de la realidad actual.

Pero otro, decisivo en lo9s meses próximos, es que hasta ahora –fuera del discurso– poco o nada ha cambiado para los millones que sufren las penurias cotidianas: bajos salarios ante un aumento desbocado del costo de la vida, exorbitantes tarifas de servicios públicos y sólo promesas de que las empresas acepten su rebaja, aumento de precios de la gasolina que repercutirá en mayor aumento de precios de productos básicos, falta de empleo y fallas constantes en la atención de salud.

Será el choque entre esas ilusiones y esperanzas y la dura realidad la que, paulatinamente, irá modificando la actitud y comprensión de millones de trabajadores de lo que significa el gobierno de Petro. A la vez, será la aceptación por parte del gobierno de las condiciones y exigencias de los sectores burgueses nacionales e internacionales la que afianzará la confianza de ellos en que el mismo es la mejor garantía para defender sus intereses, respaldándolo aún más, o la que los llevará a reforzar las filas de la hasta ahora solo “oposición constructiva”.

En este marco, es necesario construir una alternativa de clase, con total independencia política del gobierno, que logre orientar las movilizaciones que se produzcan para exigir que se tomen medidas de emergencia que mejoren las condiciones de la clase trabajadora y los sectores populares. Así como el pueblo se levantó en contra del gobierno de Duque para exigir cambios, hoy esos cambios no pueden estar supeditados a los acuerdos con la burguesía y el imperialismo.

No puede ser la oposición uribista, burguesa y terrateniente la que tome las calles bajo un programa antiobrero y antipopular. Debe ser la clase trabajadora quien use sus métodos de lucha para conquistar derechos y solución inmediata a sus necesidades más imperiosas, haciendo retroceder a los explotadores.

J. Rojas
Bogotá, 5 de octubre de 2022

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Reforma tributaria

Por qué no se deben gravar
las pensiones en Colombia

El gobierno recientemente elegido ha insistido en la necesidad de tramitar una nueva reforma tributaria para recaudar una suma cercana a los 50 billones de pesos y dentro de las propuestas que han incluido para alcanzar esta meta está la de gravar las pensiones que superen los 10 SMLV, así lo han manifestado el asesor del nuevo gobierno electo Ricardo Bonilla, el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el nuevo Director de la DIAN.

La pensión no es un salario, es un reintegro de un aporte que el pensionado realizó durante su vida laboral sumado al aporte del patrono –si estuvo bajo contrato laboral– o de sus propios ingresos en caso de trabajadores independientes. A muchos se les descontó es su momento el impuesto de rete-fuente es decir que como trabajadores activos ya pagaron impuesto sobre su salario.

 Cuando el trabajador cumple los requisitos de ley entra a disfrutar de la pensión de jubilación; es el momento de disfrutar del dinero que ahorro durante muchos años para lograr en su vejez tener una pensión que le garantice una calidad de vida. El gobierno debe garantizar que el reintegro de ese ahorro tanto en los fondos de pensiones públicos como en los privados se realice con el valor ajustado para que no pierda su poder adquisitivo.

La protección constitucional a las pensiones

Las pensiones tienen una protección constitucional (Art. 48): «La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley«.

Posteriormente se adiciona a este articulo el Acto Legislativo No. 1 del 2005 que en tema de pensiones dice:

«El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos«.

Asimismo, en el mismo Acto Legislativo de 2005 dice que “por ningún motivo podrá reducirse el valor de las mesadas reconocidas conforme a derecho, que no podrá establecerse en convenciones colectivas, pactos, ni acto jurídico alguno condiciones pensionales diferentes a las establecidas en el régimen general de pensiones y que el Estado respetara los derechos adquiridos conforme a la Ley.”

Al pensionarse se reducen los ingresos

Cuando termina el ciclo laboral y se reconoce la pensión el ingreso se reduce hasta en un 50% entre lo que se recibía por salario y la mesada por varias causas:

–La pensión que se otorga equivale a un 65 o 70% del salario que se recibía como trabajador activo.

–Se triplica el valor del descuento del aporte para el plan obligatorio de salud pasando del 4% como empleado al 12 % de su mesada.

–Se aporta en caso de las pensiones altas al Fondo de Solidaridad Pensional creado por la Ley 100 de 1993 que tiene como objetivo subsidiar los aportes de los trabajadores que por su nivel de ingresos no puedan realizar los aportes correspondientes.

Con este fondo se financian ciertos sectores de la población que de acuerdo a los criterios del gobierno merecen protección o apoyo especial.

Los pensionados que devengan una mesada superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte (20) contribuyen para el Fondo de Solidaridad Pensional para la subcuenta de subsistencia en un 1%, y los que devenguen más de veinte (20) salarios mínimos contribuirán en un 2% para la misma cuenta.

Las pensiones son exentas de impuesto de renta. A partir del 1 de enero de 1998 están gravadas sólo en la parte del pago mensual que exceda de 1.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), es decir un valor exento mensual para el año 2022 de $38,004.000 (liquidado con el UVT del año 2022 que es de $38,004).

Un atentado contra los pensionados

 La propuesta de Petro rompe el equilibrio de los principios tributarios: equidad, eficiencia y progresividad; todo ciudadano debe contribuir con los gastos e inversiones del Estado en un marco de justicia y equidad (Art. 95 Constitución Política).

En muchas familias la pensión es el único ingreso para subsistir.

Los adultos mayores pensionados se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad y el Estado tiene como deber protegerlos y garantizarles una calidad de vida digna en su vejez.

Sin importar el tope que proponga el gobierno como base gravable las pensiones no se deben gravar. La experiencia nos ha enseñado que en materia de impuestos al abrir la puerta a una nueva tributación esta luego se extiende a nuevos contribuyentes en este caso los pensionados de menor mesada que el tope fijado. Así, ampliando la base lograran que todos los pensionados paguen impuesto sobre su mesada pensional.

No se entiende como el gobierno electo retoma la iniciativa de anteriores gobiernos y pretende incluir las pensiones entre sus fuentes para ampliar sus recaudos fiscales. ¿Acaso no existen otras alternativas que no sea atentar contra un sector de la población que en este país ha sido tratado injusta e inequitativamente por el Estado?

Ya muchos sectores de pensionados se encuentran en estado de alerta como la Confederación de Pensionados de Colombia que radicó una petición al Congreso de la República y envió una carta al presidente electo Gustavo Petro, solicitando se exonere a los pensionados colombianos de cualquier gravamen que se pretenda imponer en la próxima reforma tributaria.

MariDu
Bogotá, 20 de julio de 2022

[Nota: Algunos datos de este artículo fueron tomados de la petición enviada
por la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) al Congreso de la República].

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El problema agrario en Colombia

¿Reforma o revolución?

En entrevista a El País de España, la ministra de Agricultura designada por Petro afirmó que “la reforma agraria de Petro es una revolución”. Solo cuando se conozca el proyecto de ley, sufra en el Congreso las modificaciones negociadas para su aprobación y se sancione se podrá hacer un análisis detallado de los alcances del mismo y su profundidad. Luego vendrá su aplicación. En Colombia, como en muchas partes, una cosa es que se expida una ley y otra bien distinta su aplicación. Más de una vez leyes de grandes alcances en su letra terminan produciendo pocos resultados; por el forcejeo social, jurídico y político en su implementación.

A pesar de lo anterior, hay elementos suficientes para hacer un primer análisis de la política agraria propuesta por Petro. Para ello hay que partir del programa y propuestas presentadas durante la campaña y de las declaraciones de la nueva Ministra.

Carta de garantía

Para comprender mejor el plan del nuevo gobierno frente al trascendental problema de la propiedad, posesión y uso de la tierra en el país, el llamado “problema agrario”, ayuda mucho conocer quien será la ministra de Agricultura.

Cecilia López Montaño fue directora del Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo) en el gobierno de Julio César Turbay; Viceministra de Agricultura de Belisario Betancur; embajadora ante los Países Bajos de Betancur y Virgilio Barco; Directora del ISS bajo César Gaviria; ministra de Agricultura, de Medio Ambiente y Directora de Planeación Nacional de Ernesto Samper; senadora del 2006 a 2010. Después de su intento, fracasado, de ser candidata presidencial de su partido, el Liberal, tuvo un receso de varios años en la actividad política abierta y en el desempeño de cargos públicos. Ahora vuelve al ruedo integrándose al gobierno de Gustavo Petro.

Lo anterior muestra que estamos ante una representante, a toda prueba, de una fracción burguesa que es garantía –para la burguesía y el imperialismo– de que actuará al servicio de los intereses estratégicos de la totalidad de su clase, así defienda los de su propia fracción.

Forcejeos y batallas de décadas

La propiedad de la tierra (obtenida por medios legales o ilegales), la posesión de hecho, el uso y el proceso de expansión de la frontera agrícola han sido un nudo central del violento proceso social, económico y político de Colombia desde su independencia. Las características del actual desarrollo capitalista del país han estado determinadas, en gran medida, por ese proceso; unido a la relación de dependencia semicolonial del imperialismo.

Como referencia no lejana, pero ya casi un siglo atrás, en torno a la propiedad y uso de la tierra giraron las contradicciones inter-burguesas y las batallas del campesinado pobre durante la llamada “Revolución en Marcha” del gobierno de López Pumarejo en las décadas del 30 y 40; la cual de “revolución” no tuvo nada, llegando solo a algunas leves reformas. La época de La Violencia, de 1948 a 1957, que concluyó con el pacto liberal-conservador del Frente Nacional, significó la concentración de la mayoría de las tierras fértiles de los valles interandinos en manos de terratenientes; que luego se transformaron en empresarios agrícolas. Los intentos de reforma agraria del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, para contener el ascenso campesino de finales de los 60 que fue dinamizado por el ejemplo de la revolución cubana, se frustraron con el triunfo (por fraude electoral contra Rojas Pinilla) de Misael Pastrana Borrero quien, posteriormente, con el Pacto de Chicoral, frenó todos los proyectos de distribución de tierras y destruyó el proceso de organización y movilización independiente del campesinado pobre.

El gigantesco ascenso campesino de 1970-71, encabezado por las alas más revolucionarias de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), enarbolando las consignas de “Tierra para el que la trabaja” y “A desalambrar” –donde sí se estuvo al borde de una verdadera revolución agraria (con ocupación de miles de fincas por millares de campesinos pobres)– terminó en una derrota que signa el proceso agrario del país y de las luchas campesinas en las últimas cinco décadas; a pesar de las grandes batallas que se han dado.

Paralelo a las luchas campesinas, muchas veces en simultáneo, se ha desarrollado una batalla de las comunidades indígenas y afrodescendientes, defendiendo el derecho a sus tierras y buscando recuperar las que les fueron arrebatadas en el pasado. Ese proceso, que nunca se logró unir sólidamente a la lucha campesina, se intentó contener con algunas disposiciones favorables a esas comunidades en la Constitución de 1991, pero los reclamos aún tienen plena vigencia y generan batallas constantes.

Un daño irreparable

La derrota del alzamiento campesino de 1970-71 y el reaccionario Acuerdo de Chicoral del gobierno de Misael Pastrana Borrero cerraron la posibilidad de transformaciones democráticas y revolucionarias en el campo, en la posesión y uso de la tierra. Esos acuerdos garantizaron los privilegios del sector latifundista. A sangre y fuego se mantuvo la propiedad y dominio sobre extensas áreas, utilizándolas solo para una explotación de ganadería extensiva, con un nulo o mínima pago de impuestos. El campesinado pobre continúo entonces su tarea de expansión de la frontera agrícola, buscando nuevas tierras en las cuales sobrevivir y de las cuales, en un nuevo ciclo, llegaría a ser despojado en forma violenta.

A partir de la década de los 80 la expansión de la frontera agrícola se realiza, en muchas regiones, integrado al cultivo de coca; el único cultivo rentable para garantizar la sobrevivencia de esas franjas del campesinado. Ese campesinado tendrá que soportar, en las décadas siguientes, la infernal persecución de los distintos gobiernos, fieles vasallos de la política de guerra de los Estados Unidos. A la vez, se vio sometido al control sobre sus territorios de los distintos ejércitos indispensables para garantizar el negocio de la coca, dado el carácter ilegal de los cultivos.

Las guerrillas que se formaron que en la década de 1960 (FARC, ELN, EPL) levantaron inicialmente un programa agrario democrático revolucionario. Pero por ser un programa exclusivamente democrático, por sus métodos alejados del movimiento de masas y la derrota del movimiento campesino, esas guerrillas se convirtieron, a la vuelta de pocos años, en un factor absolutamente adverso a las luchas del campesinado y a su capacidad de organización y movilización independiente.

En las cuatro décadas transcurridas entre 1980 y 2020, con el accionar de los paramilitares, de las bandas de narcotraficantes, de las ahora desmovilizadas FARC, del ELN, del antiguo EPL, se incrementó el desplazamiento del campesinado pobre y el despojo de sus tierras. Se amplió hasta niveles sin precedentes la concentración de la propiedad rural y hoy millones de hectáreas son poseídas por los sectores más reaccionarios de latifundistas, aliados y socios de grandes empresarios con inversiones en la agroindustria, o controladas por los diversos grupos armados relacionados con el narcotráfico.

Para un balance que está por hacerse, se puede afirmar que el accionar guerrillero debilitó, obstaculizó y causó un daño irreparable a la lucha del campesinado por la tierra y se convirtió en un factor que, objetivamente, contribuyó a la situación actual de miseria y hambre en un país repleto de tierras fértiles para la producción de alimentos.

Un obstáculo a remover

La tenencia actual de millones de hectáreas sin títulos sólidos de propiedad dificulta su integración legal al circuito capitalista, a la venta y compra de las mismas, a planes agroindustriales de las multinacionales que necesitan “seguridad jurídica”. Adicional, el uso ineficiente de enormes superficies de tierras fértiles en ganadería extensiva, la ausencia de planes de explotación agrícola con técnicas modernas en muchas otras áreas, la carencia de vías de comunicación que permitan el envío de la producción a los grandes centros de consumo o su exportación y muchos otros factores se han convertido en un cuello de botella para dinamizar el desarrollo capitalista del campo.

En el campo colombiano no existe feudalismo, como afirmó el presidente electo en su campaña. Existen sí unas relaciones capitalistas poco desarrolladas, con obstáculos legales y falta de dinamismo; un desarrollo desigual –con enorme atraso–  que se combina con el desarrollo capitalista de los grandes centros urbanos y otras áreas del país. Esos dos procesos chocan y el atrasado obstaculiza el del desarrollo del otro. A solucionar ese problema, profundizando el desarrollo capitalista del campo le apuesta el programa de Petro.

Los Acuerdos de La Habana

El plan de desarrollo capitalista del campo que se propone el gobierno de Petro ya había formulado, in extenso, por la fracción burguesa dirigida por Juan Manuel Santos al suscribir los Acuerdos de La Habana. El Capítulo I de esos Acuerdos, “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, contiene todos los elementos y estrategias para las reformas de índole capitalista que se propone. En ese plan coinciden diversas fracciones burguesas y la totalidad de componentes del Pacto Histórico; consideran que en la aplicación de esos Acuerdos está la solución al problema agrario, al atraso del sector rural, a la pobreza de las poblaciones de amplias zonas marginales y del campesinado carente de tierras.

Petro señala que se adelantará “la reforma agraria haciendo realidad y potenciando el Fondo de Tierras, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz, con lo que se titularán millones de hectáreas”. La “herramienta estratégica de la reforma agraria” será “el catastro multipropósito” con el cual sedesincentivará “el latifundio improductivo en tierras fértiles a través de impuestos” y se orientará “la distribución equitativa de la tierra” proponiendo “al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales”.[1] En esas formulaciones Petro no avanza un milímetro a lo ya definido en los Acuerdos; su único papel será intentar aplicarlos, lo cual no pasa de ser una reforma cuya profundidad está por verse.

Por una verdadera revolución en el campo

Una verdadera revolución en el campo, que solucione no solo el atraso de su desarrollo sino la miseria de los millones que lo habitan, solo puede darse como parte de una profunda revolución que destruya el actual orden económico, social y político capitalista del país y de los primeros pasos en la construcción de una sociedad socialista.

Entre las medidas inmediatas que deberá adoptar un gobierno obrero y campesino, que represente una revolución de tal tipo, estarán la expropiación sin indemnización de las grandes empresas nacionales o extranjeras –colocándolas bajo el control de los trabajadores–, la nacionalización de la banca y el comercio exterior.

Para el campo, la primera y fundamental medida revolucionaria será expropiar, sin indemnización, a los grandes latifundistas e, igual que para las empresas industriales, colocar bajo el control del proletariado agrícola todas las empresas agroindustriales. Eso permitirá abrir un proceso revolucionario de organización del campesinado pobre; al que se le brindarán todas las posibilidades de explotación individual de parcelas otorgadas gratuitamente por el estado, fomentando e incentivando formas asociativas, brindando crédito barato y asistencia técnica y científica para la mejora de su producción.

Petro es enemigo declarado de una revolución de estas características. Una y mil veces ha afirmado que bajo ninguna circunstancia “atentará” contra la propiedad privada; ni siquiera utilizando la facultad constitucional de expropiar (con indemnización) por motivos de interés general. Llamar revolución a un plan de reformas, como lo hace su ministra, solo busca fomentar ilusiones en millones que necesitan, para una real y duradera solución a sus necesidades, una verdadera revolución. A ella continuaremos llamando por nuestra vocación socialista.

J. Rojas
Bogotá, 20 de julio de 2022

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[1] Ver: Colombia, Potencia mundial de la vida, Programa de gobierno 2022/2026, Gustavo Petro_Francia Márquez, Punto 2.1.1, pág 18.

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El gobierno de Petro

Más capitalismo,
con más asistencialismo social

En el Pacto Histórico están representados Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, el MAIS y la Alianza Democrática Amplia. La vitrina para el “cambio” electoral se anunciaba como la convergencia de fuerzas que se opusieron al gobierno de Iván Duque y por la defensa de los acuerdos de La Habana. En esencia se planteaba una agenda de soluciones sociales y de implementación de la paz (posible negociación con el ELN). Es necesario indicar que se sumaron a encabezar la lista al congreso una serie de sectores advenedizos del ex uribismo, liberales, sectores del partido Verde y de comunidades religiosas.

Ahora, tras el triunfo de Petro a la Presidencia, las definiciones de “cambio” se deben concretar en una serie de decisiones, que se resumen en el llamado “Acuerdo Nacional”, el cual ha recogido, tanto las últimas adhesiones políticas antes del 19 de junio como las que respondieron al llamado “Diálogo Nacional” que impulsa Petro, para conformar unas mayorías en el congreso. Así, como un perfil de gobernabilidad, que inspire “confianza” a los viejos partidos tradicionales,  el empresariado y  las multinacionales.

Los nuevos ministros de “Unidad Nacional”

Sin duda, en el marco de nombramientos, el más sonoro es el de Álvaro Leyva de Relaciones Exteriores, de origen conservador, cargo que será crucial en las relaciones con EE.UU., para asumir una agenda de negociaciones con el ELN y el restablecimiento de relaciones con Venezuela y Cuba. Para el ministerio de Hacienda, Petro colocó a José Antonio Ocampo, “muy bien recibido por diversos sectores, pues la trayectoria de Ocampo es una señal para la economía de mercado y los inversionistas, a la vez que es considerado como un respaldo para el manejo de la agenda progresista de Petro”, según CNN. José Antonio Ocampo, fue ministro del gobierno Samper y ha anunciado los ejes de una nueva reforma tributaria, cuyo objetivo es obtener recursos haciendo equilibrio entre lo que demanda el FMI y la OCDE y responder a los recursos para salud, educación y asistencia social con subsidios a los más pobres.

Los empalmes discordantes

Alfonso Prada, quien fue jefe de debate de Petro en la recta final de la campaña electoral, preside el empalme en el Ministerio de Interior. Prada es un personaje que ejecutó las políticas de privatización del SENA en el gobierno de Santos. En el ministerio de Defensa se confía en el general retirado William Salamanca, quien desde la inspección general del ejército debe sin duda  responder sobre los “falsos positivos”. En Educación se nombró como nuevo ministro a Alejandro Gaviria, cuota de los Verdes, pero del ala burguesa, que debe asegurar las reformas pendientes para cumplir la agenda de la OCDE. En Justicia, Guillermo Reyes, ex vice-ministro de Justicia de Uribe, sin duda será una carta que tranquiliza liberales y conservadores. El ministerio de Minas se asigna a Álvaro Pardo, de las entrañas del sector petrolero, ex director de Minas del gobierno Uribe, para beneplácito de las multinacionales. Cecilia López fue designada ministra de Agricultura. Se destaca con tinte progresista liberal. Saúl Kattan, ex director de la ETB en la alcaldía de Petro, de mala recordación para los trabajadores, asumiría el manejo de las TIC, otro bocado para las multinacionales. Iván Agudelo, liberal, para el ministerio de Ciencia, cargo técnico, pero susceptible de manejo como cuota burocrática. En Deportes, María Isabel Urrutia, que incursiona en la política con las banderas liberales. Catalina Velazco, para Vivienda, intervino en las alcaldías de Garzón y Moreno en Bogotá, referenciada por su esposo Eduardo Noriega, de la periferia de María Emma Mejía, también liberal.

