Nacional

La negociación del salario mínimo

Se necesita un salario que cubra
de verdad el costo de la vida

La mesa de concertación instalada por el gobierno Petro para 2025, proyecta por las Centrales Obreras y el gobierno un alza que supere los dos dígitos (10%), mientras la patronal presiona por un digito. La propuesta de los gremios es apegarse a la inflación más productividad, proponiendo un alza de 7,21%, lo que llevaría el salario a $1.526.134 y el auxilio de transporte a $214.420, para un total de $1.740.554.

La CUT y la dirigencia sindical, se proyecta con un aumento del 16% como techo, dejando el salario de $1.423.500 a $1.651.260, y el auxilio subiría de $200.000 a $232.000, para un total de $1.833.260. Lo que parece un reclamo justo, si partiéramos de las consideraciones de los gremios patronales.

Pero resulta que el costo de la canasta familiar en Colombia ronda $3.000.000, lo que demuestra que el salario mínimo está a la mitad de las necesidades básicas de los trabajadores. Por lo tanto ninguna de las partes busca una solución a esta desigualdad. Lo correcto sería una exigencia del aumento del 100%, para alcanzar un mínimo de $2.847.000.

Si analizáramos el déficit que hay, la propuesta de los empresarios no cubre el 92.79 % que correspondería a las reales necesidades que impone el costo de vida. Pero las centrales le siguen el juego y dejan a los trabajadores en un déficit de 84%. Pero como va las cosas el gobierno de Petro, termina aceptando un sistema de negociación que encubre las superganancias de los patrones y las multinacionales. Es probable que la propuesta del gobierno se acerque a 11% para mostrar “equidad” y lleve el mínimo a $1.580.000.

Solo el sistema financiero logró ganancias de 111 billones.  Según información de prensa sobre las empresas con mejor reputación en 28 sectores de la economía, en el sector de alimentos, el líder es Alpina, seguida de Ramo y Grupo Nutresa. En bebidas, Bavaria ocupa la primera posición, escoltada por Postobón y Femsa.

El sector financiero es liderado por Bancolombia, seguido de Davivienda y Nu Colombia. En las aseguradoras, Sura mantiene el primer lugar, mientras que Seguros Bolívar y Allianz ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente. Por su parte, en el sector de educación, la Pontificia Universidad Javeriana se posiciona como la líder, seguida por la Universidad Eafit y la Universidad de La Sabana. https://www.larepublica.co/empresas/bancolombia-y-alpina-lideran-el-ranking-de-las-empresas-con-la-mejor-reputacion-4248190

Como vemos a los ricos le va bien y a los trabajadores les toca ceder su sobre trabajo para el beneficio de los capitalistas. Como dice Marx, la lucha no es por hacer guerrilla sindical para ir detrás de un salario que es un régimen de explotación, la real lucha debe ser por tomar el poder del estado, un estado de los trabajadores, que reorganice democráticamente el trabajo y la producción, al servicio de la sociedad y no de una clase parásita que vive de explotar trabajo y sumir a la humanidad en la miseria.

Desde Unidad Obrera Socialista (¡UNÍOS!) y la Liga Internacional Socialista (LIS), hacemos un llamado a luchar por un salario que reivindique las verdaderas necesidades de los trabajadores de Colombia y el mundo.  Exigir a las direcciones sindicales convocar un Encuentro Nacional de los trabajadores y movimientos sociales, que discuta la realidad del país y de los pueblos del mundo y se vote un plan de acción para derrotar a las patronales y el imperialismo con sus multinacionales.

Juand
diciembre 11 de 2025

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Las amenazas de Trump
y las posturas de Petro

El despliegue naval y aéreo de US ARMY dispuesto por Trump frente a las costas de Venezuela, provocando las más diversas reacciones de los gobiernos latinoamericanos, pues mientras hay un despliegue igualmente diplomático de Marco Rubio en varios países que busca cohesionar un bloque que aplauda las palabras y acciones de Trump, otros gobiernos optan por decantarse en un campo contestatario y declarativo, pues nadie puede realmente osar un desafío militar a la fuerza que despliega EE.UU.

El argumento que ha sustentado Trump es combatir supuestamente el narcotráfico que traslada desde Venezuela cargamentos de cocaína (proveniente de Colombia), acusando a Maduro de dirigir el “Cartel de los Soles”, refiriéndose a los mandos militares que se han implicado en el negocio, además asocia a los migrantes venezolanos, como una penetración organizada por el “tren de Aragua”. Es decir que construye una narrativa que sirve escalar el uso del ejército en contra de la cadena del narcotráfico. Pero también combina con la campaña de ICE para expulsar miles de migrantes ilegales, lo que instrumentaliza fuerzas para policiales, hostigando los gobiernos estatales que considera en disputa electoral dentro de EE.UU. Las propias declaraciones de la presidenta de México, apuntan a desconocer la existencia del “cartel de los soles”, pues sin duda posee información que comparte con las administraciones de EE.UU., lo que indica que solo es un rebuscado pretexto para Trump incendiar el mundo que necesita dominar.

Las condiciones concretas de Colombia

El entorno de confrontación política en lo que va de la administración Trump este año con el gobierno colombiano, denota las condiciones del gobierno de Petro que ha visto modificada su disposición de cooperación con la anterior administración Biden, y la hostilidad que destila la ofensiva que impone EE.UU. con Trump, respondiendo a sus objetivos económicos y políticos de reordenar los términos de dominación continental. Incluso las aproximaciones de Petro con el gobierno de Venezuela, previas a las elecciones presidenciales de 2024, demostraban un derrotero de negociaciones a las que apuntaba como objetivo dar un proceso de transición pactada que buscaba la salida de Maduro y moderar el régimen en los marcos de recomponer los negocios con el imperialismo norteamericano. Además, el régimen de Venezuela es una pieza política de las propias negociaciones de “Paz Total” que adelantaba el gobierno Petro, en especial con el ELN y las disidencias de las FARC. Pero estos elementos bajo la óptica de los halcones del Pentágono, ya después de la autoproclamación de Maduro en 2024, empatan con la agenda de la ultraderecha de los Republicanos, que aseguraron el triunfo de Trump en noviembre de 2024, agitando “hacer grande a EE.UU. nuevamente” y que enmarcan a Venezuela como parte del patio trasero de EE.UU. y, por tanto, territorio en disputa con las confrontaciones entre EE.UU y China, pero en especial las negociaciones de reparto de las áreas de influencia que se negocian entre Trump y Putin.

 Es allí donde Petro desarrolla una confrontación con aciertos y debilidades, pues sin duda se ha pronunciado con medidas como el bloqueo de las exportaciones de carbón a Israel, ha llamado a la solidaridad con Palestina ante el genocidio, lo que sin duda no le crea ninguna simpatía de Trump. Justo después de Trump declarara hundir una lancha rápida con 11 personas, atribuyendo supuesto transporte de droga, Petro reaccionó condenando el hecho como una violación al derecho humanitario, desbordar toda la ley internacional y los parámetros de la ONU. Además, agregó: “El gobierno de EE.UU. si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración…”.

Debido a todo lo anterior, y bajo la presidencia de Petro, miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) firmaron un documento en el que rechazaron el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Sin embargo, nueve países no dejaron su rúbrica en el comunicado. Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela, fueron los países que respaldaron a Petro. (1)

Atrapado en una “sin salida”, el gobierno Petro debe oscilar entre las presiones de la ultraderecha mundial con las huestes uribistas que se enfilan en utilizar estas contradicciones para recuperar terreno político frente a las próximas elecciones presidenciales de 2026. La otra cara es la necesaria dependencia de las relaciones fronterizas con el gobierno Maduro.

Por tanto, el conflicto entre EE.UU. y Venezuela se entrecruza con el fracaso de las negociaciones de paz con los grupos armados, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, la presión de EE.UU. con descertificar a Colombia por el crecimiento de cultivos de coca y el freno a las extradiciones de los capos que les facilita la propuesta de “Paz Total” y que son reclamados por la justicia norteamericana. También debe Petro mostrar un discurso de confrontación con el propio gobierno de Maduro, pues consideró que hubo irregularidades en las elecciones que extendieron su régimen autoritario. Sin embargo, sigue el trato binacional, con acciones militares en cada franja fronteriza, en especial en la zona del Catatumbo. Mientras la diplomacia de Marco Rubio demuestra una tenaza que se enfila a reforzar militarmente Panamá, Puerto Rico, Ecuador; en una combinación de exhibición de “garrote y zanahoria”. Pero a la vez recoge apoyos de Boluarte en Perú, Santiago Peña Paraguay y Milei en Argentina, comprometiendo recursos para colaborar en la ofensiva contra el narcotráfico, que endilgan al “cartel de los soles” sumándose sin pruebas que maduro es su cabeza. Se anexa el gobierno de Guyana, que es fiel protegido de EE.UU. y Reino Unido, quienes apadrinan sus inversiones en los ricos yacimientos petroleros que Venezuela demanda como zona de reclamación.

“Marco Rubio, el primer latino en ocupar el cargo, emprendió el sábado una gira de seis días por Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

Lo hizo con el objetivo de comunicarles a los líderes de estos países cuáles son las prioridades de la administración Trump -deportar inmigrantes de forma masiva, contrarrestar la creciente influencia de China en la región y combatir el tráfico de fentanilo a su país- y pedirles que cooperen.

«No hay región del mundo que afecte más la vida individual de los estadounidenses que América Latina», había dicho en la víspera del inicio de la gira Mauricio Claver-Carone, el elegido por el presidente Trump como enviado especial del Departamento de Estado para América Latina.” (2)

Sin duda la postura de Petro es la más abierta en términos de contradecir el actuar de Trump. Pero es consciente Petro de la enorme ofensiva que se cierne sobre los llamados gobiernos progresistas, que han tomado la ruta de simplemente co-administrar los regímenes burgueses y su profunda degradación social contra las mayorías trabajadoras de América Latina. Citando frases que poco apuntan a convocar un real movimiento antiimperialista. Más bien recogiendo el sentimiento abstracto de tradición histórica bolivariana que hermana a Colombia y Venezuela, tiende un fraccionado discurso que puede sonar confuso para millones de venezolanos agobiados por el autoritarismo que destila Maduro, y no traza una política gruesa de la naturaleza del dominio imperialista.

