Reconstruir al movimiento estudiantil

Encuentro Nacional de Estudiantes
de Educación Superior

Cómo ya se ha venido mencionando en anteriores ocasiones, la pandemia del año 2020 hizo que el movimiento universitario en Colombia se desarticulara por completo, lo cual, pese a la álgida dinámica de la lucha de clases en el año 2021, configura hoy un escenario bastante diferenciado de lo que fue el ascenso de las luchas estudiantiles en el año 2018. En ese sentido, mucho se ha hablado de si el movimiento continúa en reflujo, si fue culpa de las organizaciones estudiantiles y el papel que tuvieron en el año 2018, etc.

Está claro que el estado actual del movimiento responde a toda una suerte de factores, entre ellos el papel de las direcciones, el nuevo panorama político con el primer gobierno reformista del país y la pérdida de una tradición organizativa dada la inoperatividad reciente de espacios asamblearios, lo cual ha hecho que sectores significativos se marginalizaran por completo de los escenarios de discusión y deliberación táctica y organizativa.

Sin embargo, estas lecturas no deben malinterpretarse y extrapolarse al punto de sostener que hay una completa pacificación del estudiantado, y que se encuentra completamente desmovilizado frente a las diversas problemáticas que aún afrontan las universidades públicas bajo el modelo económico neoliberal que impera en nuestro país. Dado que, en efecto han habido contradicciones, conflictos, y respuestas por parte del estudiantado, el cual, si bien, no ha vuelto a ser un actor significativo en la protesta social que moviliza a miles de miles de estudiantes, ha demostrado que todavía hay quienes tienen el interés de luchar y construir movimiento estudiantil.

Sin lugar a dudas, hoy el debate nuevamente se centra en cómo volver a constituir un movimiento que pueda estar preparado para las luchas del mañana y no sólo responder a coyunturas locales y nacionales, por lo cual, aquí daremos un pequeño esbozo del debate actual y la política de lxs revolucionarixs para el sector universitario.

La diferenciación respecto a 2018
Primeramente hay que caracterizar y entender el panorama general, por un lado, el movimiento estudiantil se ha limitado a responder a las condiciones objetivas en momentos de crisis, por tal motivo, podemos entender que en 2018 no solamente se enfrentó a una expresión de la crisis estructural de la educación palpada en la incapacidad para funcionar de ciertas IES a nivel nacional, sino que, el gobierno reaccionario de Iván Duque y la represión que desplegó en las calles, condujo a que este movimiento se radicalizara y entrara en una confrontación directa con el gobierno.

En ese orden de ideas, las contradicciones señaladas cumplieron un papel unificador, de forma que las distintas organizaciones estudiantiles, los procesos gremiales y las individualidades, pudieran sumarse conjuntamente a un proceso que respondiese a la crisis del momento, y además le hicieran una férrea oposición al gobierno, lo cual, terminó deviniendo en un proceso de negociación que logró unos acuerdos mínimos para el funcionamiento de las universidades, cómo un presupuesto de emergencia que permitiera el funcionamiento de las IES, paleando superficialmente una crisis estructural.

Sin embargo, hoy se ha terminado la vigencia de dichos acuerdos, lo cual se ve reflejado en diversas problemáticas para satisfacer las necesidades del estudiantado en términos de planta docente, bienestar, infraestructura adecuada, etc. Lo anterior ha hecho que vayan dándose procesos de lucha a nivel local alrededor de conflictos cómo el no pago de sueldos a docentes ocasionales, el incremento del costo de los almuerzos, la progresiva privatización y securitización de los campus universitarios o el uso de la virtualidad para desmovilizar al estudiantado. Así se han retomado ciertos debates en torno a la financiación, la autonomía y democracia universitaria, el bienestar, la reforma integral a la ley 30 (ley que rige la educación superior en Colombia), entre otros; sin retomar un ejercicio de disputa a nivel nacional, en ese contexto, cómo diría Lenin en el ¿Qué hacer?

La necesidad del ENEES 
El Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, ENEES, fue el espacio máximo de decisión para el estudiantado en 2018, de ahí salieron fechas de movilización, elementos programáticos, discusiones imprescindibles en torno a la cuestión de género e inclusive una canción, está claro que el legado del ENEES en momentos de auge de las luchas estudiantiles, es una memoria a la que las generaciones combativas han apelado cómo referente.

No obstante, si bien se tenía planeado el último ENEES a inicios de 2020, este no se pudo realizar, y ha sido un espacio que, por las condiciones de la realidad, se ha tenido que ir aplazando cada vez más. Hoy, a pesar de que en efecto no haya un movimiento, cómo fenómeno de masas, el encuentro se hace necesario, ya que hay una generación de jóvenes, que participaron del estallido, que no han hecho una experiencia profunda de organización en el movimiento estudiantil y más importante aún, una serie de conflictos a los que hay que darle trámite en el contexto actual, donde la situación en muchas universidades del país aún es sumamente precaria, tal es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual tiene una infraestructura bastante comprometida y desgastada.

De esa forma, en el debate respecto al ENEES y la construcción de una reforma integral a la ley 30, han sobresalido posturas como las enunciadas por parte de miembrxs de organizaciones gremiales afines al gobierno, quienes han propuesto argumentos como que las condiciones actuales del movimiento no son propicias para alcanzar determinados objetivos, que en las regiones no hay dinámicas de lucha propicias, por lo cual no hay que recaer en una imposición a la agenda de estas o inclusive tachar de vanguardistas a quienes plantean hoy la necesidad de ENEES. 

Evidentemente, hay que decir que no es gratuito que hoy estos sectores sostengan estas tesis, ya que, al ser dirigidos principalmente por militantes afines al gobierno, tienen una vinculación directa con fuerzas parlamentarias del Pacto Histórico, por tanto, pretenden que el movimiento estudiantil, la vanguardia y/o lxs activistas le apuesten en su totalidad al proyecto de ley que reforma los artículos 86 y 87 de la ley 30, proyecto que tiene características progresivas pero que está limitado por enfocarse únicamente a aspectos financieros y por tanto no significa pues la principal preocupación del estudiantado hoy.

Estas posturas tienen varios problemas, uno de ellos es considerar que un ENEESr es el fin, lo cual es errado, al entender que el encuentro puede ser un primer escenario para reagrupar a las distintas fuerzas políticas en las universidades, ya dígase consejos estudiantiles, individualidades u organizaciones políticas y gremiales, siendo más bien, un espacio dónde se pueden establecer unos objetivos a corto y mediano plazo para la reconstrucción del movimiento estudiantil. Del mismo modo, resulta contradictorio respecto a la tesis que nos plantearon, a la hora de votar por el actual gobierno de Gustavo Petro, siendo que solían mencionar que una apertura democrática burguesa, si bien no era el fin, brindaría condiciones para organizarnos, entonces ¿Por qué no organizar un encuentro de estudiantes? ¿El gobierno del cambio realmente está interesado en brindarnos espacios para organizarnos gremialmente? o por el contrario ¿Sólo le brinda espacios a las organizaciones que directamente son parte del gobierno? Estos cuestionamientos, nos hacen entender que hay un afán de ciertas agrupaciones para contener al movimiento de modo que se pueda preservar la estabilidad del gobierno reformista burgués.

Entonces, podríamos decir que si bien hay condiciones adversas en términos de las dificultades para movilizar al estudiantado, las organizaciones, quienes han tenido un papel importante en las coyunturas, deben de tener la voluntad política necesaria para hacer posible el encuentro pues no se trata de esperar las condiciones ideales para que se de un fenómeno de masas, sino de utilizar nuestras capacidades para prepararnos organizativa y políticamente, ya que ni siquiera las luchas coyunturales serían posibles sin personas de carne y hueso que están dispuestas a agitar, convocar y luchar. Por esto es importante cuestionarnos ¿Cuánto más vamos a esperar para organizarnos? ¿Hasta que venga otro gobierno reaccionario a imponer medidas neoliberales para destruir la educación pública y las conquistas de lxs estudiantes? Aún existe la interrogante alrededor de lo que ciertos sectores entienden por condiciones ideales. ¡Basta de conciliar! ¡Es hora de luchar!

Consideraciones para la lucha
En ese orden de ideas, la proyección y realización del ENEES, no hacen parte del fin último del estudiantado en este periodo, sino más bien una oportunidad para encontrarnos de verdad, debatir y sistematiza acumulados programáticos que nos permitan ir acumulando fuerza para las disputas que tendrán que darse a nivel nacional y construir una propuesta para transformar la educación superior desde abajo, de forma democrática. Si bien no podemos esperar la participación de miles de estudiantes, debe haber un espacio que permita que las organizaciones, activistas y procesos que están resurgiendo en las universidades, construyan una agenda común, para esa labor titánica que es reconstruir al movimiento estudiantil.

De este modo, no se trata de hacer un ENEES por hacerlo o decir románticamente que asistimos al primer encuentro después de la pandemia, sino que es una necesidad respecto a la retórica de apertura democrática, el debate que se ha abierto respecto a la ley 30, los diversos conflictos locales que han surgido en las universidades del país, que responden a la crisis estructural de la educación superior y un contexto global de crisis del capitalismo a nivel internacional.

Por esto, hoy lxs revolucionarixs le apostamos a construir espacios democráticos, cómo consejos estudiantiles, hasta encuentros nacionales con un carácter contestatario y combativo. Así pues, mientras respondemos a las problemáticas de nuestro contexto cotidiano en la universidad, levantando consignas alrededor de la democracia y autonomía universitaria, la financiación estatal y el desmonte de la privatización de la educación pública. Avanzamos en la construcción de procesos organizativos con independencia política y de clase al gobierno burgués, para dar no sólo una lucha por una educación pública, universal, gratuita y de calidad, sino también la lucha desde la universidad por las reivindicaciones de la clase trabajadora y la construcción de una sociedad distinta.

¡Avancemos hacia el ENEES!
¡A construir un movimiento estudiantil combativo e independiente!

Impulso Socialista – Grupo de Trabajadores Socialistas
28 de marzo de 2023

———————–

Paro en la Universidad Nacional – Sede Bogotá

Al estudiantado
y a toda la comunidad universitaria

“Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. De examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía.”  -V. Lenin.

Una nueva coyuntura

Para nadie es un secreto que con la virtualidad provocada por la pandemia en 2020 los campus universitarios dejaron de ser puntos de encuentro y debate para el estudiantado crítico y combativo. Esto, sumado al reflujo provocado por la debacle de la UNEES en 2018 fruto de prácticas burocráticas y conciliadoras con el régimen, se configuró un ambiente en el cual el movimiento estudiantil dejó de ser un actor importante, lo cual llevó a que no participara propiamente, como sector, del estallido social en la álgida dinámica de lucha de clases que en últimas fue contenida por vías electorales.

El gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico sembraron expectativas de grandes reformas sociales. Pero piensa que deben ser tramitadas en el Congreso de la República, en el que es minoría, y que es posible “negociarlas” con los partidos tradicionales de la burguesía y los gremios empresariales, repartiendo ministerios e instituciones gubernamentales. Por eso se ha visto obligado a recortar las reformas cada vez más, limitando la solución a los graves problemas que afectan a la mayoría de la población. Así ocurrió con la reforma tributaria reducida a menos de la mitad de los recursos que se calculaba requiere el sector público, o con la reforma a la salud que permite que se sigan lucrando el sector financiero (EPS) y las empresas privadas de salud (IPS). La reforma laboral, en la que a duras penas se recupera algo de lo perdido durante más de treinta años, será también sometida a los acuerdos parlamentarios. Lxs universitarixs, por nuestra parte, estamos esperando la reforma de la Ley 30, pero sólo se está discutiendo el tema de financiación, cuando se requiere un cambio de fondo de todo el modelo de educación superior.

Es en este contexto que, en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, se van juntando varias contradicciones locales, tales como la ausencia del bienestar universitario y por tanto la falta de cobertura de los apoyos alimentarios, el alza del precio de los mismos, la negligencia respecto al tratamiento de violencias de género y el cambio de protocolo, la virtualidad como método para desmovilizar y mandar a la casa a lxs estudiantes, el déficit presupuestal para infraestructura, etc. Para este punto, la suma de todas estas contradicciones tuvo un detonante, y este fue, el que pusieron torniquetes en una de las entradas de la universidad, usando recursos de inversión y privatizando más el acceso y la securitización del campus.

Si bien al inicio se respiró un ambiente de pasividad y poco movimiento, la respuesta del estudiantado, un tanto tardía y con una acogida mediana, se dio en el marco de un ejercicio de protesta que tuvo como foco principal la eliminación física de los torniquetes, pero que también recogió como banderas de lucha la suma de las contradicciones anteriores.

Las asambleas

Este primer momento de lucha desencadenó toda una serie de ejercicios organizativos en las distintas facultades de la universidad, con el fin de generar unas exigencias que permitieran tener un norte en la disputa con la administración y también preparar la lucha con el gobierno nacional por una reforma integral a la ley 30 y una constituyente universitaria deliberativa y decisoria. El objetivo último es lograr una universidad pública, plenamente financiada por el Estado, de libre acceso, con garantías de bienestar para toda la comunidad, estabilidad laboral para docentes y administrativos, gobernada democráticamente y de alta calidad en la formación profesional.

Por otra parte, el rezago de las generaciones antiguas en el movimiento estudiantil y algunas prácticas antidemocráticas chocaron con la energía de las nuevas generaciones, que por medio de este proceso empezaron a conocer el método asambleario, el cual, a pesar de tener vacíos en la consolidación de estructuras organizativas gremiales operativas para los objetivos planteados, ha logrado poner en marcha diversas iniciativas de formación política, elemento progresivo en lo que llevamos del proceso, además de múltiples actividades tanto de presión como de unidad.

Nuestra propuesta

Al ser Impulso Socialista una organización nacida al calor de los procesos de resistencia estudiantil en 2018, hemos apostado constantemente a la reactivación del movimiento estudiantil, lo cual desde una perspectiva marxista y revolucionaria nos lleva a plantear hoy al estudiantado una serie de reivindicaciones generales sumadas a las ya recogidas en los espacios gremiales, en unidad con el Grupo de Trabajadores Socialistas:

• Creación y/o reactivación de consejos estudiantiles como ejercicio de organización gremial a niveles locales.
• Convocatoria de espacios triestamentarios para debatir en torno a temas cómo la securitización, las violencias de género y financiación, de la mano de trabajadorxs y profesorxs.
• Constituyente universitaria democrática, un proceso integral de democracia universitaria construido de abajo hacia arriba para asegurar que las decisiones en la universidad se tomen partiendo de procesos vinculantes.
• Presupuesto de emergencia por parte del gobierno nacional, de modo que las universidades tengan condiciones dignas para funcionar, solucionar problemas infraestructurales y brindar condiciones dignas a lxs docentes y trabajadores mientras se construye democráticamente una reforma integral a la ley 30.
• Cambio del protocolo de violencias basadas en género para generar espacios decisorios de las sanciones y los procesos de investigación de la mano de profesionales con enfoque de género y colectividades de mujeres y disidencias.
• Traspasar recursos del rubro de inversión a funcionamiento para asegurar una mayor calidad y cobertura de los programas de bienestar.
• Acabar por completo la virtualidad como forma de desvincular al estudiantado de las discusiones y negar el acceso al campus universitario.

Por una universidad al alcance de todxs ¡organización y lucha!

Impulso Socialista
Grupo de Trabajadores Socialistas
Bogotá, 22 de marzo de 2023

———————

8 de Marzo – Medellín

¡Contra la explotación capitalista:
mujeres trabajadoras y populares unidas!