El empalme social: las cuotas del Pacto Histórico

Patricia Ariza, la nueva ministra de Cultura, que hizo parte de la Unión Patriótica y fundó el Teatro La Candelaria, es una especie de premio de consolación para la intelectualidad de izquierda. Susana Muhamad, la nueva ministra de Ambiente, fue funcionaria ambiental en la alcaldía de Petro, cuestionada por intervenciones en los humedales. Carolina Corcho, confirmada como ministra de Salud, ha sido detractora de las EPS y la conocimos en la pandemia por sus críticas opiniones sobre el modelo privado de salud; deberá enfrentar el problema de la tercerización en el sector. Flor Esther Salazar, académica de la Universidad Nacional, para el ministerio de Trabajo, si bien es un nombramiento técnico, es un puesto que reclama la alta dirigencia sindical. En Transporte entra Constanza García, de la administración en la alcaldía Petro en asuntos de movilidad.

Los cambios en la Casa de Nariño: una decoración a gusto de los ricos

Tras la elección de Gustavo Petro como presidente, hay expectativa sobre los cambios que espera la mayoría de colombianos. La realidad es que hay cosas que parecen no van a cambiar, en el terreno de las condiciones que imponen las ganancias de los ricos y quienes poseen el dominio de los recursos del país. Son las garantías que exigen todos los partidos tradicionales, los mismos que se han feriado el país en los últimos cuarenta años, respondiendo al llamado de “Unidad Nacional” que por lo menos a nivel legislativo y ejecutivo, se perfila bajo el mando del Pacto Histórico.

Quienes votaron por el Pacto Histórico en Quibdó, en la Guajira, en los barrios periféricos de Bogotá, por dar un ejemplo, esperan una transformación en la realidad de pobreza y marginalidad que ha predominado, tras una estela de violencia y segregación social y política impuesta históricamente a sangre y fuego. Es cierto que ello no sucederá como un acto de magia, de la noche a la mañana. Pero aún sigue el pueblo expectante de una buena noticia sobre la creación de empleo, la mejora de salarios, la congelación de tarifas de servicios públicos, el cese de asesinatos a líderes sociales, etc. Por ahora, todo el andamiaje de una posible reforma fiscal ha implicado poner de acuerdo a todo el viejo establecimiento, que deberá ceder “un poquito” de sus privilegiadas ganancias si quieren evitar otro estallido social de más profundas consecuencias.

La definición del gabinete de Petro, se parece más a un “tercer periodo de Santos”, donde los partidos políticos se han declarado “independientes” a la espera de una “negociación” de los mandos del congreso, lo que define el reparto del presupuesto nacional, así como una posible cuota de ministerios. La situación en el congreso es de un equilibrio de fuerzas, entre Pacto Histórico, Liberales, Conservadores, Verdes, frente a un “cercado” uribismo, que no logra aun convocar una “oposición” representativa al “consenso político”, que busca el Pacto Histórico, para mantener una sostenibilidad del gasto, que el FMI considere “tolerable” y poder introducir las reformas que mitiguen la profunda desigualdad social dominante, que ha “ilusionado” a los pobres del país. Estos “consensos”, ya tienen una dinámica de aceptación por parte del Partido Liberal, del Partido Verde, de los Conservadores y probablemente de Cambio Radical, que definirá su postura hacia el 20 de julio, cuando se instale el congreso.

Los trabajadores y los pobres debemos estar atentos a como finalizará la configuración del gobierno de Petro, no exenta de contradicciones, pero sobre todo prepararnos para exigir con nuestra movilización la implementación de las medidas de emergencia que atiendan el hambre, el desempleo, la violencia social y el asesinato de líderes sociales, en la perspectiva de retomar las banderas del paro nacional y la lucha por un verdadero gobierno de los de abajo.

JuanD
julio 7 de 2022

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Negociaciones para poder gobernar

¿Cambio o cambalache?

Las celebraciones de la noche del 19, luego de la victoria electoral de Gustavo Petro, terminaron al amanecer del 20. Como dijo el poeta,

“Y con la resaca a cuestas
Vuelve el pobre a su pobreza,
Vuelve el rico a su riqueza
Y el señor cura a sus misas.”

Los ricos, la ultraderecha que unificadamente respaldaron a Rodolfo Hernández volvieron a sus riquezas; a reflexionar cómo asimilar el golpe político que sufrió, golpe de grandes proporciones. Los pobres, los sectores más explotados, desposeídos y oprimidos, que ansían un cambio en sus condiciones de vida, que han luchado por el mismo y por eso votaron por Petro, también muchos por Hernández, volvieron a su pobreza. Volvieron con una gran ilusión, esperanza o confianza en que llegará pronto el cambio. Por ahora, en la existencia diaria, concreta, nada ha cambiado. Continúan en su pobreza. ¡Pero hay esa esperanza! A veces, la esperanza es mucho y, como dice el refrán, es lo último que se pierde.

Como la vida continúa, sin ser agua-fiestas, hay que analizar los nuevos hechos políticos. Hasta ahora, los de la semana posterior al triunfo.

Petro, deseando negociar y obligado a hacerlo, cederá bastante

Petro y el Pacto Histórico destacaron como aspecto esencial de su programa y propuestas de campaña el compromiso de respetar la denominada “institucionalidad”. Un elemento central de esa “institucionalidad” es el poder del Congreso.

Es bien sabido que, a pesar de la gran independencia y capacidad de maniobra que tiene el poder Ejecutivo, en el régimen político colombiano un Presidente con un Congreso adverso tiene enormes dificultades para el desarrollo de sus planes y políticas. Y en las parlamentarias del 13 de marzo, a pesar del avance del Pacto Histórico y fuerzas afines, los partidos de la burguesía, adversos todos ellos a Petro, obtuvieron mayoría.

Petro, desde mucho tiempo atrás, ha tenido como estrategia lograr un gran acuerdo con sectores burgueses. Proclama que es posible solucionar las graves y urgentes necesidades de millones sin afectar los intereses económicos fundamentales de esa burguesía nacional y extranjera: la propiedad privada sobre sus grandes medios de producción, el control de la banca y el comercio exterior, la propiedad sobre la tierra, etc.

En desarrollo de esa política, Petro luchó con denuedo en su campaña por integrar a fuerzas burguesas. Los resultados fueron pocos, aunque significativos: disidencias del liberalismo, alas del Partido de la U representadas en Alfonso Prada, políticos oportunistas como Roy Barreras y Armando Benedetti y unos cuántos más. Ahora la negociación, para lograr mayorías en el Congreso, tiene que ser en grande. Y para negociar en grande, hay que ofrecer bastante. Petro, no está en duda, cederá bastante. O sea, le tocará recortar buena parte de su programa de reformas para ceder a las exigencias de sus nuevos socios en el parlamento.

Las fuerzas burguesas se reacomodan

Los partidos políticos de la burguesía son ante todo herramientas de sus distintas fracciones para mantener el poder político (o cuotas del mismo) y, a través de ese poder, controlar el botín estatal de contratos y jugosos negocios. Esa es la razón última de su enorme capacidad de pactar con el presidente de turno.

El escenario de esas negociaciones ha sido, y continúa siendo, el Congreso. A la vez, dependiendo de los acuerdos logrados, se distribuye la cuota de ministerios y Departamentos Administrativos controlados por el Ejecutivo, es decir, por el presidente.

Ese es el momento actual del gobierno de Petro. La negociación con fracciones burguesas que, reacomodándose a la realidad de su derrota en las presidenciales, esperan no solo “controlar” mejor al gobierno de Petro, sino mantener la mayor parte posible del ponqué burocrático.

Todo indica que Petro logrará, por lo menos en su primer año de gobierno, una mayoría parlamentaria. Ya se han pronunciado, favorables a ser partidos de gobierno o, como mínimo, independientes, el partido Liberal, de la U y el Verde. Continúan las negociaciones con fracciones de Cambio Radical e incluso con sectores del Conservador.

La designación de Roy Barreras por parte del Pacto Histórico como candidato a la Presidencia del Senado (por indicación expresa de Petro, a pesar de las discrepancias internas que suscitó) es una muestra evidente de la disposición a negociar y “peluquiar” las tibias reformas propuestas por Petro en su campaña. Todo el mundo sabe que Roy es lagarto que ha transitado por varios de esos partidos según lo que convenga a sus intereses. Nadie mejor que él para ayudar a repartir el botín que se reparte en la mermelada parlamentaria.

En las semanas próximas, antes del 7 de agosto, en las que se definirá la composición del gabinete ministerial, tendremos más claridad de por dónde va el agua al molino en el gobierno de Petro. Hasta el día de hoy solo ha sido designado Álvaro Leyva Durán para Relaciones Exteriores. Citando de nuevo al poeta, “Vamos bajando la cuesta/ que arriba en mi calle/ se acabó la fiesta”.

J. Rojas
Bogotá, 29 de junio de 2022

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¡Rechazamos el hostigamiento policial
contra la campaña del Voto en Blanco!

Impulso Socialista y el Grupo de Trabajadores Socialistas estamos promoviendo el voto en blanco en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Rechazamos a todos los candidatos pues ninguno de sus programas soluciona las verdaderas causas de la desigualdad social y la violencia en nuestro país. Nuestras consignas han sido: ¡Al uribismo se lo derrota en la calles, no en las urnas! y ¡No nos representan: vote en blanco!

El pasado miércoles 25 de mayo, en la ciudad de Medellín, militantes de Impulso Socialista se encontraban instalando una pancarta de propaganda de la campaña en el puente de la Aguacatala, cuando fueron intimidados por nueve motos policiales que procedieron a requisar la pancarta, y pedir datos personales a los compañeros de Impulso Socialista, señalando que se iniciaría un proceso de parte de la Alcaldía, sin precisar qué tipo de proceso.

Nuestros militantes se preguntan en las redes sociales: “¿Por qué colgar una tela expresando una postura electoral es motivo para el señalamiento y la persecución policial?”, y responsabilizan a la Policía y a la Alcaldía de Medellín por cualquier tipo de represalia contra nuestros militantes.

Consideramos el voto en blanco una opción legítima de expresión de inconformidad de los trabajadores y la juventud el próximo 29 de mayo en las urnas. Llamamos a las organizaciones sociales y democráticas a que se pronuncien contra este atropello a la libertad de expresión, en particular a quienes respaldan al Pacto Histórico, que dice encarnar una alternativa de izquierda y democrática. Por eso también rechazamos el saboteo a nuestra campaña en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, como se puede observar en la fotografía de un mural en el que promovemos el voto en blanco.

La actual legislación electoral restringe al máximo la posibilidad de participación a las minorías, como lo pudo comprobar Francia Márquez, actual candidata a la vicepresidencia por el PH, cuyo movimiento Soy por que Somos no alcanzó a recolectar las firmas necesarias para inscribir una candidatura independiente y terminó plegándose a la propuesta de colaboración de clases del Pacto. Lamentablemente dicha legislación antidemocrática fue respaldada por el propio Gustavo Petro. Este es el momento para que demuestre su respeto al derecho que tenemos quienes promovemos el voto en blanco a las mismas garantías de que gozan quienes impulsan su candidatura.

Impulso Socialista – Grupo de Trabajadores Socialistas
Mayo 26 de 2022

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Ucrania:

¡Que Petro ni que ocho cuartos!

En medio de su gira electoral, Gustavo Petro, se vio obligado a referirse al conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo hizo en un mitin en Turbaco, Bolívar, de una manera que provocó escándalo: “Y entonces llega aquí un general y un político uribista como si nada: ‘No, vamos a alistarnos para ir a Ucrania’. ¡Qué Ucrania ni qué ocho cuartos! Tenemos que dedicarnos es aquí a Colombia, cómo nos salvamos nosotros mismos”, dijo Petro, ofuscado por las presuntas declaraciones de algunos grupos políticos conservadores en Colombia.” (Semana, 25/2/22)

No podía ser más desacertada su declaración. Con ella sólo oculta que quiere quedar bien con Dios y con el Diablo, eludiendo tomar una posición enfática contra la agresión rusa. En su búsqueda desaforada de apoyos para llegar a la presidencia, Petro y el Pacto Histórico están caminando por el filo de la navaja, pues han buscado el beneplácito del gobierno de Biden y su partido Demócrata.

Es sabido que, desde hace tres décadas, EE.UU. ha utilizado toda su influencia para llevar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a extenderse a la mayor parte de los países del Este Europeo, que otrora hicieron parte de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia (acuerdo militar bajo la hegemonía de la URSS). En esa dirección los gobiernos europeos, incluidos los socialdemócratas con los que también coincide Petro, se han subordinado al imperialismo yanqui, apoyando su política de cerco militar contra Rusia, y saboteando los negocios de la burguesía rusa, como la puesta en operaciones del gasoducto Nord Stream 2.

El problema es que Petro también tiene que aparecer como vocero de las fracciones de izquierda del Pacto que, como el Partido Comunista, justifican la agresión de Putin contra Ucrania, pues consideran que Rusia hace parte de un “campo progresivo” en las relaciones entre Estados que hoy luchan por repartirse áreas de influencia económica, política, militar y cultural como lo hicieron los imperios coloniales hasta el siglo XIX. La Rusia del Siglo XXI no tiene nada que ver con la Rusia revolucionaria de 1917; no es más que un país capitalista con pretensiones imperiales sobre las naciones que fueron oprimidas por el zarismo y hoy son colonizadas por las transnacionales europeas y norteamericanas. En esa pugna ha quedado atrapado el pueblo de Ucrania, bajo el mando del títere Volodímir Zelensky.

Los trabajadores del mundo no podemos ignorar este tipo de acontecimientos que ponen en vilo la situación mundial y nos aproximan al abismo de una guerra entre potencias militares nucleares, cuyas víctimas serán los pueblos como carne de cañón de las sangrientas disputas entre capitalistas. En lo inmediato debemos ponernos del lado de la nación más débil, agredida por el sátrapa Putin. Sin depositar la más mínima confianza en Zelensky, nos debemos sumar a las trincheras del pueblo ucraniano y apoyar la resistencia contra el invasor, promoviendo acciones de solidaridad a nivel internacional. Al mismo tiempo debemos denunciar el papel imperialista de la OTAN, exigiendo la disolución de ese pacto militar contrarrevolucionario.

Y al flamante precandidato presidencial del Pacto Histórico tenemos que decirle: ¡Estamos con Ucrania! ¡Que Petro ni que ocho cuartos!

Armando Barrera
Bogotá, 1 de marzo de 2022

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Declaración conjunta de Impulso Socialista (Colombia)
y Marea Socialista (Venezuela)
sobre las masacres y la situación fronteriza
colombo-venezolana en Arauca

[Divulgamos la «Declaración Conjunta...» porque, siendo el tema de gran actualidad e importancia, es analizado y se presentan propuestas desde una perspectiva revolucionaria internacionalista. Recomendamos a nuestros lectores el estudio y discusión de la misma. Tomada de: https://lis-isl.org/2022/02/05/declaracion-conjunta-de-impulso-socialista-colombia-y-marea-socialista-venezuela-sobre-las-masacres-y-la-situacion-fronteriza-colombo-venezolana-en-arauca/ publicada el 5 de febrero de 2022 ]

El año 2022 comenzó con una fuerte arremetida no solo económica, sino una oleada de violencia que afecta directamente a la clase trabajadora y los sectores populares. Los acontecimientos en Arauca, Cauca, la frontera con Venezuela, el asesinato de líderes y lideresas sociales, la persecución política, los llamados “falsos positivos judiciales” y la profundización de la violencia basada en género, terminan siendo paisaje en el marco de una coyuntura electoral que hace ver la escalada de la violencia como una noticia más de la farándula colombiana.

En la frontera entre Colombia y Venezuela, se han producido hechos violentos específicamente en espacios de Arauca en Colombia y de Puerto Páez en el Estado Apure, Venezuela. Más de una veintena de personas han sido asesinadas y hay un gran número de pobladores desplazados de sus territorios. Ambos lados de la frontera colombo-venezolana, en la zona de Arauca, constituyen territorios en los que se realizan operaciones militares, guerrilleras y paramilitares, afectando la vida y los bienes de la población colombiana y venezolana que habita en esos parajes. Los factores armados libran sus enfrentamientos sin reparar en los intereses, la seguridad y la vida del pueblo. Detrás de todo esto también hay operaciones económicas de carácter ilícito (narcotráfico, contrabando, industria del secuestro, despojo y apropiación de tierras, etc.).

Existen versiones contradictorias de los sucesos recientes. Incluso entre fuentes oficiales de Colombia, que los atribuyen a supuestos enfrentamientos entre un frente del ELN y un sector de las disidencias de las FARC que no se “pacificó” tras las negociaciones de paz con el gobierno colombiano de Santos. Algunos presuntos combates u operativos, según estas fuentes, se habrían producido en Venezuela y otros del lado colombiano, trayendo una fuerte militarización de la frontera que involucra a los ejércitos de los dos países. En el caso colombiano, se estima que también involucra a agentes de los Estados Unidos, potencia que mantiene bases militares propias en Colombia y actuaría con la fuerza armada colombiana en el marco de su adhesión a la OTAN.

En un supuesto comunicado de las disidencias de las FARC señalan a la guerrilla del ELN y a la Nueva Marquetalia liderada por Iván Márquez de tener una alianza conjunta con bandas del narcotráfico y el ejército colombiano, declarándoles la guerra. Las investigaciones de la Fiscalía colombiana concluyen que en realidad no hubo combates sino que pobladores fueron sacados de sus casas y asesinados por sicarios con disparos a muy corta distancia, bajo la acusación de ser colaboradores de las guerrillas.

Entre los acontecimientos más recientes está la toma armada de La Gabarra, un poblado venezolano que forma parte de una ciudad comunal en el estado Apure, por combatientes del ELN, a lo que la comunidad organizada y un comunicado de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (de Venezuela), responden que se declaran en “resistencia pacífica”, mientras que batallones de la Fuerza Armada Bolivariana, se movilizan en la frontera colombo-venezolana. Algunos analistas hablan de una especie de “guerra híbrida” de “baja intensidad” que aseguran está desarrollando el ejército colombiano junto a fuerzas militares de los Estados Unidos, como un ensayo para mantener una presión militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Venezuela y generar una especie de “Contra” como la que utilizaba el territorio de Honduras para agredir a Nicaragua.

El gobierno de Duque en Colombia ha respondido a la situación en la que se producen las masacres de Arauca, con una profundización de la militarización, que ya era utilizada por el gobierno de Uribe, dándole a los problemas un tratamiento de “guerra interna”, con el despliegue de dos batallones, junto a helicópteros, aeronaves y drones, lo que suma un aproximado de 7.425 militares para una población de un poco más de 295.000 personas. Y esto lo hace sin que implique, de ninguna manera, una mayor seguridad o garantía de resguardo de la integridad de los habitantes, sino que, por el contrario, multiplica los abusos y empuja con mayor intensidad al desplazamiento de los pobladores del territorio, que tienen que abandonar caseríos, poblados, tierras y bienes, huyendo del escenario de guerra.

Organizaciones sociales y humanitarias en el área han denunciado que, mientras se lleva adelante esta escalada de militarización, ocurren hechos como el lanzamiento de explosivos contra las instalaciones de la empresa comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, y líderes del movimiento social y popular araucano son amenazados de muerte, además, se quejan de que se “permite” que en medio del despliegue “los autores de este tipo de agresiones anden a sus anchas por las cabeceras de los municipios” (según un comunicado de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra).

Los sectores y las organizaciones populares perciben que el propósito de la militarización no es realmente resolver la situación que afecta a los derechos y a la seguridad de pueblo o evitar el desplazamiento forzoso de los habitantes, sino que lo que está en marcha es principalmente una operación militar dirigida a asegurarse la ocupación y control de territorios que estuvieron dominados por la guerrilla antes del acuerdo con sectores de las FARC y en los que también operaban otros grupos guerrilleros, así como paramilitares vinculados con el ejército y el gobierno o grupos delictivos relacionados con el tráfico ilícito de droga u otros productos.  Pero los derechos del pueblo son pisoteados de la misma manera y siguen siendo víctimas de los conflictos armados y las disputas por intereses económicos entre el Estado colombiano, grupos y particulares que no tienen en cuenta ni respetan en lo más mínimo los derechos democráticos y humanos de los habitantes.

Con una lógica similar proceden integrantes de las fuerzas militares que actúan del lado venezolano, que también han sido señaladas por la gente de practicar “falsos positivos” y de ejecutar masacres.