“Por encima del huracán, el pueblo debe levantar la espada de Bolívar”, afirmó el jefe de Estado, quien reiteró que la lucha contra el narcotráfico debe ser colectiva, respetuosa de la soberanía y enfocada en erradicar las causas económicas y sociales que lo alimentan …En una serie de mensajes publicados en’ X’, el jefe de Estado colombiano subrayó que Colombia y Venezuela son “el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia” y advirtió que cualquier operación militar sin aprobación de ambos países constituiría una agresión contra América Latina y el Caribe.

Petro, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas, sostuvo que el verdadero enemigo es el narcotráfico y llamó a coordinar las acciones con Washington y Caracas en un esquema multinacional, pero “sin menoscabo de la soberanía nacional”…” (3).

Sin combate al imperialismo no habrá autodeterminación de los pueblos

Como vemos, hay un intento de Petro de reducir el conflicto a unificar esfuerzos contra el narcotráfico, pero elude mencionar a las burguesías que se han enriquecido y amamantado de millones de dólares que provee el circuito capitalista. No hay lucha contra el narcotráfico sin derrotar el orden imperialista mundial, ni los estados capitalistas que dan soporte al dominio de los bancos por donde circulan los capitales que imponen el orden de expoliación y explotación que vive Latinoamérica. Una cooperación del continente debe nacer de una avanzada de la revolución socialista que derribe el capitalismo y unifique las fronteras que imponen el saqueo al servicio de las multinacionales.

“Petro, en calidad de presidente pro tempore de la Celac, propuso la creación de un “Pacto de las Américas”. Este acuerdo buscaría profundizar la democracia, garantizar el trato humano a migrantes —legales e ilegales— y combatir las mafias del narcotráfico que afectan a todo el continente y al mundo entero. (4)

Quiere Petro dar esperanza de un mundo liberal, en medio de una ofensiva imperialista para subordinar el continente a los dictados de Trump, a quien le propone un “Pacto por las Américas”. Hoy los objetivos del capital apuntan a más semicolonizacion y estrangulamiento financiero. Los trabajadores y los revolucionarios, nos movilizaremos contra las derivas autoritarias que se ciernen sobre el continente, pero no proclamaremos pactos de convivencia con el imperialismo y buscaremos destruir el capitalismo, fuente y causa de la putrefacción del orden burgués.

En Venezuela no solo se impone el autoritarismo contra la pro imperialista Corina Machado, se impone la dictadura del capital que sobreexplota a millones de venezolanos y donde el gobierno de Maduro  instaura un régimen de persecución de las organizaciones obreras y de los trabajadores, minando la disposición de lucha de millones  de venezolanos contra la pretendida agresión que desarrolla EE.UU. fracturando a las organizaciones sindicales y toda oposición revolucionaria, ilegalizando a los dirigentes que luchan por la derrota del imperialismo y sus multinacionales. Se imponen salarios que no representan la canasta familiar y se prolonga la explotación capitalista, enriqueciendo a toda la burguesía, que no tardará en imponer una dictadura, con el respaldo de EE.UU. estas son las contradicciones que Petro no se propone denunciar y que la mayoría de la izquierda silencia, porque termina defendiendo al gobierno de Maduro y su régimen, que consideramos inconsecuente para enfrentar al imperialismo y desarrollar la máxima democracia entre los trabajadores.

Juan Rodríguez
Medellín, 11 de septiembre de 2025

1. https://www.infobae.com/colombia/2025/09/05/petro-se-reafirmo-en-su-postura-sobre-lucha-antidrogas-tras-bombardeo-de-ee-uu-a-embarcacion-en-costas-de-venezuela-y-llamado-de-la-onu-a-trump-dije-que-era
2. https://www.bbc.com/mundo/articles/cy9l2d8xwwgo
3. https://www.radionacional.co/actualidad/politica/petro-rechaza-intervencion-militar-sin-consenso-en-latinoamerica-y-defiende
4. https://amchamcolombia.co/noticias-observatorio-estados-unidos/presidente-petro-propone-a-presidente-trump-un-pacto-de-las-americas/

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Nuestros muertos, son las verdaderas víctimas
del régimen capitalista

El linaje trágico que lo acompaña –nieto de Julio César Turbay y huérfano de una madre asesinada por el narcotráfico– no bastó para generar identificación emocional. Su figura política no se asocia a la esperanza, sino al pasado; a la negación sistemática del dolor de los otros. Cuando Dilan Cruz fue asesinado por la policía, Uribe Turbay culpó al joven por “interponerse en el camino de la bala”. A las madres de Soacha, que lloran a sus hijos víctimas de falsos positivos, las tildó de mentirosas. Frente al caso de Rosa Elvira Cely, su voz no se alzó por justicia, antes bien para insinuar responsabilidad de la víctima. En cada momento crucial, su postura ha sido de frialdad, negación y desprecio por el sufrimiento ajeno. ¿Cómo pedir entonces que hoy el país lo llore? 1.

La derecha instrumentaliza el momento político

Hemos señalado nuestra posición de principios desde UNIOS para desmarcar el método de lucha de los revolucionarios. El asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato del uribismo, no ha entrado en la categoría de atentado que sea asumido por ninguna organización insurgente, tal como lo señala el Centro Democrático, especulando los nexos con las fracciones disidentes de las FARC, lo que opera más como una afirmación con peso político, para desacreditar la Paz Total que promueve el gobierno de Petro. Si bien el director de la Policía Nacional, señala “posibles hipótesis”, que compromete a fracciones de fracciones, todo queda en un indeterminado ejecutor que asuma políticamente el atentado. Especulando igualmente para llegar a lugares comunes de agentes con nexos con el narcotráfico. Lo mismo hace Álvaro Uribe, ensalzando a Miguel Uribe como una víctima de la persecución del gobierno Petro y de la izquierda. Como no es una acción terrorista de las guerrillas, queda en el marco de un oscuro plan que no sabremos en corto tiempo sus directos instigadores y verdaderos financiadores.

 Lo que no debemos dudar del campo revolucionario, es que el asesinato de Miguel Uribe, será instrumentalizado por todos los medios y con todas las falaces interpretaciones, para atacar la lucha democrática, así sea “recortada” del Pacto Histórico. También se unirán a la ofensiva imperialista para envilecer el proceso electoral, donde el progresismo intenta dar continuidad a su proyecto de reformas. Es decir que el proyecto de desacreditar el gobierno de Petro, busca minar su consolidación como proyecto político en los marcos del régimen democrático burgués, a la vez que consideran cumplió su tarea de apaciguar las aguas después del estallido social.

 Para el imperialismo y la burguesía nacional, que encabezan Trump y Álvaro Uribe para unificar los distintos partidos burgueses, son el espectro contrarrevolucionario para recuperar la gobernabilidad de Colombia y consolidar sus planes sin intermediarios. Los problemas del imperialismo, residen en que necesitan un plan de plena sumisión y compromiso con los planes de dominio que busca EE.UU. sobre América Latina. En Colombia su adscripción al Pentágono, se concreta en la presencia de bases militares, que son de absoluto control de los mandos militares que cumple el entrenamiento contra guerrilla y de combate al narcotráfico (Special Forces Brigade, SFAB). Por ello es un punto sensible en las relaciones de Trump con Petro. Petro desde sus compromisos con Biden, aseguró defender un programa reformista sin cuestionar los ejes de inversión imperialista y del capital.

Bajo la sombra del imperialismo

La misma embajada norteamericana impone sus condiciones de penetración militar y pleno acuerdo con los mandos militares colombianos.

“Tolemaida, Colombia. — Altos líderes del Gobierno de Estados Unidos, el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército de Estados Unidos se reunieron hoy para inaugurar una nueva instalación de alojamiento donada por los Estados Unidos al Centro de Entrenamiento Avanzado de Ala Rotatoria en Tolemaida. Esta entrega es la más reciente de una serie de donaciones que hacen parte del apoyo continuo de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Colombia marcando un hito significativo en la cooperación en seguridad entre ambos países. El evento contó con la presencia del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara; el General Luis Emilio Cardozo Santamaría, Comandante del Ejército de Colombia; el Coronel John Kendall, Agregado de Defensa de la Embajada de Estados Unidos; el Mayor General Royer Gómez Herrera, Jefe de Estado Mayor de Operaciones; el Brigadier General Gerardo Ortiz Ramos, Comandante del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales; el Coronel Doug Hess, Jefe de la Oficina de Cooperación en Seguridad; entre otros distinguidos invitados y aliados. La nueva instalación, valorada en 5.5 millones de dólares, es la primera de tres edificaciones donadas por los Estados Unidos que fortalecerán las capacidades de las Fuerzas Armadas de Colombia para exportar seguridad y apoyar los esfuerzos en curso para promover la estabilidad regional. El edificio albergará a 216 estudiantes inscritos en el Centro de Entrenamiento Avanzado de Ala Rotatoria, el único centro de excelencia en la región que ofrece capacitación en español para pilotos, tripulación y personal de mantenimiento de los helicópteros UH-60 Black Hawk y UH-1 Huey. “Este proyecto es una clara demostración del apoyo inquebrantable de Estados Unidos al papel de Colombia como líder en seguridad regional”, afirmó el Encargado de Negocios McNamara. “No solo estamos proporcionando infraestructura, estamos invirtiendo en el bienestar y la preparación de los valientes hombres y mujeres uniformados de Colombia y otros socios regionales”. 2.