[Los intentos de unificar la movilización del 8 de marzo en Medellín chocaron con dos tendencias que tienden a imponerse y desvirtuar una lucha clara contra la burguesía y su plan de opresión y explotación. Por una parte, el sector que integra el Pacto Histórico se suma a ojos cerrados a defender el Gobierno de Petro y todas sus reformas, que entran en la lógica de la concertación con el viejo régimen derrotado en las últimas elecciones. De otra parte, el llamado Feminismo Radical asume una posición divisoria sexista, pues no admite la participación de los trabajadores varones, argumentando que son la expresión del patriarcado y el machismo. Ambos sectores desvían la atención de una lucha clasista y revolucionaria contra la burguesía y contra la explotación de la clase obrera. En respuesta a ellos se conformó un Bloque Clasista que busca avanzar en la unidad y defender el legado revolucionario de la lucha de las trabajadoras y trabajadores el 8 de Marzo. El Trabajador Socialista difunde la declaración del Bloque Clasista.]

La historia que cuenta la burguesía sobre las mujeres dice que su papel en la humanidad ha sido un papel secundario, de espectadora y de tareas fáciles, sin embargo, la misma historia que quieren contar llama a que las mujeres “se empoderen”, les dice que son capaces de hacer cualquier cosa, les dice que son capaces de hacer cualquier cosa, pero claro, siempre que jueguen las reglas del sistema: hacerse ricas a costa de explotar mano de obra, incluso explotar a otras mujeres. Otras de las perlas del sistema para empoderar a las mujeres, es la de venderse sexualmente a través de plataformas virtuales, es decir, solo se reconoce a la mujer que no se sale de los cánones de los intereses de los grandes ricos, si las mujeres deciden enfrentarse a este sistema luchando por mejores derechos para ellas, para sus familias, para sus compañeros de trabajo, para su clase, son tachadas de locas –en el menor de los casos-, criminalizadas, perseguidas y asesinadas en algunos otros.

Esta violencia machista generalizada y que se vive en Colombia, sigue cobrando la vida de miles de mujeres a diario y el Estado se ha encargado de que se siga perpetuando. Sus leyes, sus funcionarios y su defensa de la ganancia por encima de la vida han hecho que muchas mujeres tengan que seguir viviendo situaciones de violencia en sus casas, empresas, barrios y ciudades. Hoy, con un «gobierno progresista” a la cabeza, ¿Qué se está haciendo por mitigar la violencia sistemática que viven las mujeres? ¿cómo ha mejorado la situación de las mujeres trabajadoras, campesinas y populares con un gobierno que dice ser popular? ¡Todo se quedó en falsas promesas! Mientras más pasa el tiempo más se encarece la vida de las mujeres pobres. En tiempos de crisis, como los de ahora, los gobiernos como el de Petro y Francia que defienden el capitalismo no pueden dar una respuesta a las necesidades del pueblo porque, aunque se muestren que gobiernan para el pueblo cada vez es más claro que gobiernan para la minoría rica del país en contra de la mayoría trabajadora, campesina y popular. Que no se designen presupuestos, que las promesas se queden en papel, que cada vez hagan más alianzas con los partidos tradicionales, que no haya respuestas contundentes a las violencias contra las mujeres porque no hay presupuesto, deja muy claro para quienes trabajan.

Las organizaciones reformistas y las burocracias sindicales que apoyaron este gobierno y que ante la grave situación deberían estar llamando a la lucha, cómo lo es a través de la movilización, al Paro General en las fábricas y empresas, a organizar Asambleas Populares para que sea el pueblo quien tome las decisiones, hoy nos llaman a que esperemos, a que tengamos paciencia y su participación al 8M, un día históricamente clasista y de lucha, quieren convertirlo en una fiesta o una lucha proselitista en apoyo al gobierno de Petro.

Es por esto que este 8 de marzo las organizaciones revolucionarias nos unificamos en un bloque clasista y nos movilizamos juntas, para recordarle al gobierno, a las organizaciones reformistas, a la burocracia sindical y a esa historia burguesa que éste es un día de lucha, no de celebración, que las mujeres seguiremos peleando codo a codo con nuestros compañeros de clase, con total independencia del gobierno, por un mundo distinto, porque sabemos que, bajo este sistema de desigualdades, de hambre y de represión en el que vivimos la emancipación de las mujeres no será posible.

Hoy especialmente queremos hablar a las mujeres amas de casa, trabajadoras informales, maestras, estudiantes indígenas, campesinas, obreras y a todas las mujeres del pueblo, les decimos que ningún logro de humanidad ha podido ser sin ustedes, es por eso que es necesario que nos unamos ahora, nos organicemos, luchemos por nuestros derechos y con nuestra clase avancemos en la construcción de un mundo distinto.                      

Bloque clasista para el 8M
Medellín, 6 de marzo de 2023

——–

Declaración política de los Comités
de Solidaridad con los Sectores en Conflicto

(Bogotá, 16 de octubre de 2022)

Los Comités y Coordinadoras de solidaridad con los sectores en conflicto, en reunión realizada en Bogotá los días 14, 15 y 16 de octubre de 2022, teniendo en cuenta la situación política y social, declaramos:
1- El capitalismo continúa atravesando una crisis económica, política y social que se profundiza, incluyendo las confrontaciones militares que marcan el actual periodo. Así, las diferentes fuerzas imperialistas hacen inestables alianzas en medio de sus confrontaciones y colusiones en la disputa por los mercados, las fuentes de rentas extraordinarias, las materias primas y las condiciones para hacer más profunda la explotación de la fuerza de trabajo, en todo el mundo. Las maniobras de todos los imperialistas, desde “recomendaciones” de sus organismos tales como la OCDE, el BM, el FMI, el BID, la OIT, la CSI, apuntan a aumentar su tasa de ganancias, intensificando la explotación, deteriorando aún más las condiciones laborales y de vida de las masas, y del planeta mismo. Todos los derechos han sido convertidos en “servicios públicos”, vale decir en mercancías que obtienen sólo quienes los puedan pagar. Pero la respuesta, de los oprimidos y expoliados del mundo entero, ha sido y sigue siendo combativa.

2- En medio de la ausencia de su organización y dirección clasista, con las implicaciones que tiene la cooptación (por parte del Estado colombiano) de la mayoría de la dirigencia sindical, las masas básicas dieron una contundente lucha. En el proceso de su movilización, en noviembre de 2019 (21N), septiembre de 2020 y en el Paro Nacional de abril- mayo de 2021, los desposeídos (los sin tierra, sin techo, sin trabajo y sin nada que perder) salimos a las calles y otros territorios —en Colombia— a confrontar las llamadas “políticas públicas”, aplicadas e impulsadas por el Estado burgués.

3- El régimen actual, bajo la hegemonía de la gran burguesía terrateniente y sus alianzas, ha controlado y puesto a su servicio los sucesivos gobiernos para ejecutar su ofensiva contra el proletariado y las demás clases y sectores de clases oprimidas y explotadas, profundizándola bajo el llamado “neoliberalismo”. Intentan superar esta ya inocultable crisis del capitalismo. El paramilitarismo y el narcotráfico ha caracterizado y jalonado este accionar en el que los trabajadores hemos perdido en lo que va corrido del presente siglo y el último tercio del siglo pasado, las conquistas logradas en la lucha de resistencia de los siglos XIX y XX. Al frente de sus retrógrados proyectos, profundizándolos, han estado diferentes alianzas marcadas y controladas abiertamente, durante los últimos decenios, por la que llegó a conocerse como “lumpen burguesía”, expresada en las fuerzas institucionales y parainstitucionales del uribismo. Así, el último gobierno de Duque-Uribe, intentó imponer el “paquetazo” que fue frenado por la ya reconocida como explosión social que impidió el avance de las presentadas como “necesarias reformas en curso para incentivar la inversión de capitales”, entre ellas: la tributaria, la de la salud y la laboral. Nuestra lucha obligó, incluso a la renuncia, entre otros altos funcionarios y ministros, a los de defensa y hacienda.

4- La movilización y la lucha expresaron la necesidad sentida de impedir que el régimen y el Estado descarguen la crisis de la economía capitalista en los hombros de la población trabajadora y pobre. Pero también mostró cómo y de qué manera los ricos manipulan la crisis para seguir amasando e incrementando sus ganancias con la explotación del trabajo, la expropiación y robo descarado de la tierra a los campesinos medios y pobres, así como la de los territorios a las comunidades indígenas y afro. Todo esto, unido a la destrucción de la selva y los bosques y al saqueo que las multinacionales hacen a los pueblos y a la naturaleza.

5- El cambio que urge y necesita el pueblo pobre y trabajador implica que el Estado garantice un mínimo vital familiar; que se distribuya el trabajo para que éste sea estable y permanente, reduciendo la jornada laboral a no más de 36 horas a la semana, con un salario que, cuando sea impuesto como mínimo, cubra —en todo caso— el costo real de la “canasta básica” aumentándose, siempre, al menos en la misma proporción en que suban los precios de sus productos, garantizando también el llamado salario social (prestaciones sociales y demás). Por eso, es una exigencia que a ningún trabajador le puedan imponer salarios por debajo del mínimo. Son necesarias, también: la estatización de los servicios públicos domiciliarios para que dejen de ser un negocio ejecutado por empresarios que extorsionan a los usuarios con altas tarifas y pésimo servicio; la estatización y acceso gratuito a la salud, la educación y la vivienda; la entrega de tierra al campesinado pobre garantizando los insumos para que la trabaje; la devolución de los territorios expropiados a sangre y fuego por los terratenientes, ganaderos, narcoparamilitares, a las comunidades indígenas y afro. Sólo con trabajo, salud, educación, vivienda, techo, pensiones y servicios públicos como fundamento, será posible erradicar la delincuencia de las calles que azota cotidianamente a la población con atracos, extorsiones y asesinatos.

6- El gobierno de Petro ha despertado esperanzas entre importantes sectores del pueblo colombiano. La práctica como criterio de verdad irá mostrando sus límites, sus reales desarrollos y pertinencia de clase. Ratificamos lo definido en el pasado encuentro de Bugalagrande, donde precisamos que no renunciamos al ejercicio de la lucha de resistencia ni al compromiso de contribuir a la construcción de un mundo y un país donde la explotación y la opresión ya no sean posibles; seguiremos confrontando a los patronos, y al sistema; rechazamos la política de pacto social y la concertación entre las clases sociales con la que siempre ganan los ricos, profundizando la desigualdad.

7- Es necesario que pongamos la lupa sobre los manejos del problema de la tierra y el problema del gamonalismo, vale decir sobre la esencia del problema nacional no resuelto y acumulado a lo largo de nuestra historia. La legitimación del despojo no es nuestro camino. Estas fracciones de la burguesía no pueden continuar expropiando a los pobres, desplazando poblaciones, destruyendo la naturaleza y asesinando a líderes sociales y ambientalistas, manteniendo y aupando sus fuerzas paramilitares.

8- Las “recomendaciones” del imperialismo sobre los modos, las maneras y la esencia de las reformas laboral y pensional, y demás reformas del estado capitalista, serán siempre pertinentes a su lógica. No puede ser de otra manera. Por eso las rechazamos.

9- Debemos impulsar en el seno de las organizaciones del proletariado y el pueblo, el debate y el conocimiento de las causas de la miseria y la formulación de las cosas concretas que los diferentes sectores de las masas debemos hacer y exigir. Los gobiernos definen lo que constitucionalmente en Colombia se conoce como “Plan nacional de desarrollo” que orienta y define sus políticas. Frente a esto, sigue siendo válida la postura de mantener y elevar nuestras exigencias y nuestra independencia de clase. Por ejemplo, no es nuestra tarea elaborar el PND o asumir que lo aceptamos o debemos aceptar porque simplemente nos oigan expresar algunas propuestas.

10- La exigencia de la libertad para los luchadores del estallido social perseguidos (encarcelados y procesados), expropiar a los expropiadores, no pagar la fraudulenta deuda externa, romper los “acuerdos” impuestos por las diferentes fuerzas imperialistas y sus organismos multinacionales, recuperar los billones que se han robado los corruptos, hacer reales las garantías de organización y protesta para los trabajadores y los sectores populares, el desmonte de los aparatos represivos del Estado, impedir la intermediación y la tercerización que niegan y deterioran la contratación directa y estable, siguen siendo banderas nuestras.

11- Por eso necesitamos que, al interior de todos los sindicatos y centrales obreras, también produzcamos un cambio radical con la salida de los burócratas que se han adueñado de los cargos directivos. Muchos de estos funcionarios, convertidos en fichas de la patronal o agentes del Estado, reciben la gabela de permanecer en esos puestos y comisiones, sin tener desde hace años relación laboral alguna, pero cumpliendo al pie de la letra la función de frenar las luchas aceptando, a nombre de los trabajadores, las medidas que los gobiernos y los patronos necesitan. A cambio, como se sabe, usufructúan privilegios personales.

12- La superación de la crisis del movimiento obrero y sindical, pasa por la construcción de una nueva dirección que reivindique y aplique los principios de independencia de clase, la solidaridad incondicional con los que luchan, la democracia obrera y sindical, la lucha directa como método para conquistar nuestros derechos, el internacionalismo proletario y la lucha contra el imperialismo y el sistema capitalista. Parte de este proceso es el impulso o construcción de los Comités y Coordinadoras de Solidaridad con los sectores en conflicto a nivel nacional, que seguiremos impulsando, fortaleciendo los existentes y trabajando por generar los que sean necesarios, respetando la denominación con que se identifique cada uno de ellos, de acuerdo a sus condiciones.

13- Urge avanzar en las tareas de organización. Apropiarnos de la ciencia que nos permite conocer la sociedad para transformarla se hace clave. Pero también es claro que no basta con conquistar una representación de la independencia de clase en nuestras organizaciones sindicales, si no potenciamos el trabajo con las bases y la solidaridad con los sectores en conflicto, organizándolas como sus cimientos.

14- Las conquistas no se logran con pactos con la burguesía y sus aparatos; se conquistan mediante la movilización, como ocurrió con el paro de 2021. Hay que retomarla, volver a ella, y potenciarla para derrotar a los empresarios, los terratenientes, ganaderos y narcotraficantes.
¡Los COSOLES son fortines de unidad, organización y resistencia! ¡Unidad por la base y al calor de la lucha! ¡La solidaridad es la ternura de los pueblos!

Coordinadora Sindical de Solidaridad de Cartagena (CSSC),
Comité de Solidaridad Oziel Tapasco Quintero de Medellín,
Comité de Solidaridad de Cundinamarca,
Comité de Solidaridad de la CUT Valle,
Coordinadora de Luchas y Solidaridad Sindical (CLSS) de Bogotá.

———-Declaración política

Encuentro Distrital de Estudiantes
de Educación Superior (EDEES)

Las y los estudiantes de las diferentes Instituciones de Educación Superior de Bogotá en compañía de algunas delegaciones del país se han reunido en la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” sede La Macarena, los días 26, 27 y 28 de agosto, con el fin de avanzar en la construcción de las apuestas programáticas y organizativas del Movimiento Estudiantil frente al actual momento. nos permitimos declarar que:

Tenemos la firme convicción de que el modelo de educación superior debe cambiar estructuralmente, pues responde al modelo económico imperante en detrimento de los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. Nos proponemos como objetivo y exigencia del movimiento estudiantil construir y garantizar el trámite de una nueva ley de educación superior en el marco del actual gobierno, como aporte al cambio de modelo educativo en Colombia.

En el EDEES, avanzamos en temas centrales que caracterizan el modelo educativo que nos proponemos a cambiar e invitamos al movimiento estudiantil y la sociedad en general a profundizar en la discusión sobre la relación de las instituciones de educación superior (IES) y la sociedad, la financiación, la autonomía de la educación superior, el bienestar y los derechos humanos todo lo anterior con un enfoque transversal de género.

Asimismo, exigimos la libertad y absolución de todas las personas judicializadas y encarceladas en la lucha por una transformación social; en ese orden de ideas, rechazamos los montajes judiciales, la persecución y la estigmatización a la juventud y al pensamiento crítico que se organiza y ejerce su derecho a la protesta social. Además, exigimos la destitución de autoridades policiales e institucionales, jueces y fiscales que tuvieron relación con la continua vulneración de los derechos humanos y políticos. También exigimos el desmonte del ESMAD (que no implique la creación de otro órgano de características similares) y la participación de toda la población y el movimiento estudiantil en el proceso de reforma a la policía.

