Sindical

Bimbo ataca a las organizaciones sindicales
y estigmatiza la protesta social

[Durante 2024 los Comités y Coordinadoras de Solidaridad con Sectores en Conflicto –COSOLES– desarrollaron una serie de actividades de denuncia a los atropellos de diferentes multinacionales contra sus trabajadores y en especial contra la persecución a los dirigentes sindicales y a las organizaciones que representan.

El 13 de diciembre en la portería de la empresa Bimbo en Bello (Antioquia) se desarrolló esta tarea. Como ¡UNIOS! participamos durante la misma. En su desarrollo funcionarios de la empresa agredieron a los participantes de la actividad, demostrando su política de persecución y estigmatización de la protesta social y de las movilizaciones obreras. No bajaremos las banderas de lucha y solidaridad y acompañaremos todas las luchas y conflictos que garanticen los derechos y conquistas de los trabajadores, tal como se proponen los COSOLES a nivel nacional, extendiendo estas denuncias a nivel internacional. A continuación reproducimos la carta enviada por los Cosoles a la Gerencia General de Bimbo – Colombia.]

Colombia, 14 de diciembre de 2024

Para Rafael López
Gerente General
Bimbo Colombia

Circulando en las ahora denominadas “redes sociales”, nos ha llegado la copia digital (que adjuntamos) de un documento oficial de la gerencia de su empresa con el que, bajo su firma personal, usted supuestamente informa a sus “colaboradores”, sobre la tarea que los Comités de solidaridad realizamos frente a su CENTRO DE VENTAS en el Parque Empresarial ubicado al norte de Medellín, en el municipio de Bello – Antioquia. Dada la distorsión de los hechos que, en el mencionado documento, usted hace, nos vemos en la necesidad de hacer, al respecto, aclaraciones y precisiones:

1) En varias ciudades, en todo el territorio nacional, los Comités y Coordinadoras de Solidaridad, desplegamos en un periodo definido un conjunto de acciones de solidaridad y protesta, en relación con:

1- La criminalización de la protesta, las desapariciones y asesinatos de líderes sociales; 2- Exigir el derecho al trabajo estable bajo condiciones dignas; 3- Por la emancipación de la mujer; 4- Contra la explotación y desprotección de los niños, jóvenes y ancianos del pueblo; 5- Que la crisis la paguen los ricos; 6- Por el derecho a la salud gratuita, obligatoria, financiada por el Estado, sin intermediarios y de completa cobertura; 7- En defensa del derecho a la educación gratuita, obligatoria, financiada por el Estado, sin intermediarios, de completa cobertura; 8- Contra el Holding financiero y las privatizaciones, en defensa de las empresas de propiedad pública; 9- En defensa de las organizaciones de la clase obrera y el resto del pueblo, en defensa y ampliación de sus conquistas políticas y sociales; 10- Contra el monopolio de los medios de comunicación por parte de las clases dominantes y las mentiras que difunden, 11- Por la solución del problema agrario, contra el latifundio y las formas de apropiación de la tierra puestas al servicio de la renta y el extractivismo; 12- Lucha contra todo tipo de corrupción y gamonalismo; 13- Por el no al pago de la deuda externa; 14- por el retiro de Colombia de la OTAN; 15- Por el Pleno ejercicio de la Solidaridad de clase; 16- Contra el genocidio nazi-sionista desatado contra el pueblo Palestino.

Partiendo de este criterio, en cada territorio los solidarios debían seleccionar el sitio de la protesta y los énfasis que en ella deberían hacerse.

2) Cuando, en Medellín, fuimos a concretar esta tarea nacional, encontramos empresas y multinacionales que despliegan múltiples y diferentes violaciones a las normas y a la ley, de manera sistemática contra los trabajadores, en aspectos tales como: 1- despidos injustificados (como en BIMBO), 2- acoso laboral (como en BIMBO), 3- acoso contra las organizaciones sindicales y sus afiliados (como en BIMBO), 4- terminación de contratos indefinidos (como en BIMBO), 5- imposición de metas inalcanzables que deben realizar los trabajadores en cumplimiento de sus tareas (como en BIMBO), 6- la tercerización progresiva (como en BIMBO), 7- la violación al Código Sustantivo del Trabajo (como en BIMBO), 8- nuevos contratos de trabajo con remuneraciones mediocres (como en BIMBO).

Por esta razón definimos hacer, en este territorio, esa tarea nacional en Bimbo, en apoyo a los trabajadores de esta multinacional y —desde allí— mostrar lo que viene ocurriendo en el país colombiano. Como quedó dicho, la denuncia de los abusos que encontramos en esta multinacional de manera específica, también se vienen aplicando en el resto de multinacionales. Las organizaciones solidarias, incentivamos en el ejercicio del apoyo y la denuncia, la necesidad de conocer sus causas: sabemos que, contrario a lo que difunden los monopolios, no es la clase obrera sindicalizada quien acaba con los derechos de los trabajadores o con las empresas, como usted y ustedes intentan hacer creer.

Lo concreto es que la multinacional Bimbo, empresa de capital internacional con sede en México, demostró en los hechos del 13 de diciembre, una vez más, su esencia antisindical y el carácter que asume su persecución a las organizaciones sociales en Colombia.

Es la Gerencia de Bimbo y su bloque directivo, quien rompe los términos de convivencia al desarrollar una campaña sistemática de despidos y de imposición de abusivos nuevos contratos a los que llama ―colaboradores. Esta multinacional, es decir esta empresa de capital internacional, ejerce un permanente y agudizado carácter antisindical y de persecución a sus trabajadores y en contra de las organizaciones sindicales y solidarias. Es evidente que quienes asistieron en Medellín, a la tarea que denunciaba estos atropellos en todo el país, eran personas sin vínculo contractual con la empresa que se puso como ejemplo y referente en la jornada. Los solidarios que ingresaron al parque empresarial, lo hicieron en el pleno derecho a la protesta y sin violentar ninguna portería, la cual estaba abierta y sin restricciones. Incluso, llegó una patrulla policial que, en ningún momento enfrentó o reconvino a los participantes de la legítima protesta. Los vigilantes que merodeaban, ninguno impidió ubicar las pancartas donde ello se hizo. En el acto de denuncia, utilizando altavoz, se llamó, simple y claramente a que los trabajadores se organicen y luchen por sus derechos, aun a contravía del temor que despierta en ellos el acoso, las amenazas y la persecución a quienes intentan hacerlo.

Los partícipes de la protesta y la denuncia desplegaron una pancarta de solidaridad con el pueblo palestino y la denuncia del Genocidio por el Estado de Israel contra niños indefensos y otros temas relacionados con los planteados al inicio de este documento. También se desplegaron pancartas de los Comités de solidaridad y de otras organizaciones solidarias.

Acatando la orden de la empresa —bajo las directrices de empleados con mando— algunos “colaboradores”‖ pasaron a los golpes agrediendo con puños y patadas a varios solidarios, quienes se abstuvieron de responder a estas agresiones. Los solidarios lo dejaron allí claramente establecido: no se trataba de responder con violencia a esta situación. Por el contrario, propusieron a los trabajadores que avanzaran en las tareas de organización, y mantener la lucha junto con los trabajadores de Colombia y el mundo, contra su situación salarial y social.

La orden que dio la empresa fue clara: los carros debían pasar por encima de las pancartas y por encima de quienes hacían la protesta. Tal cual quedó registrado en los videos grabados en su momento. No hubo, y en ningún momento se propició por parte de la empresa, un llamado a aclarar la situación y a dejar en claro los motivos de la protesta o sobre las solicitudes que hubiera al respecto.

Su Gerencia y Empresa, usan cotidianamente la violencia en todas sus sedes. Amedrentan y hostigan a cientos de trabajadores, e intentan vender una imagen falsa de ―diálogo abierto‖, mientras niegan permisos sindicales y desconocen lo definido en negociaciones y solicitudes para el bienestar de los trabajadores. Como se sabe, es común a las empresas, promover una desmejora de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores, buscando más ganancias que intenten saciar a sus accionistas.

Los hechos muestran cómo el lugar de la empresa lo ocupa una fachada para encubrir la violencia, la tercerización, la precarización y acoso laboral. Fachada que tiene su sede en un espacio que la libera del pago del IVA y le proporciona una significativa rebaja al pago del impuesto por renta.