No hay duda que el gobierno Petro coopera con la consolidación de este modelo de relación con el imperialismo. Solo que en el terreno político, las fricciones se elevan al verse el gobierno en una relación más vertical y de autoridad clara que proviene de la potencia del norte. Por tanto sin haber un cambio en el trato que había con Biden, la subordinación de Colombia sufre una mayor exigencia, bajo los nuevos planes que proyecta EE.UU. bajo la ultraderecha, decidida a pisar firme en su patio trasero. Esto significa un nuevo trato, que chocará con diferentes niveles de creciente movilización y resistencia de los movimientos sociales y los trabajadores en Colombia.

El terrorismo de estado de la mano del Plan Colombia

Ya bajo los mandatos de Álvaro Uribe y Santos, se ejecutó el Plan Colombia, y desde la administración Obama, los Demócratas, optaron por estimular las negociaciones de Paz con las FARC-EP, que se consolidaron en 2016. Ya para los Republicanos y sus fuertes lasos con el uribismo, la condición de negociación con las guerrillas, se enfocó en la rendición incondicional y oposición a cualquier margen de acuerdo político, que extendiera beneficio a los insurgentes. Por ello desde 2002, Álvaro Uribe canalizo su política de “Seguridad Democrática” y garantías a la inversión imperialista. Esto desencadenó una ofensiva militar y paramilitar con sesgos autoritarios y de profundización del neoliberalismo, que terminó desatando una respuesta social y política que se incrementó hacia 2014, hasta el estallido social en 2020-21. Los efectos de este nuevo ciclo de violencia que avanzaba desde los 80 y 90 del siglo XX, tomó un carácter sistemático, en los números de asesinatos y represión de los movimientos sociales, el ataque a líderes sociales y la criminalización de la protesta.

Además de un largo prontuario de terrorismo de Estado desde los 80, sin titubeos por todos los gobiernos burgueses en los últimos 40 años contra el movimiento obrero y popular, las cifras son difíciles de sumar, por el extendido grupo de víctimas que afecta a dirigentes: sindicales, abogados de derechos humanos, líderes indígenas y comunidades, líderes afro descendientes, líderes campesinos y desplazados, estudiantes. Que tomó forma con: Feminicidio, trans feminicidio de género, el asesinato de menores de edad; secuestro y despojo de tierras, masacres y coacción de comunidades en regiones rurales y apartadas. Represión permanente a comunidades que se enfrentan contra el desalojo. Por tanto las víctimas, organizadas políticamente como: el Partido Comunista, La UP, A Luchar, reinsertados de las guerrillas, movimientos indígenas y resguardos, asociaciones comunales, dirigentes y sindicalizados del magisterio.

Las verdaderas víctimas del régimen burgués

Solo las víctimas como las madres de Soacha, denunciantes de más de 6000 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, estigmatizadas y amenazadas en el gobierno Duque, o las Cuchas de la Comuna 13 de Medellín, escarbando en las escombreras y en la basura los huesos de sus hijos, encabezan un símbolo político de respuesta a la hipocresía de la burguesía, cuando busca encarnarse como víctima de la violencia en Colombia. Los partidos políticos que sostienen este régimen autoritario y de despojo, son determinadores del paramilitarismo, las masacres, los asesinatos de líderes sociales, de la pura barbarie capitalista.

Solo en este gobierno se han dado 82 homicidios de defensores de derechos humanos.  Siendo Antioquia, Valle, Cauca y Nariño las regiones más golpeadas, según el informe de 2025 por La Comisión Colombiana de Juristas. 3. A ninguna de estas víctimas se le ha extendido los canales de TV y medios, para difundir y rechazar tales asesinatos. Ni la Fiscalía adelanto elevados montos de recompensa por información para la captura de los responsables, ni las indagaciones han obtenido el número de capturados que se anuncia como eficiencia para esclarecer el atentado de Miguel Uribe. Aun en los Falsos Positivos, ningún asesino está pagando condenas ejemplares, ni en las victimas de la escombrera. Al revés, las autoridades como el Alcalde de Medellín, evidencia su rechazo a los murales que reclaman justicia.

“La decisión del alcalde Federico Gutiérrez de borrar un mural que expresa la lucha de decenas de madres por sus hijos desaparecidos consiguió lo contrario. Despertar no solamente en Medellín, sino en muchos lugares de América Latina y del mundo, una indignación profunda frente a un gobernante, que desconoce públicamente que, en La Escombrera, yacen los cadáveres de cientos de personas que fueron torturadas, asesinadas y sepultadas entre 2002 y 2004 en el marco de la operación Orión”.4.

La ruta es organizar tribunales obrero-populares de las víctimas

Es tarea de los revolucionarios retomar la lucha contra la impunidad de los crímenes de estado, del uribismo y su compenetración con el paramilitarismo. El enfrentamiento a los planes de permanencia de las bases militares norteamericanas y su tutela en la soberanía nacional. Este orden es el que hay que derrotar y por ello convocar a la movilización más decidida para que se investigue a los perpetradores, desde la gran burguesía y los multinacionales patrocinadores de los asesinatos de líderes sociales y sindicales. Que las madres de Soacha y las cuchas se organicen en tribunales de Victimas Obreras y Populares, que el movimiento obrero y las centrales, convoquen al paro nacional para que se derrote la impunidad a todos los crímenes de la burguesía y despojo a los que no tienen más que sus brazos para alimentar a sus familias.

 Ni Álvaro Uribe es víctima de persecución política, su postura es una falsificación, pues es el victimario mayor al lado de los que han gobernado en un siglo de ignominia. Ni Miguel Uribe es víctima de un régimen oprobioso y explotador, fue un instigador de la violencia y murió víctima de ella, pretendiendo aparecer como “demócrata” y encubrir los crímenes de su clase, la burguesía y el imperialismo.

 Iván Lopera

1. https://www.las2orillas.co/la-hipocresia-de-pedirle-a-colombia-que-llore-a-miguel-uribe-un-tipo-que-nunca-lloro-por-nadie/?utm_source=push&utm_medium=push
2. https://co.usembassy.gov/es/estados-unidos-dona-nuevas-instalaciones-militares-al-ejercito-de-colombia-fortaleciendo-la-seguridad-regional-y-la-cooperacion-bilateral/
3. https://www.coljuristas.org/img/carga/Infografia_enero_junio_2025.jpg https://coljuristas.org/sala_de_prensa/conexion-ccj-58-julio-de-2025-82-lideres-as-sociales-y-personas-defensoras-fueron-asesinadas-en-el-primer-semestre-de-2025  
4.  https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/noticias-opinion/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLSydjQwdTQx8DMxMzAwczQJMTM2N3I0DLY31w9EUeBuaGjgGugb4hfg7B7h4GelHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiND9ePwm 

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Petro cabalga en Pegaso

¿Hasta dónde llegará?

El 4 de septiembre, en medio del paro nacional de los grandes empresarios del transporte de carga, el paro camionero, al cual se unieron miles de pequeños empresarios y propietarios individuales contra el alza de ACPM, que tuvo bloqueadas las carreteras durante varios días, el presidente Petro inició una alocución señalando que “aunque se presumiera, por obvias razones, que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él; sino de algo que me parece todavía más preocupante”. (Texto de video Alocución del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego – YouTube).

Petro relacionó las denuncias de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de que sus comunicaciones estarían siendo interceptadas y las filtraciones de videos durante su campaña con la existencia en el país del famoso software Pegasus; que permite capturar cualquier dato o información que se almacene, transmita o reciba en un celular.

¡Se montó al caballo!

Después de ese día, y durante los más de dos meses que han trascurrido, Petro no se ha bajado de Pegaso. En torno al asunto han ido y venido acusaciones, declaraciones, trinos, diatribas, solicitud de investigaciones y alocuciones de la más variada índole. En todas ellas, hasta ahora, Petro ha sacado buen rédito político pues razón no le falta.

El centro de sus acusaciones, contra el anterior gobierno, ha estado en la compra fraudulenta y secreta del software israelí, hecha con dinero en efectivo (11 millones de dólares) de procedencia no explicada y para usos no aclarados; sin saberse quien la había hecho.

El expresidente Duque salió a decir que él no tenía ni idea del asunto. La Dirección de Inteligencia de la Policía declaró que no tenía a Pegasus (el software, no al caballo) ni sabía dónde estaba, ni quien lo había comprado, ni cómo lo había usado. Comenzaron indagaciones, especulaciones e investigaciones de todo tipo en un asunto de marca mayor.

A lomo del equino alado, cual el relato mitológico, Petro –igual que Belerofonte– ansiaba dar muerte (política) a la Quimera (Iván Duque) que como bestia de múltiples cabezas había asolado los territorios del país, utilizando el famoso software para perseguir a los participantes del estallido social de 2021 y a todos quienes se oponían a sus políticas.

El caballo se encabrita

Las revelaciones que fueron saliendo a la luz pública encabritaron al corcel y en los últimos días dio un giro brusco. Al momento no está claro si el jinete logre mantener las riendas firmes y avanzar en su batalla.

Los medios de prensa y declaraciones del embajador de Colombia en Estados Unidos señalan que, según reconocen representantes del gobierno norteamericano, Pegasus (el software) fue comprado y utilizado por los agentes de Estados Unidos que participan a diario en los convenios de “colaboración” con la Policía y Fuerzas Armadas colombianas para la lucha contra el narcotráfico. Que es eso y solo eso. Que antes de llegar Petro a la presidencia lo desmontaron y se lo llevaron y que siempre lo utilizaron para combatir al crimen y solo al crimen; no para espiar a la oposición a Duque y cosas por el estilo (¡vaya usted a creerles!).

Es bastante posible que lo anterior, por lo menos una parte, sea verdad. Que los servicios de inteligencia norteamericanos, que andan por el país como Pedro por su casa, que hacen lo que les viene en gana amparados por “acuerdos de cooperación”, hayan hecho esta operación sin darla a conocer al presidente ni a ninguna otra instancia gubernamental. También es posible que, visto que el escándalo cada día ganaba mayor dimensión, hayan decidido “cargarse el muerto” para encubrir a sus agentes y lacayos que sí sabían del asunto. Sea lo que sea, esto coloca la batalla desatada por Petro en un nuevo terreno: enfrentar y denunciar al gobierno norteamericano.