Se proyecta el fortalecimiento del movimiento estudiantil de la mano con los distintos sectores educativos y la necesidad de generar articulación y respaldo a las luchas de los demás sectores sociales y populares a través de un encuentro nacional.

Exhortamos una agenda que presente encuentros locales y regionales, con los siguientes tres elementos: Discusión frente al modelo educativo, sus características (Género, Bienestar, Autonomía, Financiación e IES-Sociedad) y el modelo financiero que lo soporta. Esto con el ánimo de acordar elementos políticos para tener en cuenta en la discusión en el marco de un Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior que se invita a realizar antes de finalizar el año, teniendo como criterio la reunión nacional citada para el 15 de septiembre, donde se realizará un balance organizativo del movimiento estudiantil y si es necesario invitar a revaluar una fecha de balance, todo esto con el objetivo de promover coincidencias programáticas que viabilicen la construcción de unas mesas técnicas. Invitamos a la movilización en repudio de la masacre del 9 de septiembre del 2020.

Caminemos hacia el Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior.
Bogotá, D. C. 28 de agosto de 2022

————–

Gobierno de Petro

¿Abre una nueva realidad
para el magisterio? 

El gobierno de Petro y Francia es expresión directa de la crisis económica y social y resultado del ascenso de la movilización popular. La base social que sustentó el triunfo de Petro fueron los sectores populares, los indígenas y campesinos pobres, la clase obrera y en gran medida la mayoría del magisterio, movidos por una expectativa de cambio. Por ahora, para los docentes, no hay certezas, pero si muchas esperanzas. 

Cabe entonces preguntarnos ¿con la elección de Petro como presidente, se abre una nueva situación laboral para el gremio de docentes? ¿qué cambios y de que magnitud se pueden producir en el sistema educativo y en particular en la carrera docente debido a las políticas del nuevo gobierno? 

Algo de historia 

Desde la Constitución del 91, bajo el gobierno de Gaviria, las grandes decisiones en política educativa han salido de las oficinas de los organismos internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial o la OCDE, que expresan y representan en relación a Colombia los intereses de la burguesía imperialista. Estos organismos han impuesto contrarreformas como el desfinanciamiento de la educación pública, el control ideológico y sometimiento de la labor docente por medio de los diferentes procesos evaluativos, la descentralización del gasto con el propósito de impulsar un modelo de escuela para el mercado, entre otras políticas. 

Bajo los últimos cuatro gobiernos (de Pastrana, Uribe, Santos y Duque) continuó la ofensiva, se impusieron contrarreformas laborales arrebatando la casi totalidad de derechos y conquistas a sectores importantes de trabajadores. Donde se presentó resistencia y no hubo derrotas por la vía de la represión, los gobiernos pactaron con las direcciones sindicales mantener los derechos adquiridos de los sectores antiguos, mientras que a las nuevas generaciones de trabajadores se les aplicó la flexibilización laboral. 

La historia del magisterio no ha sido muy diferente. El Acto Legislativo 01  de 2001 y la consecuente ley 715 fue el punto de inflexión. Se creó el nefasto Sistema General de Participaciones (SGP) y se le dieron facultades extraordinarias al gobierno para crear el nuevo estatuto docente, acorde con los nuevos recortes de transferencias, junto con otro paquete de contrarreformas que ha venido moldeando el estado actual de sobrecarga laboral y pérdida de derechos de los docentes.  

En el año 2003 la dirección de FECODE aceptó el nuevo estatuto 1278 creado por Pastrana e impuesto por el gobierno de Uribe, a cambio de que solo se aplicara a los docentes vinculados después del 2003. La lógica de negociar entregando algo para no perderlo todo ha sido el común denominador en la conducción de las luchas de resistencia del magisterio desde inicios de la década del 90. Esta lógica de negociación impuesta por el Banco Mundial, y aceptada y preconizada por la mayoría de las direcciones sindicales, denominada concertación, es la que ha dominado en la negociación con el gobierno. 

¿El gobierno del cambio modificará esta lógica de negociación y de negación? Es decir, los docentes pueden esperar de Petro y su ministra el tan anhelado salario profesional y una carrera docente acorde a los intereses del magisterio y no del mercado. La esperanza nos lleva que también es posible acabar con el actual Sistema General de Participaciones (SGP). Ahora, en la medida en que Petro no logre dar respuestas satisfactorias y duraderas a los cambios que ha venido exigiendo el magisterio durante la última década, puede entrar en contradicción con la base del gremio que lo apoyó y esta a su vez empiece a dudar y desconfiar de las promesas del gobierno. 

El programa de Petro 

Dos aspectos que debemos destacar del programa de Petro y Francia en relación con la educación, son los siguientes: 

En relación al acceso, permanencia y jornada extendida de niños y niñas el nuevo gobierno afirma que “Garantizaremos el acceso y la permanencia en el sistema educativo a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país, a través de la búsqueda activa de población desescolarizada, transporte pertinente, seguro y continuo, el apoyo a las familias cuando sea necesario, la alimentación adecuada, la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura, la dotación, la formación y capacidad de los docentes, los recursos didácticos y la universalización de la conectividad.” (Programa de Petro y Francia, Colombia potencia mundial de la vida).

En relación a la educación media y superior Petro es aún más ambicioso al proponer que: “Terminaremos con el dramático abandono escolar de millones de adolescentes que llegan a 9º grado y son forzados por la desigualdad y la exclusión a no culminar el bachillerato porque tienen que trabajar o son reclutados por el multicrimen, y porque saben que no van a poder ingresar a la educación superior. Para ello, los grados 10 y 11, se convertirán en la puerta de entrada y de tránsito real a la universidad, al SENA, las Normales, los centros técnicos y tecnológicos garantizando la diversificación, la homologación y certificación y cualificación de saberes y competencias como avances dentro del sistema de educación superior.”  

En lo referente a la educación superior se pretende acceso a todos los jóvenes mediante matrícula cero, pero aquí surgen varios interrogantes: ¿Se terminarán los subsidios a las universidades privadas distribuidos a través de programas como Ser Pilo Paga o Generación E? ¿Es posible el acceso a la educación sin garantizar transporte público gratuito o muy barato, residencias estudiantiles y restaurantes universitarios a bajísimos precios como existió hace años en algunas capitales de Colombia? ¿Se fortalecerá la educación pública mediante presupuesto adecuado y construcción de universidades e institutos técnicos en todos los municipios de Colombia? Si no es así es muy difícil que los jóvenes campesinos y provincianos puedan acceder a esta anhelada educación superior. 

Aun así, podemos afirmar que, en relación al acceso a la educación, Petro tiene un programa positivo, pero enfrenta un problema mayúsculo, la reducción en un 40% del presupuesto para educación con la implementación del Sistema General de Participación (SGP). Además, la comisión de empalme del nuevo gobierno encontró, según FECODE, un faltante de 1 billón 600 mil millones de pesos para terminar el actual año lectivo. 

En relación a la situación laboral de los docentes, el programa del nuevo gobierno adolece de propuestas. No dice nada frente a la necesidad del salario profesional y ni se menciona la carrera docente. Es decir, el programa de gobierno se abstiene de pronunciarse frente a las necesidades laborales más apremiantes del gremio. Todo esto tendrá que colocarse sobre la mesa de negociación que tiene que iniciar FECODE con el nuevo gobierno.

La carrera docente y el salario profesional 

Para la UNESCO la carrera docente es “el régimen legal que regula la vida laboral de quienes ejercen la profesión en el Estado.” Específicamente, se definen y norman los procedimientos de ingreso, permanencia, movilidad y retiro de los profesores del sistema estatal de educación.  

La UNESCO coincide en reconocer la “existencia de dos generaciones de regulaciones. La primera generación comprende las carreras diseñadas entre inicios de los años cincuenta y finales de los noventa. Esta primera generación coincide con el desarrollo del Estado de bienestar y se caracteriza por el reconocimiento de los profesores como trabajadores con derechos laborales amparados en el Estado”. 

La expansión de los sistemas educativos y las luchas de los docentes originó que el docente fuera reconocido como servidor público con derechos y deberes laborales. Para este tipo de carreras, el empleo docente está concebido “desde la carrera”; es decir, se privilegia la permanencia de largo plazo y el recorrido por la carrera es posible debido a un enfoque credencialista que premia la acumulación de certificaciones (de estudio) y la antigüedad. Es el caso del estatuto docente 2277 en Colombia. 

Las carreras de segunda generación son claramente meritocráticas. Se caracterizan por considerar mecanismos de promoción horizontal, incorporación de procesos de evaluación del desempeño, una orientación hacia los resultados y la consecuente implementación de esquemas de incentivos. Es el caso del estatuto 1278. 

En esta segunda generación la eficiencia y el control se constituyeron en los ejes organizadores de la vida laboral de los profesores. Corresponde a lo que OCDE reconoce como empleo público basado en los puestos y el mérito; es decir, ocupa el puesto de trabajo aquel mejor capacitado, según un conjunto de indicadores previamente establecidos por ellos mismos. Esta centralidad en el puesto supone además impacto en dos asuntos fundamentales: salarios diferenciados por niveles de desempeño y pérdida de la estabilidad laboral.

Estas políticas, lejos de mejorar las condiciones del docente, han tenido un fuerte impacto en el salario, la estabilidad laboral, la permanencia y el ascenso. 

Los estatutos docentes de segunda generación, como el estatuto docente 1278, pretenden homogeneizar la vida laboral y social de los docentes, negando o anulándolo como sujeto. El blanco real de esta arremetida, diseñada por los organismos internacionales e implementados por los gobiernos, es el docente como sujeto. Se intenta lograr su desarme, anular su capacidad protagónica, su posicionamiento como sujeto político, intelectual de la educación, someterlo mediante la persuasión de que cualquier actitud crítica o política, no puede sostenerse porque escapa a lo real y al sentido mismo de lo que ellos consideran como función. Es decir, la forma de pensar tiene que responder al desafío social, tal como ha sido definido por estos organismos internacionales. 

Es claro que el objetivo de estas orientaciones de los organismos internacionales no es consagrar los derechos laborales y profesionales del magisterio sino garantizar la calidad de la educación de acuerdo con los principios neoliberales de dignificación, profesionalización y mérito sobre los cuales ya conocemos cual es el contenido que le asignaron los gobiernos anteriores, pues hacen parte del Decreto 1278. 

La estrategia de la lucha del magisterio debe ser la de reconquistar la carrera docente de primera generación (Estatuto 2277) para todos los docentes; por la derogatoria del 1278 y la derogatoria de todos los decretos reglamentarios que recortan los derechos de la carrera docente y su régimen especial, sin detrimento de los ascensos alcanzados a la fecha y no en un Estatuto único que unifique los dos estatutos existentes como propone la dirección de FECODE. 

Los nuevos ministros 

Petro ha nombrado al ex rector de los Andes como ministro de Educación y a Gloria Inés Ramírez en el ministerio del trabajo para enfrentar la situación tan compleja que hemos descrito.

Alejandro Gaviria es un reconocido economista neoliberal. Así se mostró en su paso por el ministerio de salud durante el gobierno de Santos y en la rectoría de la universidad de los Andes con su apoyo al programa Ser Pilo Paga. Durante el paro de 2001 contra la creación del SGP, el nuevo ministro afirmo que “si hay algo que no puede esgrimir el sindicato para la realización del paro es la falta de recursos por que estos han crecido casi diez puntos en términos reales en los últimos años” (El Tiempo). 

Ahora, de la noche a la mañana, Gaviria dejó de ser neoliberal para asumir una tarea de corte keynesiano, una tarea típica de lo que llaman Estado de bienestar: extender el sistema educativo público con una oferta muy generosa de acceso a la educación, para dar así cumplimiento al programa del nuevo gobierno. Tarea nada fácil de implementar pues la educación en Colombia esta desfinanciada, para poder crear cupos para todas las niñas, los niños y jóvenes tendrá primero que tumbar la ley que creo el SGP, ley que defendió en el año 2001, y recuperar el terreno perdido en materia de financiación. 

En el Ministerio del Trabajo estará Gloria Inés Ramírez, “una defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores. Ha sido una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y la equidad de género”, dijo Petro sobre la ministra designada. Doña Gloria fue dirigente de FECODE entre el 2000 y el 2002, de ahí saltó a la dirección de la CUT y luego fue senadora por dos periodos. 

Este ha sido el nombramiento más polémico hasta el momento para sectores de la burguesía pues la nueva ministra milita en el Partido Comunista Colombiano. Algunos, como el derechista Enrique Gómez, han calificado el nombramiento como “el primer nombramiento honesto que muestra abiertamente las intenciones de Petro” y la excongresista Margarita Restrepo ha declarado que el país quedó “bajo la amenaza comunista”.

Los maestros tenemos otra visión gracias a su trayectoria como dirigente sindical, pues como presidenta de FECODE en el 2001 convocó el paro contra el Gobierno y luego se amínalo ante Pastrana y levantó el paro cuando la base pedía a gritos ir hasta el final, concretándose la derrota más grave que ha sufrido el magisterio colombiano. 

La política de Petro y sus ministros será seguramente la conciliación, la concertación y el llamado al diálogo y el acuerdo. En ese proceso la única solución inmediata, en la actual coyuntura, será que los maestros exijamos que se imponga la democracia obrera al interior de FECODE y la CUT.  Hoy estas direcciones afirman estar con el gobierno del cambio. Si el compromiso es el cambio tendrán que empezar por casa garantizando a los docentes y trabajadores la posibilidad de discutir y decidir democráticamente sobre lo que agobia al gremio docente. Es decir, no se puede acordar nada en el Congreso de la República o con los nuevos ministros, que no haya pasado previamente por las asambleas de base del magisterio. Son los docentes los que deben decidir qué aceptan y qué no aceptan. 

Carlos Vergel 
Elkin Trujillo
Ima Yurley Pérez B.
Mónica Baena C.

Bogotá/Medellín,
18 de agosto de 2022 

————–Por los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Paro en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Colaboración  MariDu

El pasado 27 de abril se inició el Paro Nacional de las y los trabajadores de Bienestar Familiar.

Dentro de las exigencias que motivan este cese de actividades está el cumplimiento de los acuerdos pactados en el pliego del año 2021 y que hasta la fecha  se han dilatado.

Adicionalmente se está solicitando:

–Ampliación de la planta de personal, para dar una atención de calidad se necesita el doble del personal.
–Salario digno, mejores condiciones laborales.
–Adecuación de instalaciones.
–El derecho al viático, mayor presupuesto para las raciones de comidas de los niños, autorización de las comisiones por parte de los directores regionales y equipos completos en las Defensoría de Familia y todas las dependencias de Bienestar Familiar.
–Renuncia de la directora general Lina Arbeláez a la que acusan de destruir la institucionalidad del ICBF.

Estas peticiones básicas no han sido atendidas por la directora Lina Arbeláez según palabras de un trabajador «ella aplica la lógica de los neoliberales, como que la crisis, la paguemos los trabajadores del ICBF Colombia”. Nos imponen el «hacer más con menos» a costa de nuestra salud mental, integridad y en contra de los derechos de los trabajadores y la niñez y aunque el ICBF debe proteger a niñxs, sus trabajadores denuncian que no tiene las condiciones adecuadas para hacerlo, ni las herramientas/personal para atender a niños, niñas y adolescentes de manera integral.

En esta lucha nacional ha sido importante la participación de las diferentes regionales que poco a poco se han sumado a Bogotá, llegan los informes de las movilizaciones y asambleas permanentes desde Montería, Bucaramanga, Cartago, La Virginia Risaralda, Cali, Yopal, Cauca y Medellín;  a la consigna de ¡Unidos somos más!

El requerimiento que hacen los trabajadores de ICBF al movimiento sindical, social y político es brindar todo el acompañamiento y la solidaridad de clase a su justo movimiento.

Desde el Grupo de Trabajadores Socialistas GTS les decimos: la lucha organizada y el paro son un derecho fundamental de los trabajadores; cuentan con nuestra solidaridad, su lucha es nuestra lucha.