Los Comités y las Coordinadoras de solidaridad, exigimos, para con sus trabajadores, el diálogo abierto y positivo. Se deben reconocer los derechos de los trabajadores: los que se alcancen en las negociaciones o se consignen en la legislación. El camino no es el de estigmatizar la protesta social.

Comités y Coordinadoras de Solidaridad con Sectores en Conflicto
comitesolidaridadcscant@yahoo.com

———-

Ministerio del Trabajo

Suspendida la huelga

El 30 de julio, luego de dos meses de conflicto, las organizaciones sindicales del ministerio del Trabajo decidieron suspender la huelga; ante la absoluta intransigencia, maniobras dilatorias y toda clase de artimañas que lesionaban sus derechos realizadas en contra de la misma por la ministra Gloria Inés Ramírez.

En el enlace que colocamos a continuación se reproduce la declaración leída por una vocera de las organizaciones sindicales. A la vez, reproducimos el Comunicado No. 43, emitido por las organizaciones sindicales, en el cual «las organizaciones sindicales del Ministerio de Trabajo expresamos nuestro profundo rechazo y denunciamos lo que consideramos una burla hacia nuestra lucha por derechos laborales justos y el cumplimiento de los acuerdos firmados.»

Comunicado No. 43

Con flores en mano la ministra de Trabajo
Gloria Inés Ramírez Ríos se burla de sus trabajadores

Ante los recientes actos de la ministra de Trabajo, que incluyeron repartir flores a los trabajadores en huelga, las organizaciones sindicales del Ministerio de Trabajo expresamos nuestro profundo rechazo y denunciamos lo que consideramos una burla hacia nuestra lucha por derechos laborales justos y el cumplimiento de los acuerdos firmados.

Consideramos que el gesto de distribuir flores, lejos de ser un acto de reconciliación, es un acto cínico y superficial que ignora las serias dificultades que enfrentamos. Actualmente, todos los trabajadores que continúan laborando lo están haciendo sin recibir los beneficios económicos firmados y acordados previamente con la ministra de Trabajo. No cumplir con estos acuerdos y obligar a los trabajadores a continuar bajo el pretexto de retener salarios y no pagar las prestaciones sociales constituye un acto deleznable y una clara violación de los derechos laborales.

Estas acciones incluyen la no remuneración de trabajadores y la utilización de actas incriminatorias para intimidar y perseguir a los líderes sindicales. Esta estrategia se ve agravada por la complicidad de algunos funcionarios de la Procuraduría con intereses personales y familiares en el Ministerio, quienes perpetúan la persecución y estigmatización de nuestros representantes.

Los trabajadores del Ministerio de Trabajo estamos en huelga no solo para luchar por nuestros derechos, sino para denunciar un régimen de terror silencioso que pretende desmantelar nuestras garantías laborales y desnaturalizar el estado de derecho. Este régimen nos revictimiza y nos obliga a trabajar en condiciones de incertidumbre y salud laboral precarias, desviando la responsabilidad del Estado hacia quienes más sufren sus omisiones.

Exigimos que la ministra asuma su responsabilidad como funcionaria pública y cumpla de manera inmediata y efectiva con los acuerdos previamente establecidos. Rechazamos cualquier intento de trivializar nuestra lucha con gestos simbólicos que no aborden las verdaderas necesidades de los trabajadores del Ministerio.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional, a los medios de comunicación y a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que se unan a nuestra causa y nos ayuden a garantizar un trato justo y condiciones dignas para todos.

Continuaremos nuestra lucha incansablemente y no descansaremos hasta que se haga justicia y se respeten nuestros derechos. Estamos comprometidos con la verdad, la justicia y el bienestar de nuestras familias y de nuestro país.

Atentamente,

Comité de huelga
Bogotá, 31 de julio de 2024

——–

Saludo y apoyo solidario a la ejemplar huelga
de los trabajadores del ministerio del Trabajo

A los cuarenta y seis días de ejercicio de su ejemplar huelga, el Comité Nacional de Huelga de los trabajadores del Ministerio del Trabajo, emitió su comunicado número 37, dirigido al Ministerio del Trabajo, a la opinión pública y a los medios de comunicación. En él, se hace una muy clara síntesis de este proceso, del cual debemos aprender.

Lo que en la realidad hemos visto es que el ministerio del Trabajo, en cabeza de la actual ministra, desconoce y violenta los derechos de sus trabajadores. El comunicado 37 en mención, muestra una parte de las irregularidades y actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical que se han venido presentando: desconocimiento de los acuerdos colectivos, negación del derecho a la huelga, ausencia del diálogo y la negociación definidas en la ley, desinformación, coacción, amenazas con relación a los derechos laborales, actos intimidatorios, constreñimiento al trabajo a distancia, ingreso de grupos minoritarios para que rompan la huelga, instrumentalización de la mano de obra con contrataciones “indirectas”, desprotección laboral de género (que se concreta, dentro del periodo de la huelga, en el despido a varias mujeres que ostentan la condición de madres cabeza de familia, y en uno de estos casos es una compañera con altísimo grado de riesgo de ser víctima de feminicidio), incitación a error e intento de direccionar las decisiones y la incidencia de la autoridad judicial en el proceso, “vacaciones” de altos funcionarios dejando a muchos trabajadores sin salarios y en condiciones de extrema necesidad, rechazo a la intervención de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT).

Se supone que, en el marco del llamado “estado social de derecho”, el Ministerio del trabajo es una herramienta funcional para garantizar los derechos de los trabajadores, derechos que fueron ganados en heroicas luchas y que los estados capitalistas se vieron obligados a reconocer y, se supone, que …a respetar.

Los trabajadores que en el ministerio venden su fuerza de trabajo, acatando las normas y asumiendo sus derechos, declararon la huelga con claras exigencias a su patronal. Pero, el empleador, en cabeza de la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez Ríos, ha incumplido de forma sistemática los acuerdos colectivos; específicamente aquellos pactados con la administración de este gobierno. Así, esta actitud y esta actuación, generó la huelga, imputable al empleador, dado el incumplimiento de sus obligaciones.

Tal como lo reseña el comité de huelga, el Ministerio de Trabajo se ha negado a reconocer el legítimo ejercicio del derecho a la huelga que adelantan los trabajadores de esta cartera ministerial. La Procuraduría General de la Nación, luego de ser requerida por parte del comité de huelga, que buscó con ello garantías, se parcializó a favor del empleador y, excediendo sus facultades funcionales, califica de “ilegal” el ejercicio de este derecho humano y constitucional a la huelga.

Frente al ejemplo y lucha consecuente de los trabajadores del ministerio, se ha desplegado una campaña de desinformación y de agresión contra ellos, a fin de romper el movimiento huelguístico: pagando de forma selectiva los salarios, dejando a más de la mitad de sus trabajadores sin los salarios correspondientes al mes de junio del 2024, amenazando con la afectación al pago de las prestaciones sociales (prima de servicios del primer semestre), junto al inicio de procesos administrativos disciplinarios.

La alta dirección, desde el despacho de la señora Ministra, a través de los directores, subdirectores y coordinadores ha ejercido actos de presión e intimidatorios a los trabajadores para que, en contra de su voluntad, firmen compromisos abusivos de reposición del tiempo a quienes han apoyado el movimiento huelguístico; también han desplazado a algunos trabajadores para que desarrollen actividades en otro espacios de trabajo (como el Sena, Universidad de Medellín, el Politécnico Jaime Izasa Cadavid), exponiéndolos a factores de riesgo sin la debida evaluación de los peligros y la identificación de los mismos a los cuales se van a encontrar expuestos. Contraviniendo el artículo 488 del CST, en el intento de consolidar la absoluta negación de las garantías para ejercer el derecho a la Huelga, la ministra ha pedido públicamente el ingreso de grupos minoritarios de trabajadores en lugares donde se desarrolla la huelga (ésa misma que fue votada por gran mayoría).

Preguntamos: ¿qué pueden esperar los trabajadores en Colombia, si éste es el trato que le dan en el ministerio a la mano de obra que allí ejerce sus funciones? ¿Qué esperar de un organismo que impone a sus propios trabajadores toda la lógica patronal y les aplica ese “tratamiento”?