En estas confrontaciones, parecen tener más peso los factores económicos y militares que los elementos políticos y sociales. Es sabido que, desde hace años, el narcotráfico se convirtió en uno de los mecanismos de financiación de las guerrillas que se disputan el predominio sobre la zona (tanto en Colombia como en Venezuela), lo que ha ocasionado su degeneración, desviándolas de cualquier reivindicación revolucionaria genuina y dándoles un carácter reaccionario frente a la clase trabajadora y los sectores populares, como lo están demostrando nuevamente los últimos acontecimientos en Arauca. Entre los militares también hay quienes están involucrados en estas actividades.

En el caso de Colombia, hay que ver el contexto en que se producen todos estos acontecimientos, pues viene de cerrar el año 2021 con un enorme estallido social, que hace parte de todo un avance de la lucha de clases a nivel mundial, y que sigue dando muestras de la crisis del uribismo y de su gobierno genocida actual, el de Iván Duque. El estallido puso en jaque al gobierno y logró agrietar aún más al régimen uribista de Duque, al hacer retroceder temporalmente las reformas tributaria, pensional y laboral. 

Pero el levantamiento no logró derrotar al régimen, producto de las políticas de conciliación de los sectores burocráticos y reformistas del Comité Nacional del Paro (CNP) y por la falta de una clase trabajadora organizada y correctamente dirigida, que impulsara la lucha en la calle y pudiera dar un segundo aire al desgaste natural que afectó al sostenimiento y escalada del movimiento social.

En estas circunstancias, la respuesta del gobierno colombiano a la movilización social y la lucha en la calle fue la profundización del Terrorismo de Estado, a través de sus fuerzas represivas, dejando un recorrido de muerte y represión en las principales ciudades a lo largo de más de dos meses de lucha y resistencia.

La claudicación de la dirección de la lucha le permitió al régimen reacomodarse y preparar una contraofensiva, como represalia al estallido social y a quienes luchan, expresada en montajes judiciales, persecución política y asesinatos selectivos, lo que ha coincidido con una serie de masacres que se han producido en distintas regiones de Colombia.

Así lo reflejan informes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, como el último informe de la ONG INDEPAZ (https://indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-las-regiones-2021/): en el marco del estallido del 28 de Abril, al menos 79 compañeros y compañeras fueron asesinadas por las fuerzas represivas, 92 víctimas de violencia ocular, 35 víctimas de violencia sexual, 4.687 agresiones, 2.005 detenciones arbitrarias, 833 intervenciones represivas y 1.661 casos de violencia física por parte de las fuerzas represivas; un balance del Terrorismo Estatal en medio del estallido social que demuestra cómo este régimen tiene, como principal instrumento de respuesta, a las fuerzas represivas combinadas con acciones paramilitares ante cualquier movilización.

Además, según este mismo informe, terminó el año con 96 masacres perpetradas, que dejan 335 personas asesinadas; el asesinato de 195 líderes, lideresas y defensores de DDHH; 48 excombatientes asesinados; y un sin fin de montajes judiciales con presas y presos políticos que continúan en centros de reclusión con procesos en su contra.

Todo esto devela el carácter autoritario y bonapartista de derecha que tiene el actual gobierno colombiano y este régimen, para frenar la lucha y la organización de la clase trabajadora y los sectores populares por lo que la única salida es la movilización y la organización clasista.

En el caso venezolano, el escenario de enfrentamientos, operaciones guerrilleras y militares en áreas fronterizas de ambas naciones, acrecienta el drama de los desplazados, que se suma al de la migración masiva de venezolanos hacia Colombia o en tránsito hacia otros países de América Latina, producto de la terrible situación socio-económica que sufren en Venezuela, tanto por el bloqueo y sanciones imperialistas como por las políticas anti obreras y ya abiertamente contrarrevolucionarias del gobierno de Nicolás Maduro.

Es la población la víctima de las acciones militares, de los movimientos armados que se le imponen contra su voluntad desajustando por completo sus vidas, así como las distorsiones que genera esa combinación del narcotráfico, contrabando, abigeato, bandas delictivas que trafican lo extraído por la minería… donde se mezclan las mafias, las guerrillas y los cuerpos armados de nuestros países.

La situación fronteriza es utilizada por los Estados Unidos y su aliado colombiano como excusa para instalar una presión militar sobre Venezuela, en el marco del conflicto geopolítico con el gobierno de Maduro, donde los militares tienen un peso fundamental y cada vez está más ligado a los intereses económicos e influencia china y rusa, que le desajusta el deseado equilibrio de su “patio trasero” latinoamericano. Y eso, a la vez, es utilizado por el gobierno venezolano y por la burocracia civil y militar, como excusa para justificar las políticas que le impone a la población, descalabrando todas las conquistas de la revolución bolivariana, y dando cobertura a intereses particulares en la frontera. Todo ello se complica más con uno de los últimos sucesos, como ha sido el ataque del ELN a instalaciones policiales y militares, incluidas bases norteamericanas en Colombia, lo que traerá indudablemente la consecuencia de una contraofensiva.

Con fundamento en esta percepción y análisis de la situación en la frontera colombo-venezolana, las organizaciones Impulso Socialista de Colombia y Marea Socialista de Venezuela, como parte de la Liga Internacional Socialista (LIS), desde nuestra visión y con nuestros principios de compromiso con la clase trabajadora y los sectores populares de nuestros países, nos pronunciamos por:

¡El cese de la guerra contra el pueblo colombiano y venezolano venga de donde venga!

1. Destitución, juicio y castigo para la cúpula militar y policial que dio la orden de asesinar, desplazar y hostigar a la población Araucana. Destitución inmediata de Diego Molano en cabeza del ministerio de defensa, de Luis Fernando Navarro Jiménez comandante general de las FFMM, Eduardo Enrique Zapateiro comandante del ejército, Eduardo Mora López comandante de la XVIII brigada del ejército, y demás autoridades militares que hayan determinado y llevado adelante la orden del gobierno genocida de perpetuar la guerra contra el pueblo Araucano.

2. Repudio y cese inmediato a la masacre, los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado de la población Araucana perpetrado tanto por las fuerzas represivas como por las guerrillas en disputa. Que cesen los asesinatos y hostigamientos por parte de las guerrillas, que no sobrepongan sus intereses económicos por sobre la necesidad del pueblo Araucano de paz y permanencia en los territorios. Que el gobierno colombiano retire su avanzada militar que hasta ahora ha sido completamente insuficiente para frenar la guerra desatada y avance en una vía concertada con el pueblo Araucano y las guerrillas, única manera de frenar este conflicto. La voluntad democrática de las poblaciones locales debe estar por encima de todo.

3. Rechazo total a la injerencia imperialista de EEUU en Arauca por medio de tropas, apoyo técnico o militar al igual que a cualquier intento de injerencia imperialista en Venezuela con la excusa de los conflictos actuales en la frontera. Rechazamos el acuerdo que Colombia tiene con la OTAN y cualquier intervención de organismos imperialistas en Colombia y Venezuela.

4. Rechazo a toda operación militar que bajo la excusa contrainsurgente reprima, desplace y mate a campesinos y pobladores.

5. Fuera las bases militares estadunidenses de Colombia y no al establecimiento de bases militares de cualquier potencia en alguno de los dos países. En especial, rechazo al adelanto de base militar en Arauquita, Arauca que vienen denunciando organizaciones sociales y de DDHH.

6. Necesario es reconocer el derecho del pueblo colombiano a luchar por echar fuera del territorio a las bases imperialistas, pero eso no puede ser una acción unilateral que exponga a los sectores populares como víctima afectada por las consecuencias. La vía que debemos defender para sacar las bases es la movilización masiva del pueblo colombiano que desautorice su presencia en el territorio e imponga su desmantelamiento, todo ello en el marco de la lucha por un cambio de gobierno, hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo de Colombia.

7. De la misma manera expresamos nuestro rechazo a las insinuaciones de Rusia y la aceptación tácita de Maduro a la posibilidad de emplazamiento de armas y bases rusas en Venezuela, que nos envuelve más en el marco de las disputas geopolíticas-económicas-militares de las grandes potencias imperialistas del mundo.

8. Llamamos a las organizaciones sociales, políticas, sindicales populares, juveniles, de DD. HH, a retomar la calle y solidarizarnos con nuestro pueblo hermano en la frontera colombo-venezolana. Preparemos jornadas de resistencia contra el gobierno genocida en rechazo de sus políticas de terrorismo estatal.

9. Luchamos en nuestros países por una verdadera revolución socialista, que dé el poder a las y los trabajadores y sectores populares, con un régimen político de democracia obrera y popular, sin burocracias ni autoritarismo, con predominio pleno de una economía con propiedad social al servicio del pueblo, y que abra históricamente el camino hacia la integración solidaria y cooperativa de nuestros países, sin guerras fratricidas y sin dominio imperialista alguno sobre nuestras naciones.

Impulso Socialista (Colombia) y Marea Socialista (Venezuela),
organizaciones hermanadas en la Liga Internacional Socialista (LIS)

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Las tensiones de EE.UU. y la OTAN con Rusia
sobre Ucrania

La prensa occidental, sin duda, se ajusta a un libreto: que la OTAN representa los intereses de la democracia, frente al totalitarismo de Oriente que despliega con Rusia más de 100 mil soldados en las fronteras de Ucrania. “Las condiciones de Putin son que la OTAN renuncie a incorporar a ese país como miembro de la Alianza y que los aliados reduzcan su presencia en el Este de Europa. Y tanto Washington como la organización atlántica rechazan ambas peticiones.”[1] señaló el corresponsal en Washington de La Vanguardia, Fernando García.

La OTAN, creada para contrarrestar la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, es hoy la articulación militar de las potencias imperialistas que dominan en la Unión Europea, pero políticamente no muestran completa unidad, pues quien se impone es EE. UU. que funge como contraparte militar al poderío nuclear de Rusia. Por tanto, la línea de negociación es directa entre EE.UU. y Rusia, pero la región más comprometida es el oriente de Europa y la propia Ucrania, que no hace parte de la Unión Europea, ni de la OTAN. El temor es a que se desborde la situación y lleve a Europa a un precipicio bélico.[2]

El interés común de EE.UU. y Rusia

Como entender que los intereses de Putin y Biden no son opuestos, sino claramente coincidentes en sus aspiraciones imperialistas y guerreristas. Pero ambos presidentes representan una disputa del viejo orden heredado de la Segunda Guerra Mundial, que la crisis económica mundial exacerba, precisamente por la urgencia de asegurar los territorios que garanticen a las potencias europeas y EE. UU., mantener un lugar de dominio del mercado y el acceso a los recursos para sus multinacionales.  Lo que se negocia es las áreas de influencia para EE. UU. y Rusia, y para ello cuentan con sus respectivos arsenales nucleares, miles de tropas de asalto, portaviones y todo el aparato militar que puede llevar al desastre de una guerra que arrasaría primero con la población de Ucrania, como campo de juego.

Que pasa en Ucrania

Ucrania se independizó de la URSS tras su disolución en 1991. En 2004 se extendieron una serie de movilizaciones de protesta que marcaban una división para acercarse más a la Unión Europea, pero fue sólo hasta 2014 que terminaron con la salida de Viktor Yanukóvich, representante de las aspiraciones rusas. Esto provocó la reacción de Putin, con la anexión de Crimea y una serie de tensiones separatistas con apoyo de Moscú. La importancia de Crimea es su paso estratégico hacia la ruta occidental de los recursos como el petróleo y gas que vende Rusia a Europa. El oportunismo de EE. UU. y el imperialismo europeo, no se hizo esperar para ofrecer a Ucrania un puesto en la Unión Europea y por tanto un resguardo militar de la OTAN. Pretenden así contrarrestar los intentos de Putin de volver a Rusia a sus fronteras de la ex URSS, buscando asegurar esa región como dominio de Rusia con pretensiones semicoloniales, garantizando sus posiciones e inversiones en Europa del Este.

Por el momento la exigencia de los trabajadores de Rusia, como de Europa y Ucrania tiene que ser el cese de maniobras militares que envolverían a los ucranianos en una guerra que es empujada por las ambiciones imperialistas y la disputa de los capitalistas por dominar el mundo. De igual forma la movilización de los trabajadores de todo el mundo, debe apuntar a denunciar toda pretensión de Rusia de atacar a Ucrania, como de EE. UU. y la OTAN de transformar a Ucrania en cabeza de playa para presionar a Rusia o establecer un dominio para las multinacionales europeas y norteamericanas.

La movilización obrera contra la guerra imperialista

La movilización de los trabajadores del mundo crece contra las miserias del capitalismo, como el creciente desempleo y la precarización social. Sus luchas chocan contra la represión a toda forma de protesta y organización que reivindique soluciones que niegan todos los gobiernos y regímenes. Y protestar contra la guerra, es una tarea inmediata, para exigir presupuesto social para enfrentar la crisis capitalista. Solo de nuestra movilización y lucha pueden emerger las soluciones, que sin duda no vendrá de ningún gobierno que solo aspira a dominar y oprimir pueblos.

JuanD
Medellín, 4 de febrero de 2022

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[1] “Joe Biden ofreció ayer a Vladímir Putin «un camino diplomático serio» para evitar que la crisis de Ucrania derive en una guerra. El presidente de Estados Unidos transmitió este mensaje en la carta de respuesta formal a las garantías que Moscú exige como condición para poner fin al conflicto originado por la acumulación de entre 100.000 y 130.000 soldados rusos en las fronteras con Ucrania. Las condiciones de Putin son que la OTAN renuncie a incorporar a ese país como miembro de la Alianza y que los aliados reduzcan su presencia en el Este de Europa. Y tanto Washington como la organización atlántica rechazan ambas peticiones.” https://www.lavanguardia.com/internacional/20220127/8014480/eeuu-rusia-diplomatica-seria-ucrania-rechaza-exigencias.html

[2] “A diferencia de desacuerdos previos que han surgido desde el colapso de la Unión Soviética, la crisis actual sobre Ucrania y las diferencias al parecer insuperables entre Washington y Moscú conllevan riesgos reales de una guerra económica debilitante y un conflicto militar que son agravados por los peligros de posibles errores de cálculo y reacciones desmedidas, particularmente en Europa”.  https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-01-15/encaminados-al-desastre-eeuu-y-rusia-endurecen-posiciones

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¡Hay que romper el Acuerdo con la OTAN!

Colombia se conviertió en el primer país de América Latina en realizar un acuerdo con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) llamado “Programa de Asociación Personalizado”, el cual consiste en la cooperación económica y formación militar de las fuerzas represivas, que ya tienen un largo prontuario de violaciones de DDHH en nuestro país, donde el asesinato de líderes y lideresas sociales es pan de cada día, los falsos positivos judiciales han aumentado después del reflujo de la movilización en la calle y donde es urgente la liberación de los y las presas por luchar. 

Un Plan Colombia 3.0 de guerra contra el pueblo

Este acuerdo, no hace más que profundizar la intervención militar imperialista de EEUU, que desde el año 2000, se insertó con más fuerza con el llamado Plan Colombia; en donde se le proporcionó al país 9,94 mil millones de dólares en cooperación, 71% por ciento de éste, fue dirigido a las fuerzas militares y policiales. Todo este dinero, permitió robustecer el aparato represivo y paramilitar en Colombia, convirtiendo al país en la principal base militar yankee de nuestro continente.

Bajo el discurso de la “guerra contra las drogas y la insurgencia”, Álvaro Uribe, pidió más apoyo militar con el Plan Patriota en su ascenso a la presidencia en 2002, el cual sería un Plan Colombia 2.0 y más recargado, que se traduce hasta nuestros días en enormes crímenes de lesa humanidad:  4 millones de personas en condición de desplazamiento forzado interno hasta el 2013, 1.000 sindicalistas asesinados hasta el 2016, 400 defensores de DDHH asesinados entre 2010 y 2015, 489 mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual entre 2001 y 2009 en el marco de la guerra, más de 4.300 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por militares, permanecen en la impunidad y el dato que llena las calles del país por medio de enormes murales es 6.402 falsos positivos^[1]

Durante casi 20 años del régimen de Uribe quedan claros los resultados de las alianzas militares con fuerzas imperialistas. Los resultados son catastróficos, y son parte fundamental del rechazo generalizado contra el actual gobierno uribista de Iván Duque, quien tuvo que enfrentar el histórico estallido social del 28 de abril de 2021, en donde el repudio a la represión de las fuerzas militares y paraestales creció significativamente, ya que durante el Paro Nacional se registraron incontables violaciones de DDHH por parte de la Policía Nacional, la cual ha sido formada por décadas por el imperialismo con el objetivo de derrotar la lucha de la clase obrera, campesina, indígena y negra que no se rinde a pesar de décadas de guerra, al contrario, tiene energía para protagonizar enormes luchas. Es por esto que el régimen busca desesperadamente mayor apoyo y lo recibe como buen perro subordinado de su amo mayor, en este periodo de inestabilidad.

¿Por qué un acuerdo con la OTAN ahora?

La OTAN es una fuerza militar imperialista, creada en el periodo de la posguerra de la segunda guerra mundial, fruto de la preocupación de EEUU frente a la expansión e influencia de la URSS. Desde su creación en 1949 ha realizado intervenciones militares y promovido invasiones en el mundo para mantener la hegemonía imperialista.

Vale la pena recordar las peores intervenciones de esta fuerza de guerra imperialista contra los pueblos del mundo:

• El 24 de marzo de 1999, la OTAN lanzó la «Operación Allied Force» contra la Yugoslavia, participaron unos 600 aviones de trece países, con bombardeos diarios en Kosovo, Serbia y Montenegro. Más de 1.500 civiles fueron asesinados.
• En 2001 la OTAN es parte y lidera la invasión a Afganistán con 31 mil civiles muertos.
• En 2003 avanzan con la invasión a Irak, la cual termina en 2011 con 460.000 iraquíes asesinados.
• En 2011 atacaron Libia generando mayor inestabilidad en el continente lo cual repercutió en la guerra civil en Siria hasta hoy. 

Es justamente con esta esta fuerza genocida con la cual Iván Duque realizó el acuerdo de cooperación el 9 de diciembre, quiere dejar en pie el pacto de represión con el imperialismo en contra de la clase trabajadora y los sectores populares. Busca dejarle al próximo gobierno un acuerdo para la guerra, después de un histórico estallido que agrietó y debilitó al régimen uribista, uno de los regímenes más apoyados por EEUU. Es por este motivo que el imperialismo yankee, después del Paro Nacional, también ha quedado debilitado, por eso necesita más consenso junto a otros países imperialistas que están dentro de la OTAN, para garantizar el control de su patio trasero, ante el histórico ascenso de la lucha de clases en nuestro país y en el continente.

¡Todas las candidaturas de oposición deben comprometerse
a romper el acuerdo con la OTAN desde ya!

Debemos luchar en las calles para que se rompa el acuerdo de la OTAN, como parte fundamental para avanzar hacia cambios más democráticos. Si el próximo gobierno, sea del signo político que sea, no rompe con este acuerdo para la guerra, va a quedar en evidencia que para gobernar todos los sectores políticos necesitan de la bota militar para pasar las políticas de ajuste y precarización que necesita la burguesía en medio de la crisis económica actual.

Es necesario que todas las candidaturas del Pacto Histórico y de la Coalición Centro Esperanza, que se dicen ser oposición al uribismo, hagan un pronunciamiento público, comprometiéndose a romper con la OTAN como una de las primeras y principales medidas que muestre el interés real por derrotar al régimen uribista.

¡OTAN fuera de Colombia y todo el mundo! 
¡Contra la intervención imperialista, organización y lucha!
¡Tirar el uribismo es rechazar el acuerdo con la OTAN!

Impulso Socialista – Grupo de Trabajadores Socialistas
Bogotá, 22 de diciembre de 2011

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^[1] Tomado de: Los costos en DDHH durante el Plan Colombia. https://coeuropa.org.co/los-costos-en-derechos-humanos-durante-el-plan-colombia-infografia/

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La concertación del mentiroso “salario mínimo” es una trampa
del estado y los patronos
contra los trabajadores

[Reproducimos la Declaración de los Comités de Solidaridad
sobre la negociación del salario mínimo]

Una vez más, como en todo fin de año, se pone sobre la mesa (en la llamada “Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”) el “asunto” del salario mínimo. Siempre se ha hecho y se hace esto “a escondidas” aunque cundan rumores al respecto. A espaldas de los trabajadores, eludiendo la voz y las exigencias de quienes devengan los salarios, incluidos los que están y siguen estando por debajo de ese rango, se impone lo decidido ya en los organismos que funcionan como instrumentos del capital. Para ser eficientes en la jornada de concertación, los partícipes de esta mesa o comisión, ponen entre paréntesis (ignoran) eso que, para ellos, son “otras cosas que nada tienen que ver con el salario”: el derecho a la salud, a la educación, al agua potable, al saneamiento ambiental, a la alimentación, a la organización, a la contratación colectiva directa y estable.

Lo cierto es simple: el tal “salario mínimo” es ya — ahora— simplemente un referente, una especie de “unidad” o de moneda para decir cuánto cuesta algo: “eso cuesta o vale tantos salarios mínimos…”; no sirve para nada más. Así, en los últimos años, en Colombia, luego de la aplicación de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), sobre todo el del llamado “paquetazo”, se paga la fuerza de trabajo por hora, por obra y mediante otras múltiples formas que hacen que, a la inmensa mayoría de los trabajadores, principalmente los llamados informales y los que están en proceso de informalización, los dueños de los medios de producción les impongan salarios por debajo de eso que denominan “mínimo”. Con el pretexto de la pandemia, el Estado aceleró la aplicación del mandato de la OCDE: permitir a los patronos las masacres laborales en cada empresa y en todo territorio; masacres centradas en quienes aún mantenían o mantienen contratos de trabajo estables. Una vez liquidados éstos últimos, los que en adelante logren vender su fuerza de trabajo, deben hacerlo renunciando “voluntariamente” a todo tipo de contrato estable y al salario social (primas, horas extras, derecho a la salud y demás) así como a toda estabilidad laboral reforzada que se supone debe impedir que los trabajadores afectados por alguna patología derivada del tipo de trabajo que realizan, puedan ser despedidos.

En estos tiempos avanza en el mundo entero la reorganización del trabajo, para hacerlo mucho más productivo de super ganancias, entregadas a la gran burguesía. Esto ha generado, en el mundo entero, el acrecentamiento de la lucha de resistencia de las masas trabajadoras y, en Colombia, tomó cuerpo el que terminó denominándose como el “estallido social”. Aprovechando el reflujo actual, el Estado pretende avanzar por el camino de incrementar las ganancias y las rentas extraordinarias del capital y los capitalistas, retomando la farsa de la “negociación” del salario mínimo y su “burbuja”.

Tampoco nos representan

A esa “Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”, a nombre de los trabajadores, asisten tres delegados por la burocracia de las centrales sindicales tradicionales, uno por las confederaciones de pensionados y otro por los desempleados del país (“elegido” no se sabe cómo ni por quién). Los otros dos tercios de la nefasta “Comisión” — como se sabe— son los representantes directos del gobierno y de los empresarios. Entre gobierno y empresarios, allí pueden decidirlo todo; y así lo hacen.

En los años que lleva de existencia esta funesta Comisión, jamás ha definido un reajuste salarial que se corresponda con las verdaderas necesidades de los trabajadores y sus familias o que —mínimamente— permita recuperar lo perdido del valor adquisitivo del salario.

En Colombia el 60% del trabajo es informal: la mayoría de los trabajadores se ven obligados, como queda dicho, a aceptar remuneraciones por debajo del salario mínimo. De la población ocupada calculada en unos veintidós y medio millones de personas (de empleados y cuentapropistas), mucho más de la mitad devenga menos de medio salario mínimo. Ése, es el “secreto” que explica la concentración de la riqueza en Colombia, uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo.

El rebusque

Según el DANE (datos recogidos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Cúcuta, Pasto, Pereira, Ibagué, Montería, Cartagena, y Villavicencio) la tasa de desempleo pasó, del 11. 4 % en agosto de 2019, al 14.2 % en agosto 2021, pasando por el 19.5 % en agosto de 2020. Con esta confesada y manipulada muestra estadística, han intentado “mostrar” que ya hay una “recuperación con respecto al 2020”. Como quiera que pretenda ser la manipulación, terminan confesando, incluso oficialmente, que 4 millones y medio de habitantes de este país, sobre todo jóvenes y mujeres, son reconocidos como desempleados; que quince millones más, son trabajadores del rebusque llamados “informales” porque no tienen ningún tipo de contrato de trabajo. Lo real es que 6 millones reciben menos de la mitad de un salario mínimo y 4 millones reciben entre medio y un salario mínimo. Todos ellos están condenados a sobrevivir del absoluto rebusque que asume múltiples y variantes formas.

Ahora, pregonando que quieren avanzar en la “reactivación de la economía” y que eso está por encima de cualquier cosa, de tal manera que lo que se decida al respecto debe unir a la nación haciendo que los trabajadores apoyen a los empresarios bajo la guía del Estado, quieren imponer un reajuste del tal “salario mínimo”, que no supere el 10.07% para este año. Como se sabe, a los pensionados sólo les aplican el IPC, de tal modo que sus mesadas disminuyen año tras año, carcomidas por la carestía.

El show

Montado el show, ocurrirá lo de siempre: los tres sectores de la “Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales” dirán en esa mesa cuáles son, a su parecer, los “sacrificios que todos debemos hacer para que el país prospere”. Luego, según el guion ya seguido Tradicionalmente en esta puesta en escena, los “representantes” de los trabajadores, de los jubilados y los desempleados, una vez han legitimado (con su presencia) lo allí actuado, se retirarán dejando una “constancia” donde digan que no están de acuerdo con lo planteado por los patronos o por el Estado. Y entonces, el gobierno “se verá obligado, según la ley, a tomar —él solo— la mejor decisión posible”. Ésta consistirá en imponer lo que más convenga a la acumulación y concentración del capital.

Para todos los miembros de esta Comisión, es clara la orientación: no es posible ni necesario convocar movilizaciones… y a nadie se le puede ocurrir poner en las calles y en los caminos, la lucha contra estas políticas públicas que nos arrasan. Para impedirlo están la propia concertación, la represión directa del Esmad y la judicialización de quienes se movilicen.

Desde los Comités de Solidaridad con los Sectores en Conflicto (COSOLES) planteamos, que la exigencia que ahora los trabajadores colombianos debemos hacer, tiene que ser sencilla y clara:

1) el llamado salario mínimo debe ser tal que prohíba imponer salarios por debajo de lo allí estipulado;

2) los salarios deben estar en correspondencia con el costo de la canasta familiar (según el DANE, para el año 2021 para una familia de 4 personas está en un aproximado a $1’600.000);

3) el Estado debe garantizar un mínimo vital familiar;

4) debe respetarse y reconocerse el derecho a la organización y a la movilización;

5) debe cesar la represión y la judicialización contra los luchadores populares.

Los trabajadores tenemos que organizarnos más allá de los límites que la democracia burguesa ha impuesto a los sindicatos: tenemos que jalonar asambleas populares donde se defina el qué hacer en relación con las reivindicaciones económicas y políticas, dando curso a nuestros procesos organizativos, de movilización y de lucha, confrontando la concertación y la renuncia a los principios de la independencia de clase.

Comité de Solidaridas con Sectores en Conflicto Iziel Tapasco Quintero (Medellín)

Coordinadora de Solidaridad Sindical y Social de Colombia (CSSC)

Comité de Solidaridad con los Sectores en Conflicto de Cundinamarca

Comité de Solidaridad (CUT-Valle)

Comités de Solidaridad con Sectores en Conflicto

Diciembre de 2021

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Salario mínimo del 2022:
una estafa anunciada

De nuevo se realizará la negociación del salario mínimo a espaldas de los millones de trabajadores que lo devengan. A la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, a nombre de los trabajadores, asisten tres delegados por la burocracia de las centrales sindicales tradicionales, uno de las confederaciones de pensionados y otro por los desempleados del país (¡vaya uno a saber quién lo elige!). Los otros dos tercios de la Comisión son los representantes del gobierno y los empresarios.

En los años que lleva de existencia esta Comisión nunca se ha pactado un reajuste salarial que se corresponda con las verdaderas necesidades de los trabajadores y sus familias, o con su aporte al incremento de la productividad de la economía. El valor de la fuerza de trabajo, como una mercancía más, está sometido a la ley de la oferta y la demanda.

En un mercado laboral como el colombiano, en que el 60% del trabajo es informal, la mayoría de los trabajadores se ven obligados a aceptar remuneraciones por debajo del salario mínimo: de la población ocupada (y aquí estamos hablando de empleados y cuentapropistas) calculada en unos 22’500.000 personas, más de la mitad devenga entre medio y un salario mínimo. Ese es el “secreto” que explica la concentración de la riqueza en Colombia y que sea uno de los países más desiguales del mundo.

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) señala que el valor de la canasta básica familiar promedio es de $3’500.000, para una familia de cuatro integrantes. Eso significa que si los cuatro trabajaran por el mínimo ($908.526) todo su salario se consumiría y no quedaría nada para ahorrar o enfrentar imprevistos. Pero eso son sólo estadísticas. Cualquier colombiano sabe que esos cuatro empleos no existen, y la mayor parte de las familias están condenadas al rebusque diario. En 2020, en medio de la pandemia, la pobreza abarcó al 40% de la población y la indigencia al 14%. Se considera pobre a quien cuenta con $12.000 diarios, e indigente a quien sobrevive con $5.000.

La pandemia desnudó la precariedad de la economía colombiana, dependiente de la exportación de materias primas, un limitado desarrollo industrial y un agro en crisis. Se evidenció su incapacidad para responder a la emergencia y se hundieron en el hambre millones de familias: esa situación insoportable fue la que estalló con el Paro Nacional el 28 de abril, obligando al gobierno y a los grandes capitalistas a que aplazaran parte de las medidas con las que pretendían descargar aún más la crisis sobre los hombros de la población trabajadora.

Ahora quieren el desquite y están argumentando que el reajuste no debe superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado en 4.5% para este año, y se dice que reconocerán 0.5% de productividad. Eso, a pesar de que la cacareada reactivación económica, que impulsaría un crecimiento de más del 8%, no se refleja en la recuperación del empleo existente antes de la pandemia. O sea, menos trabajadores están produciendo más. A los pensionados, por su parte, sólo les aplican el IPC y sus mesadas disminuyen año tras año carcomidas por la carestía.

De la negociación en la mesa de Concertación no debemos esperar nada sustancial. Sus deliberaciones culminan el 31 de diciembre. No debemos descartar que la burocracia sindical, después de sentarse a manteles con empresarios, ministros y técnicos, se lave las manos retirándose de la negociación y dejando en manos del gobierno que expida el reajuste por decreto. Es una pantomima que ya conocemos.

Los trabajadores debemos exigir que el salario mínimo en Colombia no sea inferior a $2.000.000, para que con el trabajo de dos miembros de un núcleo familiar de cuatro integrantes su cubran, al menos, todas las necesidades básicas. Otra de las razones por las que debemos exigir ese monto es la devaluación que ha sufrido el peso colombiano frente al dólar -una de las más altas del mundo-, que encareció todos los bienes importados, entre ellos muchos de los insumos indispensables para la producción de alimentos, lo que ha disparado la carestía.

Al tiempo que exigimos un salario mínimo de $2.000.000, requerimos la apertura de nuevos puestos de trabajo formal, la extinción de los contratos basura con flexibilización laboral, y la incorporación a la planta de todos los trabajadores temporales de las entidades públicas y privadas, y que se penalicen los despidos y suspensiones. Y para que los empresarios no trasladen el costo salarial a los consumidores debemos exigir al gobierno la congelación de los precios de los productos que integran la canasta familiar, los servicios públicos y el transporte, entre otras medidas.

Un verdadero incremento salarial no lo conquistaremos en la mesa de Concertación sino en las calles. La tarea principal que deberían promover las organizaciones sindicales es la movilización social de los sectores no organizados gremialmente y que son afectados por el desempleo y la carestía. El Comité Nacional de Paro (CNP) debe dejar de crear ilusiones en que el Congreso de la República discutirá y aprobará los proyectos de ley en que se convirtió el Pliego Nacional de Emergencia y retomar el camino de la lucha abandonado desde el 15 de junio, preparando un nuevo paro nacional.

La misma burocracia sindical que hoy negocia el salario mínimo a espaldas del pueblo, con representantes que no fueron elegidos democráticamente, hace parte del CNP y frenó las movilizaciones y los bloqueos durante el paro, lo que dio un respiro al gobierno de Duque. Hoy, sin movilización y lucha, estamos en condiciones menos favorables para exigir salarios dignos, gracias al papel de estos sectores burocráticos.

Los sectores agrupados en la Asamblea Nacional Popular (ANP), la Coordinadora Nacional Social Sindical y Popular (CNSSP), y los Comités de Solidaridad Sindical (Cosoles) debemos unificar esfuerzos para promover un plan de acción que contribuya a la reactivación de la lucha social. Y los candidatos que hoy se presentan a nombre de la izquierda, invitando a que se respalde su nombre en las próximas elecciones, deberían poner su campaña al servicio de este llamado a la movilización.

Bogotá, diciembre 3 de 2021

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Llamamiento

a los sindicatos, al movimiento social y popular, a los jóvenes del pueblo luchadores del Paro Nacional

Del 1 al 3 de octubre se reunieron en Cali los Comités de Solidaridad Sindical (Cosoles) que adelantan actividades en las ciudades de Medellín, Cartagena y la propia Cali. El objetivo de la reunión era realizar un Foro en torno a la precarización laboral, los sistemas de contratación temporal y de tercerización y dotar de herramientas jurídicas a los asistentes para enfrentar las maniobras patronales y estatales contra el derecho a un trabajo estable y con plenas garantías prestacionales.
Se compartió allí la experiencia que varias de las organizaciones asistentes han tenido en ese terreno, además de escuchar ponencias presentadas por abogados al servicio de los trabajadores. Es importante destacar la alerta que en una de las conferencias se hizo sobre como Fenalco y la Andi preparan un proyecto de Estatuto del Trabajo que reglamentará las actuales condiciones de precarización, incorporando normas aún más regresivas a la legislación laboral.
Una de las principales conclusiones del Foro fue que, más allá de la ley, sólo la unidad y la solidaridad en la lucha, garantizará la defensa de nuestros derechos y la conquista de garantías para el trabajo. Por esta razón se aprobó por unanimidad el Llamamiento que publicamos a continuación y al que invitamos a nuestros lectores a suscribir y difundir.

Los Comités de Solidaridad con los Sectores en Conflicto (Cosoles) y las organizaciones participantes del foro “defensa del derecho fundamental a la contratación colectiva directa y estable, por la abolición definitiva del sistema de subcontratación laboral y el rescate del carácter clasista de las organizaciones sindicales”, realizado del 01 a 03 de octubre de 2021 en Cali, nos comprometemos con este llamado e invitamos a asumirlo.

Tenemos una tarea urgente: unir fuerzas para continuar con el proceso de movilización que el 28 de abril del 2021, sintetizando las lucha de 2019 y 2020, inició el alzamiento que propinó al gobierno importantes descalabros, aun sin derrotar los planes definidos y orientados por las diferentes fuerzas imperialistas. Siguen siendo estos mismos planes reunidos en el que conocimos como “el paquetazo de Duque”, los que su gobierno porfía en aplicar —completos— contra el pueblo colombiano.

Gracias a la presencia masiva de la población en las calles, al bloqueo de carreteras y vías urbanas, paralizamos significativamente las actividades productivas, comerciales, de abastecimiento y de transporte, con el empuje y el heroísmo de miles de jóvenes de las entrañas del pueblo colombiano que enfrentaron, en centenares de puntos de resistencia, la brutal ofensiva policial, militar y paramilitar, a costa de decenas de muertos y mutilados.

Para intentar contener el movimiento y sostener al gobierno en la crisis que se profundizaba en la coyuntura, los grandes empresarios y banqueros anunciaron, falsamente, estar dispuestos a “ceder en algo” en sus pretensiones de aumentar sus ganancias (originadas en la sobreexplotación de trabajadores, mujeres y jóvenes empobrecidos). Coherentes con su carácter de clase, capeada la tempestad, todos ellos continúan descargando la larga crisis de su economía en nuestras espaldas.

En su momento, haber contenido, en parte, la ofensiva patronal (la caída de la reforma tributaria de Carrasquilla, el frenazo a la reforma de la salud, entre otros varios aspectos claves), fue un importante triunfo de la lucha social que, ahora, se muestra insuficiente dada la continuidad que este gobierno da a sus planes antidemocráticos.

Desde el levantamiento inconsulto del movimiento de paro nacional por parte del Comité Nacional de Paro (CNP) el pasado 15 de junio, el gobierno ha lanzado una contraofensiva en todos los terrenos: arrecia la represión contra los luchadores sociales, lo mismo que el asesinato sistemático de sus dirigentes más consecuentes, junto al apresamiento y judicialización de los jóvenes de la Primera Línea y de otros activistas de la protesta social. El Congreso aprueba una nueva variante de la reforma tributaria y retoma el plan de ajuste fiscal con el que afecta los derechos laborales de los trabajadores del Estado, a los que pone a pagar el déficit presupuestal, profundizando la privatización de las empresas rentables del Estado, mientras preserva las gabelas que benefician al gran capital y a las transnacionales.

Por ejemplo, la “compra” del grupo ISA por parte de Ecopetrol, es una sofisticada maniobra gubernamental diseñada para vender ilegalmente una muy rentable Empresa Industrial y Comercial del Estado, burlando sus propias leyes (la 226 de 1995), para continuar con el proceso de privatización de los bienes del Estado, haciéndole creer al pueblo, a los ciudadanos y a la opinión pública, que se trata “simplemente de una transacción entre dos empresas estatales” y que “no afectará el patrimonio de los colombianos”. Estos recursos, tal como lo ha anunciado el gobierno serán destinados a tapar los huecos fiscales de la economía colombiana y (seguramente, como tradicionalmente lo han hecho) para financiar sus propias campañas electorales que se avecinan. Ahora se empieza a develar cómo, la cobarde y brutal arremetida de ISA contra SINTRAISA, busca desaparecer a la organización sindical y desconocer los derechos de los trabajadores, para facilitar la entrega de ISA a la estatal petrolera allanando el camino para —luego— venderla al sector privado, sirviendo obedientemente a sus intereses y a la corrupción reinante en el país.

El mismo camino privatizador avanza, en el SENA, entregando a las multinacionales (con la disculpa del manejo la “virtualidad”) la formación de la nueva fuerza de trabajo; pero también en la privatización total de UNE – EPM, con la venta de las acciones que tiene EPM en UNE. En este caso, cuando la organización sindical pidió que se diera a conocer el documento de “acuerdo” de los accionistas, las dos empresas (UNE, EPM) y la alcaldía de Medellín, se negaron diciendo que éstas son “cláusulas de confidencialidad”. Con todas estas maniobras, ocultando la venta del 100% de la empresa INVERTELCO – ENTELCO, empresa que agrupa 14 mil trabajadores en su gran mayoría bajo contratos-basura, completan la venta del 100% de UNE a las empresas multinacionales.

El alza sucesiva de las tarifas de agua, electricidad y demás servicios públicos, nos la presentan  como algo necesario e inatajable.

Son, así, muchos los casos a lo largo y ancho del país: el avance en las licencias para la explotación minero energética a gran escala, el fracking, la minería a cielo abierto y la continua destrucción de los territorios (incluidos los páramos), respaldados con el terrorismo de Estado, el despojo y el desplazamiento forzado. En el caso de la Nestlé, el régimen, manipulando la legislación da a la multinacional las herramientas para impedir la huelga; así, los empresarios se niegan a firmar la Convención Colectica con Sinaltrainal en Bugalagrande. El compromiso y la lucha que siguen dando las bases en ese conflicto y las acciones que ha mantenido su organización sindical, muestran que debemos recuperar el pleno ejercicio de nuestros derechos, fortaleciendo la perspectiva clasista.

El régimen y los patronos desconocen tanto el contrato realidad, como la estabilidad laboral reforzada, que muchos obreros han logrado con la lucha; mientras, el Estado profundiza la entrega a particulares el manejo de la salud y la educación negadas como derechos y asumidas como “servicios públicos” que, con el truco de la intermediación, se convierten en fuentes de ganancias extraordinarias privatizando los colegios, las escuelas y los hospitales públicos.

La mitad de los alimentos básicos en Colombia son importados y comprados en dólares; cada colombiano debe $ 5,8 millones por incremento en la deuda externa pública. Este país debe a acreedores internacionales la mitad de lo que produce su economía; es decir que, de cada cien pesos, casi $ 50 son ya “obligaciones” con el capital financiero internacional; incluso, los subsidios a la nómina presentados en la coyuntura como “garantía contra el desempleo”, sólo cumplen el papel de preservar e incrementar las ganancias del capital. Lo general es la precarización y negación de los contratos de trabajo para jóvenes y mujeres que son, precisamente, los sectores más afectados por la crisis y por la manipulación de la pandemia. El proyecto de ley 099 de 2021, es un nuevo ataque a las condiciones laborales de la juventud.

Debemos denunciar no sólo como irresponsable, sino como criminal, el manejo gubernamental de la pandemia que llevó al colapso de la de salud, con sus trabajadores vinculados en la “modalidad” de subcontratación, prestación de servicios o por “contratos sindicales”. Tal irresponsabilidad del gobierno criminal, ha provocado más de cien mil muertos, miles de huérfanos y familias trabajadoras destruidas; todo, por el afán de lucro de las farmacéuticas, los servicios privados de salud y el empresariado. El desprecio del gobierno por la vida de la mayoría de la población, la total impunidad ante los crímenes de Estado, la burla a las víctimas y a los campesinos despojados de sus tierras, demuestran al servicio de quiénes están los entes de control del Estado y cómo la actuación de todas las entidades estatales se da en beneficio de empresarios y multinacionales.