¡Viva la justa lucha de los trabajadores del ICBF!¡ Viva! Viva! Viva!
¡Viva el Paro Nacional del ICBF!
¡Abajo las políticas neoliberales de Duque, Fuera Lina Arbeláez del ICBF!

4 de mayo 2022

————–

¡Impidamos atropello de Claudia López
e Iván Duque a pueblos indígenas!

Urgente:  los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado asentados en el Parque Nacional en Bogotá requieren apoyo frente al propósito de la inhumana alcaldía de Claudia lópez y del gobierno nacional de desalojarlos a la fuerza, sin escuchar ninguna de sus solicitudes y poniendo en riesgo la integridad de las familias.                        

Después de 50 días de permanencia de las comunidades indígenas Embera junto a otros 14 pueblos indígenas en el Parque Nacional, soportando las inclemencias de la temporada invernal bajo la precaria cubierta de sus cambuches, donde pasan días y noches difíciles, la Alcaldía de Bogotá a través de sus Secretarías de Gobierno y de Seguridad, se empeña en criminalizar a las comunidades indígenas y en amenazarlas con un desalojo a la fuerza. 

Desde el primer día de esta protesta, les achaca, sin ningún fundamento, intereses políticos de cara a las próximas elecciones, acusa falsamente a las familias de explotar a sus niños y   niñas, desconoce los legítimos reclamos como víctimas y les niega constantemente apoyo humanitario, con el fin de presionar a los líderes y a las lideresas de la comunidad y obligarlos a confinar a más de un centenar de familias en unas instalaciones inadecuadas a las afueras de la ciudad donde no se dispone de las condiciones mínimas de habitabilidad, con el único fin de esconder bajo la alfombra la negligencia en cuanto a la garantía de derechos fundamentales en el orden Distrital y Nacional para las comunidades indígenas, la alcaldesa ansía mostrar gobernabilidad  y la sustenta con actos constantes de crueldad y abuso de la fuerza contra los habitantes más débiles de Bogotá.

La mendicidad a la que se ha empujado al pueblo Embera en la capital y en otras ciudades del país no es, como piensan algunos, una forma de vida propia de su cultura, es una situación miserable a la que se han visto obligados tanto en las calles de la ciudad como en las oficinas del Gobierno Distrital y Nacional, pues sus demandas para retornar a sus territorios ancestrales sin la amenaza constante de los grupos armados y de las transnacionales que promueven el despojo de tierras para poder extraer oro y otros recursos, se responden con limosnas.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C – 464 de 2014 reconoce la responsabilidad del Estado en este tipo de situaciones: «la Corte considera pertinente reiterar en este asunto que la mendicidad propia, ejercida de manera personal y autónoma por sujetos en estado de debilidad manifiesta, no es sancionable por un Estado Social de Derecho incapaz de proveer a todos sus ciudadanos condiciones mínimas de subsistencia digna«. 

Muchos de quienes se asientan en el Parque Nacional llevan años «de pagadiario en pagadiario*» luchando para que la Alcaldía pague los próximos tres meses de arriendo, lo cual se vio agravado durante la pandemia, sin recibir una reparación integral de fondo que permita desarrollar su proyecto de vida truncado por el conflicto y por el extractivismo en su territorio, otro grupo de indígenas especialmente Embera Dóvida, proviene de los desplazamientos forzados recientes después de los hechos presentados en febrero de este año en el Alto Baudó – Chocó, donde los enfrentamientos entre El Clan del Golfo y el ELN se llevaron a cabo en los caseríos de la comunidad Chorí Jurubirá, en los cuales resultó muerta una mujer Embera y como consecuencia fueron desplazadas centenares de familias.

Con todo esto, la intransigencia de la Alcaldía de Bogotá, paradójicamente en vez de ponerse del lado de las víctimas quienes requieren que el gobierno nacional responda de fondo, los repare debidamente frente al despojo de sus tierras, trata a los indígenas como ocupantes ilegales del espacio público.

Durante el proceso judicial de «recuperación del espacio público» no se ha tenido en cuenta las mínimas condiciones de un debido proceso con enfoque diferencial, es decir garantizando la intervención de traductores, la notificación efectiva en las lenguas de las comunidades presentes, tal vez no sea necesario recordar que incluso desde la época de la Colonia se aseguraba contar con «Lenguas» o traductores en cualquier proceso judicial, ¿cómo no contar con las mínimas garantías en épocas de nuestra flamante constitución multicultural de 1991?, este descuido por parte de una Alcaldesa que promovió en su juventud dichos cambios constitucionales, hace parte de  las contradicciones  que explican por qué el establecimiento no está dispuesto a reconocer  el principio de coordinación con el sistema jurídico indígena consagrado en Artículo 246 de la Constitución mencionada.

A  la fecha la Alcaldía se opone a disponer baterías sanitarias suficientes para los cientos de personas que se encuentran en el Parque Nacional, exhorta a las instituciones para no proveer alimentos o ayudas que permitan que continúe el asentamiento de la comunidad; los niños y niñas que se han enfermado de cuadros respiratorios de manera seria, una vez se recuperan, permanecen durante semanas en instituciones hospitalarias ante la demora por parte de la Alcaldía  para ubicar a  la familia en algún albergue.

El trato que dan a la población contradice las palabras de la Alta Consejería que en julio publicaba en la página de la Alcaldía: «La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas manifiesta su preocupación ya que las condiciones económicas, sociales y de seguridad en los territorios ancestrales del pueblo Embera no garantizan su permanencia en condiciones dignas en el territorio, y el desplazamiento del pueblo Embera hacia la capital pone en grave riesgo su pervivencia cultural«.

Los 14 pueblos indígenas presentes, por su parte prestan solidaridad al pueblo Embera y exigen el cumplimiento de compromisos de vieja data de las Alcaldías con la cultura de los pueblos que requieren algunas medidas para el fortalecimiento cultural de las etnias en el contexto de la ciudad.

Por ahora, la diligencia judicial, con vicios de forma y de fondo, concluyó con la orden de desalojo de las familias manifestantes,  exigiendo previamente un proceso de caracterización y la garantía de condiciones dignas para la ubicación temporal, sin embargo la comisión de diálogo desde la Alcaldía ha sido incapaz de concertar con los líderes de la comunidad las condiciones mínimas para el proceso de caracterización y en repuesta, suspendió los diálogos e insiste continuamente en llevar a cabo un desalojo sorpresa usando la fuerza policiva del Estado contra familias indefensas.        

¡Solidaridad con los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y del extractivismo,
apoyo para los pueblos indígenas asentados en el Parque Nacional!

Exigir a la Alcaldía de Bogotá que:

-Reanude el diálogo y comprenda las solicitudes de ayuda humanitaria y de tratamiento diferencial de las familias indígenas víctimas del conflicto armado

-Responda por los compromisos pactados con los pueblos indígenas presentes en la capital que aún no han sido reconocidos

Exigir al Gobierno Nacional que:

-Proteja a los pueblos indígenas en sus territorios. Detenga las masacres, la explotación de los recursos naturales en sus tierras y responda por la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

H. Garzón
Bogotá, 22 de noviembre de 2021

* Pagadiario:  Es una denominación coloquial para alojamientos en lugares precarios de la ciudad donde se cobra el hospedaje en una habitación día a día a precios de usura.

——————–

Plantón por aumento justo a mesadas de pensionados

Tal como fue convocado, el jueves 14, a la entrada del Tribunal Superior de Cundinamarca, se realizó el plantón para respaldar la Acción Popular exigiendo que las pensiones se incrementen cada año con base en el salario mínimo mensual y no con el Índice de Precios al Consumidor. Divulgamos imágenes de la actividad y el comunicado de prensa que fue emitido previo a su convocatoria. El Grupo de Trabajadores Socialistas respalda esta lucha y llama a unir fuerzas en torno a ella.

Comunicado de Prensa

Los Pensionados de todo el país presentaremos el próximo jueves 14 de octubre de 2021 a las once de la mañana, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ubicado en la calle 24 Nro. 53-28, de la Avenida de la Esperanza, al occidente de la ciudad de Bogotá; una ACCION POPULAR, la cual fue precedida de un DERECHO DE PETICION, cuyos objetivos son la exigencia de que  las pensiones se incrementen cada año con base en el Salario Mínimo Mensual, y no con el Índice de Precios al Consumidor, IPC,  como se viene haciendo desde hace más de 20 años.

Los diferentes gobiernos en Colombia hasta el actual, vienen vulnerando, desconociendo y desmejorando sistemáticamente, en forma regresiva, los derechos y garantías de los pensionados colombianos, tanto social, como económicamente, impidiéndonos cada vez más la oportunidad de tener una vida digna, cuyo aspecto fundamental es nuestro bienestar personal y familiar, desconociendo al mismo tiempo el valioso aporte durante nuestra vida laboral para el desarrollo del país.

Dicho bienestar en la realidad está siendo menguado cuando el poder adquisitivo del monto de las pensiones se pierde cada año por el hecho de que los “incrementos” se imponen con  base en el índice de inflación (IPC) del año inmediatamente anterior, y no con el aumento del salario mínimo de cada año y es así que desde 1994 dicho poder adquisitivo se ha perdido en un 40% aproximadamente, teniendo en cuenta además el descuento por el aporte a la salud del 12% y el pago de los demás impuestos como el IVA, etc.

Por tal motivo, las organizaciones de pensionados y con el apoyo de las Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), estaremos presentando constitucionalmente, la citada  ACCION POPULAR, acompañada de una rueda de prensa y movilización en la capital y plantones en distintas ciudades del país  y  cuyo objetivo principal es la exigencia de que las pensiones se incrementen cada año con base en el Salario Mínimo, y no con el IPC, ya que los dos tienen una relación directa con las condiciones de vida del pensionado, su familia y su entorno.

¡No más injusticias con los pensionados!

Coordinadora de Organizaciones de Pensionados de Antioquia
Federación Mixta de Pensionados de Antioquia-FEMPA.
Asociación de Educadores Pensionados-Antioquia- ANEP-
Movimiento de Pensionados de Colombia-MONPECO
Asociación de Pensionados de Antioquia-APENANT-

—————–

Habla Sintraimagra

“Como organizaciones sindicales no nos podemos olvidar que somos comunidad; somos una organización social”

En el marco del foro convocado por las Coordinadoras de Solidaridad en Cali, los días1, 2 y 3 de octubre, dialogamos con directivos de Sintraimagra Subdirectiva Seccional Yumbo. Damos a conocer a nuestros lectores la experiencia de los compañeros. Entrevistamos a Ernesto Cano, Fernando Manzanares y Mario Millán, presidente y vicepresidente de Sintralloreda y Sinaltralipal.

Ernesto, resúmanos cuál ha sido la experiencia de lucha de ustedes frente a este grupo, que es tan poderoso desde el punto de vista económico, que es el Grupo Lloreda y en particular Harinera del Valle.

Ernesto Cano: Buenas tardes. Soy dirigente sindical de Sintraimagra, Junta Directiva Nacional.  Afiliado a Sintraimagra subdirectiva Yumbo, trabajador de la empresa Lloreda S.A. desde hace 30 años. Desde el 2008, cuando ingresamos a la dirigencia sindical logramos identificar las falencias que teníamos como organización sindical. ¿Falencias en qué sentido? En que, primero, éramos dos organizaciones; una de base y una de industria, totalmente divididas. Logramos en consenso comenzar una unión laboral, entre los trabajadores, fortalecernos jurídica, financiera y económicamente entre los trabajadores para enfrentar un solo enemigo que llamamos el patrón.

En toda esta trayectoria encontramos que nos tocó educarnos sindicalmente para aprender a leer informes financieros, aprender a hacer una trazabilidad societaria, hacer trazabilidad financiera y conocer todos los intríngulis que lleva este gran grupo económico que es Harinera del Valle, con toda su red de empresas, con todo su poder económico y financiero que tiene. Conocimos de Harinera del Valle que tiene un brazo financiero que es Consultorías e Inversiones, que es la empresa que maneja toda la parte financiera.

Harinera del Valle es dueña del Ingenio María Luisa, donde se produce azúcar. También de Proyemco, Proyectos y Construcciones, algo que tiene que ver con la red vial del Valle del Cauca y de Colombia. Tiene la empresa Porta-graneles, una flota de camiones para transportar líquidos y granel. También encontramos que la Harinera del Valle es dueña del 25% de la Sociedad Portuaria de Buenaventura en acciones. Entonces, encontramos que es un conglomerado super-poderoso en Colombia. Todo esto gracias a la formación y a la educación y al apoyo que tuvimos en su momento de la UTL del senador Alexander López que nos fortaleció, nos enseñó a hacer lo que hoy estamos dando a conocer en este foro del Comité de Solidaridad, transmitiendo a los compañeros para que lo hagan también, para que identifiquen y conozcan quién es su empleador, a quién se tienen que enfrentar y bajo qué circunstancias se debe conocer todos los movimientos internos de una empresa; para que no le digan como siempre dicen en las negociaciones que la empresa está mal.

Uno tiene que conocer su producto, o lo que uno produzca qué valor tiene en el mercado y cómo ese valor se transforma y se vuelve una fortaleza para la organización sindical.

Ustedes vivieron una experiencia muy específica en la que lograron maniobrar jurídicamente la presentación de un pliego, un tribunal de arbitramento. ¿Cómo fue ese momento?

Arrancamos en 2012 bajo un laudo arbitral totalmente viciado. Un laudo arbitral que nos quitó el 67% de nuestros derechos convencionales. Ese laudo, por más que lo impugnamos quedó en firme, a pesar de que en su momento, los asesores sindicales les dijeron a las antiguas juntas directivas y a esos dirigentes que retiraran el pliego para conservar lo que había en la convención; a lo que hicieron caso omiso. Tiempo después nos dimos cuenta que eso era un arreglo directo con la administración de la empresa, que sostuvieran ese tribunal. Ese tribunal con su laudo tuvo vigencia hasta el 2012. En 2012 nos volvimos a presentar con un pliego. La empresa se negó nuevamente a negociar. Llegó al punto de decirnos que nos ofrecía cuatro años de aumento salarial, según ellos. Pero el aumento salarial era el primer año del – 1.00 IPC. El segundo era menos el -0.75 del IPC; el tercer año el -0.50 del IPC y el cuarto año el menos -0.25. Eso no es un aumento, eso no es una propuesta seria en una mesa de negociación. Entonces retiramos ese pliego. En ese momento ya estábamos aprendiendo a analizar y a estudiar toda la situación económica-financiera de la empresa.

En 2013 presentamos un nuevo pliego. Tampoco hubo acuerdo. Votamos una huelga. Esa huelga se votó el domingo 17 de noviembre. El lunes 18 de noviembre estuvimos todo el día buscando qué hacer. El martes 19, gracias a las gestiones del senador Alexander López tuvimos una entrevista con el Viceministro José Noé Ríos en Bogotá, el cual nos aconsejó que presentáramos solicitud de Tribunal de Arbitramento; porque no teníamos el umbral para la huelga. La empresa también nos movió el umbral de la huelga, contratando personas. Entonces la mayoría ya no nos daba. Tampoco teníamos la capacidad para hacerlo. Pero nosotros, como organizaciones, nos sostuvimos en mantener la huelga. Radicamos una solicitud de Tribunal pero sostuvimos la posición de huelga, cañando a la empresa, como se dice. La empresa el martes ya comenzó a mover toda su producción, sacó todas las materias primas e insumos de producción, sacó la parte administrativa. Nos dimos cuenta con el tiempo que había arrendado dos pisos en la Torre de Cali para el funcionamiento administrativo; alquiló bodegas para el almacenaje de las materias primas y los insumos de producción, el cartón, la tapa, el líquido, las grasas, los granos que tenía. Ese movimiento a la empresa le costó más o menos 1.200 millones de pesos. El día miércoles, unos compañeros se pusieron de acuerdo y llevaron una carpa, un racimo de plátanos y una olla, al frente de la empresa. La administración de Lloreda pensó que íbamos hacer ya la hora cero. Por consiguiente la tensión fue muy dura. Incrementaron la forma en sacar todo lo que tenían adentro. Y el día viernes les llegó una notificación que los sindicatos habíamos pedido Tribunal de Arbitramento, que no íbamos a votar la huelga. Por consiguiente, eso fue un golpe muy duro, moral y económico para la empresa. Porque le tocó volver a traer todo lo que tenía afuera, volver a reiniciar su producción.