¿Petro, se bajará del caballo?

Es bastante probable que Petro, en lugar de picar espuelas para lanzarse contra sus socios del norte ante hechos de enorme gravedad, como él mismo señaló al subirse a Pegaso, decida apaciguar al ahora jamelgo y buscar el momento adecuado para desmontar; dejando que el incidente quede sepultado entre solicitudes de aclaración, aclaraciones vagas o diplomáticos silencios.

Lo anterior se puede deducir de las cuidadosas declaraciones del embajador en Washington, Daniel García Peña, quien hasta ahora se ha limitado a señalar que “Tuvimos una reunión larga y franca con personas del más alto nivel del equipo de seguridad de la Casa Blanca. […] Esta reunión se dio gracias a que tenemos un muy buen momento en la relación, en la cual podemos hablarnos con franqueza y la cooperación entre los dos países está en un muy, muy buen nivel. […] …fuimos muy claros en exigir lo que en inglés se llama el “full disclosure”, que haga la revelación completa de la información que fue recopilada durante los meses en los cuales Pegasus estuvo operando, y al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación porque sabemos lo que sucedió en muchas partes del mundo, donde la herramienta fue utilizada con fines contrarios a la democracia.” Para rematar, a la pregunta de “¿O sea, esto le hace daño a la confianza?” [entre ambos gobiernos] el embajador respondió: “Yo creo que no; al contrario, creo que es una prueba de la confianza porque sabemos que los gobiernos son complejos, que hay muchas agencias que intervienen al respecto. Sí nos genera preguntas, pero no desconfianza todavía.” ¡El gobierno de Petro tiene “confianza” en el gobierno norteamericano y en su actuación en este asunto!. (Embajador Daniel García-Peña se reunió con altos funcionarios de la Casa Blanca para abordar la adquisición y usos del software Pegasus en Colombia | Embajada de Colombia).

¿Cómo defender la soberanía?

Si el gobierno de Petro y los partidos que integran el Pacto Histórico levantan aún entre sus principios defender y hacer respetar la soberanía nacional este es el momento de demostrarlo. No bastan las declaraciones y algunas notas diplomáticas solicitando “full disclosure”. ¿Creen acaso que el gobierno imperialista les entregará la información de a quiénes interceptaron y qué información recolectaron? Eso es asunto de seguridad nacional de Estados Unidos y no lo compartirán con gobiernos que ellos, como imperio, consideran sus vasallos. Además, con el próximo cambio de gobierno en Estados Unidos en algunos temas a Petro se le pondrá “el dulce a mordiscos”. Esas solicitudes “diplomáticas” pueden ser respondidas por Trump menos “cordialmente” que como lo hacen los actuales funcionarios de Biden que están empacando maletas para irse.

La mínima medida que debería adoptar el gobierno, y ya está en mora de hacerlo, debería ser el rompimiento de la totalidad de pactos militares y de “cooperación” que mantiene con el gobierno norteamericano. Todos esos pactos han sido y son una imposición abierta y directa al país. A cambio de ellos, una entrega total de soberanía, los gobiernos reciben año a año lo que no pasa de ser una limosna; unos cuántos centenares de millones de dólares denominados “ayuda” para el combate al narcotráfico.

Este incidente demuestra, hasta la saciedad, que las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia no las dirige el presidente de la República; son dirigidas, orientadas y sus acciones más importantes definidas desde el Pentágono, el Departamento de Estado y el Comando Sur de Estados Unidos.

Esa exigencia, rompimiento inmediato de dichos pactos, debería ser hecha al presidente Petro por los partidos y las direcciones de las organizaciones sociales que lo respaldan. No hacerlo es colocarse de rodillas ante el gobierno imperial. ¿Se bajará Petro del brioso Pegaso para arrodillarse? Pronto lo sabremos.

Gustavo Caballero U.
Bogotá, 12 de noviembre de 2024

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Manifiesto a Colombia y al mundo

COP DiverGente – Cumbre Ambientalista
Ciudadana y Autónoma

Cali, 26 y 27 de octubre de 2024

[Levantando una propuesta contraria a la mercantilización de la diversidad biológica y cultura que se expresa en la COP 16 en Cali, en Palmira se llevó a cabo la COP DiverGente. El gobierno de Petro, igual que los centenares de representantes de decenas de gobiernos que acudieron a la COP 16 de Cali, levanta propuestas engañosas de defensa del medio ambiente y la biodiversidad. Confunden la conciencia de millones en el mundo que, preocupados por la catástrofe ambiental en curso, buscan una salida a la misma. Esos gobiernos y sus voceros, representantes de los capitalistas de sus países, ocultan que mientras la economía capitalista domine a nivel mundial siempre la búsqueda de ganancias primará sobre la defensa de la naturaleza.

El Manifiesto de la COP DiverGente que reproducimos muestra con claridad que, más allá del espectáculo mediático y las declaraciones grandilocuentes, las políticas de gobiernos y organizaciones internacionales que confluyen en la COP 16 no son ninguna garantía para la defensa de la biodiversidad y el medio ambiente.] [Los Editores]

Reunida en la ciudad de Cali los días 26 y 27 de octubre de 2024, la “COP DiverGente – Cumbre Ambientalista, Ciudadana y Autónoma”, registra las palabras del secretario general de Naciones Unidas, señor Antonio Guterrez, en ocasión de la COP16: “Los países en desarrollo están siendo expoliados. El ADN digitalizado de la biodiversidad sustenta los descubrimientos científicos y el crecimiento económico. Pero los países en desarrollo no se benefician equitativamente de estos avances, a pesar de albergar una riqueza extraordinaria”.

La COP 16 está muy lejos de resolver estos desequilibrios. A pesar de los discursos encendidos con el lema “Paz con la naturaleza”, la COP 16 corrobora que es una frase más para la mercantilización de la naturaleza y de nuestra diversidad cultural y biológica, contra los derechos de exclusiva soberanía de nuestros Pueblos.

Las declaraciones de la Ministra de Ambiente de Colombia, son reveladoras: “Lo que proponemos de fondo, dice ella, es un nuevo pacto financiero, por eso invitamos al sector privado a construir de la mano un modelo sostenible que ponga en el centro el cuidado de la naturaleza y potencie las oportunidades que surgen de ella; esperamos que este portafolio sea un incentivo de capital y de avance para todos los sectores; sobre todo, para movilizar desarrollo regional y liderazgo global”, y agrega: “Este portafolio debemos traducirlo en tres monedas: biodiversidad, carbono y divisas fuertes”, definiéndola como una “Feria de economías” (El Tiempo, 28 septiembre 2024).

Reiteramos que la COP 16 es la mercantilización de la diversidad biológica y cultural de nuestros Pueblos, discrepamos de esta Conferencia y declaramos que estamos en contra de la biopiratería, como apropiación por parte de las corporaciones transnacionales de los beneficios financieros del uso de la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos; insumo de la biotecnología farmacéutica, del mercado agroquímico, así como de armas biológicas y patógenos contra las luchas de los pueblos, por parte de las grandes potencias del norte global.

Colombia -segundo país más biodiverso de la Tierra- es víctima, como nuestros países del “segundo orden”, del saqueo de la información de sus recursos genéticos, sin ningún beneficio para nuestros Pueblos, pues las grandes corporaciones ya se han apropiado de estos recursos y creado los Bancos de información del ADN con manejo de agendas secretas.

Antecedentes. La acción de nuestra COP Divergente no empieza ni termina hoy. Tiene como antecedentes, entre otros, la más poderosa movilización ambientalista ciudadana existente en Colombia, que es la defensa del agua y del Páramo de Santurbán, que se aúna a la lucha por una política autónoma el agua donde se respete el manejo de las fuentes abastecedoras por las comunidades; la lucha contra la mafia azucarera del valle geográfico del Cauca; la defensa del Macizo Colombiano y de ríos de Colombia como el Magdalena y el Cauca: y de las selvas, como la Amazónica y el Chocó Biogeográfico, en unión indisoluble con sus pobladores, sometidos al etnocidio y al ecocidio.

Dentro de los antecedentes más inmediatos de este proceso, sin duda, ocupa un lugar central la defensa de la Isla Gorgona, para impedir la construcción de obras militares de una Estación Guardacostas, que transgreden la mega biodiversidad de este frágil ecosistema, incluido en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; obras que lesionan el derecho de exclusiva soberanía de los pueblos ancestrales (sin consulta previa e informada), que estarían conducir a un ecocidio. Logramos el pasado 9 de abril ante el Tribunal de Bogotá, la defensa de estos derechos colectivos, mediante orden judicial de suspensión de la cuestionada licencia ambiental. Exigimos que el Gobierno, sin más trámites, proceda a su revocatoria.

Los derechos animan nuestra acción alternativa. Desde nuestra perspectiva, coincidimos con otros pensamientos, que existe una unión indisoluble de los seres humanos con la naturaleza. La naturaleza es la fuente los bienes indispensables para la vida. Por esto somos ambientalistas. ¿Puede acaso realizar un pacto de “paz con la naturaleza”, una civilización o una sociedad, carentes de solidaridad, que no respetan la vida humana ni su entorno natural? ¡Una civilización definida por el hambre, la miseria y la destrucción de la naturaleza!

Se ofrece a nuestros Pueblos como redención ambiental el «cambio de la deuda externa por naturaleza» (formulada en 1989 por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL). Esta es la principal bandera del Gobierno colombiano frente al norte Global, lo que equivales a decir: “quien contamina paga y quien paga contamina”. Afirmamos que lo esencial son los Pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, Rom (gitanos) y campesinos, con sus derechos inalienables, individuales, colectivos, territoriales y de autodeterminación. En consecuencia, afirmamos que no hay solución sin los pueblos. Son ellos quienes, en primer lugar, pueden defender la naturaleza y sus propios derechos.