Como resultado inicial de las manipulaciones de los empleadores, en reuniones inconsultas con agentes de la ministra y por encima del Comité de huelga, uno de los sindicatos (Sinaltraempros), suscribió un acuerdo para levantar la huelga. El “acuerdo”, según plantean los activistas del movimiento, carece de validez. En desarrollo de esta lógica de la patronal, en Bogotá (el día 22 de julio) la directora de la IVC, la Dra. Luz Ángela Martínez Bravo, ingresó a empujonesa los espacios de la huelga, gritando sus órdenes: “¡a trabajar!, ¡a trabajar!”

Ahora, a los próximos 60 días de su inicio, los Comités y Coordinadoras de solidaridad, llamamos a que, a nivel nacional acordemos con los trabajadores del ministerio del trabajo, acciones de solidaridad concretas, y a apoyar las acciones a través de las cuales se seguirá desarrollando esta ejemplar lucha que, entre otros aspectos esenciales, dejaron en claro (desde su compromiso y ejemplo), que también para los trabajadores oficiales y los que cumplen sus funciones al servicio del aparato estatal y el gobierno, la huelga y la lucha solidaria, son el camino.

Debe extenderse la solidaridad con esta significativa huelga, reconocida a nivel internacional. Hay que apoyar a quienes luchan en el ministerio para defender el derecho a la huelga y la movilización como esencial herramienta para arrancar derechos, y para derrotar las maniobras de quienes intentan dividir y quebrar la voluntad de quienes enfrentan la intransigencia del gobierno. Tal como lo retoman los trabajadores del ministerio del trabajo, lo reiteramos: ¡La huelga y la lucha solidaria, son el camino!

Medellín
23 de julio de 2024

————

En el ICBF

“Si al paro nos llevan,
al paro nos vamos”

Los trabajadores del ICBF no soportan más la sobrecarga laboral a la que están sometidos. El pasado 5 de junio durante más de tres horas, en los pasillos de las oficinas centrales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá, resonaron las consignas de exigencia de ampliación de la planta de personal, cese a la obligación de trabajar sábados y domingos, no a la atención permanente con la misma gente, cumplimiento de los acuerdos pactados, etc.

En Bogotá y otras regionales integrantes de Sintrabienestar, de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia (Acodefam) y de Sindicato de Defensores de Familia del ICBF (Sidefam) exigieron a la actual administración solución a los agobiantes problemas que afrontan.[1]

A lo anterior se agregan las demoras en pagos a prestadores de servicios, como las Madres Comunitarias, lo cual ha originado protestas de ese sector en distintas regionales del Instituto.

Durante la protesta, El Trabajador Socialista tuvo ocasión preguntar a varios dirigentes cómo se podía explicar que, transcurridos dos años de un gobierno que se supone comprometido con la plena protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes, problemas aparentemente tan sencillos como la ampliación de la planta de personal y cumplimiento de acuerdos con las organizaciones sindicales no se habían logrado. Estas son sus respuestas.

Ana María Arévalo,
presidenta nacional de Sintrabienestar

Ana María, ¿por qué razón, después de dos años de este nuevo gobierno, continúan los problemas que ustedes han denunciado aquí en el Bienestar Familiar?

Durante las dos últimas décadas el ICBF ha sido víctima de la tercerización, el clientelismo y la corrupción en la entidad. Uno podría entender que una situación de corrupción tan grave como la que ha sufrido el ICBF en estos años pues seguramente es muy complicado venir a transformarla en un periodo tan corto.

Sin embargo, desde la vivencia que tenemos nosotros como trabajadores de la entidad en la prestación del servicio que tiene esta entidad tan importante para la niñez y las familias colombianas, sí consideramos que hay –de alguna manera– una falta en el fortalecimiento del Instituto para que efectivamente los niños, niñas y adolescentes en este país no sigan siendo parte de un discurso sino que efectivamente se vea que sí hay una concentración y una importancia en la atención de los niños, niñas y adolescentes.

Particularmente en el ICBF, desde el año 2018 tenemos pactado una ampliación de planta permanente. Una ampliación de planta que lo que busca es tener el personal suficiente para atender la demanda de servicios del ICBF que es la situación de reportes de niños, niñas y adolescentes víctimas de diferentes vulneraciones de sus derechos o que están en riesgo de vulneración de sus derechos.

Entonces, el ICBF requiere personal para poder atender de manera oportuna todo lo que finalmente ha dejado las políticas que han implementado en este país: de pobreza, de desempleo, que finalmente se repercute en situaciones de violencia para niños. Entonces venimos exigiendo desde el año 2018. Entendemos y reconocemos que de alguna manera esta Administración ha venido intentando cumplir con los acuerdos. Sin embargo, hemos tenido o tenemos en este momento una cantidad de normativas adicionales que le ponen más funciones al ICBF; que implican también un fortalecimiento de personal para poder hacer la supervisión y el cuidado de los recursos que hay para promoción y prevención de los niños, niñas y adolescentes en todo el país, todos los programas de atención a primera infancia, comunidad, familia, todo lo de prevención, que requieren, como todo está tercerizado, se requiere la supervisión. Y para hacer la supervisión de manera adecuada y cuidar los recursos de los niños se requiere personal de planta para que efectivamente no esté condicionada la supervisión a otros factores que tengan que ver con temas políticos.

En este momento nosotros estamos exigiendo y esperando que esta Administración logre materializar en un corto tiempo la ampliación de planta permanente, que sabemos que está dentro de las metas. Pero consideramos que no se han desarrollado los pasos con la celeridad que se requiere para que efectivamente se fortalezca el ICBF.

Daniel Barreto Alfonso,
Fiscal de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia, Acodefam

Hemos escuchado las denuncias sobre la situación del Bienestar Familiar. Se señala que hay acuerdos, establecidos desde hace muchos años, que todavía no se cumplen. ¿Por qué, después de dos años del actual gobierno estar ejerciendo sus funciones, ustedes tienen esa problemática?

Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué a dos años de haber empezado este gobierno aún no se ha dado cumplimiento a la ley?

Aquí hay dos cosas. Una los acuerdos sindicales que son firmas, convenios con trabajadores sindicalizados. Nosotros somos una asociación, no es un sindicato. Pero en virtud de nuestras acciones la Ley 2126 logró la incorporación de un artículo, el Artículo 44, que ordena al Estado en un plazo de 18 meses, de acuerdo con el situado fiscal del mediano plazo, fortalecer las Defensorías de Familia para garantizar y mejorar la atención a los niños, niñas y adolescentes en todo el país. Y así mismo ordena mejoría salarial para las y los Defensores de Familia. Ese tiempo venció en el año 2023, el 6 de febrero, sin que se garantizara el cumplimiento.

De manera posterior, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Artículo 203, el Congreso de la República aplazó la entrada del Artículo 5 que nos traslada todas las funciones de atención en violencia sexual que hoy está a cargo de las Comisarías de Familia; nos las traslada a las Defensorías de Familia. Lo aplazó por año más. Ese término vence ahora, el 1 de julio. Hasta el momento ni se han fortalecido las Defensorías de Familia ni se ha garantizado la mejora salarial de las y los Defensores de Familia.

Los Comisarios nos van a trasladar todas las funciones. En algunos casos ni siquiera lo están atendiendo. Esto vale para los municipios o ciudades donde confluyen las dos autoridades. Estamos colapsados desde el año 2006. La situación es crítica y muchas leyes más –como la del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), la 2097, que nos obliga a ordenar el registro y subir a un sistema a todas aquellas personas que no garantizan el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias– nos va a generar muchos problemas.

Toda esta situación es supremamente crítica, demanda atención inmediata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que nos preguntamos es cómo van a hacerlo si apenas falta menos de un mes para cumplirse las dos normas y aún no se ha cumplido.

Ustedes, en las intervenciones, han señalado que si es necesario ir a paro lo van a concretar. ¿Esa acción, ustedes la consideran legal? ¿Están amparados por la ley para realizar esa acción?