Y así nos fuimos nuevamente en 2013 con un pliego y un tribunal hasta el 17 de diciembre de 2014 cuando la empresa convocó a un almuerzo de diciembre a todos los trabajadores y allí el gerente general, Alberto Alarcón Guzmán, en su momento nos dijo que “para que Lloreda fuera viable y poder seguir adelante eran dos condiciones: una, arrancar de ceros y con un nuevo personal”. Ese jueves 17 teníamos Tribunal de Arbitramento; fuimos, hicimos la sustentación, pedimos un plazo para arrancar el lunes 21; fuimos, sustentamos el pliego y allí hicimos una maniobra que nos permitió ganar tiempo hasta enero del 2015.

Ya el lunes 6 de enero logramos convocar a toda la asamblea, manifestarles que creíamos que ese Tribunal nos iba a acabar de quitar lo poco o nada que teníamos del laudo emanado del Tribunal de 2012. Ese lunes 6 de enero 2015, la asamblea nos autorizó retirar el pliego; para lo cual accedimos. Pero hasta el viernes 9 de enero, donde en una jugada estratégica retiramos el pliego del  Tribunal de Arbitramento y también ante el ministerio de Trabajo  y posteriormente lo hicimos en la empresa. Cuando ya estaban retirados los pliegos de peticiones, y estando notificados la empresa y el ministerio de trabajo, del retiro del Tribunal radicamos un nuevo pliego de peticiones, en el ministerio del Trabajo y luego lo radicamos a la empresa.

Eso también nos generó una acción jurídica de la empresa. Nos tutelaron, nos demandaron ¿y qué causó?. Esto fue al Tribunal Superior de Cali, luego fue a la Corte Constitucional donde de allá salió un fallo diciendo que nos daba la razón porque el Tribunal no había fallado, no había un laudo arbitral entonces nosotros teníamos derecho de retirar ese pliego y presentar el nuevo.

Por eso el 10 de julio del año 2015 la empresa se sentó a negociar con nosotros hasta el 29 de julio de ese año, que tampoco llegamos a ningún acuerdo. Pero Lloreda S.A. el 5 de agosto de 2015 presentó un pacto colectivo disfrazado de acuerdo individual.

¿Cómo es la situación actual? Porque veo que además de Sintralloreda está Sinaltralipal. ¿Por qué la coexistencia de sindicatos en la empresa?

Fernando Manzanares: Quisiera hacer una precisión sobre lo que dice el compañero Ernesto Cano. Cuando la empresa nos demanda por el retiro de los pliegos, habíamos retirado dos, tres pliegos… aquí el sindicato de nosotros sentó un precedente en Colombia. Nunca había pasado. ¿El éxito de nosotros cuál ha sido? Que siempre nos ajustamos a la ley. Entonces, el retiro del pliego se hizo antes de que el Tribunal fallara el laudo arbitral. Se hizo dentro de ese término, se hizo el retiro ante el ministerio y ante los jueces. Porque ante la empresa no tenía competencia, era ante los jueces. Esa es la salvedad que quiero hacer. Y también le notificamos a la empresa. Y la Corte Constitucional nos dio la razón. Que teníamos el aval… Nosotros somos los que iniciamos el conflicto y lo podemos terminar. Porque todo, todo lo hacemos dentro de lo justo, dentro de la ley.

¿Cómo es la situación hoy día? Pues hoy día estamos en una aparente y tensa paz laboral. Ya Harinera está dando más la cara en la empresa. Hoy día, en el mes de julio, ya empezaron a sacar productos con el nombre de Harinera del Valle en las etiquetas; producido de Lloreda para Harinera del Valle.

Estamos ahí, expectantes de cómo se desenvuelve ese tema. Ellos saben cómo somos nosotros. Nosotros somos muy estudiosos, nosotros vamos a Cámaras de Comercio, como decía el compañero ahora. Nosotros hemos hecho incursiones en Cámaras de Comercio, en la Supersociedades, porque Lloreda, por estar en acuerdo de reestructuración está en la Supersociedades. Hemos hecho incursiones en la DIAN, en el ministerio de Hacienda, en la Superintendencia de Industria y Comercio, si tenemos que ir a una Notaría vamos a una Notaría. Y ahí estamos en este momento.

Durante el Paro Nacional el sindicato cumplió un rol muy importante, en particular aquí en Cali, participando y respaldando la movilización social. ¿Cómo fue esa experiencia, compañero?

Mario Millán: Lo que hicimos nosotros, los sindicatos, fue primero que todo ponernos de acuerdo con los sindicatos hermanos, tratábamos también de comunicarnos no solamente entre nosotros sino poder ayudar… comunicándonos con los demás sitios donde fueron las concentraciones; llevándoles ayudas. Aquí el compañero Ernesto incluso prestó la casa para todos los insumos médicos, comida, alimentos. Incluso colocaron una carpa de emergencia médica. Y era colaborando en todo, de parte de nosotros mismos, de los sindicatos, personalmente también, económicamente, o lo que pudiéramos llevar.

Estuvimos comprometidos con toda la causa en todos los sitios donde pudiéramos estar.

¿Cuál creen ustedes que debe ser, en este momento, la tarea central de las Coordinadoras de Solidaridad Sindical, como el Foro que estamos realizando ahora? ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las tareas en lo inmediato?

Ernesto Cano: Yo pienso que en lo inmediato, los sindicatos tienen que mirar la necesidad de incursionar en el tema político. Porque en el Congreso de la República las mayorías que representan los intereses burgueses están legislando en contra de los trabajadores y de las clases menos favorecidas. Y por otro lado cada sindicato está dando su lucha interna, con mayor éxito o menor éxito. Pero, pienso que debemos de movilizarnos todos y unir de verdad el movimiento sindical, para hacernos fuertes. Tenemos que trabajar en eso.

En ese proceso, de todos modos, el Comité Nacional de Paro ha venido cumpliendo un rol. ¿Ustedes tienen observaciones frente al comportamiento del Comité Nacional de Paro, Ernesto?

Sí. Tengo varias observaciones allí. Primero: El Comité de Paro no se articuló con el barrio, con la comunidad. Tanto así que para el Primero de mayo enviaron una convocatoria que la marcha debía ser virtual. Una marcha del Primero de Mayo no puede ser virtual después de que ya los muchachos llevaban 28, 29, 30, 3 días dándose duro con la Policía, poniendo heridos, poniendo muertos. Y la Central obrera sale y dice que eso tiene que ser virtual. Afortunadamente admitieron un tiempo después que había sido una equivocación; pero la marcha continuó. Ahora, nosotros como organizaciones sindicales no nos podemos olvidar que somos comunidad; somos una organización social. Y eso hay que recalcarlo y salir al barrio, salir a mostrarnos como una organización social, no como la imagen que tienen que es que los sindicatos acaban empresas, que los sindicatos no sirven para nada, que los sindicatos se aburguesan. No, eso no puede ser… eso no se puede dejar en esa terminología. Mire, con el trabajo que nosotros hicimos en este momento nosotros estamos en un nivel muy alto, muy superior a otras organizaciones sindicales; incluso a la misma Central. El Comité de Solidaridad estuvo en todos los puntos. Nosotros, como dice mi compañero Mario, éramos 32 dirigentes sindicales y cada uno estaba haciéndose cargo de dos y tres puntos. Entonces, eso fue salir a apoyar a los muchachos; a darlos a conocer. Incluso, hay una historia que tenemos del 6 de mayo donde desde las 8 de la mañana, personalmente, con el apoyo de mis compañeros, salimos a buscar en los puntos dos representantes de cada punto. Logramos incursionar en 8 o 10 puntos. Esas dos personas las llevamos a la Universidad Católica, donde se formó la Unión de Resistencias Cali. Pero lamentablemente eso no tuvo pies ni cabeza. No hubo un dirigente que tomara las riendas en ese momento. Y en este momento la Unión de Resistencias Cali, o la URC que llaman, está prácticamente diluida. ¿Por qué? Porque el gobierno intervino, la Alcaldía intervino. Y a los que estaban allí como representantes ya les ofreció puesto en la Alcaldía, los tiene trabajando en la Alcaldía. Entonces ellos ya perdieron su norte y perdieron su sentido.

Pero nosotros, como organizaciones sindicales debemos mirarnos y volver a la comunidad, volver al barrio y del barrio hacernos respetar y darnos a conocer.

En este momento, en medio del repliegue que menciona Ernesto hay varias  luchas sindicales. Por ejemplo, los compañeros de Nestlé en Bugalagrande se encuentran en conflicto. ¿Qué creen que debería hacer la Coordinadora de Solidaridad frente a esos conflictos que están en curso?

Es algo que incluso nosotros mismos hemos apoyado y es el acompañamiento; de los cuales nosotros estamos haciendo una tarea también de acompañamiento, no solamente físico sino económico. Estamos haciendo una tarea desde hace mucho rato. Vemos que los sindicatos como tal no todos tienen esa conciencia… esa conciencia de clase y ese valor para ayudar. Porque es que hay veces nosotros hablamos de sindicato pero creemos que por el hecho de ser directivos sindicales ya nos ganamos el cielo. Tenemos que, de pronto, hacer también. No solamente hablar sino las obras que tenemos que hacer. Y a los sindicatos les falta mucho, el acompañamiento, a otros que estén de pronto en peor circunstancia que nosotros. El acompañamiento pues moral, económico. También el escrito: comunicados… nosotros nos pronunciamos mediante comunicados respaldando diferentes procesos… Y hoy día estamos como volviendo a ese sindicalismo de antes, tratando de unirnos con el barrio.

———————-

---

Con motivo de la jornada del 28 de septiembre, la Seccional de ASPU (Asociación Sindical de Profesores Universitarios) de la Universidad Nacional emitió el Llamamiento que reproducimos. El Trabajador Socialista y el Grupo de Trabajadores Socialistas hacen suyo este llamamiento e invitan a adherir al mismo; pues indica una perspectiva correcta de lucha y movilización, necesaria en el momento actual.

Llamamiento a los sindicatos, al movimiento social y popular, a los jóvenes luchadores del Paro Nacional

Existe una tarea urgente: unir fuerzas para continuar con el proceso de movilización iniciado el 28 de abril que propinó duros golpes al gobierno de Duque pero sin lograr derrotar sus planes antipopulares contra el pueblo colombiano. Por ello los abajo firmantes, organizaciones, dirigentes y activistas sindicales y sociales que asumimos este compromiso nos comprometemos con este llamado e invitamos a asumirlo.

Gracias a la presencia masiva de la población en las calles, al bloqueo de carreteras y vías urbanas, y al heroísmo de miles de jóvenes que enfrentaron en centenares de puntos de resistencia la brutal ofensiva policial y militar, a costa de decenas de muertos y mutilados, paralizamos significativamente las actividades productivas, comerciales, de abastecimiento y de transporte.

Para intentar contener el movimiento y ayudar al gobierno en la crisis coyuntural que sufría, los grandes empresarios y banqueros anunciaron, falsamente, estar dispuestos a ceder en algo en sus pretensiones de sobreexplotar aún más a los trabajadores, a las mujeres y los jóvenes empobrecidos; pero, capeada la tempestad, continúan descargando la crisis de su economía en nuestras espaldas. En su momento, haber contenido, en parte, la ofensiva patronal (caída de la reforma tributaria de Carrasquilla, etc.) fue un importante un importante triunfo de la lucha social que, ahora, se muestra insuficiente por la continuidad de este gobierno y sus planes antidemocráticos y de subordinación al imperialismo.  

Desde el levantamiento inconsulto del movimiento de paro nacional por parte del Comité Nacional de Paro (CNP), el pasado 15 de junio, el gobierno ha lanzado una contraofensiva en todos los terrenos. Arrecia la represión contra los luchadores sociales, con el asesinato sistemático de los líderes y lideresas, o el apresamiento indiscriminado y la judicialización de los jóvenes de la Primera Línea. El Congreso aprobó una reforma tributaria y un plan de ajuste fiscal con el que afecta los derechos laborales de los trabajadores del Estado, a los que pone a pagar una buena parte del déficit presupuestal, y profundiza la privatización de empresas rentables del Estado, mientras preserva las gabelas que benefician al gran capital y las transnacionales.

Cada colombiano debe $5,8 millones por incremento en la deuda externa pública. Colombia debe a acreedores internacionales la mitad de lo que produce su economía, es decir, que de cada $100 pesos casi $50 ya son obligaciones en el exterior, exabrupto en un país donde no se ha privilegiado la salud ni la educación. Incluso los subsidios a la nómina, presentados como garantía contra el desempleo, sólo preservan las ganancias del capital, pues lo general es la precarización de los contratos de trabajo para jóvenes y mujeres, los sectores más afectados por la crisis. El proyecto de ley 099 es un nuevo ataque a las condiciones laborales de la juventud.

También debemos denunciar como irresponsable y criminal el manejo gubernamental de la pandemia que llevó al colapso de los servicios de salud, cuyo personal padece también la precariedad laboral, provocando más de cien mil muertos, miles y miles de huérfanos y familias trabajadoras destruidas, todo por el afán de lucro de las farmacéuticas, los servicios privados de salud y el empresariado.

El desprecio del gobierno por la vida de la mayoría de la población,  la total impunidad ante los crímenes de estado, la burla a las víctimas y a los campesinos despojados de sus tierras, demuestran al servicio de quienes están los entes de control del estado y como la actuación de todas las entidades estatales es en beneficio de empresarios y multinacionales. El robo del erario, la corrupción rampante, la inoperancia de la justicia para los pobres, compromete no solo al gobierno actual y a sus ministros, sino a todos sus antecesores y partidos políticos que parasitan del Congreso y dan continuidad a las altas tasas de desempleo e informalidad, además de la pobreza extrema en campos y ciudades.  

Por todas estas razones es más urgente que nunca nuestra unidad para continuar la movilización contra el gobierno de Duque y sus planes. El distanciamiento del CNP de la masiva, radical y sostenida movilización de protesta le hizo perder autoridad ante las bases del movimiento social. Consideramos equivocado que el pliego de emergencia se haya convertido en proyectos de ley a tramitar por una de las instituciones más corruptas y desprestigiadas del régimen: el Congreso de la República. La única manera de conquistar plenamente nuestras demandas es preparar un nuevo movimiento de PARO NACIONAL. Ese movimiento puede ser liderado por el sector estatal que ahora es blanco del gobierno en el terreno económico; como lo han sido en lo político los líderes sociales asesinados y en especial la juventud en las Primeras Líneas.

Las jornadas de movilización convocadas por el Comité Nacional de Paro pueden ser un punto de referencia para adelantar un plan de lucha. Podemos repetir la experiencia del 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril de este año. Necesitamos impulsar centenares de asambleas sindicales y populares y la constitución de comités de base que preparen el nuevo paro nacional, unificando fuerzas y eligiendo una dirección representativa de todos los sectores movilizados. Por eso invitamos a todos los que hemos participado en las convocatorias de la Asamblea Nacional Popular, la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular, el Bloque por el Paro Indefinido, las coordinadoras de solidaridad locales, los Comités Departamentales de Paro, y a las organizaciones indígenas, afro y campesinas, al movimiento estudiantil universitario, a la comunidad Lgbtiq+, a las Primeras Líneas, a que convirtamos el próximo 28 de septiembre en una primera jornada de paro nacional, que tenga como soporte un paro estatal de 24 horas.   

Las calles son nuestras y en ellas volveremos a golpear al gobierno de Duque, a derrotar su nefasta agenda legislativa y conquistar el pliego nacional.  