En la cuenca amazónica, estratégica para el equilibrio climático del Planeta, continúa la ofensiva brutal de los terratenientes y ganaderos, de los megaproyectos de transnacionales extractivistas, con la deforestación y la destrucción de la selva, en contravía de los Pueblos originarios. Coincidimos en la defensa de la unidad transfronteriza de todos los Pueblos, para que la exclusiva soberanía Popular sea internacionalista.

La seguridad y soberanía alimentarias y nutricionales, deben enmarcarse dentro de las políticas para la sobrevivencia digna de la humanidad, enfocando sus planes, programas y actividades en la mejora continua de las condiciones de existencia dentro del derecho a una vida digna, planes fundados en el derecho de los Pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de producción, distribución, consumo; con capacidad de autoabastecer, autónoma y adecuadamente a sus comunidades; las actividades, en la asociatividad campesina y de Pueblos étnicos, deben promover la formación y capacitación permanentes, vinculada y encaminada al desarrollo de la economía solidaria, base fundamental para la construcción del poder popular. Nuestra opción en el desarrollo rural y agrario es la vía campesina y de los pueblos étnicos. Sus economías propias propician la soberanía y seguridad alimentarias en nuestros países.

El contexto nacional e internacional. En el contexto de la nueva revolución tecnológica, energética, del capitalismo, ante el declive, a un plazo determinado, de los combustibles fósiles, las potencias imperialistas y geopolíticas se disputan a dentelladas las zonas de influencia y los recursos naturales del Planeta. Una de las causas del despliegue de grandes fuerzas militares en el Mundo y en América es el control de los “recursos naturales” y sus fuentes, bajo relaciones neocoloniales de extractivismo; que, con la participación de las clases dominantes locales, conduce a la destrucción de la naturaleza y a injusticias sociales que lesionan los derechos de los Pueblos. El gran capital no abandona en la transición energética sus métodos brutales de acumulación y reproducción. No es propósito del capitalismo “salvar el Planeta”, ni cesar su condición depredadora de los seres humanos y de la naturaleza.

Los mares son el medio fundamental, en más de un 90%, de la comunicación, de las relaciones comerciales y militares en el Mundo; por lo cual las rutas y las vías interoceánicas, actuales o potenciales, tienen un lugar privilegiado en la “estrategia marítima” y militar de los EE. UU. En el “Corredor Marítimo, Ecuatorial Oriental” -que incluye el archipiélago ecuatoriano de las Galápagos, las islas Malpelo y Gorgona de Colombia, Coiba de Panamá, Coco de Costa Rica-, el Comando Sur de los EE. UU impulsa un proyecto regional con extensión al Mar Caribe (sobre la región ístmica del Continente); que, en Gorgona, como en todas partes, viola los derechos territoriales de los Pueblos ancestrales, su exclusiva soberanía y conduce al ecocidio.

Nuestro alineamiento y solidaridad es con todos los Pueblos, como hoy con el Pueblo Palestino sometido a un genocidio. No bastan algunas acciones diplomáticas plausibles, como la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel por el genocidio al Pueblo palestino; ni los discursos y declaraciones por la paz. La coherencia es indispensable y Colombia debe salir de la OTAN, de la subordinación al Comando Sur, renunciar a la Fuerza Marítima Combinada que bajo el mando de los EEUU opera hoy en el Oriente Medio y excluir cualquier posibilidad de acuerdo militar con las potencias geopolíticas mundiales.

Ante las preocupantes acechanzas de la ultraderecha orientadas a desestabilizar y ejecutar un plan fascista, estamos del lado de la alternativa gubernamental, sin deponer nuestros planteamientos críticos en especial en materia de políticas ambientales. Defendemos esencialmente el mandato popular expresado en las urnas y exigimos coherencia.

Propósitos inmediatos. Nuestro objetivo inmediato es articular una alianza ciudadana, autónoma del gobierno y sus instituciones. Demandamos a los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones sociales y la garantía efectiva de los derechos de la sociedad civil. Nuestra acción busca articular expresiones organizadas ambientalistas y sociales existentes, para potenciar la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos y los derechos de la naturaleza. Buscamos construir un proceso para sumar voluntades y poderes ciudadanos, consensuar objetivos y concertar iniciativas de movilización en torno de propuestas que surjan del debate y el consenso, en medio del disenso creador. Proponemos hoy fortalecer un proceso de movilización, de debate y acción. Con una perspectiva de lucha contra los modelos económicos depredadores de la naturaleza y los seres humanos. El presente Manifiesto, tiene como base la Convocatoria y la Declaración Previa, de esta COP Divergente Ambientalista, Ciudadana y Autónoma.

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Petro y la Constituyente

(Segunda parte)

Reformas y nuevas Constituciones

Antes de analizar lo que significó la Constitución de 1991 —la que Petro defendió durante décadas y ante la cual ahora insinúa que es necesario convocar una Constituyente para reformarla— es conveniente profundizar en cómo ese “pedazo de papel”, la Constitución, “la suma de los factores de poder”, se erige ante los habitantes de un estado en una intrincada maraña de instituciones que garantizan el dominio y control  de esa sociedad por parte del principal factor de poder: la totalidad de la clase dominante.

La telaraña que garantiza la explotación

Luego de múltiples declaraciones como las de “libertad”, “igualdad”, “fraternidad” y “orden”, sobre los fines supremos del Estado, de si él y la Nación están consagrados o no al Sagrado Corazón de Jesús, de si el poder emana de Dios o del pueblo, de proclamar –formalmente– derechos individuales y colectivos, de definir si hay monarquía constitucional –con un rey al que nadie elige y de quien no se sabe por qué es rey– o una régimen presidencial o parlamentario, con una o varias cámaras, las Constituciones dan forma y definen el conjunto de instituciones estatales, sus relaciones, sus funciones y los mecanismos para dirimir las contradicciones y enfrentamientos que se presenten entre ellas, es decir, entre los factores reales de poder que las controlan.

Así, las Constituciones definen las “ramas del poder”, cómo se estructuran esas ramas (elecciones o nombramientos), los tiempos de ejercicio, etc., etc. Se conforma lo básico de la telaraña que, en la vida diaria de una sociedad, constituye el régimen político existente en un momento dado. Una Constitución, por fluctuaciones en el equilibrio de las fuerzas que controlan el poder, puede servir de base a diferentes regímenes políticos siempre y cuando el factor decisivo de poder, la fuerza social dominante en la sociedad continúe siendo la misma.

Mientras la clase dominante continúe siendo la burguesía (nacional e imperialista) el Estado y su Constitución serán burgueses: su función es legalizar o hacer aparecer como un convenio entre todos lo que en realidad es una dictadura de clase de una minoría sobre millones de explotados y oprimidos.

Reformas y contrarreformas

Cada cierto tiempo, según las necesidades, conveniencias o luchas entre los factores de poder, a las Constituciones se les hacen reformas. Como el término expresa, una reforma no cambia la esencia de la cosa y se presenta, casi siempre, como una modificación positiva, una mejora que expresa un avance. A manera de ejemplo: la reforma de Rojas Pinilla en 1954 a la Constitución de 1886, de voto para las mujeres, no modificó el carácter esencial de esa Constitución, pero fue una reforma necesaria (y positiva). Una reforma puede ser más o menos profunda o ni siquiera merecer tal nombre y ser solo un pequeño “ajuste”.

También existen las contrarreformas, con las cuales se eliminan derechos o conquistas de un período anterior. A manera de ejemplo, una propuesta de cambio constitucional que elimine el derecho al aborto para las mujeres o que suprima el derecho de las comunidades indígenas a ejercer, en sus territorios, sus propias normas de justicia, sería una contrarreforma; así lleguen a denominarla reforma.

Las nuevas Constituciones

Las nuevas constituciones pueden ser producto de diversos procesos y el concepto “nuevo” no necesariamente significa que el factor de poder dominante, la clase dominante, haya dejado de serlo. No toda nueva Constitución expresa un avance democrático, positivo. Como ejemplo, la “nueva” Constitución chilena, luego del derrocamiento militar del gobierno de Salvador Allende, configuró un régimen profundamente reaccionario y dictatorial. Esa “nueva” Constitución fue producto de una derrota aplastante de la clase obrera que, en el periodo anterior, había ganado fuerza e intentado, sin lograrlo, derrotar a la burguesía dominante.

Pero también una nueva Constitución puede surgir de una victoria parcial, limitada, insuficiente, de los explotados y oprimidos. En 1979 en Nicaragua, al ser derribada por la vía revolucionaria la dictadura de Somoza cayó a la vez la vieja Constitución. Ello no significó, sin embargo, un cambio de la esencia del Estado. Continuó siendo un estado burgués y por lo tanto su Constitución una constitución burguesa; debido a que el FSLN se negó a profundizar la revolución, expropiar a la burguesía y avanzar hacia el socialismo.

1886 a 1991: un largo camino lleno de reformas

La Constitución de 1886 de Colombia, que rigió hasta 1991, terminó siendo una colcha de retazos. Fue sometida a reformas y reformitas de diversa índole en sus más de 100 años de existencia. Cada una de esas reformas, unas más que otras, expresó en su momento el equilibrio de fuerzas existente entre los sectores sociales, el desarrollo alcanzado por unos y otros, la diferenciación entre los sectores burguesas, la integración y sometimiento del país a la burguesía imperialista o las conveniencias y necesidades de la burguesía, banqueros, terratenientes y multinacionales imperialistas.

Un análisis detenido de todas las reformas de la Constitución de 1886, que no intentaremos aquí, llevará a la conclusión de que nunca perdió ni fue afectada seriamente su esencia: una Constitución para validar el dominio y explotación sobre el pueblo colombiano.

Pero el proceso social, el cambio de un país capitalista muy atrasado y aislado  a un país dominantemente urbano, con un desarrollo capitalista limitado aunque importante, entroncado con la economía capitalista mundial, con nuevos sectores sociales con peso significativo, con un proceso político convulsivo en las décadas previas a 1991, llevaron a la burguesía al convencimiento de que lo mejor ya no era intentar nuevas reformas sino optar por un cambio, en cierto sentido radical: formular una nueva Constitución.

La “nueva” Constitución de 1991 no surge del derribo revolucionario del reaccionario régimen político que se había configurado desde la caída de la dictadura de Rojas Pinilla en 1957. Tampoco es una “nueva” Constitución producto de una derrota a la clase obrera y a las masas populares explotadas y oprimidas. Es un producto complejo que vale la pena analizar con mayor detenimiento, lo cual intentaremos en la siguiente entrega de esta serie.

Luis García Pérez
Bogotá, 22 de septiembre de 2024

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Petro y la Constituyente

(Primera parte)

La fiebre no está en las sábanas

Desde cuando en marzo el presidente Petro planteó la posibilidad de una Constituyente, ante el empantanamiento en que se encontraban sus proyectos de reformas y el Acuerdo Nacional, ha transcurrido tiempo suficiente para comprender qué buscaba con su propuesta y qué alcance le daba. Entre el día de ese acalorado discurso y hoy el gobierno no ha presentado ningún proyecto, iniciativa o plan concreto para convocarla. A lo más que ha llegado ha sido a lanzar en la red X un extenso trino en el cual señala los puntos sobre los cuales deberían hacerse reformas constitucionales, reformas sobre las cuales solo hace enunciados generales.

Es posible la resurrección

La propuesta de convocar una Constituyente parece haberse diluido en el aire, igual que decenas de variada índole que Petro presenta en sus discursos. El ministro del Interior designado en la última recomposición de gabinete, Juan Fernando Cristo, político liberal afín al expresidente Santos, se declaró adverso a la propuesta cuando fue presentada. Al ser nombrado ministro matizó sus declaraciones anteriores, señalando que esa era una posibilidad, pero que lo importante y urgente era lograr acuerdos parlamentarios, negociando a diestra y siniestra con todas las fuerzas, en lo cual él es experto.

A pesar de no estar en este momento en primera plana de la agenda política no se puede descartar que la propuesta sea resucitada; en especial para la campaña del 2026, bajo el argumento de que las reformas preconizadas por Petro no fueron posibles por las trabas institucionales.

Esa resurrección podría ser en manos del propio Petro –quien dice que no le interesa la reelección, pero hay franjas de su partido que la proponen. Podría ser en cuerpo ajeno, en otro candidato del Pacto Histórico o del partido unificado que intentan construir. La Constituyente sería una bandera de campaña para dar continuidad al denominado gobierno del cambio. Por lo anterior, continúa siendo importante referirse al tema y analizar la propuesta desde un punto de vista revolucionario.

Un pedazo de papel

Es elemental que las Constituyentes se convocan para elaborar una nueva constitución o, al menos, para reformas significativas a la existente; aunque algunas se pueden hacer a través de otros mecanismos. Hay que preguntarse entonces, ¿qué es una Constitución?

Ferdinand Lasalle, el dirigente socialista alemán que participó en la revolución de 1848, en sus conferencias recogidas en el texto ¿Qué es una constitución? responde con claridad meridiana:

“He ahí, pues, señores, lo que es, en esencia, la Constitución de un país: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país.

Pero, ¿qué relación guarda esto con lo que vulgarmente se llama Constitución, es decir, con la Constitución jurídica? No es difícil, señores, comprender la relación que ambos conceptos guardan entre sí.

Se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas. Y quien atente contra ellos atenta contra la ley, y es castigado.” (Ver: Fernando Lassalle, ¿Qué es una Constitución?, Madrid 1931 (filosofia.org) (negritas y bastardillas en el original).

¿Quién tiene el poder?

En el mismo texto Lasalle precisa que: “Los factores reales de poder que rigen en el seno de cada sociedad son esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son.”

Los “factores reales de poder” que rigen una sociedad son diversos, con distinto peso entre sí y, como en todos los procesos sociales, están en constante cambio y movimiento. En las sociedades modernas el “factor real de poder” decisivo, que determina en última instancia el carácter del estado de ese país, es cuál es la clase o sectores de clase que dominan esa sociedad por el hecho de ser dueños de los grandes medios de producción.

En el caso de Colombia y de la totalidad de semicolonias el factor real de poder decisivo, es decir, quien tiene el poder, es la burguesía integrada por sus diversos sectores: la burguesía industrial, los banqueros, los terratenientes, los grandes comerciantes. Todos ellos están unidos como socios menores, verdaderos lacayos, a la gran burguesía imperialista que es a la vez dueña de las multinacionales. Juntos son, en palabras de Lasalle, lo decisivo de “esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas” y, por tanto, determinan el carácter burgués del estado, lo cual se expresa en su Constitución.

Otras clases sociales como la pequeña burguesía y la clase obrera, las comunidades (indígenas o afrodescendientes) o fracciones del campesinado, según su importancia numérica, su grado de desarrollo y, ante todo, en el caso de la clase obrera, su grado de organización y movilización para defender sus derechos, también son factores reales de poder; pero al no ser dueños de los grandes medios de producción no determinan el carácter del Estado y, por tanto, de su Constitución.

Para mantener la sociedad bajo su dominio, para salvaguardar su propiedad sobre los medios de producción, el “factor real de poder” decisivo tiene que abrir, buscar o aceptar –porque se ve obligado a ello—que los otros factores de poder, es decir, las otras clases sociales, se sientan cobijadas bajo la Constitución que rige en cada periodo histórico o, como mínimo, la acepten y se sometan a ella. En general se busca que ese sometimiento sea pacífico. Pero de ser necesario para lograrlo se utilizará toda la fuerza al alcance del “factor real de poder” decisivo.

Se comprende así que, de ser necesario, la burguesía y el imperialismo consideran también a sus constituciones un pedazo de papel; que están dispuestos a romper si, para mantener su dominio, es necesario hacerlo. Son las expresiones políticas de la pequeña burguesía y sus dirigentes quienes hacen un fetiche de las normas constitucionales y las consideran sagradas.

Los revolucionarios debemos tener claro que así se haya conquistado que en alguna constitución burguesa se incorporen normas que son favorables a la clase obrera y sectores oprimidos esas constituciones continuarán siendo la expresión del poder dominante de la burguesía y el imperialismo. Que mientras no se destruya ese poder en la sociedad la totalidad de leyes e instituciones jurídicas “no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son”; leyes e instituciones para mantener, en última instancia, el poder burgués-imperialista; porque la fiebre no está en las sábanas, ni el poder en un pedazo de papel.

Luis García Pérez
Bogotá, 21 de agosto de 2024

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Exigimos garantías democráticas para las organizaciones obreras revolucionarias frente a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del gobierno Petro

El principio de independencia de clase no se negocia con la burguesía

Sin organización obrera independiente de los partidos de la burguesía y pequeña burguesía, los trabajadores y sectores populares no derrotaremos el régimen antidemocrático que se perfeccionó con las instituciones conformadas desde 1991. Tampoco sin un plan de lucha y movilización que materialice un Paro Nacional contra la burguesía, organizado y votado por las organizaciones obreras y los trabajadores desde la base, será difícil deslindar terreno con lo que propone el Pacto Histórico, su anunciada propuesta de “Unidad Nacional”, donde el gobierno busca asegurar su gobernabilidad en beneficio de los capitalistas. Ya vamos para la recta final de un gobierno atrapado en las redes de ese viejo régimen, impuesto a sangre y fuego por los partidos de la burguesía de todos sus pelajes en los últimos 30 años. El gobierno se aproxima a una nueva legislatura, que será definitoria para dar solución a: la crisis social, económica y política; en definitiva, para mostrar resultados de “cambio” por el cual fue elegido Petro.

La constitución de 1991, el trasfondo para un acuerdo nacional burgués

El propósito de cambiar la constitución de 1886 correspondía a una adaptación a las necesidades del capital internacional y las nuevas ofensivas del imperialismo para asegurar mercados a sus multinacionales. Es decir, romper el proteccionismo que reinaba en las economías semicoloniales, dar paso a la “apertura económica y la flexibilización laboral”, necesaria para recomponer las ganancias y asegurarla sobreexplotación y saqueo de los recursos naturales, pues ya preveían la restauración capitalista en la URSS y China. Colombia aseguraría los mecanismos del llamado neoliberalismo, dando paso a las privatizaciones de los ejes estatales, como Salud, Servicios públicos, banca, transporte y comunicaciones. Es decir, la desaparición del ISS, TELECOM, BANCO POPULAR, BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, FERROCARRILES NACIONALES, COLPUERTOS, autopistas y aeropuertos. Para ello se dio una ofensiva con asesinatos de dirigentes sindicales, destrucción de sindicatos y desmantelamiento de las leyes que protegían la estabilidad laboral y salarial conquistada en el siglo XX. La romántica historia de que la Constitución de 1991 fue un triunfo democrático, quedó sepultada por la sangría de pobreza y despojo en campos y ciudades, para asegurar que la riqueza producida por los trabajadores pasara a beneficiar a las multinacionales y un puñado de familias de la oligarquía colombiana. La forma de derechos y flexibilidades del estado solo terminó al servicio del control político de las elites económicas y la corrupción institucional de los partidos que gobernaron como los Liberales y Conservadores. Las definiciones de derechos democráticos y políticos, de garantías sociales quedaron reducidas a ser un “servicio público”, donde solo accede quien tenga dinero.

Este fue el plan de la constitución de 1991, que llevó al “Acuerdo Nacional” tras la reinserción del M-19. La centralización del presupuesto nacional para dar garantías al endeudamiento financiero internacional, la independencia del Banco de la Republica del gobierno, para darle control al FMI y la banca internacional sobre las condiciones de inversión del Estado. La descentralización administrativa y elección de alcaldes y gobernadores, para reorganizar la jauría de partidos que se apropiarían de los recursos del Estado y dar facilidad a las inversiones imperialistas. Sin duda la apariencia de una economía más liberal y de un Estado más moderno y democrático, ocultaban el proceso abierto de capitales más concentrados en pocas manos y el dominio de la tierra para una burguesía emergente que floreció tras el narcotráfico.