Los paros los están convocando los sindicatos, que son los que tienen la facultad de hacer esa convocatoria. Pero no quiere decir que nosotros, como Asociación, no podamos convocar a un paro. La asociación, el derecho la protesta, es constitucionalmente válido para todos los colombianos y para todos los ciudadanos. Pero acá, como usted se ha podido dar cuenta, no solamente estamos la Asociación Colombiana de Defensores de Familia, sino que también está el sindicato de base del Bienestar Familiar, Sintrabienestar. Aquí están defensores de familia, están psico-sociales y están trabajadores de todos los cargos. De suerte que como ellos mismos lo han señalado en sus consignas, Si al para nos llevan, al paro iremos. Porque parece que no hay ninguna otra forma de hacerle entender a la Administración que el Artículo 44 hay que cumplirlo y que deben cumplirle también a los sindicatos los acuerdos que ellos han hecho.

Lo que más nos preocupa y a nosotros nos genera un poco de molestia, también, es que el Artículo 44 ni siquiera lo mencionaban. Y cuando recientemente lo mencionaron ante la Procuraduría en un informe, y la directora en una intervención en el Congreso de la República, fue para decir que ya habían hecho la dignificación en materia económica a los Defensores de Familia, dándole cumplimiento a un acuerdo sindical que estableció el incremento salarial en dos grados para todos los Defensores de Familia. Eso no es cierto. Porque el Artículo 44 de la Ley 2126 establece la mejora salarial para las y los Defensores de Familia teniendo en cuenta su dignidad, teniendo en cuenta la importancia de nuestros cargos, la importancia de la actuación que nosotros tenemos para garantizar el restablecimiento de derechos de niños y niñas. Por lo tanto, eso no es cierto. Y eso, por supuesto, nos molesta. Porque si le están diciendo a la Procuraduría que ya nos cumplieron… cuando ni siquiera mencionaban el Artículo. Solamente lo mencionaron en dos oportunidades. Una: para aplazarlo en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Artículo 203. Y ahora: para decirle a la Procuraduría que ya lo cumplieron. Entonces se está diciendo mentiras.

Vuelvo a la pregunta inicial, que usted nos respondió diciendo “esa es la pregunta que nosotros nos hacemos”. ¿Qué interpretación, qué explicación le da usted a que en dos años que ha tenido este gobierno no soluciona los problemas?

Pues nosotros hemos señalado que debe el gobierno enfocarse menos en el discurso y más en la acción. Porque pareciera que… cuando uno escucha a los medios de comunicación, las intervenciones, uno dice: es maravilloso, es espectacular. Y uno se convence y uno aplaude todo lo que dicen. Pero cuando nosotros vemos la realidad que tenemos que enfrentar día a día, en nuestros despachos colapsados, sin gente… Y cuando la Procuraduría, cuando la Fiscalía y todos los organismos de control están encima de nosotros exigiéndonos que respondamos por qué no hemos garantizado el restablecimiento de derechos… Cuando para nosotros actuar necesitamos que haya intervenciones de los equipos psico-sociales, es cuando decimos, bueno… –Aquí hay más discurso y menos acción. Por lo tanto, yo creería que lo que pasa es que hay mucho discurso… o un discurso muy bonito, pero falta que ese discurso se complemente con acciones reales. Yo sé que la administración tiene voluntad y así lo ha manifestado la directora. Pero no la vemos reflejada en hechos reales y eso es lo que nosotros necesitamos: dignificación para las y los defensores de familia. Y eso implica la mejora salarial que ordena la ley. Fortalecimiento de las Defensorías implica no cumplir solamente lo que la Ley 1098 de 2006 estableció, hace 18 años, sino garantizar personal suficiente, idóneo y capacitado para atender toda la carga que hoy está llegando. Y poder atender en oportunidad a los niños, niñas y adolescentes que son la esencia de todo lo que nosotros somos.

Mario Flórez
Integrante Junta Directiva Nacional de Sintrabienestar

A propósito de todas las denuncias que estuvieron haciendo durante el mitin. ¿Por qué, después de dos años de este nuevo gobierno, continúa vigente esta problemática en el Bienestar Familiar? Ustedes han planteado que hay acuerdos de gobiernos anteriores, que hay unos compromisos, etc. Pero vemos que ustedes están viéndose abocados a un conflicto laboral. ¿Por qué razón crees tú que no se ha resuelto el problema?

Bueno… porque es un problema estructural de la nación. Todo viene del modelo neoliberal. O sea, la sociedad aumenta el número de habitantes, la violencia arroja más ciudadanos a la miseria. Y nosotros, que tenemos que atender esa miseria, esas cosas… Y la planta de personal no crece en la misma proporción que crece la demanda de los servicios del Instituto. Ha sido una constante en Colombia satanizar la ampliación de las plantas de empleo, no solo acá. Ustedes lo padecen en la universidad, lo padece Asonal Judicial, lo padece todo mundo por la falta de personal. Está satanizado a través de los medios la ampliación de las plantas de personal.

Como le digo, el modelo neoliberal arroja más usuarios al sistema de justicia, al sistema del bienestar familiar. Pero la planta de empleos permanece intacta.

Pero, ustedes tienen una problemática específica. Este gobierno habría podido tomar medidas…

Ah, bueno. En este gobierno pactamos unos acuerdos que no han sido cumplidos integralmente. Hubo uno, que reconocemos, es el mejoramiento salarial; una reclasificación salarial. Y como dicen las abuelas: se echaron las petacas con el resto del cumplimiento. Necesitamos la ampliación de la planta de personal. Hoy, precisamente, en medio del mitin, un amigo pidió una cita y se la dieron para el 23 de mayo del 2025. Esa es la calidad de atención que estamos dando. Eso es lo que estamos atendiendo. Entonces, estamos pidiendo al gobierno nacional que cumpla los acuerdos de ampliación de planta para poder atender con la calidad y oportunidad que merecen los niños y las familias colombianas.
—-

El Trabajador Socialista se solidariza plenamente con la lucha de los trabajadores de Bienestar Familiar y se coloca al servicio de la difusión de su conflicto.

[1] Ver a continuación un comunicado conjunto de las tres organizaciones sobre las razones de la convocatoria a esta protesta.

————–

Exigimos al ICBF
garantías para la prestación del servicio

[Reproducimos comunicado conjunto de las organizaciones sindicales del ICBF emitido el 31 de 2024]

En agosto próximo se cumplen 3 años de la expedición de la Ley 2126 de 2021, sin embargo, el ICBF no ha tomado las medidas necesarias para fortalecer las Defensorías de Familia, tal como lo ordenó esta ley y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Las directivas del ICBF tienen conocimiento de que muchos niños, niñas, adolescentes y familias no están siendo atendidas acorde con sus necesidades y urgencias, saben que se están dando citas a 6 y 8 meses, con lo cual se incumplen los términos establecidos por ley, genera un obstáculo para acceder a la atención, se ponen en riesgo sus derechos no se acata la prevalencia de sus derechos ni el Interés Superior del niño.

Esta ley ordenó absurdamente que las Comisarías de Familia en los municipios donde concurren con las Defensorías de familia ya no atiendan los asuntos conciliables relacionados con custodia, alimentos y reglamentación de visitas, entre otras situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, asignando esta competencia únicamente a los Defensores de Familia, por esta razón, las Defensorías han llegado a una inhumana sobrecarga laboral, sin la posibilidad de atender oportunamente la creciente demanda.

El próximo 1 de julio entrará en vigor el artículo 5 de la Ley 2126, serán las Defensorías de Familia las únicas responsables de atender los casos de presunta violencia sexual, lo cual impactará todo el funcionamiento de los centros zonales, no solo en los Procesos de Restablecimiento de Derechos sino en los demás programas y servicios, será un caos insoportable.

Adicionalmente, la Ley 2097 de 202 delegó en los Defensores de Familia, el reporte de los deudores morosos de las obligaciones alimentarias (REDAM), frente a esta nueva función es necesario precisar que la administración del ICBF se ha limitado a las comunicaciones internas que transcriben la norma y a compartir saberes en espacios virtuales, desatendiendo la cualificación presencial y rigurosa que amerita y le asiste con las autoridades administrativas, y peor aún, la sobrecarga laboral que generó.

Se ha solicitado a las directivas del ICBF que se gestione el aplazamiento de la entrada en vigencia del citado artículo 5, teniendo en cuenta que no se ha dado cumplimiento al fortalecimiento de las Defensorías de Familia; se les ha solicitado reiteradamente la ampliación urgente de la planta de empleos, celeridad en la provisión de los cargos vacantes y en la contratación de las cargas adicionales, y con urgencia la capacitación para el manejo del abuso y la violencia sexual.