¡Contra el proyecto de Ley uribista 099: no a la explotación juvenil!

¡A las calles para derrotar el plan antipopular y neoliberal de Duque!

¡A PARAR PARA AVANZAR, VIVA EL PARO NACIONAL!
JUNTA DIRECTIVA DE ASPU-UN

Bogotá, 27 de septiembre de 2021

——————————————————

---

Declaración de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU
Seccional Universidad Nacional de Colombia

El Trabajador Socialista difunde la Declaración de la Seccional de Aspu (Universidad Nacional) Ante la Convocatoria del CNP para el 26 de agosto.

Ante la convocatoria del Comité Nacional de Paro
a movilizarnos el 26 de agosto

Propuesta a los trabajadores y millones de colombianos dispuestos a derrotar el gobierno Duque

El Comité Nacional de Paro (CNP) está convocando al pueblo colombiano a movilizarse el jueves 26 de agosto para respaldar diez proyectos de ley con las reivindicaciones exigidas al gobierno de Duque con el movimiento de paro nacional. El levantamiento del paro el pasado 15 de junio fue una tregua firmada por el CNP, dando oxígeno al régimen y a sus políticas de arrase de derechos y conquistas sociales. El mismo CNP dejó aisladas las luchas de los sectores que propusimos mantener las movilizaciones –y que intentamos ahora organizarnos en la Asamblea Nacional Popular– reemplazándolas por una estrategia parlamentaria y electoral. Mientras tanto el gobierno avanza con agresivos planes, como la reforma tributaria que pretende congelar durante diez años los salarios de los empleados estatales y un recorte masivo de la nómina con el propósito de descargar la crisis en los trabajadores del sector.

Por esa razón el fortalecimiento de la movilización pasa por la decisión de los dirigentes sindicales del sector estatal de convocar asambleas en las organizaciones y en los centros de trabajo, para discutir las lesivas medidas del gobierno. En tales asambleas se deben conformar comités permanentes para la preparación de un paro estatal, extensible a todo el pueblo colombiano para impedir medidas y políticas promotoras de recortes salariales y nuevas privatizaciones de empresas rentables del Estado. La presentación del pliego de emergencia ante el Congreso de la República convertido en proyectos de ley, es la forma más grotesca de claudicar a un parlamento totalmente cooptado por el régimen, donde las fuerzas de oposición son una minoría impotente frente a las mayorías gubernamentales y de los partidos burgueses.

El mismo pliego que el gobierno se negó a negociar, y conquistable solo a través de la movilización, nos llaman hoy a tratar de alcanzarlo en el establo parlamentario. Esa política sólo responde a mezquinos cálculos electorales y no es consecuente con las reales necesidades de millones de colombianos quienes exigimos soluciones sociales inmediatas y no balbuceos de promesas para un futuro gobierno. Por todas estas razones debemos volcarnos a las calles el próximo 26 de agosto, con una política independiente a la del Comité Nacional de Paro, así como lo hicimos el 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril de este año. Frente a la ofensiva represiva y antipopular del gobierno de Duque, que persigue, judicializa y encarcela a los jóvenes luchadores de las Primeras Líneas; el camino es volver a las calles y fortalecer la organización por la base del movimiento social de protesta.

¡Abajo las contrarreformas del gobierno de Duque!
¡Basta de persecución y asesinatos de luchadores sociales!
¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional !

Junta Directiva
Bogotá, 24 de agosto de 2021

———————————————————————-

Ante el llamado de Fecode
al magisterio colombiano a estar alerta

Solidaridad con el movimiento juvenil
Desde la corriente magisterial Unidad Docente hacemos un reconocimiento muy especial a la juventud Colombiana que ha estado durante estos 44 días en las calles poniendo el alma, el corazón y la vida a la lucha social,  han entregado sus ojos para ver justicia, le han puesto el pecho a las balas y han demostrado resistencia; a esos jóvenes, mujeres y hombres de primera línea, a las comunidades populares, barriales, obreras y a los maestros que han acompañado este estallido social con el mismo entusiasmo, a todos ellos le expresamos nuestra mayor solidaridad y rechazamos la criminalización de la protesta social en cabeza del presidente Iván Duque, su partido de gobierno y la “gente de bien” que se arma contra su propio pueblo, pedimos sentencia y castigo a los responsables de las muertes, violaciones a los DDHH  y desapariciones en el marco del paro nacional 2021.  Nunca olvidaremos lo sucedido en estos días de gloriosas jornadas de lucha, ni perdón ni olvido.
Manifestamos nuevamente la defensa de las organizaciones sindicales como FECODE, ASDEM, la CUT, el CNP, los sindicatos regionales del país y las asambleas populares porque son organizaciones tanto de la clase trabajadora como popular y aunque nos oponemos a la política de concertación de las mayorías de los directivos sindicales, rechazamos los ataques y tergiversaciones de los medios de comunicación como Caracol Radio en su editorial “La mala educación” y Semana TV en su espacio “El Control¨, con los periodistas Gustavo Gómez y María Andrea Nieto respectivamente, quienes ayudan a difundir conceptos amañados de la realidad y salidos de toda objetividad del derecho que todos tenemos a hacer parte de la política y del debate social en vía de disputarnos mejores condiciones de vida laboral, económica y social.
No depositar la confianza en la concertación
Hacemos un llamado fraterno a los dirigentes sindicales de FECODE, quienes han convocado al magisterio Colombiano a un estado de alerta mediante la Circular No. 28 del 12 de junio de 2021, como ajuste de la “táctica”, a no depositar los esfuerzos en los llamados diálogos de concertación, conciliación y mesas de estudios técnicos; la experiencia de los más grandes paros del 2001, 2015 y 2017 por ejemplo, nos ha enseñado la falta de cumplimiento de los gobiernos de turno a los acuerdos pactados y el fracaso de los mal llamados “logros” alcanzados como la privatización de la salud del magisterio en manos de los intermediarios sin inyección de recursos por parte de las entidades particulares, por el contrario se apropian de los aportes, enriqueciendo sus bolsillos a costa de la salud y vida de los maestros y la nefasta ECDF, entre otros.
Muchos de los dirigentes de hoy de la FECODE y la CUT, llevan años en comisiones sindicales (no laboran) y no saben que es dar una clase en las condiciones actuales de la virtualidad, desconocen las presiones a las que hemos estado sometidos los maestros por la coerción del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación con la Alternancia que no es más que un llamado a la presencialidad sin condiciones para nuestros estudiantes y comunidades educativas.
Llamamos a los que fungen como negociadores junto con los integrantes del Comando Nacional de Paro a abrir los espacios tanto a una verdadera democracia directa como participativa y no, a la democracia representativa o autonombrada, para que se den, con altura los debates no solo sobre la lucha contra este Gobierno criminal, sino contra todos aquellos oportunistas que traicionan los paros y no representan nuestros intereses.
No a las represalias, no a los descuentos de salarios, no al pago del tiempo
por la participación en el justo paro
Con la orientación a los maestros a ¨asistir a las diversas actividades académicas y pedagógicas inherentes al cargo, a partir del día martes 15 de junio del año en curso¨ (Circular 28 de FECODE), no se puede  dejar de lado sin la exigencia a los dirigentes sindicales de levantar la bandera de no represalias por la participación en el paro nacional. El paro es justo, es un derecho constitucional, los maestros no salimos al paro por gusto propio, lo hacemos porque Duque, sus reformas y negligencia a atender las justas exigencias nos ha obligado a estar en paro todo este tiempo.
En deuda está el gobierno con los maestros desde el año 2020 con la pandemia, el maestro ha laborado 24 horas, 7 días a la semana, jornada triple y extenuantes, ha colocado internet y datos móviles pagado con sus propios recursos, algunos otros debieron actualizar los equipos de cómputo para poder atender las clases, muchos se endeudaron comprando y actualizando sus sistemas tecnológicos, celulares y demás,  no podemos dejar de mencionar las afectaciones a la salud por las largas jornadas laborales atendiendo a los estudiantes y familias, pues perdimos los horarios familiares y personales por ello, los maestros no debemos pagar tiempo invertido en el paro nacional.
Si nos cobran el tiempo, que lo descuenten de todo lo que nos deben desde el inicio de la pandemia.  La táctica de guerra y el deterioro de la educación de nuestros estudiantes es responsabilidad del Gobierno, esa táctica junto a la crisis que arrastramos de años atrás y se ha profundizado con la pandemia, lo que nos tiene y nos tendrá en la calle siempre que sea necesario.
Transmisión en vivo de las negociaciones
Somos los maestros, la clase trabajadora y la juventud los que ponemos en riesgo nuestro puesto de trabajo y salarios cuando nos movilizamos y/o salimos a un paro,  por eso tenemos el derecho a exigir que los pliegos se construyan colectivamente con las bases, exigir negociación pública de cara a los maestros. Negociación ad referéndum, no se negocia nada sin consulta y decisión de las bases. Exigimos asambleas de base para definir claramente los objetivos de las próximas luchas. Que se constituyan comités de paro por institución educativa en todo el país, con un delegado elegido para asistir a la deliberación sobre cómo y cuándo levantar el paro, qué negociar y qué no negociar.
El plan de suspender el paro mientras negocian no pueden ser actividades abstractas sin fechas, no se puede dejar a quienes luchan solos, les exigimos mejores procedimientos de organización y al mismo tiempo insistimos en que las negociaciones con el Gobierno sean en transmisión en vivo y en directo.
Por un Encuentro Nacional de Empleados Estatales
No olvidemos que un paro no se levanta cuando se está negociando, en ese momento es que más se necesitan las bases para evitar que se pierda el sentido sindical y de reivindicaciones sociales. Por ello nos unimos a quienes hacen la exigencia a la CUT para que llame a un encuentro nacional de trabajadores donde el sector estatal vote un paro nacional y los obreros industriales comiencen a preparar el paro de la producción que repotencie la movilización en las calles.
Maestros aún falta mucho por alcanzar, no debemos claudicar, no debe quedar la sensación de que sucumbimos ante la estrategia de desgaste que propuso el Gobierno, los muertos, los desaparecidos, los luchadores que perdieron los ojos, los detenidos, deben ser enaltecidos con la movilización masiva en las calles, nos debemos reagrupar y exigir a la dirigencia las acciones que lleven a hacer realidad el llamado de la Asamblea Nacional Popular – ANP, quien nos convoca a la ¨movilización nacional todos los miércoles e invitamos, de manera especial, al movimiento obrero sindical clasista a que cree las condiciones en las bases para realizar un paro de la producción, los servicios y el transporte¨. No debemos dejar solos a la juventud y a nuestro pueblo masacrado y violentado por estar en vacaciones mientras negocian y matan los líderes sociales y juveniles.
La grandeza y capacidad de liderazgo se evidencia en los momentos críticos, en los momentos en que nuestras organizaciones son sometidas a todo tipo de presiones, ataques de los medios, estigmatización, hasta la criminalización de la protesta, es allí donde se necesita una dirigencia con independencia política, capaz de convocar  y reorganizar a las bases, que no desmovilice , una dirigencia combativa con un gran espíritu de lucha, que reconozca que la  movilización es el instrumento para defender y reivindicar los derechos de los trabajadores, una dirigencia demuestre capacidad de proponer nuevas estrategias de lucha pero sin abandonar la lucha de los trabajadores en las calles. Necesitamos recuperar el verdadero sentido de nuestras organizaciones sindicales.

¡Por el paro de trabajadores Estatales! 
¡No a las represalias por la participación en el justo paro!
¡No al pago del tiempo!
¡No a los descuentos!

Medellín, 13 de junio de 2021
UNIDAD DOCENTE – Corriente Magisterial
unidaddocente@hotmail.com

————————————————————

¡Mi Cali bella!

Reunidos el día 6 de mayo de 2021 en el auditorio 5 de la Universidad del Valle de la ciudad de Cali, delegaciones de los puntos de concentración de Calipso, Puerto Resistencia, Meléndez, Guapi, Siloé, Sameco, La Luna, Paso del Comercio, Loma de la Cruz, Univalle, Sindicatos, Portada del mar, CRIC, Minga Indígena, UP, Univalle Unida, Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle, ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca), Partido Comunista Colombiano, Ciudad en Movimiento, Sintraunicol, Plataforma Municipal de Juventudes, Central Unitaria de Trabajadores CUT Valle, Comando Departamental de Paro Valle del Cauca y otras organizaciones,

Declaramos:

1. Se reconoce que en Cali y en el Valle del Cauca no existe una conducción unificada del Paro, que existen múltiples expresiones sociales y populares en todos los puntos de concentración; por eso se reconoce como tarea fundamental generar una articulación política, social y de movilización entre todas las organizaciones sociales, populares, juveniles y barriales, las comunidades en cada punto de concentración en Cali y la Minga Indígena.

2. Alertamos que el gobierno de Duque pretende minar la movilización social y desarticular el Paro Nacional con la invitación a múltiples mesas de negociación sectoriales, gremiales y locales con el fin de atomizar el paro y hacer perder la fuerza. Por lo tanto, advertimos a los sectores sociales y populares a no caer en esta trampa y a construir un único espacio de coordinación colectiva, plural y democrático de la movilización en Cali que logre condensar un Pliego de Exigencias Unitario.

3. Se mandata establecer un corredor o cordón humanitario en Cali y el Valle que permita el abastecimiento de alimentos, misiones médicas, humanitaria, gasolina e insumos médicos con el fin de evitar el desabastecimiento, este cordón humanitario debe ser coordinado con garantías mínimas de no represión de los puntos en la apertura a las caravanas humanitarias.

4. Se identifica como tarea prioritaria hacer un frente común contra la desinformación para frenar las cadenas de desinformación, que pretenden posicionar la idea que en Cali la movilización está tomada por la delincuencia y que existe una agenda oculta, es necesario aclarar que el pueblo ha respondido ante el actuar represivo de las fuerzas de seguridad del Estado.

5. Rechazamos unánimemente las declaraciones irresponsables del Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina que le hacen juego a la teoría de la ultraderecha uribista y neonazi de la guerra molecular disipada o una operación avispa, y negar el carácter político de la movilización.

6. Proponemos a toda la ciudad convocar a asambleas populares en cada punto de concentración que permita confluir en una gran asamblea popular y ciudadana de Cali, donde unifiquemos todos los pliegos y construyamos una sola hoja de ruta política y programática.

7. Hacemos un llamado al Comando Nacional de Paro a abrir la apertura a representaciones genuinas del movimiento popular y a sentar la primera mesa de negociación con Duque en la ciudad de Cali por ser el territorio más golpeado y con mayor resistencia y movilización durante el Paro Nacional.

[Nota: El Trabajador Socialista difunde la anterior declaración porque expresa la búsqueda de coordinación y unificación de la lucha en Cali, que también es necesaria, en forma urgente, en todas las ciudades y a nivel nacional. El Comando Nacional de Paro no actuó, en las semanas previas al 28 de abril, organizando el movimiento, como era su obligación. Tomamos distancia de la posición que se expresa de sentarse a negociar con Duque. ¡Nada hay que negociar! ¡Con la lucha y la movilización organizada es posible obtener los triunfos que el movimiento necesita!]

————————————————————–

Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular

En la lucha por construir una alternativa de dirección para el movimiento sindical, social y popular en Colombia, diversas organizaciones, dirigentes sindicales y activistas hemos venido impulsando el fortalecimiento de la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular – CNSSP- que desde el año 2020, en medio de la pandemia, ha impulsado acciones de denuncia, propaganda, agitación, organización y movilización contra los planes del gobierno de Iván Duque y el imperialismo. El Grupo de Trabajadores Socialistas considera importante dar a conocer las más recientes declaraciones de la CNSSP e invita a nuestros lectores a visitar su página web: http://coordinadoracnssp.org/

Llamamos a luchar contra la reforma tributaria, que le carga IVA
a la canasta familiar y más impuestos a los asalariados,
pensionados y clases medias

El gobierno de Duque ha anunciado que le presentará al Congreso su tercera reforma tributaria, bautizada cínicamente “ley de solidaridad sostenible”. Estas serán sus aspectos principales:

1. Imponerles IVA del 19% a productos que hoy pagan el 5 % como el chocolate, el café, el azúcar, la sal, las harinas de maíz y trigo, la avena, las pastas alimenticias, la mortadela, el salchichón.
2. Ponerles IVA del 19 % a los aceites de soya, palma y girasol, harinas de pescado, tortas de soya y otros vegetales, maquinaria agropecuaria y para avicultura, insumos necesarios para la cría de ganado vacuno y porcino, la avicultura y la piscicultura, con lo cual subirá aún más el precio de la carne, el pescado, la leche, el pollo, los huevos y otros alimentos.
3. Los productores de leche, quesos, huevos, carne de res, cerdo, pollo, pescado no podrán descontar en sus declaraciones el IVA cancelado por insumos, lo que se traducirá en todavía mayor precio de estos artículos.
4. Gravar con impuesto de renta a millones de asalariados que tengan ingresos desde alrededor de $2 millones. A una gran parte de los pensionados también se les impondrá el mismo tributo.  
5. Congelar durante los próximos cinco años los sueldos de los empleados públicos y en general los gastos del estado.
6. Mediante el Sisbén IV “focalizar”, es decir, eliminar para millones de familias de los estratos uno, dos y tres los subsidios de salud, energía eléctrica y gas.
7. Modificar el impuesto al patrimonio e imponer a rajatabla el llamado régimen Simple de tributación, para esquilmar a los sectores medios, incluidos profesionales y pequeños y medianos comerciantes, agricultores o industriales. 
8. Por el contrario, mantenerles a las grandes empresas los privilegios concedidos en reformas tributarias anteriores, incluidas las dos de Duque de 2018 y 2019, mediante las cuales dejan de pagarle al fisco anualmente decenas de billones de pesos.
9. Prorrogar el Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, conocido como auxilio a la nómina, mediante el cual el gobierno les otorga a las empresas entre el 40 % y el 50 % de un salario mínimo por empleado, programa del que se benefician, ante todo, los dueños de las grandes compañías de más de 500 trabajadores.

Con ello se les sacarán de los bolsillos 25 billones de pesos a millones de familias pobres, que hoy no comen sino una o dos veces al día y a las arruinadas clases medias, mientras se colma de beneficios a los más ricos. El gobierno ha dicho que de ese recaudo destinará $15 billones (el 60 %) a abonar al pago de la deuda pública, con la que los banqueros nacionales y extranjeros exprimen al país.

Duque busca disfrazar su escalada fiscalista sosteniendo que con ella puede sostener programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Ingreso Solidario y la devolución del IVA. Programas que se utilizan para hacer clientelismo, llenar los bolsillos de los corruptos, y tratar de adormecer al pueblo para que acepte las reformas hambreadoras a cambio de unas limosnas, que no significan nada frente a lo que se les va a sacar en IVA y otros impuestos. 

Pero la reforma tributaria no es el único atropello en el que están empeñados los dueños del país. También insisten en: a) reformar las pensiones para aumentar la edad, las semanas, reducir el aporte de los patrones y para que la mayoría de las mesadas sean muy inferiores al salario mínimo; b) aumentar los aportes para salud a cargo del trabajador y reducir el de los patrones a las Cajas de Compensación; c) suprimir los subsidios a la salud y los servicios públicos a la mayor parte de las familias de los estratos uno, dos y tres, aduciendo que el 90 % de aquellos se les asignan a “no pobres”; d) promover, por medio del decreto 1174, los contratos laborales por horas, sin estabilidad, sin salario mínimo y sin prestaciones sociales y económicas; e) reformar el sistema de salud mediante el revivido proyecto de ley 010, que ahonda los males del sector: la intermediación y el robo de las EPS y la subcontratación de la fuerza laboral.

Los magnates y sus mandaderos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE exigen que todas estas medidas se aprueben sin demora, pero temen que el pueblo vuelva a lanzarse a las calles como el 21 de noviembre de 2019 y el 9 y 10 de septiembre de 2020. 

No permitamos que el gobierno inepto y corrupto, descargue sobre los hombros del pueblo la crisis de las finanzas públicas causada por el negocio de los banqueros de endeudar al país y por la permanente reducción de impuestos a los grandes monopolios.

Rechacemos la indolencia del régimen que anuncia que comprará aviones de guerra por valor de más de 14 billones de pesos, mientras cunden el desempleo y el hambre, y la pandemia del covid-19 sigue desbordada por el pésimo manejo oficial, incluido el retraso de la vacunación.

Llamemos a las bases de las centrales sindicales y de los llamados partidos alternativos a que les exijan a sus jefes que abandonen la apaciguadora concertación y los afanes electoreros y que se dispongan a dar la orden de batalla contra los atropellos oficiales.

La Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular convoca a las decenas de millones de colombianos afectados, a líderes y lideresas sociales y populares, a los desencantados votantes de los partidos de la coalición gobernante y del llamado centro, a las bases y dirigentes medios de las centrales sindicales y , a los jóvenes y a las mujeres, a los indígenas y afros, a los obreros y campesinos, a los profesionales y pequeños y medianos productores arruinados a lanzarnos a las calles, al paro indefinido hasta derrotar esta ominosa reforma tributaria y las demás medidas antipopulares del gobierno.

 Contra las reformas tributaria, laboral, pensional y de salud levantemos las banderas de no pagar la deuda; nacionalizar la banca y demás ramas económicas que inciden en el bienestar de la población; desprivatizar la seguridad social y los servicios públicos; suprimir las exenciones y toda clase de beneficios tributarios a los monopolios y magnates; abolir las EPS, las AFP y las ARL.

Las condiciones son propicias para el alzamiento unitario del pueblo contra la regresiva reforma tributaria y demás atropellos del régimen. No dejemos que se pierda el momento.

¡Abajo la reforma tributaria y fiscal!

¡Abajo la imposición del IVA a la canasta familiar!

¡Abajo el alza de los impuestos a los asalariados y pensionados!

¡Abajo el pago de la deuda a costa del hambre del pueblo!

¡Abajo el decreto 11 74!

¡Por pan, salud, trabajo, techo, pensión, educación y servicios públicos para todos!

Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular

14 de abril, 2021

Llamamos a luchar contra la reforma tributaria
y a rechazar a los embaucadores que distraen en minucias
la energía popular

Declaración política del Encuentro de Emergencia del 27 de marzo

El Encuentro Nacional de Emergencia del 27 de marzo convocado por la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular, CNSSP, llama al pueblo colombiano a combatir hasta derrotar el proyecto de ley de reforma tributaria y fiscal y las demás medidas antipopulares del gobierno de Duque.

Con la nefasta reforma tributaria, bautizada cínicamente “ley de solidaridad sostenible”, se apunta a recaudar unos $25 billones, de los cuales se destinarán, al menos, $15 billones (el 60 %) a abonar al pago de la acrecida deuda pública, que bordea el 65 % del Producto Interno Bruto y cuyos pagos de intereses y principal absorberán este año cerca de la cuarta parte del presupuesto nacional; del sobrante, sin duda, buena parte se gastará en la anunciada compra de aviones de combate, cuyo costo se ha tasado en $15 billones, para satisfacer la creciente militarización del régimen. Los rasgos generales del proyecto, hasta ahora solo presentado ante los gremios económicos y las bancadas políticas y filtrado a cuentagotas a la prensa, serán los siguientes:

1. Imponerles IVA del 19% a varios productos básicos de la canasta familiar que hoy pagan 5 % como el chocolate, el café, el azúcar, la sal, las harinas de maíz y trigo, la avena, las pastas, la mortadela, el salchichón.
2. Pasar de 5 % a 19 % de IVA una serie de materias primas como los aceites de soya, palma y girasol, harinas de pescado, tortas de soya y otros vegetales, maquinaria agropecuaria y para avicultura, lo cual incidirá en una desmesurada elevación del precio de la carne, el pescado, la leche, el pollo, los huevos y otros alimentos.
3. Acabar con la clasificación de bienes exentos de IVA, con la consecuencia de que los productores de leche, quesos, huevos, carne de res, cerdo, pollo, pescado no podrán descontar en sus declaraciones el IVA cancelado por insumos, por lo que lo trasladarán al precio de los artículos.
4. Gravar con impuesto de renta a millones de asalariados que tengan ingresos desde alrededor de $2 millones, y reducir desde 40 % a 25 % la parte de los ingresos exenta de tributar.
5. Cargar a decenas de miles de pensionados con el gravamen a la renta, con lo que se acogota más a este grupo de la población, que durante decenios ahorró para jubilarse, y que se ve sometido a una sustancial mengua de sus ingresos al empezar a recibir sus mesadas, y a un extorsivo descuento por el aseguramiento en salud.  
6. Congelar durante los próximos cinco años los sueldos de los empleados públicos y en general los gastos del estado.
7. “Focalizar” los subsidios de salud, energía eléctrica y gas para los estratos uno, dos y tres mediante el Sisbén IV, cuya metodología basada en la presunción de ingresos y no en el estrato socioeconómico, los eliminará para millones de familias.
8. Subir a 3 % la tarifa y disminuir a $3.000 millones la base desde la cual las personas naturales son responsables del impuesto al patrimonio, lo cual se convierte en una medida confiscatoria contra una parte de los sectores medios, incluidos profesionales y pequeños y medianos negociantes.
9. Mantenerles a las grandes empresas las gabelas concedidas en reformas tributarias anteriores, incluidas las dos de Duque en 2018 y 2019 —con estas últimas las grandes empresas dejan de pagar al año unos $11 billones—, como la reducción del impuesto de renta; la tarifa diferencial de este para las zonas francas y las llamadas megainversiones; la devolución del IVA cancelado por la compra de bienes de capital; la devolución del 50 % del Impuesto de Industria y Comercio y del Gravamen a los Movimientos Financieros (cuatro por mil).
10. Prorrogar el Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, conocido como auxilio a la nómina, mediante el cual el gobierno les otorga a las empresas entre el 40 % y el 50 % de un salario mínimo por empleado, programa que ya totaliza casi $5 billones, de los cuales más del 34 % ha ido a parar a los bolsillos de las firmas de más de 500 trabajadores; mientras que casi 90.000 microempresas de hasta 10 empleados, el 64 % del total, solo han recibido el 10,5 % de los recursos.

Estas normas esparcirán la miseria y el hambre entre los sectores populares y medios, cuya pobreza creciente se agudizó durante la pandemia hasta el punto de que millones de familias apenas comen una o dos veces al día. Y sin contar con que esta es apenas la cuota inicial de venideros y sucesivos cambios a los impuestos centrados en ampliar el impuesto de renta a los asalariados, independientes y pensionados de más bajos ingresos y en generalizar la tarifa plena del IVA a toda la canasta básica, como lo exigen la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, conformada por Duque, la Anif, Fedesarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Ocde.

Esta escalada impositiva se maquilla con la “política social” aconsejada por el Banco Mundial, que consiste en la entrega condicionada y clientelista de irrisorias sumas a través de antiguos programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, y otros recientes como Ingreso Solidario y la devolución o compensación del IVA, un ínfimo giro que, el año pasado, fue de $37.500 mensuales a un millón de familias, para un total de $375 mil millones, la veintiochoava parte de los $10,5 billones que se les sacarán a estos mismos “beneficiarios” y al resto del pueblo con las modificaciones al IVA. Estas migajas asistencialistas junto a la represión y la brutalidad policial es lo único que ha recibido el pueblo durante la pandemia. La suma de estos programas es mucho menor a la de las concesiones a un reducido número de capitalistas en las dos primeras reformas tributarias del actual cuatrienio, y apenas sobrepasan los giros del PAEF.

Pero la reforma tributaria no es la única tropelía que preparan los círculos dominantes. Fedesarrollo presentó un llamado “nuevo contrato social”, recibido con alborozo por la alta burocracia estatal, que busca abolir el sistema pensional de prima media; estatuir una pensión universal de menos de medio salario mínimo para los mayores de 65 años con lo que, de hecho, se aumenta la edad de retiro en ocho años para mujeres y en tres para hombres; “pensión” que se complementaría con la pírrica renta que puedan producir los reducidos ahorros pensionales de los asalariados en los fondos privados u otras entidades de agio, ya que los patrones no tendrían la obligación de aportar el 12 % del salario (el 75 % del total de la cotización) sino máximo el mismo porcentaje que puedan cotizar los trabajadores; así, el aporte bajará y el grueso de las pensiones no alcanzaría ni al salario mínimo. Para dar otros ejemplos, el “nuevo contrato social” también propone aumentar los aportes para salud a cargo del trabajador, reducir el de los patrones a las Cajas de Compensación y “focalizar” los subsidios a los estratos uno, dos y tres, aduciendo que el 90 % de ellos se les asignan a “no pobres”. Propuestas muy similares viene planteando la Anif.

A lo anterior hay que agregarle los estragos que ya está causando entre los asalariados de más bajos ingresos el decreto 1174 y, para solo citar un caso más, la exacción que les espera a los pequeños y medianos negocios con la generalización a rajatabla del régimen de tributación Simple, que urgen la comisión de “expertos” tributarios y toda la tecnocracia.

La casta gobernante, sumisa a las órdenes de los imperialistas y los magnates criollos, aunque vacila, principalmente por el terror que le inspira la insubordinación de los de abajo, se ve impelida a aprobar el nuevo paquetazo, pues los acreedores y sus emisarios no se transan por menos. No obstante, varios factores están creando un clima propicio para el levantamiento popular contra las tiránicas reformas. Entre ellos destaca, primero, en el plano internacional, la crisis de la potencia yanqui, expresada en su descomposición política, económica y social interna, y su sistemática perdida de influencia global, debida, entre otras causas, al ascenso de nuevas potencias imperiales, como China, que la desafía en todos los terrenos, crisis de la que no lograrán sacarla ni el plan de elevación de impuestos y de renovación de la infraestructura por dos billones de dólares anunciado con bombo y platillos por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, ni sus afanosas diligencias para recomponer las deterioradas relaciones con los antiguos aliados en los cinco continentes. En segundo lugar, el ejemplo, que cunde y estimula, de las masas que se levantan hoy en una nación, mañana en otra contra saqueos similares. Y en Colombia, el desempleo, el hambre, la corrupción, el desangre por la violencia que se ceba en las gentes sencillas y de la cual, en buena parte, son cómplices o artífices organismos oficiales o paraoficiales; la conciencia de los jóvenes sobre el abominable futuro que les depara el sistema social prevaleciente; la quiebra generalizada de pequeños y medianos productores; el desprestigio creciente de las caducas instituciones oligárquicas y de la inepta camarilla política dominante, trenzada cada vez más en disputas irreconciliables por ver cuál facción se queda con el control del estado. El debilitamiento del gobierno de la marioneta de Álvaro Uribe que, con su irresponsabilidad, ha permitido que Colombia esté entre los países con mayor número de contagiados y muertos por covid-19, y de los más retrasados en el proceso de vacunación, ya que está más interesado en los negocios de los capitalistas que en la salud de la clase trabajadora y los pobres. El declive del uribismo cercado cada vez más por los problemas penales de su jefe y con el alma en vilo por el temor a que Washington lo suelte de su mano, a pesar de su demostrado servilismo. En fin, los amos temen y los humildes bregan por un resurgir decuplicado del 21 de noviembre de 2019, la más importante movilización de los explotados de nuestro país en el presente siglo.

El factor más negativo de la situación es la contumacia en mantener la táctica de concertación y apaciguamiento y los métodos antidemocráticos por parte de los llamados movimientos alternativos a través de las cúpulas de las centrales obreras y los grandes sindicatos como Fecode o la USO, agrupados en el Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro, misma táctica con la que ayudaron a ahogar el paro del 21 de noviembre cuando este empezaba a perfilarse como una protesta nacional de carácter indefinido. Hoy, evitan desafiar el paquetazo de Duque y han optado por distraer a las masas emulando a este en la promoción de los míseros auxilios con los que la burguesía y el imperialismo buscan apaciguar la inconformidad. Es el caso del proyecto de ley para cambiarle el nombre al programa Ingreso Solidario por el de “renta básica de emergencia”; entelequia consistente en otorgarles, durante tres meses, a las familias pobres y “vulnerables” un auxilio de un salario mínimo legal, al cual se le debe descontar la suma de lo que perciban por los otros programas asistencialistas. Tan fútil resultó la propuesta, que hasta Duque se la mejoró con su propuesta de ajustar y volver permanente Ingreso Solidario, con lo que, a la vuelta de unos pocos meses, superaría con creces la cicatera renta básica de la atolondrada oposición.

