Nacional

Luego del 21 de abril y 1º de mayo

 ¿Qué sigue?

Aspectos de las concentraciones en la Plaza de Bolívar
el 21 de abril (arriba) y el 1º de mayo (abajo)

¡Empate! Ese podría ser el dictamen de un juez imparcial sobre el resultado del desafío entre quienes convocaron las marchas del 21 y la del 1º de mayo.

Las primeras, llamadas por las fuerzas de oposición burguesas, agruparon la inquietudes, resentimiento y zozobra que existe en amplias capas; en especial de la pequeña burguesía urbana que mira de reojo a un gobierno que, según sienten, amenaza su precaria estabilidad.

Petro y su gobierno, para no quedar acorralados, se vieron obligados a jugarse el todo por el todo. Procedieron a apoderarse de la tradicional manifestación del 1º de mayo; realizando una verdadera maniobra de usurpación política. El respaldo y entrega incondicional al gobierno de la mayoría de la dirección sindical lo permitió.

El 1º de mayo participaron algunos miles más o algunos miles menos que el 21 de abril en las ciudades principales. Pero eran distintos. Fueron habitantes de sectores populares, afiliados a decenas de sindicatos, funcionarios del gobierno –muchos que por primera vez desfilaban en esa fecha– y toda la militancia de las organizaciones de izquierda quienes salieron a las calles el 1º de mayo. La debilidad de una opción política revolucionaria independiente del gobierno hizo aparecer a la totalidad de las manifestaciones de ese día como de apoyo Petro y sus propuestas.

Euforia de pocas horas

Similar a como lo hicieron luego del 21 de abril los dirigentes de la derecha, en las horas posteriores al Primero de mayo los funcionarios del gobierno y dirigentes del Pacto Histórico se ufanaron de la masividad de la manifestación. Tenían razón. Mostraron que entre las ilusiones que aún se mantienen y diversas medidas asistencialistas para algunos centenares de miles, el gobierno mantiene una base social de respaldo significativa; así las encuestas –casi siempre amañadas– señalen un desgaste sistemático.

Pero la euforia duró poco. El gigantesco escándalo de corrupción de la compra de los carrotanques para La Guajira volvió a saltar a primera plana. Los dos principales implicados, Olmedo López anterior director de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Sneyder Pinilla, subdirector, anunciaron su disposición a contar ante la Fiscalía todo el entramado de corrupción y al servicio de quienes se había desarrollado, acusando directamente a los presidentes de Senado y Cámara, buscando con ello beneficios jurídicos.

Si bien la UNGRD ha sido una olla podrida desde su conformación este escándalo salpica directamente al gobierno Petro. Olmedo fue nombrado por él y cuando se señalaron los primeros indicios de corrupción Petro lo respaldó. Solo bastante después se decidió a removerlo del cargo.

A lo anterior se unió la decisión de Omar Hernández, un contratista de Daily Cop, la firma de criptomonedas acusada de una estafa millonaria, de contar todo lo que sabe sobre los aportes ilegales de dicha empresa a la financiación de la campaña de Gustavo Petro; acusando directamente a uno de los principales alfiles del presidente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, de haber sido el canal para el ingreso de tales aportes.

Por si fuera poco, en la investigación que cursa en el Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Petro por violación de los topes de financiación los magistrados encargados presentaron proyecto de formulación de cargos. ¡Una vuelta más a la tuerca!

Aguas revueltas

Es difícil prever los desarrollos que tendrán los procesos en curso en los días y semanas próximas. En todos los frentes las aguas están revueltas y hay signos de tormenta por los cuatro costados.

La crisis política que se ha desatado ya ocasionó la división del partido Verde, aliado del gobierno, y muchos piden el retiro de los presidentes de Senado y Cámara. Como consecuencia, la actividad parlamentaria tiende a la parálisis, lo cual coloca en riesgo las negociación y aprobación de las reformas propuestas por el gobierno.