Hemos sido insistentes en que se garantice el personal suficiente para los equipos de supervisión y asistencia técnica, tanto para los servicios de Protección, Primera Infancia, Familias y Comunidades, entre otros, que permita realizar un seguimiento detallado conforme a lo establecido, para garantizar el uso adecuado de los recursos de los niños, niñas y adolescentes, así como garantizar personal exclusivo para dinamizar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF, con el propósito de que las demás entidades asuman sus competencias, así como también, más personal para reforzar todas las áreas de apoyo y transversales, por la innegable sobrecarga en que laboran.

Es inaceptable que la respuesta de la administración sea la de promover la atención permanente con el mismo personal, que se siga soslayando la demora en la atención y se continúe vulnerando los derechos laborales de los trabajadores/as al imponer turnos de disponibilidad y con los recurrentes cambios de horario que violan el derecho al descanso.

Tanto el REDAM como la entrada en vigencia del artículo 5 de la Ley 2126 exigen fortalecer las Defensorías de Familia, ampliar la planta de empleos, vincular con urgencia el personal faltante, reorganizar los Centros Zonales, adelantar la capacitación específica, adicionar vehículos para prestar el servicio, ampliar y adecuar los servicios para la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas, movilizar el SNBF, capacitación específica.

Los trabajadores/as organizados en SINTRABIENESTAR, SIDEFAM y ACODEFAMexpresamos nuestra preocupación e indignación ante la inercia, la indolencia, o desconocimiento de la magnitud de la problemática que se avecina, para lo cual exigimos soluciones inmediatas.

Llamamos a todos los trabajadores/as de la entidad para que en unidad nos movilicemos y exijamos:

• Que el ICBF gestione con urgencia el aplazamiento de la entrada en vigencia del Artículo 5 de la Ley 2126 de 2021.Que dé celeridad a la AMPLIACIÓN DE LA PLANTA PERMANENTE DE EMPLEOS
• Provisión urgente de los cargos vacantes
• Acelerar la contratación del personal, preferiblemente con experiencia, no solo para las áreas misionales también para las áreas de apoyo.
• Capacitación específica sobre el abordaje de la violencia sexual y REDAM
• Adecuación de los centros zonales sin que se afecten los demás programas, garantía de transporte suficiente e idóneo.
• Adecuación de los servicios de Protección y ampliación de Cupos.
• Fortalecimiento de las Defensorías de Familia.
• Imposibilidad de prestar la atención permanente con la misma gente.
• Cumplimiento del Acuerdo Colectivo 2023

¡Exigimos la reincorporación de los maestros provisionales despedidos!

En todo el país la masacre laboral de los maestros provisionales se hizo sin respetar en la mayoría de los casos, el llamado retén social que con tanto esfuerzo promovieron los maestros provisionales en su movimiento nacional sin la dirigencia sindical, logrando que el Ministerio de Educación y FECODE exigieran su cumplimiento, pidiendo que se publicaran los listados del retén social en las diferentes Secretarías de Educación y se diera respuesta a los derechos de petición y tutelas, que mayoritariamente no respondieron y los maestros despedidos quedaron nuevamente a la deriva. Las Secretarías de Educación en todo el país echaron por la borda muchos años de trabajo dedicado a las comunidades educativas, la estabilidad económica y la salud mental de los maestros y sus familias.

Aunque los maestros provisionales han sido desplazados por los docentes que gracias a la meritocracia, con su formulación clásica «me lo merezco» o «me lo gané» y como expresara Sandel a quien le preocupa La tiranía del mérito (Debate, 2021): “la valoración positiva de la meritocracia, la competencia y el exitismo, el individualismo radical y el voluntarismo y, finalmente, el daño profundo a la solidaridad comunitaria”, vuelve y divide a los maestros entre aquellos que recién ingresan al magisterio y aquellos que lo han entregado todo durante 7, 10 , 15 y más de 20 años al servicio de los niños, niñas y jóvenes de este país.

No fue necesario que pasara mucho tiempo para que algunos nuevos posesionados fueran renunciando. Lo cual, “no es un problema exclusivo de Antioquia, sino que también ocurre en otras zonas del país. … lo dio a conocer en febrero pasado Adrián Castro, subsecretario administrativo y financiero de la Secretaría de Educación de Antioquia, quien señaló que el problema es generado por la asignación de plazas a los profesores que ganaron el último concurso docente que se hizo en Colombia, pues varios de los que se quedaron con una plaza no la aceptaron, renunciaron a ella tras aceptarla o no aparecen en los colegios tras posesionarse”[1].

Con esas renuncias, por ejemplo, los provisionales pensaron que iban a ser llamados nuevamente pero, la sorpresa es que en algunas entidades nombraron provisionales nuevos y que no venían en el proceso; lo que se convierte en una nueva ofensa. Los provisionales gestionaron reuniones nacionalmente y buscaron alternativas sin resultados favorables para muchos, dejando en varios casos a los maestros en condiciones pre pensionales en la calle.

Algunos sindicatos regionales y sectores magisteriales llamaron a la movilización, pero los maestros en este punto ya se encuentran debilitados. El Ministerio de Educación abrió el sistema maestro y con esa puerta ya podían volver a ubicase laboralmente, pero la sorpresa fue que por diferentes circunstancias en los requisitos y zonas de difícil acceso se dificulta volver a reintegrarse por la plataforma.   

Lo que llevó a los provisionales a buscar otros caminos, por ejemplo, un amigo político, un amigo sindicalista, un concejal o parlamentario que le ayude, o que por arte de magia de la Secretaría de Educación los llamen en aras de que su trabajo y su valor como maestros sea reconocido. Ya que nuevamente la dirigencia sindical de FECODE y algunos sindicatos regionales no los respaldaron con una lucha correcta, organizada, terminan como en otras traiciones de la dirigencia sindical, creando nuevos sindicatos y dividiendo más la lucha magisterial.

Nos solidarizamos con la lucha de los maestros provisionales ya que con el tiempo y experiencia ya se ganaron su puesto de trabajo. Debemos exigir mediante la movilización real y no por medias jornadas, que el Decreto 3020 que regula las plantas de personal docente, directivo y administrativo con cargo al Sistema General de Participaciones y consagra el número de alumnos por aula se derogue y pasemos mínimo a 20 o 25 estudiantes por aula, lo que generaría más puestos de trabajo y mejor calidad de la educación.

La dirigencia de FECODE  y los sindicatos regionales no tuvieron una política oportuna y correcta de conducir la lucha de los provisionales, exigimos que construya un plan de trabajo y movilización con los maestros, que permita garantías de permanencia y condiciones reales con leyes para los provisionales, que no se conviertan en presa fácil del clientelismo político, que se reconozca su tiempo de experiencia y pasen a un status de  estabilidad, que se les reintegre y se les reconozca el salario dejado de recibir en el tiempo cesante, obligar al estado a que cubra las plazas vacantes inmediatamente  y luche en contra de la vulneración de los derechos.  

Si realmente diéramos una lucha no solo gremial, sino en unidad con otros sectores como los maestros ocasionales o temporales de las universidades y los trabajadores informales por la estabilidad laboral, sería una lucha por el reintegro colectivo que permite a las organizaciones sindicales su fortalecimiento.     

Los docentes debemos luchar por la unidad de acción con los maestros de todo el país por las reivindicaciones, comenzando por el derecho al trabajo, la estabilidad laboral sin evaluación de sometimiento, por el salario profesional, el ascenso oportuno, la salud y la resistencia a los planes de explotación con la lucha colectiva democráticamente organizada, como también la confrontación contra la dirigencia sindical, que no apoya las justas luchas.

Desde Docentes UNÍOS – Unidad Docente y la Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS! hacemos un llamado a participar de nuestros debates y aportar para seguir fortaleciendo una corriente magisterial que se proponga organizar acciones por la labor docente y la educación pública. Debemos seguir la lucha intransigente contra las leyes injustas, los planes del Estado y los organismos internacionales.

Docentes ¡UNÍOS!