Iniciando el siglo XXI es cuando se consolida el llamado uribismo, protegido por el ala del imperialismo norteamericano, auspiciado por el “Plan Colombia” y consolidando el régimen de terror con la legalidad del ejército y la financiación burguesa del paramilitarismo sin cuyo amparo no habría podido gobernar por más de 20 años sin oposición. Todos los partidos de la burguesía se reencaucharon y bebieron del saqueo oficial en estos últimos treinta años, los mismos que se unieron con el último gobierno de Duque para aplaudir la represión en el estallido social de 2021, también fueron los mismo que se opusieron la candidatura de Petro y Francia Márquez, llamando a votar por el corrupto ingeniero que está condenado hoy por corrupción.

El estallido social, sacude el régimen

Las promesas de progreso y desarrollo con la constitución de 1991, solo quedó en evidencia de un marco jurídico que arrinconó a los pobres y a las regiones abandonadas del estado y saqueadas en beneficio de las multinacionales, los terratenientes y la oligarquía nacional. Las garantías laborales desaparecieron con la Ley 100 de salud, Ley 50 del CST, la persecución a los sindicatos y el asesinato de millares de dirigentes, redujeron la movilización y resistencia social, se encasillo la oposición de la llamada izquierda parlamentaria a jugar un rol de improductivas denuncias sobre el paramilitarismo, pues lo que terminó reinando es la plena impunidad a los crímenes de estado, de las cúpulas del ejército, de los empresarios y los vínculos del imperialismo con el paramilitarismo y el narcotráfico. Petro jugó un papel en esta confrontación democrática, escaló a la alcaldía de Bogotá donde no salió de su línea progresista, sin romper con los negocios capitalistas. La llamada izquierda que estuvo a la cola del movimiento de masas, aplazando el Paro Nacional, de pronto en 2020 a 2021, se vio forzada a encabezar una lucha, pero terminó utilizándola para sus fines electorales y sin pena ni gloria, prometió resolver los reclamos del estallido social en un nuevo gobierno. Pero conto con un régimen burgués que no se modificó ni un ápice, los viejos mecanismos de control en todos los poderes, han cumplido su cometido para cerrar las vías de cualquier modificación sustancial en las bases del neoliberalismo, por lo que la ruta de gobernabilidad se ha resumido en llegar al “Gran Acuerdo Nacional”, con los mismos que modificaron la Constitución de 1886.

Las garantías democráticas solo las ganaremos en las calles

Se plantea que solo podemos aspirar a los cambios “posibles”, pero con la resistencia institucional de una burguesía (centro derecha, derecha, ultraderecha) empecinada en ver el fracaso del actual gobierno, para argumentar el fracaso de la izquierda y garantizar un nuevo continuismo que les permita ir a fondo en los planes de ajuste reaccionario que salve a los capitalistas de la crisis mundial. La salida del gobierno es redoblar la apuesta por ese “Acuerdo Nacional”, incluso a costo de sacrificar a sectores como el magisterio, quienes dieron su apoyo y voto al gobierno, acordando con el uribismo la privatización directa de la educación con la llamada ley Estatutaria, derrotada en un primer asalto.

Ahora se levanta la promesa de una Asamblea Nacional Constituyente, que está regida por el congreso que negó las reformas, y debe ser aprobada por la corrupta jerarquía judicial. Por lo menos exigimos garantías democráticas para las organizaciones obreras y populares, que se nos prohíbe acceder a los medios de comunicación, la televisión estatal, la radio y la prensa. Todos los medios de comunicación son monopolios de la banca y el gran capital, y nunca dará voz a millones de los que nos movilizamos en el estallido social y no confiamos en las instituciones de la burguesía, como el congreso, los jueces, ministros, fiscales, etc. El camino solo es preparar una Asamblea Nacional Obrera y Popular que vote el Paro Nacional y ratifique un pliego de exigencias que debe ser ganado de nuevo en las calles.

Darío Serrat
Julio de 2024

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Luego del 21 de abril y 1º de mayo

 ¿Qué sigue?

¡Empate! Ese podría ser el dictamen de un juez imparcial sobre el resultado del desafío entre quienes convocaron las marchas del 21 y la del 1º de mayo.

Las primeras, llamadas por las fuerzas de oposición burguesas, agruparon la inquietudes, resentimiento y zozobra que existe en amplias capas; en especial de la pequeña burguesía urbana que mira de reojo a un gobierno que, según sienten, amenaza su precaria estabilidad.

Petro y su gobierno, para no quedar acorralados, se vieron obligados a jugarse el todo por el todo. Procedieron a apoderarse de la tradicional manifestación del 1º de mayo; realizando una verdadera maniobra de usurpación política. El respaldo y entrega incondicional al gobierno de la mayoría de la dirección sindical lo permitió.

El 1º de mayo participaron algunos miles más o algunos miles menos que el 21 de abril en las ciudades principales. Pero eran distintos. Fueron habitantes de sectores populares, afiliados a decenas de sindicatos, funcionarios del gobierno –muchos que por primera vez desfilaban en esa fecha– y toda la militancia de las organizaciones de izquierda quienes salieron a las calles el 1º de mayo. La debilidad de una opción política revolucionaria independiente del gobierno hizo aparecer a la totalidad de las manifestaciones de ese día como de apoyo Petro y sus propuestas.

Euforia de pocas horas

Similar a como lo hicieron luego del 21 de abril los dirigentes de la derecha, en las horas posteriores al Primero de mayo los funcionarios del gobierno y dirigentes del Pacto Histórico se ufanaron de la masividad de la manifestación. Tenían razón. Mostraron que entre las ilusiones que aún se mantienen y diversas medidas asistencialistas para algunos centenares de miles, el gobierno mantiene una base social de respaldo significativa; así las encuestas –casi siempre amañadas– señalen un desgaste sistemático.

Pero la euforia duró poco. El gigantesco escándalo de corrupción de la compra de los carrotanques para La Guajira volvió a saltar a primera plana. Los dos principales implicados, Olmedo López anterior director de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Sneyder Pinilla, subdirector, anunciaron su disposición a contar ante la Fiscalía todo el entramado de corrupción y al servicio de quienes se había desarrollado, acusando directamente a los presidentes de Senado y Cámara, buscando con ello beneficios jurídicos.

Si bien la UNGRD ha sido una olla podrida desde su conformación este escándalo salpica directamente al gobierno Petro. Olmedo fue nombrado por él y cuando se señalaron los primeros indicios de corrupción Petro lo respaldó. Solo bastante después se decidió a removerlo del cargo.

A lo anterior se unió la decisión de Omar Hernández, un contratista de Daily Cop, la firma de criptomonedas acusada de una estafa millonaria, de contar todo lo que sabe sobre los aportes ilegales de dicha empresa a la financiación de la campaña de Gustavo Petro; acusando directamente a uno de los principales alfiles del presidente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, de haber sido el canal para el ingreso de tales aportes.

Por si fuera poco, en la investigación que cursa en el Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Petro por violación de los topes de financiación los magistrados encargados presentaron proyecto de formulación de cargos. ¡Una vuelta más a la tuerca!

Aguas revueltas

Es difícil prever los desarrollos que tendrán los procesos en curso en los días y semanas próximas. En todos los frentes las aguas están revueltas y hay signos de tormenta por los cuatro costados.

La crisis política que se ha desatado ya ocasionó la división del partido Verde, aliado del gobierno, y muchos piden el retiro de los presidentes de Senado y Cámara. Como consecuencia, la actividad parlamentaria tiende a la parálisis, lo cual coloca en riesgo las negociación y aprobación de las reformas propuestas por el gobierno.

La política de paz total parece avanzar hacia el fracaso total o que solo se logre una paz minúscula, negociando con algún grupo periférico. La negociación con el ELN (fundamental en este proceso) está en crisis y esa organización declaró que reiniciará la actividad de secuestro, para poder financiar su actividad. Desde el 16 de marzo se suspendió el cese al fuego con el Estado Mayor Central en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca; ante las sistemáticas violaciones de este por parte de esa organización. Si bien están abiertas puertas de diálogo con la Segunda Marquetalia no hay claridad de un marco jurídico para una negociación; debido a que la mayoría de ellos fueron firmantes de los Acuerdos de La Habana y, al haberse rearmado, perdieron la totalidad de beneficios. Los acuerdos con grupos de carácter delincuencial en varias ciudades no se consolidan y con la más grande organización delincuencial, que intenta reivindicar carácter político, el Clan del Golfo, están rotas las negociaciones.

La propuesta de conformación de un partido único entre todos quienes conforman el Pacto Histórico para convertirse en una fuerza más sólida de respaldo al gobierno y hacia las elecciones del 2026 fracasó ante la negativa de muchos a desprenderse de las personerías jurídicas, que les brindan beneficios económicos por la entrega de avales y los pagos por restitución de votos.

La propuesta de desarrollar un proceso constituyente no se concreta; se ha convertido en un discurso vacío por parte de Petro, para arengar en las manifestaciones y eventos en los cuales hace presencia, pronuncia un enardecido discurso y vuelve a tomar las de Villadiego. En contra de ella tiene además a varios de sus aliados o figuras más importantes, como el ministro del Interior y el parlamentario Iván Cepeda, uno de los negociadores principales con el ELN.

Futuro incierto

Entre tanto Petro se ha lanzado a las plazas públicas, a realizar eventos que trata de convertir en manifestaciones de respaldo en cuanto municipio y barrio puede visitar, iniciando de hecho la campaña electoral de 2026; así señale que ese año él entregará el gobierno. Proclama la necesidad de varios periodos más de un gobierno progresista, para poder desarrollar y consolidar las reformas que hasta ahora son solo proyectos. A la vez, sistemáticamente ha señalado que viene el golpe blando, que todas las investigaciones que se desarrollan contra su gobierno, contra su campaña, contra su hijo, son solo desarrollo de ese golpe blando. En respuesta a la decisión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral de formular cargos contra su campaña, trinó en X, “comienza el golpe blando”.

No es de descartar que él mismo y las fuerzas que lo respalden convoquen pronto nuevas manifestaciones de respaldo y que también lo hagan las fuerzas reaccionarias de la derecha. Tampoco es de descartar que diversas instituciones del régimen, ante la gravedad y seriedad de muchas de las acusaciones que pesan contra figuras claves de su entorno, procedan a adoptar medidas que serían consideradas por Petro como un ataque directo a él y decida actuar desconociendo a esas instituciones. Ello podría desatar una crisis política institucional de dimensiones desconocidas.

Lo dominante del proceso político y de las enormes contradicciones que se presentan tiene hasta ahora un curso superestructural. Pero ese curso puede sufrir modificaciones súbitas que vuelquen a centenares de miles a asumir posiciones a favor o en contra en forma activa.

El enorme desafío para las débiles organizaciones revolucionarias será mantener una posición independiente de las fuerzas burguesas y del reformismo gobiernista; levantando banderas propias que permitan avanzar en la construcción de una propuesta para salir del atolladero que significan un gobierno reformista, defensor del capitalismo, socio y aliado del gobierno imperialista, o el retorno de un gobierno agente directo del gran empresariado como fueron los anteriores.

Francisco García R.
Bogotá, 9 de mayo de 2024

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El 21 de abril se movilizaron
quienes defienden la salud como negocio

La crisis de la salud en Colombia está fuertemente ligada a la ley 100; pues si bien a partir de esta ley se mejoraron las coberturas, esto no quiere decir que haya mejorado la calidad en el acceso a los servicios de salud en las ciudades y las zonas rurales, donde las condiciones se hacen más complejas.

La crisis de la salud no es actual, es una crisis que lleva años y que con el modelo de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), antes llamadas Empresas Prestadoras de Salud (EPS) se profundizó; ya que, se impuso un modelo de privatización que llevó a la desfinanciación de importantes hospitales públicos en todo el país.

Cuando se diseñó la Ley 100 y se estructuró el sistema auguraba que para la primera década de este siglo el 70 % de la población estaría afiliada al régimen contributivo y el 30 % al régimen subsidiado. Sin embargo, el régimen contributivo tiene actualmente una participación de afiliados de solo un 43,13 %, mientras el régimen subsidiado tiene una participación del 56,87 %, lo que contradice la predicción. A pesar de que el Plan Básico en Salud (PBS) busca proveer servicios suficientes, su alcance sigue siendo limitado y muchos usuarios no reciben los servicios que requieren[1].

El gobierno de Petro heredó este grave problema de varias décadas y a pesar de que quiso pasar una reforma a la salud con grandes limitaciones y que no presentaba cambios estructurales, los negociantes de las EPS en conjunto con los sectores políticos más reaccionarios buscan no solo defender sus intereses si no posicionarse como opción para las próximas elecciones, con el fin de volver a gobernar.

El sistema de salud en crisis para la clase trabajadora y de ganancias para las EPS

La pregunta que debemos formular es ¿Quién pierde en esta crisis del sistema de salud? Definitivamente las EPS no pierden nada, estas velan por mantener sus ganancias. Para entender esto, debemos tener en cuenta que se ha presentado la falsa idea de que hay pocos recursos destinados al sistema de salud. Sin embargo, se encuentra que la principal fuente que es la denominada Unidad de Pago por Capitación (UPC), dinero que reciben las EPS por cada afiliado, ha crecido progresiva e ininterrumpidamente en los últimos años en Colombia; incluso para 2023 tuvo un crecimiento histórico promedio del 16,23%, muy superior a los periodos anteriores[2].

El exdirector del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González, sugiere la inviabilidad financiera del sistema de salud en Colombia. Las causas de esta inviabilidad serían, en primer lugar, los mayores costos en todas las EPS; en segundo lugar, los menores ingresos en del régimen subsidiado; en tercer lugar, los mayores gastos administrativos del régimen subsidiado y finalmente, el impacto de las tecnologías no incluidas en el plan de beneficios en salud (PBS). Es decir, el problema sigue siendo que el dinero del estado pasa por un intermediario que busca enriquecerse en detrimento de la prestación del servicio a pesar del aumento del presupuesto a partir de la UPC, donde finalmente los más afectados son quienes hacen parte del régimen subsidiado que en últimas son los sectores con mayores vulnerabilidades sociales.

La crisis de la salud en el gobierno de Petro

Después de que cayera la limitada reforma a la salud del gobierno de Petro en el marco de un congreso dominado por los partidos políticos tradicionales y que defienden a capa y espada los intereses de los capitales, el gobierno tomó la decisión de intervenir algunas EPS para verificar el uso de los recursos y la prestación del servicio.

La realidad es que la intermediación en el sistema de salud ha generado deudas millonarias entre las EPS y los hospitales, clínicas, productores de medicamentos y productores de insumos, son casi 30 billones de pesos, es decir, más de dos reformas tributarias. Esto ha generado un desabastecimiento de medicamentos y por tanto ha impuesto un proceso de priorización de servicios a partir del Plan Básico en Salud (PBS), el cual no garantiza el tratamiento de todas las enfermedades. Esto quiere decir que, si usted se enferma y necesita un procedimiento que esta por fuera del PBS, implica un costo extra que se le debe pagar a las EPS; y solo hay dos formas de pagarlo, que usted asuma el costo de su bolsillo, lo cual puede ser muy costoso o que por medio de una tutela el estado se lo pague a la EPS.

Por otro lado, después de la pandemia por COVID 19, los costos del servicio de salud aumentaron de forma importante y esto no quedó considerado en el cálculo de la UPC que realizó la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el gremio de las EPS y hoy advierten que aumentó el número de los servicios en un 15% entre 2021 y 2022, es por esta razón, que dicen que el aumento del 16% del presupuesto que les dio el estado en 2023 no les alcanza[3].

Pero, las EPS reciben otro monto llamado Reservas Técnicas, que se supone se deben usar para cubrir los gastos que no se cubren por la UPC; un recurso que está destinado para que supuestamente no haya deudas: Sin embargo, varias EPS han sido intervenidas por desviar estos recursos para generar otros negocios como en el caso de Saludcoop quien fue intervenida hace unos años por este delito.

El gobierno ha impuesto ante la Fiscalía una denuncia que plantea que aproximadamente 9 billones de pesos han sido desviados por las EPS para generar otros negocios, razón por la cual hoy las EPS están en alerta y se pronuncian en contra del gobierno de Petro y sus avances en las intervenciones[4].

El 21 de abril marcharon en contra de la salud como derecho

Todo el arco político de los partidos tradicionales y fuerzas políticas de derecha que históricamente han defendido los intereses de los grandes negociados de la salud y han defendido la Ley 100 han salido a convocar a una movilización un domingo para mostrar su rechazo contra el gobierno y su respaldo hacia las EPS.

Movilizarse a favor de este sistema de salud caduco y desigual es movilizarse en contra del derecho a la salud como parte fundamental de la vida de las mayorías sociales. Vale recalcar que apoyar al gobierno en su reforma a la salud y el proceso de intervención también puede ser limitado; pues las propuestas del gobierno no logran generar soluciones de fondo que permitan que se solucionen las grandes desigualdades en salud para la clase trabajadora del país.

Luchemos por un sistema de salud para la clase trabajadora y los sectores populares

Por más buenas ideas, la política de conciliación de clases del gobierno no va a dar buenos frutos. Es posible que veamos un revolcón del sistema de salud, pero no logre transformar el negocio en derecho; ya que sigue manteniendo los privilegios de los negociados y empresas de la salud que nos han traído a la actual crisis. Es por esto que las y los revolucionarios debemos mantenernos firmes con las exigencias del pueblo colombiano en contra de la ley 100 y por la desaparición de las EPS incluso proponiendo cambios que vayan más allá para solucionar el problema de la salud.

Los y las revolucionarias proponemos para el pueblo colombiano, exigirle a este gobierno:

• Terminar con la ley 100.
• Por un sistema de salud completamente público, gratuito y universal bajo control de trabadores y usuarios.
• Expropiación de los espacios físicos y tecnológicos de las EPS e IPS privadas.
• Fortalecimiento del sistema público de hospitales con altos estándares de calidad técnica, tecnológica y humana.
• Aumento de los servicios de salud a nivel nacional con garantías de acceso a sectores empobrecidos de las ciudades, campesinos, indígenas y afros de los territorios.
• Por un sistema de salud al servicio de la prevención y la cura de la enfermedad. Implementar procesos de Atención Primaria en Salud en todos los territorios del país con total democracia de las comunidades y les trabajadores.
• Por el pase a planta permanente de todos y todas las trabajadoras de la salud que hoy tienen contratos de prestación de servicios, por hora labor, planta temporal y de libre remoción y nombramiento.
• Por el aumento del personal de salud con todas las garantías laborales en todo el territorio nacional, para atender de forma hospitalaria y en salud pública en los territorios. Fortalecimiento de la formación media y técnica en salud, en todas las universidades públicas y el SENA

Lorena Perdomo

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[1] Pérez, A. (2011). La comunicación sobre la salud en medios digitales cubanos. En: Revista Cubana de Salud Pública, 37(3), pp. 288-305. 

[2] Briceño, Leonardo (2023). ¿Qué está ocurriendo con las EPS en Colombia? Nova et Vetera. Universidad del Rosario. https://urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/salud/que-esta-ocurriendo-con-las-eps-en-colombia

[3] La silla vacía.  La crisis de la salud: ¿Y eso a mí qué?. https://www.youtube.com/watch?v=XlNMrT19w0Q&t=21s

[4] Infobae, https://www.infobae.com/colombia/2024/04/08/unos-9-billones-entregados-a-las-eps-se-habrian-desviado-para-usos-diferentes-a-la-atencion-en-salud-fiscalia-abrira-investigacion/