La política de paz total parece avanzar hacia el fracaso total o que solo se logre una paz minúscula, negociando con algún grupo periférico. La negociación con el ELN (fundamental en este proceso) está en crisis y esa organización declaró que reiniciará la actividad de secuestro, para poder financiar su actividad. Desde el 16 de marzo se suspendió el cese al fuego con el Estado Mayor Central en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca; ante las sistemáticas violaciones de este por parte de esa organización. Si bien están abiertas puertas de diálogo con la Segunda Marquetalia no hay claridad de un marco jurídico para una negociación; debido a que la mayoría de ellos fueron firmantes de los Acuerdos de La Habana y, al haberse rearmado, perdieron la totalidad de beneficios. Los acuerdos con grupos de carácter delincuencial en varias ciudades no se consolidan y con la más grande organización delincuencial, que intenta reivindicar carácter político, el Clan del Golfo, están rotas las negociaciones.

La propuesta de conformación de un partido único entre todos quienes conforman el Pacto Histórico para convertirse en una fuerza más sólida de respaldo al gobierno y hacia las elecciones del 2026 fracasó ante la negativa de muchos a desprenderse de las personerías jurídicas, que les brindan beneficios económicos por la entrega de avales y los pagos por restitución de votos.

La propuesta de desarrollar un proceso constituyente no se concreta; se ha convertido en un discurso vacío por parte de Petro, para arengar en las manifestaciones y eventos en los cuales hace presencia, pronuncia un enardecido discurso y vuelve a tomar las de Villadiego. En contra de ella tiene además a varios de sus aliados o figuras más importantes, como el ministro del Interior y el parlamentario Iván Cepeda, uno de los negociadores principales con el ELN.

Futuro incierto

Entre tanto Petro se ha lanzado a las plazas públicas, a realizar eventos que trata de convertir en manifestaciones de respaldo en cuanto municipio y barrio puede visitar, iniciando de hecho la campaña electoral de 2026; así señale que ese año él entregará el gobierno. Proclama la necesidad de varios periodos más de un gobierno progresista, para poder desarrollar y consolidar las reformas que hasta ahora son solo proyectos. A la vez, sistemáticamente ha señalado que viene el golpe blando, que todas las investigaciones que se desarrollan contra su gobierno, contra su campaña, contra su hijo, son solo desarrollo de ese golpe blando. En respuesta a la decisión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral de formular cargos contra su campaña, trinó en X, “comienza el golpe blando”.

No es de descartar que él mismo y las fuerzas que lo respalden convoquen pronto nuevas manifestaciones de respaldo y que también lo hagan las fuerzas reaccionarias de la derecha. Tampoco es de descartar que diversas instituciones del régimen, ante la gravedad y seriedad de muchas de las acusaciones que pesan contra figuras claves de su entorno, procedan a adoptar medidas que serían consideradas por Petro como un ataque directo a él y decida actuar desconociendo a esas instituciones. Ello podría desatar una crisis política institucional de dimensiones desconocidas.

Lo dominante del proceso político y de las enormes contradicciones que se presentan tiene hasta ahora un curso superestructural. Pero ese curso puede sufrir modificaciones súbitas que vuelquen a centenares de miles a asumir posiciones a favor o en contra en forma activa.

El enorme desafío para las débiles organizaciones revolucionarias será mantener una posición independiente de las fuerzas burguesas y del reformismo gobiernista; levantando banderas propias que permitan avanzar en la construcción de una propuesta para salir del atolladero que significan un gobierno reformista, defensor del capitalismo, socio y aliado del gobierno imperialista, o el retorno de un gobierno agente directo del gran empresariado como fueron los anteriores.

Francisco García R.
Bogotá, 9 de mayo de 2024

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El 21 de abril se movilizaron
quienes defienden la salud como negocio

Aspecto de manifestación del 21 de abril, Plaza de Bolívar (Bogotá).

La crisis de la salud en Colombia está fuertemente ligada a la ley 100; pues si bien a partir de esta ley se mejoraron las coberturas, esto no quiere decir que haya mejorado la calidad en el acceso a los servicios de salud en las ciudades y las zonas rurales, donde las condiciones se hacen más complejas.

La crisis de la salud no es actual, es una crisis que lleva años y que con el modelo de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), antes llamadas Empresas Prestadoras de Salud (EPS) se profundizó; ya que, se impuso un modelo de privatización que llevó a la desfinanciación de importantes hospitales públicos en todo el país.

Cuando se diseñó la Ley 100 y se estructuró el sistema auguraba que para la primera década de este siglo el 70 % de la población estaría afiliada al régimen contributivo y el 30 % al régimen subsidiado. Sin embargo, el régimen contributivo tiene actualmente una participación de afiliados de solo un 43,13 %, mientras el régimen subsidiado tiene una participación del 56,87 %, lo que contradice la predicción. A pesar de que el Plan Básico en Salud (PBS) busca proveer servicios suficientes, su alcance sigue siendo limitado y muchos usuarios no reciben los servicios que requieren[1].

El gobierno de Petro heredó este grave problema de varias décadas y a pesar de que quiso pasar una reforma a la salud con grandes limitaciones y que no presentaba cambios estructurales, los negociantes de las EPS en conjunto con los sectores políticos más reaccionarios buscan no solo defender sus intereses si no posicionarse como opción para las próximas elecciones, con el fin de volver a gobernar.

El sistema de salud en crisis para la clase trabajadora y de ganancias para las EPS

La pregunta que debemos formular es ¿Quién pierde en esta crisis del sistema de salud? Definitivamente las EPS no pierden nada, estas velan por mantener sus ganancias. Para entender esto, debemos tener en cuenta que se ha presentado la falsa idea de que hay pocos recursos destinados al sistema de salud. Sin embargo, se encuentra que la principal fuente que es la denominada Unidad de Pago por Capitación (UPC), dinero que reciben las EPS por cada afiliado, ha crecido progresiva e ininterrumpidamente en los últimos años en Colombia; incluso para 2023 tuvo un crecimiento histórico promedio del 16,23%, muy superior a los periodos anteriores[2].

El exdirector del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González, sugiere la inviabilidad financiera del sistema de salud en Colombia. Las causas de esta inviabilidad serían, en primer lugar, los mayores costos en todas las EPS; en segundo lugar, los menores ingresos en del régimen subsidiado; en tercer lugar, los mayores gastos administrativos del régimen subsidiado y finalmente, el impacto de las tecnologías no incluidas en el plan de beneficios en salud (PBS). Es decir, el problema sigue siendo que el dinero del estado pasa por un intermediario que busca enriquecerse en detrimento de la prestación del servicio a pesar del aumento del presupuesto a partir de la UPC, donde finalmente los más afectados son quienes hacen parte del régimen subsidiado que en últimas son los sectores con mayores vulnerabilidades sociales.

La crisis de la salud en el gobierno de Petro

Después de que cayera la limitada reforma a la salud del gobierno de Petro en el marco de un congreso dominado por los partidos políticos tradicionales y que defienden a capa y espada los intereses de los capitales, el gobierno tomó la decisión de intervenir algunas EPS para verificar el uso de los recursos y la prestación del servicio.

La realidad es que la intermediación en el sistema de salud ha generado deudas millonarias entre las EPS y los hospitales, clínicas, productores de medicamentos y productores de insumos, son casi 30 billones de pesos, es decir, más de dos reformas tributarias. Esto ha generado un desabastecimiento de medicamentos y por tanto ha impuesto un proceso de priorización de servicios a partir del Plan Básico en Salud (PBS), el cual no garantiza el tratamiento de todas las enfermedades. Esto quiere decir que, si usted se enferma y necesita un procedimiento que esta por fuera del PBS, implica un costo extra que se le debe pagar a las EPS; y solo hay dos formas de pagarlo, que usted asuma el costo de su bolsillo, lo cual puede ser muy costoso o que por medio de una tutela el estado se lo pague a la EPS.

Por otro lado, después de la pandemia por COVID 19, los costos del servicio de salud aumentaron de forma importante y esto no quedó considerado en el cálculo de la UPC que realizó la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el gremio de las EPS y hoy advierten que aumentó el número de los servicios en un 15% entre 2021 y 2022, es por esta razón, que dicen que el aumento del 16% del presupuesto que les dio el estado en 2023 no les alcanza[3].

Pero, las EPS reciben otro monto llamado Reservas Técnicas, que se supone se deben usar para cubrir los gastos que no se cubren por la UPC; un recurso que está destinado para que supuestamente no haya deudas: Sin embargo, varias EPS han sido intervenidas por desviar estos recursos para generar otros negocios como en el caso de Saludcoop quien fue intervenida hace unos años por este delito.

El gobierno ha impuesto ante la Fiscalía una denuncia que plantea que aproximadamente 9 billones de pesos han sido desviados por las EPS para generar otros negocios, razón por la cual hoy las EPS están en alerta y se pronuncian en contra del gobierno de Petro y sus avances en las intervenciones[4].

El 21 de abril marcharon en contra de la salud como derecho

Todo el arco político de los partidos tradicionales y fuerzas políticas de derecha que históricamente han defendido los intereses de los grandes negociados de la salud y han defendido la Ley 100 han salido a convocar a una movilización un domingo para mostrar su rechazo contra el gobierno y su respaldo hacia las EPS.

Movilizarse a favor de este sistema de salud caduco y desigual es movilizarse en contra del derecho a la salud como parte fundamental de la vida de las mayorías sociales. Vale recalcar que apoyar al gobierno en su reforma a la salud y el proceso de intervención también puede ser limitado; pues las propuestas del gobierno no logran generar soluciones de fondo que permitan que se solucionen las grandes desigualdades en salud para la clase trabajadora del país.

Luchemos por un sistema de salud para la clase trabajadora y los sectores populares

Por más buenas ideas, la política de conciliación de clases del gobierno no va a dar buenos frutos. Es posible que veamos un revolcón del sistema de salud, pero no logre transformar el negocio en derecho; ya que sigue manteniendo los privilegios de los negociados y empresas de la salud que nos han traído a la actual crisis. Es por esto que las y los revolucionarios debemos mantenernos firmes con las exigencias del pueblo colombiano en contra de la ley 100 y por la desaparición de las EPS incluso proponiendo cambios que vayan más allá para solucionar el problema de la salud.

Los y las revolucionarias proponemos para el pueblo colombiano, exigirle a este gobierno:

  • Terminar con la ley 100.
  • Por un sistema de salud completamente público, gratuito y universal bajo control de trabadores y usuarios.
  • Expropiación de los espacios físicos y tecnológicos de las EPS e IPS privadas.
  • Fortalecimiento del sistema público de hospitales con altos estándares de calidad técnica, tecnológica y humana.
  • Aumento de los servicios de salud a nivel nacional con garantías de acceso a sectores empobrecidos de las ciudades, campesinos, indígenas y afros de los territorios.
  • Por un sistema de salud al servicio de la prevención y la cura de la enfermedad. Implementar procesos de Atención Primaria en Salud en todos los territorios del país con total democracia de las comunidades y les trabajadores.
  • Por el pase a planta permanente de todos y todas las trabajadoras de la salud que hoy tienen contratos de prestación de servicios, por hora labor, planta temporal y de libre remoción y nombramiento.
  • Por el aumento del personal de salud con todas las garantías laborales en todo el territorio nacional, para atender de forma hospitalaria y en salud pública en los territorios. Fortalecimiento de la formación media y técnica en salud, en todas las universidades públicas y el SENA

Lorena Perdomo

[1] Pérez, A. (2011). La comunicación sobre la salud en medios digitales cubanos. En: Revista Cubana de Salud Pública, 37(3), pp. 288-305. 

[2] Briceño, Leonardo (2023). ¿Qué está ocurriendo con las EPS en Colombia? Nova et Vetera. Universidad del Rosario. https://urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/salud/que-esta-ocurriendo-con-las-eps-en-colombia

[3] La silla vacía.  La crisis de la salud: ¿Y eso a mí qué?. https://www.youtube.com/watch?v=XlNMrT19w0Q&t=21s

[4] Infobae, https://www.infobae.com/colombia/2024/04/08/unos-9-billones-entregados-a-las-eps-se-habrian-desviado-para-usos-diferentes-a-la-atencion-en-salud-fiscalia-abrira-investigacion/

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Isla Gorgona
¿ballenas o submarinos OTAN?

Una noticia conmociona no solo a los ambientalistas en Colombia y el mundo, también desconcierta la incoherencia de un gobierno que elevó su popularidad preelectoral al asumir compromisos como la defensa de los recursos naturales del país. Justo una de las propuestas internacionales con las que se arropó Gustavo Petro como líder internacional, por el respeto al medio ambiente, fue la firma de los acuerdos de Escazú.

“El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Escazú, establece objetivos claros para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental. De esta manera, las comunidades pueden ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales.”(1)

Gorgona ¿Parque Nacional o base militar norteamericana?

Durante tres gobiernos de sólido corazón neoliberal (Álvaro Uribe, Santos y Duque) se tejió una de las políticas más nefastas contra la soberanía nacional, la instalación de bases militares en la que EE.UU. opera como director de la política antidrogas y de contrainsurgencia para América Latina. Pero es justamente en el gobierno “progresista” del Pacto Histórico, que se consolida una nueva base de operaciones para EE.UU. de la cual será donde repostaran submarinos y la Naval de EE.UU. justo en el corazón  de un patrimonio ecológico de la humanidad, el Parque Natural de Isla Gorgona.  Es la propia ministra de Ambiente la que anuncia el propósito de protección ambiental, haciendo énfasis en la «contextualización de la ampliación de la base de la Armada Nacional».(2)

Como vemos, los intentos de ambientalistas y comunidades para detener este ecocidio, que nada tiene de “progresista”, demuestra no solo una inconsistencia ambientalista, sino un exabrupto dentro de los proyectos de competencia de un gobierno que usa los balcones de la ONU y eventos internacionales, para denunciar la emergencia climática y los efectos de un orden capitalista al servicio de las economías más desarrolladas. Lo cierto es que es el propio ministro de Defensa el que anuncia la decisión soberana de instalar un radar militar en Isla Gorgona, asumiéndolo como un gasto que lo asume el país, en beneficio de los norteamericanos y la OTAN.

“Por su parte, el ministro de Defensa agregó que el manejo del radar estará a cargo de las fuerzas armadas colombianas en su totalidad y que es importante tener en cuenta que esta es una zona de flujo marítimo importante que así se podrá trabajar en contra de la pesca ilegal y a su vez de los tráficos ilegales de cualquier tipo en la zona. Y se suma al Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009.”(3)

El desconocimiento de las comunidades

Una vez más se ha manipulado el proceso de instalación de la base en Gorgona pues la ministra de Ambiente Susana Muhamad plantea que en la isla no hay población a la cual consultar como lo sostuvo en una audiencia pública, el 13 de marzo de 2023.(4)

Se constata que a las comunidades de la costa Pacífica, no solo se les ignoró, sino que ahora se les embauca con proyectos científicos, turísticos y se les oculta los efectos militares nefastos para el ecosistema coralino, el cual provee de recursos pesqueros a la población. Para no hablar de lo brutal que afectará las ballenas y delfines en su entorno de cristal, que de ser afectado romperá la cadena de alimento y de reproducción de miles de especies marinas y el arrecife coralino, tan frágil a cualquier actividad acrecentada de embarcaciones y no dudamos de submarinos norteamericanos que se instalarán, asediando con sus motores nucleares el entorno de una zona natural. No es pues solo una denuncia al escalamiento militar que vive el mundo, de manos de la OTAN, sino del rompimiento de los equilibrios naturales que protegen la supervivencia de las comunidades y el ecosistema marino y de costas en el Pacífico.

Luchar contra este ecocidio es una tarea democrática y socialista

Solo la movilización consciente de los trabajadores y las poblaciones negras deben considerar si observamos ballenas en su extensa belleza o aturdidos y expectantes veremos desfilar submarinos y portaviones de USARMY. Lo real es que ya se vulneró la soberanía nacional desde décadas anteriores, bajo el interés semicolonial que nos impone el Pentágono y el Comando Sur de EE.UU.

No basta prometer que se remplazará la producción de energía con paneles solares, la sola energía que requiere el radar exigirá miles de galones de combustible al año. Es tareas de una franja crítica de protección del ambiente, como de los quienes entendemos que solo un gobierno de los trabajadores y con un programa social, económico y ambiental socialista, defenderá no solo los recursos que hoy depreda el capitalismo, sino que liberará la humanidad de las opresiones del orden imperialista que reduce los pueblos a simples siervos de las multinacionales y el gran capital.

Juan López
Medellín, 15 de febrero de 2024

  1. https://cambiocolombia.com/articulo/medio-ambiente/que-es-el-acuerdo-de-escazu-y-por-que-es-tan-importante-para-los
  2. https://cambiocolombia.com/medio-ambiente/gobierno-proyecto-isla-gorgona-radar-militar
  3. https://factual.afp.com/existen-8-bases-militares-estadounidenses-en-colombia-es-inexacto#:~:text=Se%20designaron%20para%20tal%20fin,M%C3%A1laga%20(Pac%C3%ADfico%2C%20oeste).
  4. https://www.youtube.com/watch?v=Wuc7Vi-zRdc )

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Elecciones del 29 de octubre

¿Todos ganaron?

Por el carácter de las elecciones que se realizaron no es fácil hacer un análisis detallado de los resultados. Los centenares de acuerdos y alianzas de la más variada índole; los miles de candidatos que se reclamaban independientes para concejos, asambleas, alcaldías o gobernaciones; la expedición de avales a diestra y siniestra por los distintos partidos para acumular votos a su nombre, sin importar mayor cosa las propuestas de los candidatos; generan una dispersión política de enormes dimensiones en la cual es difícil hacer afirmaciones muy categóricas.

Hechos inocultables

A pesar de lo anterior sí hay hechos gruesos, de enorme significado, que se pueden señalar; pudiéndose afirmar que a partir del 29 y de la posesión de los nuevos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales el 1 de enero de 2024 se inicia un nuevo ciclo político para los dos años y medio restantes del gobierno actual.

La coalición de gobierno tuvo derrotas muy grandes en alcaldías, algunas estruendosas como las de Medellín y Barranquilla, en varias de las principales ciudades capitales de departamento; así como derrotas para gobernaciones en los departamentos más importantes. La derrota en Bogotá, donde el gobierno y la coalición de gobierno se la jugaron a fondo fue aplastante. El que Gustavo Bolívar, directamente ligado a Petro, haya quedado en tercer lugar es un golpe directo al gobierno y a Petro, que hizo campaña abierta a favor del mismo; enfrentando a quien era, sin la menor duda, el candidato de la alcaldesa Claudia López.

Los dirigentes del Pacto Histórico y el mismo Petro han intentado disminuir la importancia de estas derrotas indicando triunfos y mayor cantidad de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores elegidos como candidatos propios o afines (producto de coaliciones) en mayor cantidad de municipios y departamentos respecto al pasado inmediato. En principio, sin desconocer algunos de esos hechos, pero relativizando otros, lo que hay que precisar es si eso equilibra la balanza. Todo indica que no. Por las características del país el impacto político de la derrota en las principales ciudades es bastante demoledor para el Pacto Histórico. Ese hecho signará lo que resta del mandato de Petro. Petro y su gobierno no tienen ya el empuje que, hasta cierto punto, tuvieron en su primer año.

¿Por qué las fuerzas del gobierno sufrieron una derrota?

Hay muchos elementos que muestran que el factor determinante para el golpe y derrotas sufridas por el gobierno y su coalición el 29 de octubre es la desilusión y desconfianza que existe entre sectores de masas que no han visto medidas efectivas, drásticas, contundentes, que solucionen sus necesidades más sentidas.

El ya casi año y medio del gobierno ha transcurrido en negociación de acuerdos con sectores burgueses, forcejeos en el Parlamento, escándalos mediáticos, etc., mientras la vida cotidiana de miseria, desempleo, aumento de costo de vida, aumento de precio de los servicios públicos, etc., son el pan de cada día de millones. En algunos sectores, bastante reducidos y en áreas muy específicas, pueden haberse percibido medidas favorables (entrega de tierras, por ejemplo). Pero esas medidas no cubren a millones y millones y no llevan a que el fervor y entusiasmo de las masas a favor del gobierno se incremente. Por el contrario, lo que domina es el desgaste.

Hay un elemento que parece expresar con claridad ese desgaste. Los niveles de voto en blanco aumentaron drásticamente. Sin entrar en el detalle cuantitativo, en distintos lugares importantes el voto en blanco se posicionó en segundo, tercer o cuarto lugar para alcaldías o gobernaciones. Ese es un hecho nuevo que antes no se había visto con esa dimensión en porcentaje y extensión nacional. Esos votos en blanco no son, en lo fundamental, desgaste de las maquinarias de los políticos tradicionales. Son votación independiente, con criterio propio; la mayoría de la cual pudo haber sido votación a favor de Petro en presidencial y que en estas elecciones decidió no respaldar a la coalición de gobierno.

Una olla de grillos

Adicional a lo anterior hay que señalar que las luchas internas, las contradicciones, las triquiñuelas y zancadillas que dominaron la selección de candidatos y realización de alianzas de la coalición de gobierno debilitaron mucho su accionar. El Pacto Histórico es un rejunto de partidos que responden a los intereses de pequeños grupos que se lucran de poseer una personería jurídica, que negocian avales a diestra y siniestra para mantenerla, que gracias a eso tienen “juego” y representación. Por eso, incluso, algunos cuestionan su propia viabilidad en el mediano y largo plazo. Los conflictos y enfrentamientos al interior del Pacto Histórico seguro desmotivaron a muchísimos votantes; que optaron por votar en blanco.

En el caso de Bogotá un factor adicional para la derrota de la coalición de gobierno, de la cual hace parte el Partido Verde, fue el abierto enfrentamiento de la alcaldesa –una de las dirigentes fundamentales de ese partido—con el gobierno nacional, en especial respecto al metro. Es evidente que Claudia López se postulará para el 2026, como una opción “más equilibrada”, de “mayor acuerdo” con franjas de la burguesía, reclamándose ese partido como “cambio” y “progresista”.

Ese partido, el Verde, representa franjas urbanas muy significativas de pequeña burguesía; esa pequeña burguesía votó por Petro en la presidencial. Pero en medio del proceso de desmovilización del movimiento de masas el Verde gira cada vez más más hacia acuerdos con franjas burguesas tradicionales. Su respaldo a Galán tiene esa proyección estratégica hacia el 2026. El Nuevo Liberalismo puede ser aliado o socio en las próximas presidenciales. Claudia espera cobrar pronto, al terminar su periodo e iniciar la campaña presidencial, ese apoyo.

La esencia del nuevo ciclo

Entre más acuerdos con sectores burgueses realice Petro, como los que realizó para las elecciones del 29 de octubre, más atado y comprometido estará con los mismos y más tibias, recortadas o reducidas serán las reformas que intente desarrollar. En consecuencia, menos fervor y respaldo generará entre millones.

Estamos ante la posibilidad de que el denominado “ciclo progresista” en Colombia sea uno de los más breves entre los que se han presentado en América Latina en los años anteriores.

Luis García Pérez
Bogotá, 11 de noviembre de 2023

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¿Defender el mal menor?

El gobierno del cambio en los últimos meses se ha enfrentado a un estancamiento en el avance de las reformas que presentaba como progresivas para la clase trabajadora y los sectores populares. Esta semana se hundió la reforma laboral en el Congreso de la República, pues no hubo quórum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y no se pudo votar, una muestra de la postura de los partidos tradicionales del régimen. Algunos, como el partido Liberal y el partido Conservador con quienes el Pacto Histórico hizo alianza, han sido parte de la piedra en el zapato para el gobierno.

En medio de esta situación se sumó el escándalo con Sarabia y Benedetti, que muestra en el fondo lo descompuesto de los sectores políticos con los que el gobierno hizo acuerdos dándoles lugares de gran importancia en el poder ejecutivo. Todo esto, más la falta de voluntad política del gobierno para responder ante las necesidades concretas de las masas populares, está poniendo en vilo la propuesta del “cambio”.

Es evidente que el pueblo en su conjunto no sale a apoyar enérgicamente al gobierno, lo cual se expresó en la movilización del 7 de junio. Esto puede estar relacionado con el hecho de que no hay ningún cambio sustancial y real respecto a las reivindicaciones que se levantaron en el Paro Nacional del 2021 contra el gobierno de Duque. La gente esperaba un cambio y por ahora eso no se ha materializado.

El tiempo pasa y la inoperancia del gobierno empieza a generar dudas, espacio que quiere aprovechar la derecha más reaccionaria de la burguesía, en especial el uribismo, para ganar el lugar perdido después del duro zarpazo del estallido social que lo debilitó y le dio paso al gobierno de Petro.

El 7 de junio, el gobierno movilizó aproximadamente 30 mil personas a nivel nacional, y la marcha del 20 de junio convocada por la oposición de derecha tuvo aproximadamente la misma capacidad de convocatoria. Ninguna de las dos movilizaciones expresa un apoyo efervescente o significativo por el gobierno o la oposición; sin embargo, marcan un proceso de puja política que se puede expresar en las elecciones regionales de octubre.

La preocupación por parte de muchos luchadores es que la derecha reaccionaria que había sido debilitada pueda fortalecerse no solo en las elecciones, sino ideológicamente en el marco de la despolitización política de nuestra clase.