[1] https://www.elcolombiano.com/amp/antioquia/plazas-profesores-escuelas-rurales-HG24118681

——————

[Difundimos el comunicado de Sintramienergética, seccional Santa Marta,
exigiendo justicia ante el asesinato del compañero Rubén Darío Miranda Aroca]

Exigimos justicia pronta

Sintramienergética, Seccional Santa Marta, solicita a la fiscalía general de la Nación, a la Policía Nacional y demás autoridades encargadas de investigar los crímenes y de aplicar justicia en este país, que presenten a nuestra organización sindical y a los familiares de Rubén Darío Miranda Aroca (q.e.p.d.), prontos resultados, sobre la noticia criminal en la que la víctima era afiliada a nuestro sindicato Sintramienergética, en la Seccional del municipio de Agustín Codazzi, Cesar.

Nuestro compañero Rubén Darío Miranda Aroca, vilmente asesinado en Becerril, Cesar, la madrugada del miércoles 24 de abril de 2024, por sicarios hasta ahora desconocidos, era Operador de Camión Minero y se encontraba esperando el bus que lo transportaría a la Mina de la empresa Drummond Ltd., donde laboraba. El mismo, ya había sido objeto de un atentado a bala el 11 de febrero de 2024, en jurisdicción de El Copey, Cesar y esta vez perdió la vida, sumándose a las decenas de muertes de afiliados a Sintramienergética en Drummond Ltd., que han perdido la vida por enfermedades laborales o accidentes de trabajo en esta empresa o por asesinatos cometidos por grupos al margen de la ley.

La paz total no podrá llegar, mientras existan grupos criminales que persistan en la intolerancia y en la idea de que la muerte es la manera de acallar las voces contradictoras de los poderes políticos o económicos, o mientras existan personas que se abroguen el poder de quitar la vida que Dios da a los seres humanos.

Presentamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, a su esposa Sidys Garcés e hijos, con quienes nos solidarizamos. Rechazamos y repudiamos este acto de violencia y exigimos a las autoridades celeridad en la investigación de este crimen y en la judicialización de los responsables, llamados a responder ante la justicia.

Descanse en paz.

SINTRAMIENERGETICA
SECCIONAL SANTA MARTA

—————

[Difundimos el Comunicado de Sintraincapla Subdirectiva Cali,
denunciando los ataques de Goodyear de Colombia contra los trabajadores]

Santiago de Cali, abril 2024

Comunicado a la opinión pública

Nuestra organización SINTRAINCAPLA SUBDIRECTIVA CALI, se dirige a la opinión pública para exponer la situación que enfrentamos los trabajadores de GOODYEAR DE COLOMBIA y que mantiene un ambiente laboral tenso generado por las prácticas administrativas, quienes vienen implementado un plan sistemático de despidos a trabajadores, mostrando una actitud desobligante ante los impactos que genera la realidad de la pérdida del contrato para los trabajadores y el sustento para sus familias en medio de los profundos problemas sociales que se viven en Colombia.

Goodyear de Colombia durante el 2023 mantuvo una dinámica constante de despidos y lo que va corrido del 2024 ya se han presentado tres despidos de trabajadores afiliados a la Organización Sindical Sintraincapla, demostrando un ataque directo al derecho constitucional de sindicalización dado el efecto negativo que genera en los trabajadores que han tomado la decisión de afiliarse; además ultrajando a sus trabajadores, quienes han aportado y por mucho al crecimiento económico de la compañía y a la consolidación de la marca en los mercados mundiales, manifestado en utilidades brutas obtenidas en el 2022 por el orden de los $65.094’283.000 y beneficiándose publicitariamente de ser la única planta productora de llantas en Colombia; en este sentido los trabajadores expresamos nuestra preocupación hacia el hecho que este plan aumente el número de despidos al punto de configurar una posible masacre laboral en Goodyear de Colombia S.A. en los meses previos a la negociación de un justo pliego de peticiones, para esto acudimos a la expresión de apoyo sindical y popular para replicar esta advertencia de la delicada situación laboral en esta planta ubicada en Yumbo-Valle.

Por estas razones manifestamos nuestro profundo rechazo a estas prácticas administrativas que generan zozobra y despliegan un manto de desconcierto sobre la población trabajadora y la estabilidad laboral; en este sentido conminamos a la administración de Goodyear de Colombia para que frene los despidos en estos momentos que es evidente la necesidad de mano de obra calificada para consolidar los nuevos proyectos productivos de la compañía en Colombia, y por el contrario revisar la reducción en los gastos administrativos y gastos de ventas que si son muy elevados.

Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y populares a que expresen su rechazo a estas prácticas administrativas que golpea la clase trabajadora mostrando nuestra unidad de acción escribiendo su opinión a los correos electrónicos:
María del Pilar Ramos – Gerente de Recursos Humanos pilar_ramos@goodyear.com;
Jorge Eduardo Perdomo – Gerente de Relaciones Laborales
jorgeeduardo_perdomo@goodyear.com; y sintraincapla@sintraincapla.com

Atentamente;

SINTRAINCAPLA SUBDIRECTIVA CALI
JUNTA DIRECTIVA

“Sintraincapla un sindicato para todos” Cra 2 No. 18-46 Piso 3º. Tel.8895704
e-mail: Sintraincapla@sintraincapla.com http://www.sintraincapla.com

——–

La burocracia sindical
frente al gobierno de Petro

Como se ha visto en la movilización del 15 de noviembre, tanto el gobierno como la dirigencia sindical de las centrales obreras que respaldan el Gobierno de Petro, demostraron una enorme debilidad ante la burguesía y el imperialismo. La razón central radica en la poca credibilidad en la burocracia sindical y su manoseo de la movilización para terminar concertando los derechos y necesidades de los trabajadores y el pueblo colombiano.

No hay duda de que la movilización de los trabajadores debe levantar las consignas más sentidas, para arrancar a los capitalistas derechos arrebatados históricamente por todos los gobiernos, más aún después de la ofensiva privatizadora y neoliberal de hace 30 años. Pero los ejecutivos de las centrales obreras y de las principales federaciones sindicales como FECODE y la USO, que invocaban gobiernos dialogantes en el pasado, ahora se sienten representados en un gobierno más desarrollista que progresista. Si bien el Pacto Histórico está conformado por una serie de fuerzas políticas con representación parlamentaria y oposición al uribismo, comparte hoy el gobierno con los mismos partidos que decía denunciar por sus niveles de corrupción y cede cada vez más a las agendas del FMI, la OCDE, los gremios económicos y a las multinacionales.

El sindicalismo concertador nos lleva a más neoliberalismo

El CNP y la mayoría de las fuerzas que hoy hacen parte del gobierno de Petro, en su afán por negociar con el gobierno Duque intentaron convencer a millones de jóvenes que la lucha se definiría en la campaña electoral, con la derrota política de los partidos que representaron ajustes fiscales, salarios miserables, contrarreformas laborales, pensionales y de la salud. El paro se diseminó entre represión y promesas, para pasar a la pugna electoral que se dirimió por Petro y millones fueron a votar con esperanzas de cambio, otros lo hicimos para derrotar a la amenaza del frente ultra reaccionario representado en Rodolfo Hernández.

El balance histórico de la dirigencia sindical está comprometido con su claudicación a todos los gobiernos anteriores, bajo la consigna de entregar un poco para conservar algo. Así se perdió la seguridad social a cargo del estado, las cesantías, la estabilidad laboral, las horas nocturnas, las pensiones apoyadas en un sistema de solidaridad y garantizado por el estado. Ahora nos llevan como ganado al matadero con propuestas y reformas, que solo pretenden encubrir los mecanismos de ganancia, el mismo que nos arrebató todo. Bien decía Edgar Ospina, abogado laboralista de las causas obreras, “ahora vienen por el resto”.

El ejemplo de la reforma a la salud

Maquillar las EPS con “pólizas de seguro”, es un paso más para mantener el sistema de salud privatizado, pero salvando a la banca que se ha engordado con la intermediación en la salud, la misma que es costeada por los trabajadores y por los impuestos que pagamos, del cual se han lucrado por 30 años. Para colmo, se va a sisbenizar a todos los trabajadores, pero con un esquema “preventivo” que no obliga a las aseguradoras a atender ninguna enfermedad catastrófica. Por ese camino, a las empresas se les terminará exonerando del pago de la salud, que les transfiera la plena responsabilidad de la salud a los trabajadores. La cuestión es que hoy la ley obliga a los patrones a asumir un porcentaje del costo de salud, lo que es un derecho arrebatado al capital, del cual terminará desprendiéndose.