El robo del erario, la corrupción rampante compromete no sólo al gobierno actual y a sus ministros, a los cuadros de diferentes fracciones de las clases dominantes, en sus sucesivos gobiernos que dan continuidad a un régimen que requiere altas tasas de desempleo e informalidad, además de la pobreza extrema en campos y ciudades, haciéndose al control de todas las rentas legales e ilegales.

Ahora, es más urgente y necesaria que nunca nuestra unidad para continuar la movilización contra lo que representa el gobierno de Duque y sus planes. El distanciamiento del CNP de la masiva, radical y sostenida movilización de protesta, le hizo perder legitimidad ante las bases del movimiento social y popular. Consideramos no sólo equivocado sino una estrategia en contravía de la lucha social, que el pliego de emergencia se haya convertido en proyectos de ley a tramitar en las corruptas y desprestigiadas instituciones del régimen que sólo funcionan a su servicio; tal como lo es el Congreso de la República.

La burla a los acuerdos Fecode-gobierno siguen siendo meras promesas incumplidas tal como ocurrió con los “acuerdos” de 2017 y 2019 y marcan la ruta de esta dirección. La única manera de avanzar hacia la plena conquista de nuestras demandas es preparar y materializar la continuidad y repotenciamiento del movimiento del PARO NACIONAL. Esto podría ser, ahora, impulsado —inicialmente— por el sector estatal que viene siendo un blanco inmediato del gobierno en el terreno económico, tal como lo han sido en lo político los líderes sociales asesinados, en especial la juventud en las Primeras Líneas.

Algunas de las jornadas de movilización convocadas por el Comité Nacional de Paro pueden ser un punto de referencia para adelantar un plan de lucha. Podemos desarrollar la experiencia del 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril de este año. Necesitamos impulsar centenares de asambleas sindicales y populares y la constitución de comités de base que preparen y retomen el paro nacional, unificando fuerzas, generando una dirección representativa de todos los sectores movilizados.

Por eso invitamos a todos los que hemos participado en los procesos de la Asamblea Nacional Popular, en el Bloque por el Paro Indefinido, en los Comités de Solidaridad locales, en los Comités Departamentales de Paro, en la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular; a las organizaciones indígenas, afro y campesinas, al movimiento estudiantil universitario, a la comunidad LGBTIQ+; a la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria; a las Primeras Líneas para que, con el compromiso y el trabajo de todos, convirtamos las próximas jornadas de protesta, con el soporte de un paro estatal, en el repotenciamiento de la actual lucha del pueblo colombiano.

Las calles son nuestras y en ellas volveremos a golpear al gobierno de Duque y lo que representa, a derrotar su nefasta agenda legislativa y ejecutiva, conquistando el pliego nacional.

¡Contra la subcontratación y toda forma de explotación laboral… unidad, organización y lucha! ¡Contra el proyecto de Ley uribista 099! ¡No a la explotación juvenil! ¡Contra el terrorismo estatal! ¡Juicio y castigo a quienes dieron la orden! ¡A las calles para derrotar el plan antipopular y neoliberal que Duque desarrolla!

¡A PARAR PARA AVANZAR, VIVA EL PARO NACIONAL! Invitamos a las organizaciones de los trabajadores y del pueblo a adherirse a este llamamiento.

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Entrevista al Grupo de Trabajadores Socialistas
(GTS) de Colombia

Los compañeros de Impulso Socialista, sección colombiana de la Liga Internacional Socialista (LIS) entrevistaron el 18 de junio al compañero Juan Sánchez, directivo de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) e integrante del Grupo de Trabajadores Socialistas, acerca del balance del movimiento de paro nacional en Colombia y las perspectivas de la lucha social en nuestro país.
La entrevista fue difundida en https://lis-isl.org/2021/06/21/entrevista-al-grupo-de-trabajadores-socialistas-gts-de-colombia/ – Acá la reproducimos, para nuestros lectores.
El Grupo de Trabajadores Socialistas e Impulso Socialista mantienen relaciones fraternales y están explorando las posibilidades de avanzar hacia un reagrupamiento de revolucionarios.

Impulso Socialista: Se ha producido un cambio histórico, ¿Cómo caracterizan la situación que se ha abierto en Colombia?
Juan Sánchez. Antes de responder a la pregunta, una observación sobre la introducción a ella. Podría suscribir que se ha producido un cambio histórico, pero, inmediatamente después, hay que precisar cuál es el marco del mismo y con respecto a qué lo catalogamos como histórico.
Si nos referimos a la extensión, profundidad, radicalidad del proceso de movilización y protesta que arrancó el 28 de abril pasado, con la convocatoria al Paro Nacional, sin la menor duda hay un cambio cualitativo, histórico, respecto a la dinámica de luchas de las últimas cinco décadas. Habría que retroceder hasta 1977, al Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre, para encontrar un hecho similar. Pero el proceso que arranca el 28 de abril fue muy distinto al del paro de 1977. Se dio en un país que es radicalmente distinto, en el cual en esas cinco décadas se dieron procesos muy profundos de transformaciones económicas, sociales y políticas.
El proceso que estalla el 28 de abril de 2021 expresa ese nuevo país. La economía colombiana está determinada por los procesos económicos internacionales; existen millones de pobladores urbanos pauperizados por la crisis económica que se incrementó hasta niveles sin precedentes por la pandemia; se tiene el cuarto desempleo juvenil del mundo (33.3%, superado solo por Costa Rica, España, y Grecia). A diferencia del país de 1977, tendríamos que afirmar que Colombia se sincronizó con el conjunto de los procesos políticos, de lucha y movilización de millones en el mundo y que eso, en sí mismo, es un cambio histórico.
Ahora, si nos referimos a lo que, hasta ahora, ha logrado el movimiento de masas, mirado en una perspectiva “histórica”, habría que decir que aún ese cambio no se ha producido; se vislumbra, hay elementos que permiten avizorarlo, pero aún no se ha concretado. Para ejemplificar, desde 1957 –es decir, 65 años—nunca en Colombia la lucha del movimiento de masas ha logrado derribar un gobierno; asunto bastante frecuente en el vecindario (Ecuador, Bolivia, Perú, por nombrar solo algunos). Ni qué hablar del régimen político. Los elementos fundamentales del reaccionario régimen político colombiano –un régimen al cual no hay que dudar en catalogar de asesino– se han mantenido durante décadas. La tarea “histórica” de derribar por la vía de la lucha y movilización directa de millones de explotados y oprimidos a ese régimen político aún está planteada.
Las movilizaciones desde el 28 de abril, en un momento dado, colocaron contra las cuerdas al gobierno de Duque; cuya caída hubiese significado una fenomenal crisis (histórica) de ese régimen. Sin embargo, la unidad del conjunto de la burguesía y el respaldo vergonzante de las fuerzas que se reclaman como democráticas (léase la oposición de Petro y otros partidos denominados alternativos) condujo a que ni siquiera la tarea de tumbar al gobierno se haya podido concretar. Petro y esas fuerzas, en forma abierta y pública, ante la exigencia que comenzaba a ganar fuerza de masas de ¡Abajo Duque!, señalaron que Duque debía mantenerse hasta el 7 de agosto de 2022.
Ahora, su pregunta es cómo caracterizar la situación que se ha abierto en Colombia. Nunca una caracterización da cuenta de todos los elementos y dinámicas que están en juego en una realidad; menos en una realidad tan compleja como la colombiana. Pero las caracterizaciones son importantes porque dar un marco que permite ubicarse.
No haré una disquisición sobre las diversas situaciones que define la terminología clásica, marxista. No viene al caso. Para lo que interesa se puede afirmar que el movimiento que se ha desarrollado desde el 28 de abril –y que más allá de sus vaivenes o reflujos temporales continuará expresándose en el futuro– modificó en forma tajante la correlación de fuerzas entre las clases en el país.
Si bien la terminología clásica define la situación a partir de correlación de fuerzas entre las clases directamente antagónicas (burguesía y proletariado) y el proletariado colombiano (desde sus organizaciones de base, desde las fábricas, con el paro de la producción) no fue ni es aún un factor decisivo en las movilizaciones y acciones de lucha si se puede afirmar que, por la masividad, profundidad y extensión del movimiento se ha abierto una nueva situación. En el paro y sus masivas movilizaciones participaron en forma dispersa enormes masas trabajadoras no organizadas, centenares de miles de jóvenes desempleados de familias de trabajadoras, y fue visto con simpatía por toda la población. Se ha producido, por tanto, una modificación sustancial, cualitativa, de la correlación de fuerzas. Estamos, por tanto, ante una nueva situación. Podremos discutir su nombre, describirla, precisar sus elementos, pero hay una nueva realidad a ese nivel. ¿Cuánto dure? ¿Se profundizará rápidamente? No lo sabemos; eso está por verse.
Algunos señalan la situación actual en Colombia como pre-revolucionaria; es decir, previa o al borde de una situación revolucionaria. Si definimos la situación revolucionaria como aquella en la  cual existen posibilidadesreales de que el proletariado (acaudillando a millones de explotados y oprimidos) tome el poder a nivel nacional y, desde un gobierno obrero y popular (o como se le denomine) inicie un programa de transformaciones económicas y sociales de índole socialista, estamos aún lejos de ese momento. ¿Por qué? Porque para ello es necesario, casi que imprescindible, que exista un partido político que levante ese programa y que sea dirección efectiva de la lucha de millones contra el sistema capitalista (nacional y mundial). Y ese partido, hoy por hoy, no existe en Colombia.
Las luchas, masivas, heroicas, que involucran a miles o millones, por sí mismas no generan ese partido. Esas luchas abren y amplían la posibilidad de avanzar en su construcción. Pero mientras ello se dé, entonces, nos debatiríamos en medio de situaciones pre revolucionarias crónicas, con flujos y reflujos, avances y retrocesos.
A un mes y medio del estallido ¿Cómo ven la situación actual y las tareas que están planteadas?
J. S. Al día de hoy no dudo en afirmar que el ciclo de movilizaciones masivas, de enfrentamientos radicales con las fuerzas represivas del régimen, de bloqueos de carreteras y vías urbanas, con participación decisiva de franjas juveniles populares, ha concluido temporalmente, aunque sigan ocurriendo choques esporádicos. No podemos descartar que vuelva a estallar súbitamente otra protesta, pronto o tarde, con carácter nacional o local. El conjunto de la situación económica y social tiene todos los elementos necesarios para que la movilización se pueda reavivar muy rápidamente. Cualquier medida del gobierno, cualquier atropello de las fuerzas represivas puede desatar nuevos y radicales estallidos.
Pero veamos un poco, ¿por qué concluyó el ciclo, sin que podamos afirmar que se ha cerrado el proceso? En primer lugar, y decisivo, por ausencia de una dirección que tuviese capacidad e interés efectivo en dar continuidad al movimiento y desarrollase un plan para profundizarlo. Ya señalé la posición de los partidos de oposición parlamentaria. Esos partidos dominan políticamente en la cúpula de la Dirección sindical, del Comité Nacional de Paro (CNP). Esa dirección, aun cuando no representaba a todo el movimiento si influía decisivamente. Fijaba los días de manifestaciones masivas (en general los miércoles), aunque no era plan de esa Dirección desatar un movimiento de las dimensiones que se produjo. Solo querían una movilización controlada el día 28 de abril, movilización que “se les salió de las manos”. Entraron rápidamente a suplicar al gobierno la instalación de una mesa de negociación. El gobierno se resistió inicialmente pero luego, en una acción en la que combinaba intensa represión (con decenas de muertos, centenares de heridos y desaparecidos, agresiones sexuales a manifestantes, etc.) con negociaciones separadas comenzó a desgastar y debilitar al movimiento.
Hace pocos días el Comité Nacional de Paro anunció que no convocará nuevas manifestaciones y que el pliego de peticiones presentado al gobierno será convertido en proyectos de ley para llevar al Parlamento a partir del 20 de julio próximo. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que fue la única organización sindical que durante el mes de mayo mantuvo una declaratoria de paro, ha orientado a sus bases a retornar a la actividad académica normal. Entretanto se propone negociar con el gobierno, separadamente, su propio pliego de peticiones.
¿Las tareas planteadas? Diría que la decisiva y fundamental es lograr que la energía, combatividad y radicalidad demostrada por miles de jóvenes, que fueron la “primera línea” del movimiento, se traduzca, en este momento de descenso temporal del nivel de movilización, en un profundo y masivo proceso de reflexión política. Ese proceso podría sentar las bases para que los nuevos episodios de lucha y movilización generalizada, que seguro se producirán, tengan una mayor claridad en sus objetivos, estructuras de dirección democráticas y representativas de los distintos sectores en lucha y, de ser posible, lo cual sería un enorme logro, una centralización nacional de una dirección que, con representatividad, se postule como dirección alterna a la actual dirección burocrática y la obligue a modificar sus orientaciones.
Es urgente, igualmente, plantear en forma abierta la lucha por una nueva dirección política y sindical para los trabajadores. Los sectores clasistas y revolucionarios, minoritarios en este momento, deben enfrentar consecuentemente la batalla por derrotar, desde las bases, a la cúpula burocrática que domina al aparato sindical. Pero esa batalla solo se puede dar, con posibilidades de éxito, rompiendo con la política reformista, conciliadora y capituladora al régimen y al gobierno que domina al interior de esas direcciones.
¿Cómo ha sido el proceso de organización de masas? y ¿Qué opinión tienen de la Asamblea Nacional Popular?
J. S. De conjunto, las masas obreras y populares colombianas no tienen sólidos niveles de organización. Entre los trabajadores solo una pequeña fracción (4.5% aproximadamente) está sindicalizada. En la clase obrera industrial el porcentaje es mínimo. La enorme mayoría de los obreros están contratados en forma temporal y, por temor a que no se renueven sus contratos, no se vincula a los sindicatos.
El proceso de movilización que se desarrolló con el paro del 21 de noviembre de 2019 –menos fuerte y menos extenso que el actual—mostró algunos embriones de organización en sectores populares; fundamentalmente entre la juventud. A partir del 28 de abril de 2021, en distintas ciudades (Cali en forma muy especial), se comenzaron a conformar las llamadas Asambleas Populares. De desarrollarse ese proceso, aún incipiente, podría lograrse una estructura organizativa que de mayor capacidad y fortaleza a futuros movimientos. Pero todo ello, insisto, está determinado por la orientación política mayoritaria que allí gane mayoría. Sin una perspectiva política cualquier proceso organizativo, valioso e importante sin duda, puede terminar incluso frenando el movimiento.
Para una compresión del proceso de la Asamblea Nacional Popular, desarrollada entre los días 6 y 8 de junio, remito a dos textos que están publicados en www.eltrabajadorsocialista.org sitio en internet del Grupo de Trabajadores Socialistas. El primero, una Declaración común de tres organizaciones trotskistas (el GTS, Democracia Directa e Impulso Socialista); el segundo, un análisis de los resultados de la Asamblea, artículo escrito por Armando Barrera.
Pero, a manera de síntesis, se podría señalar: la Asamblea Nacional Popular fue un esfuerzo válido, ya en un momento de descenso del movimiento (más de un mes después de su inicio) por agrupar fuerzas que cuestionaban la dirección burocrática del Comité Nacional de Paro y han intentado postularse como una opción de dirección.
¿Cómo ven las posibilidades de un polo fuerte de la izquierda revolucionaria?
JS. Si entendemos por “izquierda revolucionaria” a quienes defendemos un programa anticapitalista, tenemos que señalar que somos, de conjunto, bastante débiles en Colombia. Lograr un “polo” entre ellos, por lo menos un accionar unificado en algunos terrenos, podría ser un paso adelante. La realidad presiona en el sentido de unir las fuerzas de los revolucionarios. Eso sería un paso adelante siempre y cuando esa unidad se logre sobre sólidas bases de principios y con métodos correctos en la vida interna de las organizaciones.
Existe una franja de organizaciones relativamente amplia, con influencia importante en algunos sectores, que no están totalmente integradas a la oposición parlamentaria abiertamente reformista, que se diferencian en algo de ella, pero no avanzan a levantar un programa por la toma del poder por los trabajadores, contra el capitalismo, por el socialismo. Son organizaciones que solo llegan hasta proponer la lucha contra el modelo neoliberal; por un modelo de “capitalismo humano” como el que defiende Gustavo Petro, principal representante de la oposición parlamentaria reformista.
Con estas organizaciones lo que está planteado es actuar en común impulsando la lucha y movilización de los trabajadores, logrando que en las organizaciones de masas las decisiones se adopten de forma democrática. La realidad y el proceso de lucha puede llevar a individuos (o sectores) de esas organizaciones a comprender que es en vano la lucha por reformar el capitalismo. Solo un conjunto de radicales medidas anticapitalistas, aplicadas por un gobierno de los trabajadores, puede comenzar a solucionar los problemas y necesidades que día tras día agobian a millones y millones de explotados y oprimidos, en el país y el mundo.
¿Quieren agregar algo más?
J. S. Quisiera resaltar la importancia decisiva que tuvo y tiene la solidaridad internacional para contener en algo la brutal arremetida represiva del régimen y el gobierno de Iván Duque contra el pueblo colombiano. Esas manifestaciones ante las Embajadas y consulados, las declaraciones de defensores de derechos humanos, la exigencia de que cese la represión, no solo son un respaldo moral: son una fuerza política objetiva en la batalla por contener la mano de un régimen y gobierno asesino. Hago el llamado a que esta actitud solidaria se mantenga en todos los países, pues la lucha continúa.

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La Asamblea Nacional Popular

Unidad por construir para continuar la lucha

Armando Barrera
Bogotá, junio 14 de 2021

Los días 6, 7 y 8 de junio se realizó en Bogotá –de manera presencial en el Colegio Claretiano de Bosa, y abierta vía internet a participantes de todo el país y a nivel internacional– la llamada Asamblea Nacional Popular (ANP). Sus conclusiones fueron sintetizadas en una Declaración Final (https://www.congresodelospueblos.org/comunicado-declaracion-politica-anp/)  en la cual se plantean tareas de movilización, de construcción de una nueva dirección para el movimiento social y de preparación de una nueva Asamblea para fines del mes de julio. Es importante hacer un balance objetivo del evento, si queremos que sea un paso adelante en la lucha contra el gobierno genocida de Iván Duque.
La convocatoria
Desde hacía varias semanas diversos sectores veníamos exigiendo al Comité Nacional de Paro (CNP) la convocatoria de un encuentro nacional amplio que permitiera centralizar a todos los sectores en lucha, teniendo en cuenta que el CNP no es reconocido como dirección por muchos de esos sectores. Por su propia cuenta la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP) y el Bloque por el Paro General Indefinido (BPGI) intentaron realizar eventos virtuales amplios para empezar a agrupar a las múltiples expresiones de la rebeldía popular que estaban en la base del movimiento del paro nacional, sobre todo los jóvenes que garantizaron durante más de cuarenta días los bloqueos en ciudades y carreteras, que se constituyeron en la fuerza fundamental que obligó al gobierno a retroceder en sus planes antipopulares. Esas convocatorias obtuvieron respuestas muy limitadas.
Posteriormente el Congreso de los Pueblos decidió liderar la convocatoria denominándola Asamblea Nacional Popular; se quería de esa manera recoger la forma organizativa que estaba en marcha en los llamados puntos de resistencia. El CNSSP, el BPGI y otros sectores se sumaron al llamado y se hizo circular un texto para que fuera apoyado por firmas: se obtuvieron más de seiscientas firmas individuales y unas ciento cincuenta de organizaciones de la más variada índole: agrupaciones juveniles, asociaciones barriales, organizaciones étnicas, populares, culturales y partidos políticos dieron su respaldo. A pesar del escaso tiempo en que se concretó la iniciativa la respuesta fue positiva. Finalmente, según los organizadores, participaron unas mil quinientas personas -al inicio del evento presencial entre setecientos y un millar de asistentes y unos quinientos a nivel virtual. Pero este censo es poco riguroso por el flujo constante de la asistencia.
Un Comité Nacional de Paro no representativo de los sectores en lucha
Con la convocatoria de la ANP el Congreso de los Pueblos trató de reagrupar al llamado “sector de la Concha Acústica” de la Universidad Nacional, que a inicios del 2020 se enfrentó con el CNP exigiendo mayor democracia para la base y la dirección del movimiento. En ese momento, el CNP, constituido fundamentalmente por la burocracia de las centrales sindicales, se retiró del Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Étnico y Popular y se reunió en el Centro de Convenciones de Cafam, tratando de imponerse como únicos interlocutores válidos en una posible negociación con el gobierno, pues su objetivo siempre ha sido instrumentalizar la inconformidad social hacia las elecciones del 2022, al servicio de la Coalición de la Esperanza y el llamado Pacto Histórico que promueve Colombia Humana. Pero en la Concha Acústica, por su parte, se impuso la hegemonía del Congreso de los Pueblos cuyo objetivo principal es presionar por las negociaciones de paz con el ELN, a lo que se suma la exigencia del cumplimiento de los acuerdos con las FARC, que para sectores como el Partido Comunista o Comunes son la panacea para todos los males sociales de Colombia. De allí que surgieran posteriormente otros procesos de coordinación como el BPGI y la CNSSP.
Esa división de la dirección ha sido un lastre para el movimiento social pues ha impedido unificar objetivos, pliego y plan de acción. Al mes de iniciado el movimiento del 28A, la situación era apremiante para el CNP y ello llevó a que las diferencias en su interior empezaran a aflorar, pues su estrategia de negociar puntos que eran abstractos para la mayoría de los que seguían en las calles, deslegitimó aún más a los dirigentes de las centrales para asumir la vocería de los puntos de resistencia y las asambleas locales y regionales, a la vez que no quedaba claro como darle continuidad al movimiento desencadenado el 28 de abril.
Consciente de la falta de representatividad del CNP, el gobierno se ha negado a negociar, poniéndole como condición la condena a los bloqueos y, al tiempo que adelantaba la más brutal represión contra la protesta social, ha buscado acuerdos sectoriales y locales para debilitar la lucha. Por eso era más urgente que nunca llamar a la más amplia unidad para fortalecer el movimiento. La ANP era una posibilidad para avanzar en ese sentido.
Una concepción coyuntural y estratégica equivocadas
Si bien la asistencia a la ANP fue significativa su representatividad sigue siendo muy limitada. Muchos sectores sociales de peso, como el CRIC y su Guardia Indígena, no hicieron presencia oficial en el evento, aunque participaron algunas comunidades como los Misak, que tienen asentamiento en Bogotá. Tampoco avalaron el evento sindicatos que representen a franjas importantes de los asalariados industriales o estatales. Tal vez lo más importante fue la participación de un sector juvenil muy amplio en representación de algunas de las “Primeras Líneas” que han tenido el protagonismo en la actual lucha. Su energía y radicalidad dio tono a las álgidas discusiones que se adelantaron en la ANP, centradas en lo inmediato en las exigencias de garantías democráticas para la protesta, juicio y castigo a los responsables estatales y paraestatales de los asesinatos de manifestantes y en un programa de cambios estructurales de la sociedad colombiana.
Tal vez el problema fundamental de este evento fue que, tal como insistieron reiteradamente sus voceros, para el Congreso de los Pueblos “la ANP no es un evento, sino un proceso”. Es la vieja tesis de “construir un poder popular” paralelo al verdadero poder del Estado burgués colombiano y el régimen autoritario burgués-terrateniente que moldea sus antidemocráticas instituciones apoyadas en el paramilitarismo y respaldadas férreamente por el imperialismo yanqui. Con esa concepción estratégica el Congreso de los Pueblos disuelve en un futuro indeterminado de autogestión la lucha inmediata y concreta de las masas movilizadas, que si se centraliza, y articula a sectores cada vez más amplios de la población, en particular a los trabajadores asalariados, podría en una coyuntura de crisis como la que provocaron los bloqueos derribar al debilitado gobierno de Iván Duque, anticipando una posible crisis del régimen.
El otro factor negativo fue que la convocatoria de la ANP se hizo en el momento que el movimiento empezaba a debilitarse de manera notoria con el levantamiento de los bloqueos, los acuerdos locales de los alcaldes con las Primeras Líneas y el desgaste del magisterio, único sector sindical formalmente en paro. De allí que su llamamiento a realizar movilizaciones semanales para sostener el movimiento corre el riesgo de caer en el vacío o tener alcances muy limitados.
Organicemos el Encuentro Nacional
La ANP convoca un nuevo evento para fines de julio en la ciudad de Cali. Es necesario emplazar al Comité Nacional de Paro –que se ha retirado de la mesa de negociación con el gobierno por la absoluta falta de garantías, y por la presión de Fecode que ha levantado el paro del magisterio– a que teniendo como referencia esa fecha, convoque un Encuentro Nacional en el que confluyan todos los sectores que se han movilizado, en primer lugar los jóvenes que han sido la vanguardia de la protesta y la resistencia, pero que dicho Encuentro se prepare a fondo realizando asambleas democráticas en todos los lugares de trabajo y estudio, al tiempo que se fortalece la organización territorial basada en las Asambleas Populares. En ese gran Encuentro debemos realizar un balance objetivo del movimiento de paro nacional, unificar el pliego, elegir una nueva dirección que sea realmente representativa y definir un plan de acción con paros escalonados del sector estatal en preparación de un paro nacional de la producción para terminar de echar abajo todos los planes de Duque y el imperialismo.
Con ese propósito el Grupo de Trabajadores Socialistas pone a disposición de todos los luchadores las propuestas que presentamos a la ANP, de común acuerdo con Democracia Directa e Impulso Socialista, y que publicamos en este blog https://eltrabajadorsocialista.org/

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Un mes de paro nacional

Primeras lecciones y las tareas del momento

A un mes de iniciada la movilización nacional que enfrenta al gobierno de Iván Duque y sus planes antisociales, El Trabajador Socialista -con el objetivo de hacer un balance preliminar y proyectar perspectivas- entrevistó a Ima Yurley, presidente de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín -ASDEM-, a Mónica Baena C., delegada de ASDEM y a Juan Sánchez, miembro de la junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, de la Universidad Nacional de Colombia. Los tres hacen parte del Grupo de Trabajadores Socialistas.
Desde el 28 de abril hemos vivido en Colombia la más gigantesca, extensa y continúa movilización de masas de su historia. ¿Podría sintetizar los antecedentes y razones por las cuales estalló esta movilización?

Ima Yurley (IY): La situación actual es consecuencia directa de la movilización del 21 de noviembre del 2019. Las exigencias de la población que fueron represadas por la pandemia no fueron respondidas por Iván Duque. La inconformidad popular se manifestó también, a lo largo del 2020, en algunas movilizaciones y jornadas de protesta. La más radical de todas fue la del 9 y 10 de septiembre del año pasado en Bogotá, producto del asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía.
Ese malestar social llegó hasta el 2021. La jornada del 28 de abril fue convocada por el Comité Nacional de Paro (CNP) para respaldar el llamado pliego de emergencia, que comprende medidas para atender la pandemia: ingresos para las familias, fortalecimiento del sector salud, apoyo a las pequeñas empresas y otras reivindicaciones. Pero el factor que provocó el estallido fue el rechazo generalizado a la reforma tributaria.
Esas son las razones por las cuales ha estallado la movilización social; que va mucho más allá de los sectores organizados en el área sindical, como camioneros, estudiantes e indígenas y se extiende a múltiples sectores de la población. Probablemente la confluencia de sectores tuvo que ver con el rechazo a la reforma tributaria que afectaba no solamente a los asalariados sino también a la clase media y a los pequeños empresarios.

¿La Dirección de las organizaciones sindicales, barriales, populares, preparó el paro de manera intensa en los días previos?
Mónica Baena (M.B.):No hubo una preparación por parte de la dirigencia sindical de este paro; igual a lo acontecido en el 2019. Recordemos que la convocatoria del paro del 21N fue producto de la presión de sectores sociales y sindicales que asistían al llamado Comando Nacional de Paro y que no eran escuchados.
No se convocan asambleas en los diferentes lugares de trabajo; en los gremios que están afiliados a las centrales, sino que simplemente se fija una fecha y se impone esa fecha a las bases sindicales. Por eso su participación es muy limitada. Pero las fechas definidas por el CNP se vuelven un punto de referencia para el conjunto de la población que no está organizada.

¿Cómo transcurrió el Paro el 28 y qué sucedió en los días inmediatamente siguientes, 29 y 30 de abril y 1 de mayo?
Juan Sánchez (JS): Se creía que se limitaría a manifestaciones masivas en todas las ciudades del país; esa era la intención del CNP, que fueran desfiles rutinarios. Pero el 28 de abril por la noche hubo cacerolazo y entonces se planteó que continuaba la anormalidad el día 29 de abril.
Los Comités Departamentales, los Comités Locales, y el propio CNP, tuvieron que reconocer que había procesos populares en curso y que estaban autoconvocándose en sitios de concentración, sitios de bloqueo para interrumpir la movilidad. Eso se ha vuelto un elemento común a este tipo de lucha. Afectar el transporte masivo en las ciudades más grandes, interrumpir el transporte por carretera en algunas intersecciones o tomarse las calles para desarrollar expresiones culturales y deportivas. La modalidad particular del paro nacional en Colombia tiene que ver con eso, con el bloqueo, que se ha convertido en el factor fundamental que afecta la vida, la normalidad, la cotidianidad y afecta al aparato productivo, es decir a la economía.
La burocracia del CNP pensaba que se iba a extender un poco la protesta hasta el 1º de mayo, pero no convocaron nada para el 30 de abril y directamente para el 1 de mayo el CNP llamó a no movilizarse. La respuesta de la población, la respuesta de los sectores en lucha fue movilizarse el 1 de mayo. Eso desbordó realmente a la dirección sindical.
¿Podría comentar un poco más en detalle sobre el proceso en la ciudad de Cali? ¿Cuáles son las características especiales que pueden haber determinado que, en Cali, precisamente, se haya dado el movimiento con la profundidad que se dio?
I.Y.: Aunque no me encuentro en la ciudad de Cali, hemos recibido mucha información por diversos medios. La situación singular de Cali parece que tiene que ver con un proceso de muy largo aliento que ha vivido la ciudad en el terreno demográfico. O sea, Cali se ha convertido en una ciudad de inmigrantes donde se va asentando población desplazada de la zona del Cauca, de la zona del Pacífico y de otras regiones. En Cali hay una amplia población afrodescendiente, supremamente empobrecida, a esto habría que sumarle la situación general de la juventud precarizada.
Las cifras que se presentan y que tal vez explican la explosividad de la situación en Cali tiene que ver con una caída brutal de la economía y el incremento del desempleo; sobre todo en el sector juvenil que es mucho más alto que en el resto del país. La parálisis de la economía de cuenta-propistas, informal, fue mucho más grave allá. Entonces la explosividad social fue mayor y a eso se sumó el contacto que tiene con el departamento del Cauca.
Además, recordemos que en Cali hay un sector importante de la población, en particular algunos sectores de la burguesía caleña, relacionado con el narcotráfico; lo que se vuelve supremamente crítico en momentos como los que estamos viviendo. De allí los enfrentamientos que hubo en el sur de Cali, de los sectores más acomodados, por la presencia de la Minga Indígena.
El gremio de pequeños y medianos transportadores de carga se unió al paro a partir del día 2 de mayo, ampliando y extendiendo a todo el país los bloqueos de vías que ya se habían presentado en los días previos. ¿Qué efecto tuvo esa participación de ese sector en el Paro?
J.S.: Los transportadores se vincularon al paro por sus propios intereses. En Colombia el transporte de carga es fundamental para toda la economía. En la medida en que se abandonaron los ferrocarriles y las vías fluviales, entonces todo depende del transporte de carga en camiones y tractomulas, lo que genera un sector empresarial más o menos potente del cual depende el funcionamiento de la economía. Aprovechan el paro para exigir que no haya incrementos a la gasolina y el ACPM, ni a otros insumos que ellos necesitan para su labor, que se reduzca el costo de peajes pues las carreteras colombianas están privatizadas al nivel del abuso más extraordinario. Hay otras exigencias en el terreno impositivo o de reemplazo del parque automotor, o sea la chatarrización.
¿Cuál fue la respuesta inicial del gobierno de Iván Duque al paro?
M.B.: El gobierno se mostró intransigente a pesar de que dos sectores políticos tradicionales, que representan a la gran burguesía, como son el partido Liberal y Cambio Radical desde el inicio dijeron que se oponían a la reforma. Posteriormente el gobierno se vio obligado a retirarla reforma, lo que se constituyó en el primer golpe que le propinó la movilización social al gobierno.
¿Qué significó para el Paro la caída del ministro de Hacienda y el retiro de la reforma tributaria?
J.S: La caída del ministro de Hacienda y del viceministro, o sea, el equipo fundamental en el terreno económico, de confianza del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo fue un golpe demoledor al gobierno de Iván Duque. Alberto Carrasquilla ha representado en la tecnocracia colombiana a los sectores más ortodoxos de la política neoliberal, de privatizaciones, de descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis, de contrarreformas laborales. Su caída fue un triunfo muy importante, político, de la movilización.
¿Qué papel ha jugado el Comando Nacional de Paro? ¿Cuenta ese Comando con la representatividad y autoridad para negociar a nombre del movimiento?
J.S.: El CNP tiene una representación muy limitada de los sectores sociales en lucha. El CNP responde a una trayectoria ya muy vieja, de las últimas dos décadas en Colombia, de unos espacios de coordinación a los que asisten las dirigencias de las Centrales, que en el caso de la CUT es controlada por la dirigencia de Fecode y los grandes sindicatos nacionales. Eventualmente, en las diferentes coyunturas de lucha ese Comando Nacional de Paro o esa Coordinadora Nacional, adquiría un cierto rol y ahí se definían las fechas de convocatoria, planes de acción que muchas veces eran simplemente las sumatorias de lo que cada sector informaba que iba a hacer.
De todos modos, como controlan el aparato sindical, tienen alguna capacidad de convocatoria. Hacen publicidad, sacan volantes, periódicos, afiches. Pagan comunicados en la gran prensa, en la radio. Aunque su único objetivo es presionar para concertar. Esa es la política tradicional de la burocracia. Pero hay momentos en los que la movilización se la ha salido de las manos.
En segundo lugar, ese CNP es heterogéneo. Así como aparecen sectores sindicales aparecen sectores empresariales, como mencioné en el caso de los camioneros o aparecen sectores del campesinado medio y del campesinado rico que está representado a través de las Dignidades Agropecuarias. Están también las comunidades indígenas, afro-descendientes y las identidades LGBTIQ.
En los últimos años la movilización estudiantil ha sido muy significativa y por lo tanto también los estudiantes han logrado un posicionamiento en esos espacios. Entonces, el CNP tiene esa contradicción. En algunos momentos refleja el malestar social pero la autoridad que tiene, la capacidad que tiene de control sobre el movimiento es muy limitada. Eso se ha evidenciado el 21 de noviembre del 2019 cuando el paro continúo por encima de los planes que tenía la burocracia y ahora en el 2021 igualmente desde el 28 de abril. Por eso la dificultad que tienen para concertar con el gobierno y dar la orientación de que se levantan los bloqueos que puede ser intención de la burocracia pero que en realidad no dependen de ellos; dependen de otros sectores.
¿Qué otras estructuras de dirección existen a nivel nacional? ¿A nivel local?
I.Y.: La burocracia intentó controlar el Encuentro Nacional que se realizó a inicios del 2020 por la vía de impedir el acceso a los sectores juveniles y los sectores más radicales que se hicieron presenten en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, por eso se hicieron dos encuentros, uno en la Concha Acústica de la Universidad Nacional y otro en las instalaciones de Cafam en Bogotá. Posteriormente se buscó coordinación entre los dos sectores convocando jornadas de movilización para marzo del 2020, suspendidas por la pandemia. Luego se elaboró el llamado pliego de emergencia. Pero desde el Encuentro aparecieron otros espacios de coordinación.
Inicialmente lo que se llamó el Bloque por el Paro General Indefinido. Luego hay sectores que han impulsado una especie de coordinación que venía de un año atrás, tratando de centralizar coordinadoras locales o regionales, como es la Coordinadora de Luchas de Cartagena, el Comité Oziel Tapasco, que reflejaba a la Coordinadora de Solidaridad de Medellín y la Coordinadora de Solidaridad del Valle. Eso dio paso a la creación, durante la pandemia, de la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular que ha tenido una cierta actividad, un cierto protagonismo. El propio CNP la ha tenido que reconocer. Y recientemente se ha tomado la iniciativa de convocar, virtualmente por ahora, las llamadas Asambleas Populares, tratando de centralizar un proceso que parece ser incipiente. Es probable que en algunas localidades esté más avanzado, que es lo que se ha llamado las Asambleas Populares. Eso, que sería una novedad, porque expresaría a los sectores movilizados, a los sectores populares, a los sectores juveniles precarizados que habitan en los barrios populares o que están en las pequeñas poblaciones, sería un factor muy dinámico en esta protesta.
Es claro que, en términos políticos, antes del paro, toda la actividad de las fuerzas políticas de la burguesía y de la oposición parlamentaria (Partido Verde, Coalición de la Esperanza, Colombia Humana, los Comunes, el Pacto Histórico, entre otras) estaba orientada hacia las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022. ¿Cómo se han posicionado esas fuerzas ante la nueva coyuntura determinada por el paro?
M.B.: En la movilización social, desde luego, están interviniendo todas las fuerzas políticas, incluida la burguesía. La cabeza más visible del CNP, el presidente de la CUT Francisco Maltés es del partido Liberal; Percy Oyola de la CGT o Miguel Morantes de la CTC, son burócratas de larga trayectoria, históricamente ligados a los partidos tradicionales de la burguesía.
Al lado de esta burocracia está todo lo que se llama el espectro de la izquierda. Desde la extrema izquierda, –que subestima el papel de un partido obrero, con ilusiones en la acción directa por fuera de las organizaciones de masas–, los partidos nuevos, como Comunes, o heterogéneos, como el llamado Congreso de los Pueblos, hasta el centro político, del partido Verde o Dignidad de Jorge Robledo hasta los progresistas o reformistas de los que acompañan el pacto histórico con Petro, todos hacen presencia en el movimiento social.
Se ha puesto en evidencia que la estrategia de la mayoría es fundamentalmente electoral. La convocatoria a la movilización del 28 de abril era para quitarle presión a la olla social y buscar muy rápidamente un acuerdo sobre puntos mínimos con el gobierno. Ya se había presentado ante el Congreso el llamado proyecto de Renta Básica, que es una cosa realmente miserable pero que fue acordado entre todos estos sectores en un gran evento nacional en el que participaron más de 2.000 personas. Ahí había una política de buscar un acuerdo, de concertar algo.
Pero la intención, lógicamente, es que este proceso no se salga de madre, no llegue hasta la caída del gobierno de Duque, que es lo que ha planteado explícitamente Gustavo Petro, quien es la persona que más ha capitalizado electoralmente el movimiento. Una encuesta reciente lo presenta como imbatible frente a todos los demás candidatos hacia el 2022. Quiere decir que estamos en medio de una crisis que no es solamente una crisis económica, social, sino que ha trascendido al terreno político y ha puesto en tensión a todas las fuerzas políticas en pugna.
¿Es posible ubicar, en todo el movimiento, una o dos consignas o exigencias centrales que lo unifiquen? ¿Cuáles serían, a su juicio?
J.S.: Se tiene que responder de inmediato a la necesidad de que la población tenga un mínimo de ingresos para soportar la crisis actual y poder sobrevivir. La primera consigna tendría que ser en el terreno económico. En el pliego de emergencia se exige una renta básica equivalente al salario mínimo y que sea individual; no por familia, como propone el proyecto de ley que tratan de pactar en el Congreso. El estado, es su obligación constitucional, debería garantizar de inmediato el derecho al trabajo, contratando a toda persona apta para trabajar o garantizando su subsistencia para estudiar. La otra consigna es echar abajo todo el paquete de contrarreformas de Duque, como el Decreto 1174 de contrarreforma laboral, o la reforma pensional y del sector salud.
La otra consigna fundamental es parar la masacre de manifestantes, que se ha recrudecido con la militarización de ciudades y departamentos, como lo ocurrido la noche del 28 de abril en Cali. Insistir en la renuncia del Ministro de Defensa y la toda la cúpula militar y policial, y la disolución del ESMAD.
Pero la gran pregunta es si una de las exigencias debería ser la caída del gobierno de Duque; si el movimiento da para eso, para tumbar al gobierno de Duque y poner en crisis, incluso, al propio régimen político. Hay quienes llegan a plantear que hay que propugnar por una Asamblea Nacional Constituyente. Esa discusión es la que está en curso.
¿Se pueden articular los sindicatos estatales a la movilización del Paro Nacional y cuál es la perspectiva de llegar a un paro estatal?
J.S.: La dirección de Fecode llamó al paro desde el 27 de abril. Una parte significativa del sector educativo se encuentra paralizado, movido por sus reivindicaciones específicas, y como rechazo a la alternancia que le han impuesto, obligándolo a que vaya a las aulas sin medidas de bioseguridad y a que sin vacunarse se sometan al riesgo del contagio, a contagiar a los estudiantes a su vez a contagiar a las familias. Pero la prolongación del paro empieza a desgastar a las bases magisteriales.
La dirección de Fecode no se atreve a levantar el paro porque sabe que es una columna vertebral en el CNP. Tienen ese problema. El resto de sectores estatales no actúa; hace años que no se realiza un paro nacional estatal. La forma como se negocia en el sector estatal es que hay un pliego nacional unificado y pliegos por entidad o sector; en el pliego nacional hay reivindicaciones fundamentales, como acabar con la planta paralela en la que se calcula que puede haber un millón de trabajadores tercerizados, con contratos temporales, ODSs. Eso es una dificultad, pero la dirigencia sindical estatal tampoco se ha prestado para unificar la lucha y llamar a un paro nacional estatal. Fecode podría plantearlo. Pero en este momento, después de un mes de paro, ni siquiera han llamado a una jornada nacional de protesta estatal. En algunos sectores, parcialmente se han producido protestas, una cierta presión, como en Ecopetrol. O en el sector universitario público, en el que los estudiantes han suspendido las actividades académicas, pero la mesa de negociación específica con el sector universitario no está funcionando y está pendiente que se reinicien las actividades.
¿El preacuerdo que propone el CNP es garantía para los jóvenes movilizados y las víctimas de la acción de la Policía y el Esmad?
J.S.: Realmente no. El CNP tiene una muy débil representación y el gobierno lo sabe. Por eso le ha exigido que condene los bloqueos. ¿Cómo puede haber garantías para los jóvenes movilizados? Pues que nadie sea judicializado, que aparezcan los desaparecidos, que se investigue a los responsables de la represión, de los asesinatos, de las violaciones. Esas son las garantías que hay que exigir. El gobierno no lo va a aceptar y es respaldado por el grueso de la burguesía. Por eso la absoluta mayoría de se unificó para impedir la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.
¿Por qué el gobierno exige al CNP que levante los bloqueos, cuando sabe que no dirige los jóvenes que han comenzado a organizarse en Asambleas Populares?
I.Y.: El gobierno sabe que no depende del CNP que se levanten los bloqueos. Por eso tiene un doble juego. Por un lado, buscar la negociación parcial, como con los camioneros, al tiempo que intenta reprimir. Ya hay procesos judiciales de extinción de dominio sobre algunos de los vehículos; una medida que anunció el Fiscal General. Por otro lado, busca acuerdos con este sector de pequeños, medianos y grandes empresarios. Si logra que el sector camionero se retire debilita los bloqueos.
Por otro lado, está el problema de la juventud. Duque anuncia una serie de medidas; un pequeño plan de emergencia en el terreno económico y social. Hay que ver hasta donde eso logra desmovilizar a los jóvenes. Pero no podemos ignorar que esas medidas pueden tener alguna repercusión en los sectores populares. Si se garantiza un ingreso coyuntural a esos jóvenes, si se hacen planes de contratación masiva de jóvenes a cargo del Estado, como lo está planteando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; o las garantías que le brindan al sector empresarial al que le han prometido subsidios de la nómina para que contrate jóvenes.
En la mesa de negociación el CNP puede aparecer reglamentando esas ofertas del gobierno. Aquí hay una pelea entre el gobierno que adopta políticas unilateralmente, como la matrícula cero, y el CNP que quiere aparecer obteniéndolas en la mesa de negociación para volver a ganar prestigio ante la gente.
Por el balance de asesinatos de jóvenes, detenidos, desaparecidos y heridos, se plantea que intervengan organismos de DDHH internacionales. ¿Es suficiente para detener el actuar combinado de agentes represivos y bandas paramilitares contra la protesta?
M.B.: Yo soy integrante de DD.HH. de ASDEM, y estoy convencida que ha habido también un golpe al gobierno de Duque en ese terreno a nivel internacional. Eso es lo que explica la caída de la Canciller Claudia Blum, y su reemplazo por la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez. El gobierno se resistió a aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero finalmente tuvo que ceder. Ese es el calibre de la presión internacional.
Si nosotros entendemos la relación que ha habido en el régimen político colombiano entre las instituciones represivas del Estado y las bandas paramilitares y en este caso también con sectores de esta burguesía de ultraderecha, narcotraficante, que se encuentra armada y que salió a las calles a enfrentar violentamente a los manifestantes, debemos exigir control sobre esos sectores, que también en buena medida, se han desbordado. Pero quiere decir que el gobierno se vería obligado a reprimirlos. Asistimos a un proceso de lucha de clases, similar a lo que aconteció en Estados Unidos donde sectores de ultraderecha pasaron a la ofensiva, pero el gobierno tuvo que salir también, en alguna medida, a tratar de controlarlos.
Eso no impide de manera absoluta que los paramilitares continúen actuando. Todos los días hay nuevos asesinatos, masacres, etc. Y seguramente, después de que este proceso culmine, buscarán a los líderes, a los jóvenes en los barrios, para asesinarlos. Hay que hacer un llamado muy fuerte a la movilización democrática, que sabemos que en Colombia es muy difícil, por la defensa de la vida contra el asesinato de los líderes sociales y en este caso de los jóvenes que podrían estar en peligro.
Es claro que el gobierno ha optado por negociaciones parciales en los puntos más candentes del movimiento. ¿Cómo lograr una unidad nacional del movimiento, dotándolo de una Dirección unificada y que lo represente realmente?
I.Y.: El gobierno tiene como estrategia fragmentar el movimiento. No se pudo llegar a un acuerdo entre el CNP y el gobierno, porque éste ha planteado como no negociable que el CNP no se pronuncie contra los bloqueos, que son los que realmente han afectado la producción. El empresariado declaró que el 20% de la actividad productiva está afectada provocando pérdidas de más o menos $500.000 millones diarios.
¿Qué alternativa tiene el movimiento? En la medida que es tan heterogéneo en la base y en los puntos de resistencia son los sectores juveniles y populares los que han garantizado los bloqueos es necesario darle una salida organizativa. Por eso las Asambleas Populares habría que potenciarlas y lanzar la consigna centralizadora de realizar un Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Popular, Étnico, de Afrodescendientes, Indígena, de Identidades como los LGBTIQ. O sea, todos los sectores que se han expresado con sus reivindicaciones particulares en este amplio movimiento social. Pero hasta ahora el CNP se niega a convocar ese encuentro. Entonces, todas las iniciativas en este momento son parciales y eso es lo que dificulta lograr una dirección unificada que sea representativa, que haya un gran Encuentro que elija una nueva dirección que puede incluir al Comité Nacional de Paro pero que este se subordine a las definiciones que plantee el Encuentro. Ese es el obstáculo que se enfrenta, el empantanamiento que tiene el movimiento social. En lo inmediato debemos promover la participación en la convocatoria a una Asamblea Nacional Popular para los días 6,7 y 8 de junio, con ese objetivo.
A mediano plazo, ¿cuáles serían, a su juicio, las tareas más urgentes para lograr que toda la experiencia y enseñanzas de este paro se conviertan en un factor dinamizador de futuras luchas en el país?
M.B.: Yo creo que la tarea más urgente es fortalecer el proceso organizativo. O sea, hay que reconocer que la vitalidad de los sectores populares es muy grande y en los sectores barriales, en los sectores de las poblaciones más pequeñas eso predomina. En los sectores barriales ha incidido mucho la actividad de numerosas organizaciones políticas y organizaciones no gubernamentales. Probablemente ellos canalicen buena parte de esa participación juvenil. Además de múltiples formas autónomas de organización de los jóvenes. Estamos hablando de grupos culturales, deportivos, grafiteros, etc. Entonces, si estos jóvenes buscan representación a través de ese tipo de formas institucionales sería muy interesante.
Pero eso lo tiene que potenciar el sector organizado de los trabajadores que hasta ahora no se mueve, no se lanza a la pelea. En realidad, el único sector organizado que participó con un paro fuimos los maestros, como sector estatal, y las comunidades indígenas, sector que amerita un análisis detenido. Si tenemos en cuenta que 600 pliegos de trabajadores estatales se encontraban en la mesa de negociación con el gobierno, el hecho de que hasta ahora no se haya llamado a un paro nacional estatal muestra el carácter de la dirigencia. Entonces, una tarea fundamental es justamente poner en evidencia su carácter burocrático, su política conciliadora, que en últimas está al servicio del régimen para impedir que la movilización se profundice.
Hay que tratar de reemplazar esa dirección por los nuevos sectores que están en la lucha. Será una batalla política al interior de las organizaciones sindicales. Hay que insistir en la necesidad del Encuentro Nacional, que vote un pliego y un plan de acción. Sus conclusiones deben llevarse a las asambleas de base de los sindicatos para vincularlos a la resistencia con paros escalonados hacia un paro de la producción, una huelga general, con el objetivo de conquistar las reivindicaciones más sentidas de millones pues, de lo contrario, se corre el riesgo de que todo el proceso hacia las urnas en el 2022.