Peor aún que la desmirriada “renta” resulta el origen de los recursos con los que sugieren financiarla: 1) dineros del Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, aparato creado por Duque asaltando los ahorros de los trabajadores en el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, y las regalías de las regiones consignadas en el Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE; 2) con emisión del Banco Central; 3) mediante la “inaplazable” reducción de gastos de funcionamiento y reasignaciones presupuestales, dos de los ultimátum de las agencias multilaterales; 4) con una reforma tributaria de su iniciativa, en la que coinciden bastante con la anunciada por el gobierno, y, 5) como cereza del pastel, “con créditos internacionales”, es decir, aumentando la deuda, el más grande lastre para el desarrollo de la nación y el bienestar del pueblo. Desvergonzados, los autores de la iniciativa aducen que el objetivo de esta no es otro que el de garantizar “el derecho de los colombianos a la vida en condiciones dignas de existencia. Por tanto, es evidente que guarda estrecha relación con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para afrontar y superar la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19”.

Ni la nueva revista Semana hubiera podido encomiar mejor al vano mandatario ni tergiversar tanto el verdadero sentido de sus disposiciones. (Ver exposición de motivos del proyecto de ley por medio del cual se crea la renta básica de emergencia). La alta burocracia sindical y sus mentores juran y perjuran que las masas serán redimidas si hacen cola en el Capitolio para seguir atentamente los grandilocuentes debates y las audiencias públicas alrededor de su apocado programita electoral.

De ahí la necesidad de mantener una lucha ideológica y política sin cuartel contra estos claudicantes, que adoptan los enfoques de las clases dominantes con el cálculo obtuso de que, si renuncian a exaltar los ánimos de los oprimidos, los amos les permitirán llegar a “ser gobierno”. Apremia desenmascarar la consabida triquiñuela de fijar fechas de paro, pero limitarse a promocionar unos cada vez más carnavalescos desfiles teñidos de propaganda electoral. Las bases y dirigentes medios de las centrales sindicales y de los partidos de oposición deben emplazar a sus jefes, incluidos los del “Pacto Histórico” y de la “Esperanza”, para que abandonen el trillado camino de abrevar en las fuentes de la reacción y prometer que todo cambiará solo con que sus humanidades se apoltronen en las limusinas oficiales. El futuro de la lucha popular depende, como de ninguna otra cosa, de que los oportunistas sean derrotados en este debate.

Los participantes en el Encuentro de Emergencia llamamos a los líderes y lideresas sociales y populares a los cientos de miles de desencantados de los partidos de la coalición gobernante y del llamado centro, a los jóvenes y a las mujeres, a los indígenas y afros, a los obreros y campesinos a lanzarnos a las calles, a las barriadas, a las veredas, a las terminales del transporte masivo a llevar a cabo la más intensa campaña contra la ominosa reforma tributaria, el eslabón clave que puede desencadenar el resurgir de la resistencia callejera; a la vez, mantener la lucha contra el decreto 1174; las reformas laboral y pensional; la supresión de los subsidios mediante el Sisbén IV; impulsar la solidaridad con los trabajadores estatales en proceso de negociación y los demás conflictos colectivos; apoyar a los relegados trabajadores de la salud, vanguardia de la pelea contra el revivido proyecto de ley 010, que ahonda los males del sector: la intermediación y el robo de las EPS y la subcontratación de su fuerza laboral; demandar un plan masivo, gratuito y sin patentes de vacunación y oponerse a la entrega de esta a los negociantes del sector privado, lo cual hará desaparecer aceleradamente la vacunación gratuita, y exigir el cese inmediato de los asesinatos y masacres de jóvenes, campesinos, indígenas, excombatientes y luchadores populares. Convocamos a agitar al lado de estas reivindicaciones democráticas unos puntos mínimos que chocan directamente con los intereses de los explotadores y que le confieren al movimiento una necesaria perspectiva de transformación radical de la sociedad; entre ellos, no pagar la deuda, nacionalizar la banca y los sectores económicos que inciden determinantemente en la vida del pueblo, incluidos los recursos naturales y las empresas que los controlan; desprivatizar la seguridad social y los servicios públicos; abolir las EPS, las AFP y las ARL.

Que nuestras armas de combate contra la infame reforma sean centenares de miles de hojas volantes, carteles y megáfonos, que la agitación y la propaganda conduzcan a ayudar a organizar desde abajo y a preparar para la lucha y no para las votaciones a millones de trabajadores y personas del común, lo mismo que a lograr la simpatía y el apoyo de los vastos sectores medios, cada vez más afectados por la política alcabalera y por el propio sistema social y económico que los arruina. Las condiciones son propicias para el alzamiento unitario del pueblo contra la regresiva reforma tributaria y demás atropellos del régimen. No dejemos que se pierda el momento.

Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular

5 de abril, 2021

Declaración de la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular sobre la llamada Cumbre Social y Política por la Renta Básica Ya

El pasado 24 de febrero el Comando Nacional Unitario, integrado por las centrales sindicales CUT, CGT y CTC y dos asociaciones de pensionados, expidió un comunicado en el que convoca para el 11 y 12 marzo a una Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente Ya. De este llamado también participan unos 50 parlamentarios y un conjunto de personas y organizaciones que le enviaron una carta al presidente Duque el pasado 28 de enero. Según el llamamiento, el propósito de la “cumbre” es “discutir una propuesta de articulado con miras a radicar un proyecto de ley como una de las alternativas que posibiliten la reactivación económica y una respuesta a la profunda crisis social que atraviesa la ciudadanía”. Agregan, que esa propuesta se ha abierto paso como “una alternativa viable para hacer frente al problema de la pobreza y la falta de ingresos para un sector muy amplio de la población”. Señalan, además, que las líneas generales del proyecto de ley están contenidas en la citada carta al presidente y que próximamente se organizará un “evento masivo de radicación”, y se trazará “una agenda de movilización durante todo el proceso de trámite legislativo”. Finalmente, llaman a sus seccionales a hacer reuniones pedagógicas en las que también se traten “otros temas de importancia (…) como la reforma tributaria y otras agendas públicas”.

La Coordinadora Nacional Sindical Social Popular, CNSSP, incluyó en el orden del día de su plenaria del 6 de febrero la discusión de la carta del 28 de enero. Del debate se concluyó que, el contenido mismo de la reivindicación, los montos, las fuentes de financiación y el procedimiento escogido conducían a entrampar a las masas, a apuntalar las nefastas políticas anunciadas por el gobierno, y a servirle a candidatos de todos los pelajes, embebidos en los comicios de 2022, como anzuelo para pescar votos.

Además, la carta, que hace un repaso de las intentonas por aprobar el proyecto en el Congreso, pone en evidencia que sus verdaderos artífices son los parlamentarios en trance de reelección; y se explaya en las supuestas bondades de la iniciativa; dizque “responde al derecho de cada persona en Colombia de vivir con dignidad”; que es de la esencia misma del “Estado Social de Derecho”; que —con el fin de lograr la anuencia de los mandamases— “contribuye a resolver la urgencia de darle liquidez al mercado y de ampliar la demanda de bienes y servicios para contribuir a que sea viable la reactivación económica”. También le advierten al mandatario uribista que no es solo un “deber político del Estado” sino una “obligación ética” apoyar el proyecto. Hasta le piden que proceda por decreto. En cuanto a la forma de lograr las cifras del subsidio, para no afectar mucho al fisco, plantean unificar todos los paupérrimos programas de “alivio a la pobreza” como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y agregarles unos dinerillos, así:

Como puede verse, es más la palabrería que las sumas que están dispuestos a exigirle al régimen. Su comedida petición apenas llega a la cifra a la que se cotizan los votos en el libre mercado electoral de cada cuatro años, y declina en la medida que crece el número de integrantes de los hogares hasta convertirse en un pírrico auxilio bien por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema. Por lo demás, la esencia de este tipo de transferencias es servir de “estabilizadores” económicos y sociales fundados en la terrible miseria a la que los explotadores someten a las mayorías; de ahí que sean parte integral de todos los planes draconianos de ajuste que les imponen los organismos multilaterales a las naciones subyugadas y de las recomendaciones de la OIT. El FMI, en la declaración del pasado 12 de febrero, al término de su misión en Colombia, lo confirma: “Con respecto a la protección social se podrían extender programas de transferencia exitosos focalizados en los hogares en situación de pobreza.”

Para peor, los organizadores de la “cumbre” terminan por coincidir con el inquilino de la Casa de Nariño sobre el origen de los fondos para financiar la renta: “recursos públicos disponibles en el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, se reordena el gasto público de acuerdo con las prioridades del país y se tramita cuanto antes una reforma tributaria, que es inaplazable como Usted (sic) mismo lo ha advertido y que damos por descontado (sic), y que debiera estar dirigida a gravar la altas rentas y los altos patrimonios, sin afectar a las clases medias y de bajos ingresos, así como a desmontar los beneficios que lastran de manera injusta el sistema tributario.”

Con esto, los parlamentarios alternativos y sus aliados liberales, de la U, de Cambio Radical, etc., y la jefatura de las centrales sindicales bendicen el raponazo que, para constituir el Fome, les hizo el gobierno a los ahorros pensionales de los trabajadores de las regiones, consignados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, y a ingentes sumas de las regalías, acopiadas en Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE.

Pero eso no es todo, también se suman a la “reordenación” del gasto, política cuyos lineamientos estableció el gobierno de Santos en su reforma tributaria de 2016 (Ley 1819), por medio de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, cuyo informe final planteó, en aras de la “sostenibilidad fiscal”, una serie de reformas, como abolir los regímenes especiales de pensiones supérstites, principalmente el del magisterio, y, so pretexto de la “focalización”, también impuesta por los organismos multilaterales, suprimir subsidios en salud, educación o servicios públicos a más de seis millones de familias. Ya el ministro de Hacienda, en la presentación del Plan Financiero 2021, anunció que se está preparando un decreto de austeridad, y que a partir de 2022 deberán hacerse ajustes anuales, entre ingresos y gastos, por 1,5 puntos porcentuales del PIB, unos 15 billones de pesos.

Y para completar, avalan la reforma tributaria que dan “por descontada”, y se cubren advirtiendo que esta debe gravar los patrimonios y las rentas altas y desmontar el lastre de los beneficios tributarios. Precisamente, y casi con las mismas palabras, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, las calificadoras de riesgo, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, Fedesarrollo y el propio gobierno, entre otros, impulsan la reforma orientada a ampliar la base de asalariados, pensionados e independientes sujetos al impuesto de renta, y a desmontar las exenciones del IVA. Con relación a estas últimas, los documentos aportados por el Ministerio de Hacienda y la Dian, bajo supervisión de la OCDE, a la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios señalan que, dentro de dichos beneficios, que acarrean un costo fiscal (impuestos dejados de percibir) de $92,5 billones de pesos, las exenciones y exclusiones del IVA, más los bienes y servicios gravados “solo” al 5 % suman $75 billones, más de 81 % del costo fiscal. De ahí que el pilar de la reforma tributaria en cierne es imponerle IVA a la canasta familiar: a los alimentos, los arriendos, los servicios públicos, las consultas médicas, medicamentos y exámenes diagnósticos, las matrículas, libros y útiles escolares. Todo con el objetivo de mantener y ampliar las exoneraciones a los monopolios, pero, a la vez, recaudar lo suficiente para, junto con el apretón fiscal, satisfacer una de las más importantes funciones del Estado Social de Derecho: garantizar el pago cumplido del principal y los intereses de la deuda. Es esta y no otra la reforma tributaria que aprobaría la mayoría del Congreso, incluida buena parte de los citantes a la cumbre social y política.

El aspecto más repudiable de la propuesta es su inocultable propósito electorero. Según el propio Comando Unitario, la cumbre es para presentar el articulado de un proyecto de ley, a esta le seguirán un evento masivo de radicación y una agenda de movilización durante el trámite legislativo. Así, de lo que se trata es de arrastrar a las gentes durante meses a cada debate de cada comisión, a cada audiencia pública, a los discursos de cada manzanillo, a los regateos por limosnas que no palian el hambre de nadie, y que lejos de dignificarlas, como pregonan sus promotores, lo que tiende es a envilecerlas como carne de urna; a la vez que se las desvía de combatir la andanada oficial.

Casi que sobra decir que en los citados documentos por la renta básica ni por asomo se menciona la urgencia de desarrollar la más vasta unidad contra el redivivo “paquetazo” que, aparte de la escalada impositiva, comprende una enorme reducción del gasto y la inversión social, incluida la supresión de los subsidios mediante el llamado Sisbén IV, y cambios nefastos a la legislación laboral y pensional. Mucho menos se llama a las masas a luchar por la nacionalización de la banca, contra el pago de la deuda pública, cuyo oneroso servicio absorbe este año un cuarto del presupuesto —recursos con los que podría dárseles solución a muchas de las dolencias del pueblo—, por la desprivatización de los sectores estratégicos de la economía; por la abolición de las AFP y las EPS, contra las imposiciones del FMI, la OCDE y demás organismos multilaterales, por trabajo, salud, educación, techo, pensión, servicios públicos para todos, para solo mencionar unas pocas banderas cruciales que es necesario agitar permanentemente con el objeto de imprimirle unas miras de mayor alcance a la lucha popular. En lo que tiene que ver con la llamada renta básica, la CNSSP inscribió en su programa la lucha por “empleo para todos o mínimo vital pagado por el gobierno a todos los desempleados”, consigna que le da prioridad a la más sentida exigencia del pueblo, cual es la de tener trabajo, y que, en segundo lugar, exige un estipendio, a cargo del estado, que de verdad cubra las necesidades básicas de los desempleados.

En fin, esta “cumbre” se constituye en otro paso de las políticas de concertación y apaciguamiento y de supeditar el movimiento a los apetitos electorales de unos cuantos, políticas que han contribuido al escepticismo y al consecuente reflujo de la pelea, y que las cúpulas de las centrales y sus mentores políticos han profundizado desde el gran paro nacional del 21 de noviembre de 2019.

La Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular urge a las bases y dirigentes medios de la centrales sindicales a ponerse en pie de lucha contra la hambreadora reforma tributaria de Duque; contra el decreto 1174; contra las nuevas propuestas de reforma laboral y pensional, contra la eliminación de los subsidios y el recorte del gasto social; a desarrollar una política unitaria de vastas dimensiones en la que quepan todos los que quieran luchar y cuyo principal requisito consista en no subsumir los intereses generales en los de ningún grupo, partido o candidato.

En el ambiente se palpa que está creciendo la indignación frente a la reforma tributaria. A las clases dominantes les infunde pavor la posibilidad de que se reanime el paro nacional; no dejemos que se evapore, por ir tras de unas migajas, la oportunidad de dar al traste con la intentona del régimen. Démonos cita en un gran encuentro nacional de emergencia, que proponemos se lleve a cabo los días 27 y 28 de marzo,

¡Abajo la reforma tributaria y fiscal!

¡Abajo la imposición del IVA a la canasta familiar!

¡Abajo el alza de los impuestos a los asalariados y pensionados!

¡Abajo la reforma laboral del decreto 1174!

¡Abajo el pago de la deuda a costa del hambre del pueblo!

¡No más concertación, basta de apaciguamiento!

¡Por pan, salud, trabajo, techo, pensión, educación y servicios públicos para todos!

¡Encuentro nacional sindical, social y popular de emergencia, 27 y 28 de marzo!

Bogotá, 10 de marzo de 2021