Si esto lo desarrolla un gobierno que recogió 12 millones de votos de los sectores populares y los trabajadores, ¿entonces qué pasará en un próximo gobierno que sea de total representación de la burguesía? La realidad es que necesitamos abrir un proceso en las bases sindicales, para identificar los compromisos de los sectores que confunden sus intereses políticos con los del gobierno, con los intereses reales y concretos de millones de trabajadores que sufrimos degradantes condiciones de contratación y trabajo, que resistimos la flexibilización laboral y al tambor de una galopante inflación, se nos ha devorado más de 25% del salario en el último año. No bastó a la burguesía y sus partidos, cargarnos la pandemia encima, con mayores niveles de informalidad y desempleo, con desastrosos atropellos a las trabajadoras y en general a las mujeres sumidas en la mayor violencia, solo comparable a la extendida a campesinos y comunidades indígenas por el despojo de tierras. No es suficiente alardear de un ministerio de la igualdad, necesitamos medidas inmediatas, por un gobierno que le grita al imperialismo por los medios de comunicación y las redes sociales, pero no toma medidas efectivas para liberar los/las jóvenes procesados por la corrupta fiscalía, no corta con el FMI y se conforma con helicópteros de US ARMY para cuidar el Amazonas.

Por un proceso democrático en el movimiento obrero

Todos estos hechos los necesitamos discutir democráticamente en asambleas y con plenas garantías en los sindicatos, para elegir las direcciones que nos representes y hablen de nuestros problemas. Ya viene el aumento de salario mínimo y nos llevarán a la mesa de concertación, con discursos sobre la responsabilidad compartida entre trabajadores y empresarios para mantener la productividad. Pan y circo a la hora de escuchar a los reclamantes de tierra o a los que se las toman, a los jóvenes que exigen la derogatoria de la ley 30 de educación superior y exigen ingreso a las universidades, piden por el derecho al trabajo y garantías para salud y pensión que debe asegurar el estado. Ningún plan de desarrollo concertado con la burguesía va a resolver las necesidades de millones que sufren hoy la degradación capitalista.

Los dirigentes sindicales se comportan como burócratas, detrás de privilegios y cazar puestos para sus familiares en el estado. Han abandonado los principios de no conciliación de clases, de solidaridad internacional, del derecho a organizarse con un programa obrero y no utilizar el sindicato para dilapidar recursos para el clientelismo político tradicional. Vienen las elecciones de alcaldes, gobernadores y concejales/diputados departamentales. No será raro ver las urgencias para encostalar candidatos de todos los colores y sabores, mantener las alianzas políticas con liberales, conservadores, verdes, de la U y uno que otro pastor. De nuevo se impondrán las urgencias del arribismo político y no la manifestación independiente de los burgueses y del programa concertador del gobierno.

La crisis capitalista que la paguen los ricos

Ya sometidos a una reforma tributaria, ajustada a la crisis de los empresarios ante la amenaza de recesión en 2023 y para pagar la deuda externa. Será que ¿si avanza un plan de emergencia para la crisis social, un plan de choque de generación de empleo y aumento real de salarios? La crisis económica no se puede descargar en los más pobres, y veremos que a los ricos no les interesa otra cosa que sus ganancias y mantener un pueblo empobrecido, sin salud, servicios públicos y educación. Todas estas exigencias las intenta canalizar con demagogia el uribismo y la burguesía, esperando el fracaso de Petro y su plan neoliberal de reformas. Precisamente verán que mal paga, a quien bien sirves. Y no puede el gobierno servir a dos intereses contrapuestos. A eso es lo que apuesta el Pacto Histórico y la plana mayor de las centrales obreras.

Las disidencias en la burocracia se preparan para decir que son la alternativa

Ya desde las elecciones, se veían las diferencias de los burócratas a la hora de conformar sus candidatos y alianzas. Vemos como Jorge Robledo terminó de micrófono de la derecha del país, llevándose un fracaso rotundo y casi desaparecer de la escena política. Pero eso no quiere decir que cambió la situación al triunfar Petro y con ello las fuerzas del Pacto Histórico se consolidarán como la fuerza decisoria dentro de las centrales obreras, Fecode y la USO. Especialmente en la CUT se manifestó la crisis, al darse la disputa de quien podía ganar cargos dentro del nuevo gobierno, lógicamente que se encontraron con la estrategia de Petro de privilegiar las negociaciones con los partidos de la burguesía, los liberales, de la U, conservadores y verdes. Estos partidos tomaron los ministerios claves de la política nacional, solo reservando: salud, trabajo, y minas para la política de reformas a negociar con los gremios económicos. Y todo en un tinglado lentejón para asegurar mayorías en el congreso.

Surge la Convergencia Sindical y Social Independiente, denunciando la posible aplicación de políticas que afectan a los trabajadores, reclamando independencia del gobierno, pero no renuncia a la concertación para dirimir las diferencias con el gobierno y los empresarios. Lo conforman dirigentes y algunos sindicatos que, si bien solo son parte del espectro del movimiento obrero, no definen si reclaman las asambleas democráticas de base y si promueven las renovaciones de los dirigentes para resolver el burocratismo y la desastrosa política de conciliación de clases. Lo importante es ir a estos sindicatos y emprender una verdadera campaña de luchas y movilizaciones contra los banqueros, empresarios y multinacionales donde trabajan las bases y confrontar desde allí la necesidad de extender el llamado al resto de los trabajadores y el movimiento obrero para consolidar un Encuentro nacional de emergencia de los trabajadores para discutir y definir las exigencias al gobierno y a los capitalistas.

Juand
Noviembre 22 de 2022

——————-

Pensiones y reforma tributaria

“Nuestro mandato es
No al Gravamen de las Pensiones
y Salarios”

[Nota de El Trabajador Socialista] Durante la campaña electoral Gustavo Petro anunció una serie de planes sociales que requerirían amplia financiación. Ahora desde el gobierno ha planteado que esos recursos se deben obtener en gran medida de una reforma tributaria (que grave a los más ricos y distribuya esos recursos entre los trabajadores informales y los desempleados, entre otros sectores de la población pobre) con la que se pretendía alcanzar $50 billones.

Producto de la oposición de banqueros, industriales y terratenientes, el proyecto que se tramita en el Congreso va en $22 billones, lo que reduce los recursos disponibles para los programas sociales. El otro factor de descontento es que se colocarán impuestos a pensiones por encima de los diez millones de pesos. Se argumenta que ese sector de ex trabajadores es privilegiado por sus ingresos. Lo que hay tras este plan es comenzar a aplicar las orientaciones de la OCDE de reducir la totalidad del gasto pensional, incluso eliminando la pensión de sobrevivientes. Por eso consideramos de suma utilidad dar a conocer los argumentos que presenta la Coordinadora Nacional de Pensionados Colombianos en un reciente pronunciamiento. Destacamos la síntesis de su posición política e invitamos a leer la totalidad de sus argumentos.

“Se abren los Diálogos Regionales Vinculantes, en los que se permitirá el debate y la opción a que decidamos en asambleas populares. Estas decisiones del pueblo serán vinculantes dice el presidente Petro y tomarán forma normativa a través de las leyes que se requieran modificar o crear. Él está allí en la Presidencia, sigue diciendo, para recibir mandatos populares por eso es mandatario cuyo papel no es otro que servir al pueblo. Por el momento tenemos un proyecto de reforma tributaria propuesto, aún con fuerte impronta neoliberal, ante el cual nuestro mandato, desde los pensionados y trabajadores es, No al gravamen de Salarios y pensiones. Los que tienen grandes fortunas no son los pensionados de 10 a 25 millones, ni los asalariados de más de 10 millones, sino los que ganan billonarias utilidades, dividendos y ganancias exorbitantes como el sector financiero, terratenientes, narcotraficantes, minería legal e ilegal y los grandes monopolios.”

Pensiones y reforma tributaria

“Nuestro mandato es No al Gravamen
de las Pensiones y Salarios”

Coordinadora Nacional
de Pensionados
Equipo de Liderazgo
Octubre 11 de 2022

A propósito del debate de la Reforma Tributaria en curso, denominada Reforma Tributaria para la igualdad y la Justicia Social, promovida por el gobierno de Gustavo Petro, colocamos algunas ideas con el ánimo de enriquecer este debate.