En elecciones: alianzas para gobernar.
En el gobierno: alianzas que lo estancan

Durante las elecciones el Pacto Histórico justificó alianzas con partidos y sectores del régimen reaccionario que nos trajo a la situación actual, bajo la consigna de lograr mayorías para la gobernabilidad, pero estas alianzas han sido las mismas que no le han permitido al gobierno avanzar con las reformas y sabotean con votos en contra o inasistencias a las plenarias las reformas que el gobierno proclama como progresivas.

Queda claro que la política de conciliación de clases, lejos de permitir llegar a acuerdos con la burguesía “por las buenas”, lo único que está generando es que el gobierno se paralice sin ninguna respuesta material y palpable para las masas. Petro busca compensar esto con movilizaciones y discursos populistas e incendiarios, pero el problema no se resuelve con palabras.

La justificación de sus alianzas con la burguesía más reaccionaria se va por el estanco en el marco de la situación actual. Y es más bien funcional al fortalecimiento de fuerzas políticas uribistas que el pueblo había debilitado con lucha.

Para impedir que la derecha avance
¿la única salida es elegir el mal menor y apoyar al gobierno?

La preocupación de varios luchadores respecto a que la derecha ocupe el espacio que había perdido es una preocupación válida y genuina, y debe ser de importancia política en los espacios de debate y discusión de quienes estamos dispuestos a construir organización para cambios profundos.

En medio del panorama actual, se empieza a denotar la presión de un sector que ve como única salida apoyar al gobierno de Petro y Francia de manera acrítica. Conciben que cuestionar al gobierno es ponerse del lado de la derecha, pero esta mirada es simplista; no permite que quienes buscan cambios reales puedan entender a profundidad la complejidad de la situación.

Cuestionar al gobierno por izquierda y exigir medidas concretas a favor del pueblo que dependan del ejecutivo y no de los debates en el nido de ratas del senado y la cámara, es fundamental.

Hay decisiones concretas como el paso de trabajadores del Estado con contratos de prestación de servicios a planta permanente, declarar un presupuesto de emergencia para las universidades públicas en el marco de la aprobación de la matrícula 0 mientras se logra la conquista de una reforma integral a la Ley 30, aumentar el presupuesto y la mejora del sistema público de salud etc., podrían ser medidas insuficientes, pero concretas.

¿Por qué el gobierno se estanca y no toma decisiones al tamaño de su discurso populista?. Una respuesta posible es que busca no incomodar a los sectores reaccionarios de oposición para no desestabilizar su gobierno, pero lo único que logra esto es darle espacio a que se fortalezcan.

¿El gobierno puede conceder mejoras para nuestra clase? Esta es una pregunta que debemos hacernos, porque en medio de la crisis económica mundial y las exigencias del FMI y el BM  el imperialismo exige políticas de ajuste y más explotación, por lo cual, si el gobierno busca la garantía de derechos, implica tomar decisiones más radicales con apoyo y movilización de nuestra clase, al contrario, el gobierno busca mantener su alianzas y justificarlas.

 ¿Qué hacemos contra la derecha?

Es fundamental denunciar el papel de la burguesía reaccionaria que se opone, incluso a las reformas limitadas del gobierno, ya que busca oponerse a cualquier viso de derecho para nuestra clase. Ante ello, es necesario organizar espacios de debate e incluso de movilización con independencia de clase que se opongan a los planes de estos sectores que buscan fortalecerse.

Para oponerse a la derecha, es fundamental tener una postura de independencia política de cualquier gobierno burgués, incluso del gobierno de Petro, ya que la independencia permite generar una política de exigencia que cuestione por izquierda y proponga un programa a favor de la clase trabajadora y los sectores populares.

No cuestionar a Petro y Francia bajo un programa clasista, lo único que permite es dejarle el camino abierto a los sectores reaccionarios de la burguesía que hoy se movilizan con un programa en contra nuestra canalizando el descontento.

El descontento contra el gobierno debe encontrar respuesta en un programa revolucionario que muestre las limitaciones del gobierno de Petro y Francia y llame a nuestra clase a organizarse en un proyecto que verdaderamente derrote de una vez por todas a la burguesía y al imperialismo bajo un gobierno de los y las trabajadoras junto al pueblo.

Lorena
Bogotá, 1 de julio de 2023