——————————————Declaración del Frente de Izquierda -Unidad de Argentina

Viva la rebelión del pueblo de Colombia
Abajo el gobierno ajustador y represor de Iván Duque

Para conocimiento de nuestros lectores, difundimos la declaración emitida por el Frente de Izquierda-Unidad de Argentina sobre la situación y lucha del pueblo colombiano.

Desde el 28 de abril Colombia está viviendo intensas jornadas de lucha contra el gobierno del derechista Iván Duque con paros nacionales y movilizaciones masivas. Decenas de miles han copado las calles de Bogotá, Cali, Medellín y cada rincón del país. Jóvenes, trabajadores, pueblos originarios, campesinos se enfrentan a la brutal represión militarizada del gobierno de Duque. Las bandas del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asesinan, golpean y abusan con total impunidad. Detrás de este accionar brutal de las fuerzas de seguridad está el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de Duque, representante de la narcopolítica y el terrorismo estatal y paraestatal.
Ese miércoles 28 el Comando Nacional de Paro integrado por las tres centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y la Fecode (Federación de docentes) convocó a un paro nacional al cual también se sumaron organizaciones estudiantiles, la Minga indígena y organizaciones de diversas comunidades rurales y urbanas.
Pero tal era la bronca que el paro desbordó a las direcciones y se extendió después del 28 de abril. Se expresó en las principales ciudades del país a través de masivas movilizaciones. El epicentro ha sido la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, donde las protestas han sido particularmente masivas y el paro es casi total con cortes de caminos y rutas hacia las zonas aledañas. Un verdadero levantamiento popular en toda Colombia.
La reacción de las clases dominantes y su Estado no se hizo esperar. Al menos 30 manifestantes fueron asesinados por la policía, hay centenares de heridos y detenidos, decenas de desaparecidos y diversos organismos de derechos humanos denuncian distintos tipos de abusos y vejaciones por parte de las fuerzas represivas.
De manera demagógica, hasta el gobierno de Joe Biden ha manifestado su preocupación por la violación a los derechos humanos. Hipocresía total por parte del mismo imperialismo norteamericano que ha financiado la guerra sucia contra las Farc con el “plan Colombia”, permitido la masacre sistemática de dirigentes sindicales y sociales (solo en el 2020 se acusa de 320 asesinatos por fuerzas paramilitares) y que hoy ve peligrar a uno de sus principales aliados en su patio trasero. Lo mismo vale para los gobiernos derechistas de América Latina nucleadas en el bloque de Lima. Denunciamos, asimismo el silencio cómplice del gobierno argentino de Alberto Fernández y mexicano de López Obrador enrolados en el grupo Puebla frente a esta masacre.
Colombia viene atravesando una profunda crisis sanitaria, económica y social, profundizada por la pandemia del coronavirus que está haciendo estragos y se cobra la vida de unos 500 colombianos por día.
La situación es catastrófica para el pueblo trabajador. El desempleo se ubica en el 17%, crece la precarización y el trabajo informal y el acceso a la salud es un privilegio para unos pocos. En el segundo año de la pandemia, la pobreza ya alcanza el 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos/as no pueden cubrir sus necesidades básicas.
A todo esto, se suma el reclamo por el retraso en la campaña de vacunación que había prometido el gobierno, que apenas ha llegado a menos del 10% de la población, de acuerdo a las propias cifras oficiales.
La gota que colmó el vaso e hizo estallar la bronca y el descontento que se venían acumulando fue la reforma impositiva que intentó imponer Duque para hacer que los trabajadores y los sectores populares paguen los costos de la crisis y preservar las ganancias de los grandes empresarios. Con esta reforma tributaria, conocida como “Ley de solidaridad sostenible”, el gobierno neoliberal de Duque pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares para “sanear” las arcas del Estado y mantener la calificación crediticia de las agencias de calificación de riesgo internacional. El 73% de ese dinero iba a salir de un impuesto a la renta de las personas que ganen 633 dólares, en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares, y de un aumento del IVA. Un ataque en regla contra los y las trabajadores, sectores populares y las clases medias empobrecidas.
Las multitudinarias movilizaciones que pusieron al gobierno contra las cuerdas, obligaron a Duque a retroceder. El 2 de mayo, anunció el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para descomprimir. Esa primera victoria de la rebelión popular ha tonificado la lucha que no se ha detenido, pese a brutal represión.
El Comité Nacional del Paro, integrado por las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC) y la Fecode (federación de educadores), mantuvo el llamado al paro nacional del 5 de mayo y otras acciones presionados por la enorme disposición a la lucha de sus bases. Sin embargo, hasta ahora su política es convocar a acciones de un día y no preparar y organizar una verdadera huelga general que tire al gobierno de Duque. Pero la realidad es que desde el 28 de abril hay una huelga de hecho, con millones en las calles, con cientos de bloqueos de rutas y calles y marchas masivas en todo el país.
Hasta el momento toda su política ha sido, luego de intensas movilizaciones, dar treguas y pactar, como lo vimos en todo el largo procesos de “diálogo” con el gobierno luego de las jornadas del 21N de 2019, que fue lo que le dio un respiro a Duque y conseguir desmovilizar. Se transforman así en un dique de contención.
Ante la agudización de la situación, el gobierno lanzó la propuesta de un “diálogo social y político”, una trampa para dividir a las masas en lucha, salvar al gobierno y al régimen que la oposición de centroizquierda nucleada en la Coalición Esperanza y el “Pacto Histórico” de Gustavo Petro ven con simpatía. Solo están esperando el momento oportuno para entregar la movilización.
La política del régimen es doble: la trampa del diálogo y la represión contra los sectores de vanguardia, a los que Uribe acusa de “saqueadores”, “vándalos” y “narcos”. De esta manera buscan aislar a los sectores más combativos con la campaña en contra de la “violencia” poniendo un signo igual entre la represión de la policía y la justa resistencia obrera y popular.
La derrota del gobierno producto de la acción combativa de la clase trabajadora y los sectores populares sería un triunfo enorme que alentaría las luchas obreras y populares contra los planes fondomonetaristas y de “ajuste” en toda Latinoamérica y modificaría sustancialmente la correlación de fuerzas para ir por más. Es necesario desarrollar las asambleas de trabajadores y sectores populares y otras instancias de organización democrática que están surgiendo al calor del proceso e impulsar la convocatoria a un Congreso o Encuentro Nacional de trabajadores para llevar la rebelión en curso a la victoria y discutir una salida de la clase obrera frente a la crisis nacional.
Defendemos el justo derecho de los trabajadores y sectores populares a organizar su autodefensa para enfrentar la brutal represión de los escuadrones de la muerte de la policía militarizada.
Es necesario con la fuerza de la movilización poner en pie Comités de huelga en cada fábrica, colegio, localidad para extender la huelga general hasta que caiga el gobierno de Duque. Contra las trampas del régimen ya sea de la extrema derecha uribista o de la centroizquierda, que intenta contener y desviar el proceso con las elecciones del año próximo para salvar al conjunto del régimen y al Estado burgués. Luchamos por el desarrollo de la huelga general para sacar a Duque e imponer un gobierno de la clase trabajadora. Que reorganice el país sin paquetazos de ajuste, sin represión heredada del Plan Colombia y con una economía obrera y popular que rompa la subordinación del país al imperialismo y a las multinacionales, comenzando por la nacionalización de la banca, del comercio exterior, el no pago de la deuda y la implementación de un fuerte impuesto a todas las grandes fortunas, para atender las demandas sociales.
Quienes integramos el Frente de Izquierda Unidad nos solidarizamos con el levantamiento del pueblo colombiano contra sus explotadores y opresores. Y llamamos a la más amplia movilización latinoamericana e internacional contra la brutal represión del gobierno de Duque.
El triunfo de los/as trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los pueblos originarios de Colombia será un triunfo para todos los explotados de América Latina.

Viva el levantamiento del pueblo de Colombia
Abajo el paquetazo contra el pueblo
Abajo el gobierno de Duque
Basta de represión. Castigo a los responsables de los asesinatos de manifestantes
Abajo el “plan Colombia”. Fuera el imperialismo de Colombia y América Latina. Por la Unidad Socialista de Latinoamérica.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-Unidad)
Compuesto por: Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas,
Izquierda Socialista y Movimiento Socialista de los Trabajadores
Buenos Aires – 5 de mayo de 2021

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¡Viva la lucha del pueblo colombiano!

Fuera Duque, agente del imperialismo

Para conocimiento de nuestros lectores, difundimos la declaración emitida por Opinión Socialista (Argentina) – Resistencia, en PSOL (Brasil) – MRS- Movimiento Revoluvionario Socialista (República Dominicana) – MPS – Movimiento por el Socialismo (Paraguay) – LUCHAS (Venezuela); organizaciones todas ellas comprometidas con el impulso a la solidaridad con la lucha del pueblo colombiano en su lucha contra las políticas del gobierno de Iván Duque.

La rebeldía ha estallado nuevamente en las calles colombianas contra un paquete de ajuste y contra una desigualdad social estructural. La masacre que se perpetra desde hace décadas contra los sectores más oprimidos de la población ha encontrado un potente freno en la acción decidida de las masas del país hermano. El terrorismo de Estado, que viene siendo la política aplicada durante años, tiene hoy una respuesta contundente de los sectores indígenas, populares, de la juventud, de las mujeres, de la clase trabajadora, del campesinado, entre otros, que se ha unido para enfrentar el plan sistemático de exterminio que lleva adelante la clase dominante de Colombia, bendecida y financiada por el imperialismo.
El paro del 28 de abril se transformó en una llamada a la insurrección contra el gobierno de Duque y sus planes de ajuste y miseria. Las reformas fiscales exigidas por el FMI en medio de la feroz pandemia, son el calco de las medidas que este organismo exige en todos los países. Pero los pueblos y la clase trabajadora van encontrando la manera de vertebrar la respuesta al saqueo. Como en Chile en 2019 o en la misma Colombia en ese año, la protesta se vuelve rebelión masiva y hace tambalear los cimientos del poder.
Resurgen los reclamos centenarios, como los de las comunidades originarias que tumban las estatuas de los genocidas, y aparecen nuevos reclamos de las jóvenes generaciones contra la precarización del trabajo y la vida. Toda Colombia ha salido a mostrar que el enfrentamiento con el uribismo criminal no tiene vuelta atrás. Cali es uno de los centros de la rebelión y es donde el gobierno de Iván Duque, el títere de Uribe y del imperialismo, ha decido descargar su golpe más violento. No sólo ha desplegado las Fuerzas Armadas y el nefasto ESMAD para responder a plomo y sangre, sino que las estructuras parapoliciales, los escuadrones de la muerte, actúan contra los puestos médicos para intimidar a quienes están tratando de cuidar la salud de la población.
La respuesta popular es heroica y conmovedora. No sólo la batalla de la primera línea que enfrenta a los asesinos en cada represión sanguinaria de las fuerzas del régimen, sino la respuesta de las organizaciones de la clase y de los sectores populares. La Guardia Indígena, que ha intervenido en Cali enfrentando directamente a los escuadrones parapoliciales y deteniendo a un provocador, es una muestra de la organización necesaria para enfrentar los planes del régimen y sacar a Duque y el uribismo del poder. Esta rebelión, “que no tiene cola ni cabeza”, irá dotándose de la dirección necesaria para vencer. Es necesario que las organizaciones de la clase trabajadora y de los sectores populares que conforman el Comité del Paro avancen hacia ser una dirección efectiva de la rebelión, no solo para consolidar los triunfos ya logrados si no para conseguir la salida de Iván Duque del gobierno.
Las manifestaciones de solidaridad que crecen en el mundo entero son de gran importancia para difundir la lucha del pueblo colombiano y la masacre que está llevando adelante el gobierno de Duque. Más de 400 personas desaparecidas hay en este momento y más de 40 muertos. Es sólo una parte del terrible costo de las políticas del imperialismo en el hermano país.
Tenemos la convicción que más temprano que tarde podrá la clase trabajadora y el pueblo colombiano coronar esta Huelga General con el merecido triunfo, reorganizando el país desde sus cimientos, a través de una Asamblea Popular Constituyente que desmantele el Estado oligárquico actual y lo reemplace por otro que esté dirigido por los sectores explotados y oprimidos del país, únicos interesados en un cambio profundo, revolucionario, como el que reclama la situación.
Desde esta Coordinación Internacional, llamamos a todas las organizaciones obreras y populares del mundo entero a unirse en una sola voz solidaria con la lucha del pueblo colombiano.

¡Basta de matanzas en Colombia!
¡Basta de terrorismo de Estado!
Disolución del ESMAD. Juicio y castigo a los que asesinan a las y los luchadores.
¡Fuera Duque y el uribismo el gobierno!
¡Fuera el imperialismo de América Latina!

Opinión Socialista (Argentina)
Resistencia, en PSOL (Brasil)
MRS- Movimiento Revolucionario Socialista (República Dominicana)
MPS – Movimiento por el Socialismo (Paraguay)
LUCHAS (Venezuela)
12 de mayo de 2021

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28 de abril
Paro Nacional en Colombia[i]

¡Nueva explosión de un volcán!

Como la gigantesca erupción de un volcán, en medio de un brutal pico de la pandemia y afrontando los riesgos que ello genera, el pasado 28 de abril centenares de miles de colombianos se volcaron a manifestaciones a las calles y plazas del país. Respondieron así a la convocatoria hecha semanas anteriores por las centrales sindicales, respaldada por la totalidad de organizaciones populares, para la realización de un paro nacional.

En los días siguientes y hasta hoy Primero de Mayo, a pesar de que no haber sido esa la orientación de la cúpula sindical, las manifestaciones continuaron en varias ciudades. En Cali a pesar de la fuerte militarización y represión[ii], en Bogotá con bloqueos y marchas que han paralizado el transporte masivo (Transmilenio); en Medellín una movilización rompió los cercos del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios); en todo el país con fuertes enfrentamientos y represión de la Policía. La mayoría de estas manifestaciones se realizaron rompiendo el toque de queda impuesto por los alcaldes.

La brutal campaña desatada por el gobierno a través de los medios de comunicación para atemorizar a la población con el riesgo de contagio por el Covid, que incluyó fallos judiciales de última hora prohibiendo las concentraciones, fue respondida por centenares de pancartas de los propios manifestantes que decían: “Si un pueblo protesta y marcha en plena pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus”.

La reforma tributaria: más mortal que el Covid-19

A la tenebrosa pero categórica conclusión de que el gobierno de Iván Duque es más mortal que el Covid han llegado millones de colombianos luego de soportar durante meses el accionar del mismo que, con el más absoluto desparpajo, aprovechó la pandemia para profundizar el ataque a derechos de los trabajadores; ataque que ya venía desarrollando desde antes.

El proyecto de reforma tributaria que presentó al Congreso la semana anterior al 28 de abril fue la copa que rebosó el vaso y desató la explosión. El paro había sido convocado desde semanas antes para rechazar la reforma al sistema de salud (que entrega a los pulpos financieros lo poco que queda de salud pública); para rechazar los cambios en la legislación laboral que abren mayor espacio al trabajo por horas (trabajo precario); para protestar por los asesinatos que día a día se suceden contra líderes de comunidades campesinas, indígenas y populares y de casi tres centenares de ex combatientes desmovilizados de las antiguas FARC; para protestar ante un plan de vacunación de los más tardíos y lentos de América Latina; para exigir plenos derechos laborales para los miles trabajadores y trabajadoras de la salud que han arriesgado su vida en los intentos de salvar pacientes del virus, soportando condiciones laborales de sobre-explotación y sin garantías suficientes de equipo de protección.[iii]

El proyecto de reforma tributaria, absolutamente regresivo, busca recaudar hasta 24 billones (millones de millones) de pesos (cerca de 6.000 millones de dólares); recursos que serían destinados a favorecer a los grandes empresarios y a las multinacionales, como lo ha hecho desde antes y durante la pandemia y continuar el pago cumplido de las cuotas de capital e intereses exigidos por los organismos financieros del imperialismo (FMI, Banco Mundial, etc.). Se proponía el gobierno aumentar hasta el 19% el impuesto a los huevos, al chocolate, a todos los productos básicos de la canasta familiar y ¡hasta a los servicios funerarios! ¡Buen negocio en medio del pico de más de 400 muertes diarias por el Covid! Además, con fuertes afectación a las rentas salariales mayores de 600 dólares y a pensiones, lo que golpeaba a la clase media de forma directa.

Ese proyecto reventó el último tapón que contenía el magma hirviente de la ira popular y de sectores medios de la población. Esa ira se ha expresado, en lo fundamental, a través de los jóvenes que son la fuerza mayoritaria en las manifestaciones y que son los más golpeados por el desempleo y muchas de las medidas del gobierno.

Se generó un amplio y profundo rechazo y se potenció, hasta un nivel no visto antes, la fuerza y masividad de la protesta popular que se desencadenó el día 28. Sólo así se explica que el paro, si bien el Comando Nacional de Paro lo había convocado solo con un día de duración, haya tenido continuidad en algunas ciudades (como Cali) y se hayan realizado múltiples manifestaciones en los días siguientes hasta las conmemoraciones del Primero de Mayo en que, venciendo el temor al contagio, se realizaron en forma presencial marchas en muchas otras ciudades.

Las Centrales Obreras, encabezadas por la CUT, trataron de contener el desborde del movimiento, convocaron a un 1º de mayo virtual para que los trabajadores sindicalizados no salieran a las calles y así evitar todo contacto con el alzamiento juvenil y popular; pero, como es un día festivo, algunos sindicatos de base realizaron convocatorias o se sumaron con sus pancartas a las marchas multitudinarias. Se demostró un desacato a la orientación de las direcciones burocráticas congregadas en el Comando Nacional de Paro.

Fisuras en la burguesía

Durante su mandato, iniciado en agosto de 2018 y que finaliza en agosto de 2022, el gobierno de Duque ha tenido el apoyo mayoritario de los partidos burgueses (Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical) en sus medidas económicas y sociales contra la población; a pesar de ser un gobierno que expresa a la fracción más reaccionaria encabezada por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien actúa como “presidente en la sombra”, agente directo de la fracción Trump de la burguesía norteamericana. Este comportamiento es típico de los gobiernos que durante décadas representan el régimen político del país: un régimen profundamente reaccionario, asesino directo de quienes encabezan las luchas por mínimas que ellas sean; un régimen bonapartista reaccionario revestido de un ropaje democrático parlamentario.

Las diferencias inter-burguesas que existieron hasta antes de la presentación de la reforma tributaria han sido, en lo fundamental, sobre la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos con las FARC, hoy partido Comunes. No hay que olvidar que la fracción burguesa de Uribe se opuso a tales acuerdos, habiendo logrado ganar el No en el plebiscito de 2016 con el cual el gobierno Santos buscó refrendarlos.

Pero pudo más el descontento popular que la unidad de la burguesía y algunas de sus expresiones políticas burguesas (Partido Liberal, Cambio Radical) decidieron tomar distancia del gobierno. Lo hacen así, ante todo, porque ya el país está inmerso en la campaña electoral parlamentaria y presidencial de marzo y mayo de 2022, respectivamente, y temen un volcamiento del descontento popular hacia la expresión “más a la izquierda” que aparece en el espectro político, encarnada en Gustavo Petro, quien obtuvo 8 millones de votos y asumió una curul en el congreso como oposición al entrante gobierno de Iván Duque del Centro democrático que comanda Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe Vélez, verdadero “presidente en la sombra”, ha sido acusado de patrocinar a las bandas paramilitares causantes de miles de muertos en decenas de masacres en años anteriores. Durante su gobierno se desarrolló la orientación militar que concluyó en los denominados “falsos positivos”[iv]. Actualmente enfrenta un proceso judicial por sobornar falsos testigos para protegerse en los procesos que le vinculan a crímenes de Estado. Renunció su curul del Senado para que los altos tribunales no le procesaran; pasando a estrados ordinarios, donde cuenta con toda la maquinaria judicial que le ha protegido y encubre sistemáticamente.

Un obstáculo a vencer

Las movilizaciones del 28 de abril aparecen como una nueva explosión de un proceso profundo que viene de años atrás. A finales de 2018 el movimiento estudiantil desarrolló masivas manifestaciones por la defensa de la educación pública, universitaria en especial, exigiendo al gobierno solución al déficit presupuestal. Miles y miles de jóvenes recorrieron las calles de las ciudades fogueándose en jornadas masivas de protesta que obligaron al gobierno a asumir compromisos –luego no cumplidos cabalmente.

Ante la profunda crisis social y las medidas antipopulares del gobierno, el 21 de noviembre de 2019  –aprovechando también la fisura que abrió la Dirección Sindical al convocar un Paro Nacional y al calor de procesos de movilización como los de Chile y Ecuador– se realizó un paro con similitudes al actual, con grandes manifestaciones. Allí, igual que en el paro actualmente en curso, la juventud jugó un papel de primera magnitud, siendo el componente mayoritario en las manifestaciones.

Posteriormente, en medio de la pandemia, ante el brutal asesinato por la policía de un estudiante en el barrio Villa Luz de Bogotá, en la noche del 8 de septiembre de 2020, el día 9 se presentaron violentos enfrentamientos en decenas de barrios de Bogotá, como protesta ante ese hecho; con un saldo de 9 muertos y 521 heridos según los datos oficiales lo que hasta la alcaldesa de Bogotá catalogó como una masacre.

La capacidad de lucha y movilización de miles y miles se ha mantenido en los últimos años, pero, también, la orientación de las fuerzas políticas supuestamente “de izquierda” (que controlan la mayoría de las organizaciones sindicales y sociales) ha sido la misma: utilizar la movilización popular como plataforma y apoyo para su estrategia electoral. Ninguna de esas fuerzas, ni siquiera la Colombia Humana encabezada por Petro, tiene como estrategia propinar al gobierno una derrota que lo obligue a echar atrás por lo menos algunas de las medidas y que frene otras nuevas. Con completa desfachatez el senador Gustavo Bolívar, de Colombia Humana, señala en un vídeo en medio de las actuales movilizaciones que hay que “tener paciencia” pues la derrota al gobierno será en el 2022, en las elecciones.

El dominio de esas fuerzas políticas reformistas y conciliadoras con el gobierno en la dirección de la gran mayoría de organizaciones sindicales y populares es el talón de Aquiles del movimiento. Mientras no se avance sólidamente en superar esa debilidad estructural la fuerza de la movilización continuará disipándose cual vapor que sale de la caldera, pues sólo orientada por una dirección que se proponga, como mínimo, derrotar con esa misma fuerza al gobierno será posible dar nuevos pasos hacia adelante. Es necesario fortalecer, con una política de unidad, los embrionarios organismos que se proponen construir una dirección alterna a la actual conducción de las Centrales sindicales. La coordinación y unificación de una dirección alterna para el movimiento es un requisito para el avance y solidez del mismo.

Gustavo Tobón S.
Bogotá, 1 de mayo de 2021

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[i] [Nota del editor de El Trabajador Socialista] Al mediodía del 2 de mayo el Presidente Duque retiró del Parlamento el proyecto de reforma tributaria contra el cual se concentraba la fuerza e ira de los manifestantes que paralizaron el país desde el 28 de abril. Esto es, sin duda, un triunfo parcial del movimiento. Sin embargo, todo el conjunto de exigencias que dieron razón al llamamiento al paro continúan vigentes y diversos sectores anuncian que seguirán en pie de lucha por sus reivindicaciones, reorganizando el movimiento, buscando dotarlo de una dirección consecuente y confluyendo en un nuevo paro que ya ha sido señalado para el 19 de mayo.

[ii] Según la ONG Temblores entre el 28 y el 30 de abril se reportaron 851 casos de violencia policial y ““miembros de la Policía, de manera deliberada y premeditada, asesinaron a al menos 10 personas en medio de las protestas convocadas a lo largo y ancho del país”. Se desconocen los datos de muertos en la represión contra manifestaciones el 1 de mayo Ver: https://www.elespectador.com/noticias/politica/al-menos-10-personas-muertas-por-la-policia-el-balance-de-temblores-de-las-marchas/

[iii] Con la pandemia y las medidas adoptadas la crisis social se agravó hasta niveles sin precedentes. Más de 4 millones de personas perdieron su empleo y hay millones que sobreviven con solo una comida al día.

[iv] Ejecuciones extrajudiciales de civiles no relacionados con el enfrentamiento armado para demostrar eficiencia de las Fuerzas Armadas en el combate a las guerrillas. Por cada “positivo” los mandos militares recibían recompensas en dinero, descansos o ascensos. Según las últimas investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz la cifra llegó hasta 6.402 inocentes asesinados.

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Nuestra Carolina

Nueve años de lucha por su aparición con vida

El 28 de abril se cumplen nueve años de la desaparición de Carolina Garzón Ardila en Quito, Ecuador. Carolina es una joven representativa de la generación de colombianos a la que la sociedad capitalista niega un futuro. Hija de un obrero y una madre emprendedora, es parte de una familia trabajadora unida y solidaria, en la que las mujeres han sido ejemplo de entereza y valentía luchando durante nueve años continuos por su aparición con vida.

Stephany Carolina aprendió a ser crítica y rebelde desde su adolescencia frente a esta sociedad en descomposición, siguiendo el ejemplo de su padre activista sindical y militante socialista. Estudiante de escuela y colegio públicos participó activamente en las movilizaciones de estudiantes secundarios de la primera década del siglo XXI. Posteriormente fue activista en el Sena, en el que cursaba una carrera técnica. De allí pasó a la Universidad Distrital, donde estudiaba artes plásticas y teatrales, destacándose en el movimiento universitario de 2011 como dirigente estudiantil. A inicios del 2012 decidió hacer un receso y viajar a Ecuador como lo había hecho en ocasiones anteriores, con el objetivo de continuar su recorrido hasta llegar a Brasil a un congreso estudiantil. Toda esta actividad la hacía como militante del Partido Socialista de los Trabajadores del que era integrante de la Dirección Nacional cuando decidió viajar. Pero el 28 de abril, de manera intempestiva, desapareció sin dejar ningún rastro.

El Primero de Mayo de ese año, cuando se tuvo noticia de su desaparición, sus familiares más cercanos se desplazaron de emergencia a Ecuador e iniciaron su búsqueda. A partir de allí, la dirección del PST de ese momento promovió –de común acuerdo con la familia, la Liga Internacional de los Trabajadores y su sección ecuatoriana el Movimiento Socialista de los Trabajadores– una intensa campaña política por su aparición con vida, exigiendo a los gobiernos ecuatoriano y colombiano que actuasen decididamente para conseguirlo.

Toda la familia de Carolina, pero en particular Walter Garzón su padre, militante y dirigente del PST, y Alix Ardila su madre, concentraron sus energías en lograr la más amplia difusión del caso. Gracias a la campaña, y por iniciativa de Walter, se iniciaron reuniones de víctimas de la misma situación hasta llegar a constituir la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Ecuador, ASFADEC, que ha promovido constantemente la movilización de denuncia y protesta. Por la presión ejercida el gobierno ecuatoriano se vio obligado a ofrecer una recompensa de hasta 20.000 dólares a quien diese información cierta para encontrar a Carolina. El presidente ecuatoriano Rafael Correa tuvo que atender personalmente varias veces a la familia de Carolina. Se puso en evidencia que cuando se concentra la actividad en torno a una exigencia justa, así sean sólo pequeños grupos políticos o sociales, como el PST, el MST, la LIT, o ASFADEC, se logra presionar a los gobiernos y doblegar su voluntad. Como trotskistas es el método que aprendimos con Nahuel Moreno, fundador de la LIT.

Se consideró improbable una desaparición forzada por motivos políticos, y desde el inicio se exigió al Estado ecuatoriano que coordinara esfuerzos de investigación con el colombiano con la celeridad que es necesaria en esos casos. Pero sólo después de varios meses, combinando la denuncia política y la movilización social con la intervención decidida de una abogada activista de derechos humanos, las gestiones jurídicas se llevaron hasta el más alto nivel, empujando a las fiscalías generales de los dos estados a actuar, aunque su labor haya sido infructuosa por su incompetencia y morosidad. Debido a esa presión política el Estado ecuatoriano se vio obligado más adelante a establecer en su ordenamiento jurídico el delito de desaparición forzada y a crear una unidad especial de investigación: una pequeña victoria de la lucha democrática.

En Colombia se desarrollaba una actividad similar de manera sistemática con mítines de denuncia frente a la Cancillería y ante la Embajada del Ecuador en Bogotá y con la participación en las movilizaciones sociales de protesta, o actos organizados en cada aniversario de su desaparición. Organizaciones de derechos humanos, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, acogió el caso de Carolina y el mismo fue presentado por la familia, con respaldo de organizaciones de derechos humanos como INREDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ambos gobiernos respondan por no haber cumplido las obligaciones que en el mismo les corresponden.

El escándalo por la desaparición de Carolina durante mucho tiempo ha sido noticia en los grandes medios de comunicación de Ecuador e incluso en Colombia, donde la destacada periodista Jineth Bedoya, víctima ella misma de violación por paramilitares, asumió como propia la denuncia de la desaparición de Carolina. El columnista de El Espectador Lisandro Duque dedicó una sentida columna en solidaridad con ella.

Dolorosamente, en medio de esta batalla por la búsqueda de su hija, la frágil humanidad de su padre Walter se rindió y, como consecuencia de una grave enfermedad falleció, siendo homenajeado por su partido en Colombia y por el MST y ASFADEC en Ecuador. A partir de allí la lucha por la aparición de Carolina ha continuado y su nombre se ha convertido en un símbolo que junto a otros representa a miles de jóvenes víctimas de la barbarie de esta sociedad en crisis. Nueve años después aún permanece su rostro en los muros de la Universidad Distrital y se la recuerda como lo que sigue siendo, un patrimonio de la juventud y la clase obrera en la lucha por su libertad y por la revolución socialista. Para sus familiares, y para nosotros que hemos hecho de su búsqueda una tarea permanente, exigiendo investigación y castigo a los responsables de su desaparición forzada, es y será siempre NUESTRA CAROLINA.

El Grupo de Trabajadores Socialistas dirige a ella, a su familia y a todos los que somos sus camaradas, este pequeño homenaje y le tendemos nuestra mano para que nunca caiga en el olvido. En las voces de la Cuadrilla Murguera Bogotana, junto al de otras víctimas, resuena el nombre de Stephany Carolina: ¡Ni un paso atrás!

23 de abril de 2021

¡Una cátedra necesaria!

El pasado 7 de abril de 2021 en una cuenta de twitter[1], se denuncia a la profesora Sandra Milena Caicedo de la Institución Educativa Libardo Madrid de la ciudad de Cali, por colocar una tarea a los alumnos de 9 grado, sobre los falsos positivos en Colombia.

El twitter expresa: “Secuestran la educación unos tipos que en lugar de enseñar, se han dedicado a la politiquería. Hay que denunciarlos”. A raíz de tal hecho se desató en las redes sociales una marea de comentarios y opiniones atacando a la profesora, pero también se desató una cadena de solidaridad con argumentos defendiendo a la maestra y apoyando la estrategia y el abordaje de la cátedra tan necesaria en tiempos de crisis educativa, social y política.

Desde la Corriente Magisterial Unidad Docente, apoyamos a la docente Sandra Caicedo, por su profesionalismo y calidad como maestra en un país que ha estado sumido en el pantano de la estigmatización educativa y donde se castiga por pensar distinto.

Apoyamos su taller pedagógico, su valor para promover la lectura, fomentar la investigación y sobre todo invitar a la reflexión y al pensamiento crítico, que tanto le hace falta a los hombres, mujeres y jóvenes de este país.

Ella nos ha inspirado a seguir promoviendo como maestros la libertad de cátedra, la autonomía educativa, pero sobre todo a NO guardar silencio. Ella nos ha inspirado para seguir adelante en esta difícil tarea de educar en un país individualizado y lleno de violencia donde no hay castigo a los responsables de los asesinatos de líderes sociales y falsos positivos.

Hacemos responsable al actual partido de gobierno y al presidente Iván Duque Márquez, por la vida e integridad de la profesora Sandra Caicedo y de todos aquellos maestros que de una u otra forma sean sometidos a la palestra pública por su labor formadora crítica y autónoma.

Hoy ella nos afirma e inspira a seguir forjando esa cátedra tan necesaria de educar y formar hombres libres, develar la realidad, rescatar la historia, reflexionar sobre la verdad palpable, buscar un nuevo ordenamiento educativo, económico y social, que nos obligue a renovar el compromiso en términos de la defensa de los derechos humanos.

También es esta una oportunidad para llamar a la participación del paro del 28 de abril y seguir movilizándonos en defensa de los maestros y sus organizaciones sindicales.

Luchamos como dijo Rosa Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres¨

#EstamosConLaProfeSandra.

https://twitter.com/hashtag/EstamosConLaProfeSandra?src=hashtag_click

Medellín, 16 de abril de 2021

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[1] https://twitter.com/jarizabaletaf/status/1379983048821899269

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