Para iniciar ubiquemos la génesis del derecho a la pensión con su correspondiente
mesada, a su vez derivado de una vida laboral con su salario. Es decir no se puede hablar del derecho a la pensión sin hablar del derecho al trabajo y éstos a su vez sin la mesada pensional y el salario respectivamente.

Tradicionalmente se toma el derecho a la pensión, teniendo como punto de partida el reconocimiento legal en los distintos países y se nombra a Otto von Bismarck como el padre de la seguridad social en el mundo, nada más alejado de la realidad
pues estos derechos para verlos plasmados dentro de la legalidad, no como concesión del Estado sino como un logro proveniente de las organizaciones de
trabajadores, fundamentalmente de los sindicatos y dentro de una relación laboral. Más allá, no basta con que estos derechos estén el marco legal o convencional para que sean reconocidos, los trabajadores actuales, que serán los pensionados del
mañana y los pensionados actuales, a través de las organizaciones sindicales y de pensionados deben seguir luchando para que los derechos generados por una relación laboral sigan reconociéndose y cumpliéndose.

El derecho a la pensión y el reconocimiento de un pago por ella son inescindibles, son irrenunciables, son imprescriptibles, son inmodificables dada su naturaleza especial ligada a los derechos humanos fundamentales, a la existencia humana, a la lucha histórica, a los logros legales y convencionales.

En Colombia igualmente se hace referencia a que este avance fue por la condescendencia de gobiernos progresistas de la época, se habla de la famosa revolución en marcha y de otros gobiernos que reconocieron a los sindicatos y a los derechos que estos reivindicaban para dignificar su vida; pero más allá de esta interpretación del surgimiento de la pensión como Derecho Fundamental se debe reconocer que en accionar de los trabajadores y sus organizaciones lograron avanzar para que este derecho tomaran curso legal.

En este punto se puede decir que la lucha de amplios sectores laborales permitió que el Estado reconociera derechos entre ellos la pensión y sus mesadas, a través de las Convenciones Colectivas y que se fueron implementando en el ordenamiento constitucional y legal. Este derecho tiene así una raíz imborrable y un ejercicio legal, teórico y práctico en el que los trabajadores y pensionados son parte actora, protagónica e incidente de su existencia.

Para el punto en discusión el gobierno actual de Gustavo Petro, que habla del diálogo vinculante, de los pactos, de los acuerdos, de los consensos, de la inclusión,
de la vida, de la Paz con justicia Social y Ambiental, en este punto de la reforma tributaria se ha reunido con todos los actores económicos y sociales que se ven implicados, pero con menos preponderancia con los trabajadores y pensionados y sus organizaciones que son la población directamente afectada.

Con relación al proyecto de Ley de Reforma tributaria presentado, han surgido voces desde el mismo establecimiento alertando sobre gravar el monto de la mesada pensional, y no es que estemos con ellos ni más faltaba, o no que no entendamos la inequidad y el hambre que campean por nuestra patria y que deben ser remediadas ya , es por la argumentación por un lado tan discutible y por otro por el desconocimiento ese si total de la naturaleza de este derecho fundamental, que tal como lo hemos advertido es adquirido no tanto por lo legal sino por ser consecuencia del trabajo, de los aportes al sistema pensional realizados por los trabajadores, de los ahorros y de una lucha histórica por los derechos para tener una vida digna de todo trabajador en su vejez.

No sobra advertir a muchos congresistas y al mismo Ministro de Hacienda, que en materia de gravamen tributario de las pensiones , el desconocimiento del bloque de constitucionalidad, sentencias y jurisprudencias reiteradas de la Corte Suprema y Constitucional, amén de Convenios de Organización Internacional del Trabajo OIT ratificados por la legislación nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José-, el protocolo de San Salvador, entre otros que igualmente tienen vida jurídica legal en Colombia.

Retomando el curso de los recursos que necesita el Estado para el Cambio por la Vida, comencemos con el siguiente dato, a hoy la corrupción equivale al 17% del presupuesto general de la nación es decir se roban 60 billones al año. Pregunta si llega un gobierno de tolerancia cero frente a la corrupción no se robarían los 60 billones de pesos anuales.

Se propuso poner a tributar a los 4000 mega ricos del país, que para nada son los pensionados a los que ahora se pretende gravar. Otro tema es la evasión que a octubre de 2021 estaba en 50 billones de pesos anuales. Recursos que pueden evitar reformas tributarias.

Sigamos el hilo hablemos ahora de exenciones tributarias, que son mayoritariamente las de los 4000 mega ricos. ¿Saben cuánto cuestan al fisco? A julio de 2019 nos costaban o mejor debiendo entrar por recaudo tributario no salieron de los susodichos bolsillos la no despreciable suma de 80 billones

Se debe concretar la propuesta de nuestro presidente Petro que como candidato prometió derogar de entrada la reforma tributaria de Duque de 2019 que amplió las excepciones a los 4000 mega ricos en 9 billones. Una cifra final con el gravamen a pensiones propuesto tan solo se conseguiría alrededor de 0.5% del estimado total de 21.5 billones de la misma.

De obligatoriedad, cuantificar la elusión y otros beneficios tributarios. Ahora, miremos cómo se maneja hasta hoy el presupuesto a groso modo, se destina el 60% a funcionamiento, 20% a servicio de la deuda y 20% a inversión. Es decir que, tomando el presupuesto del año 2021 de 350 billones, 210 billones se fueron a funcionamiento dentro de los cuales 42.6 a defensa. A servicio de deuda se fueron 70 billones y para inversión 70 billones. Ahora en «Paz total» podríamos renegociar deuda y hasta conmutarla con aquello de la política global frente a la droga y a que nos paguen por la, absorción del dióxido de carbono con nuestra esponja oceánica y amazónica. De otro lado en Paz Total el monto del presupuesto para defensa se debe recortar de manera importante.

De entrada, claro que necesitamos de estos recursos para desarrollar nuestro programa, por supuesto que sí, sin embargo, en necesario sumar las cifras antes mencionadas, desde donde se debe comenzar, así sea parcialmente. En sólo corrupción, evasión y excepciones hay mal contados 190 billones anuales.

Se abren los Diálogos Regionales Vinculantes, en los que se permitirá el debate y la opción a que decidamos en asambleas populares. Estas decisiones del pueblo serán vinculantes dice el presidente Petro y tomarán forma normativa a través de las leyes que se requieran modificar o crear. Él está allí en la Presidencia, sigue diciendo, para recibir mandatos populares por eso es mandatario cuyo papel no es otro que servir al pueblo. Por el momento tenemos un proyecto de reforma tributaria propuesto, aún con fuerte impronta neoliberal, ante el cual nuestro mandato, desde los pensionados y trabajadores es, No al gravamen de Salarios y pensiones.

Los que tienen grandes fortunas no son los pensionados de 10 a 25 millones, ni los asalariados de más de 10 millones, sino los que ganan billonarias utilidades, dividendos y ganancias exorbitantes como el sector financiero, terratenientes, narcotraficantes, minería legal e ilegal y los grandes monopolios.

Los Pensionados Colombianos, que apoyamos junto con nuestras familias y amigos la elección de un Nuevo Gobierno, y estamos comprometidos con el cambio del rumbo de la historia de Colombia, debemos evitar distraernos solamente en el impuesto a las pensiones, también debe preocuparnos el Proyecto de Ley que establece el incremento de la mesada pensional con el IPC o con el aumento al salario mínimo a partir del 1° de enero del año 2023 y a la discusión que pronto se iniciara en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales[1]; el proyecto de ley para disminuir el aporte para cotización en salud de 12% al 4%; la Reforma al Sistema de Salud; la Reforma Laboral, en la cual los pensionados debemos incidir para que el marco normativo laboral no desmejore aún más las condiciones de vida de los pensionados, tengan mayor representatividad y reconocimiento institucional[2] y se les brinde mayores y mejores espacios de participación como sector social.

Pensionados colombianos…. ¡Manos a la obra!

Equipo de Liderazgo
Octubre 11 de 2022

---

[1] https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/comision-permanente-de-concertacion  
[2] https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp