La calidad educativa
Más allá de los despidos
y la privatización
Por: Víctor Cardona
Subdirectiva municipal ADEC Sopó
La enmienda a la ley estatutaria de la educación, propuesta por congresistas de la derecha más reaccionaria, ha puesto en jaque el futuro de la educación en el país. Bajo la bandera del «mejoramiento de la calidad educativa» se esconden intenciones que podrían significar un retroceso en los derechos y garantías de los estudiantes y docentes que se conquistaron con décadas de luchas.
La exposición mediática de la ley, su enmienda y la movilización de los docentes, ha generado una creciente ola de opinión que pone en el centro de la crítica el papel de los maestros como única variable de mejoramiento de la calidad educativa. El discurso de Paloma Valencia y David Luna, que propone medidas como «despedir a los malos profesores» o privatizar la educación, ha encontrado eco en las conversaciones diarias, presentándose como una solución única. Es fundamental, sin embargo, considerar las diferentes perspectivas sobre este complejo tema y evitar soluciones simplistas que no aborden las raíces del problema.
La comprensión del tema exige un recorrido por las políticas educativas de países que actualmente sirven como modelo a seguir. Es preciso señalar que la preocupación por la calidad y equidad educativa se intensificó en la década de 1990 a nivel internacional. Los organismos multilaterales, mediante conferencias e informes, impulsaron procesos de incidencia en este ámbito. El informe Delors, titulado «La educación encierra un tesoro«, marcó un hito al promover una profunda reflexión sobre la equidad y la calidad en la educación.
A finales de la década de 1990, los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), caracterizados por su alto nivel de desarrollo económico, implementaron una prueba estandarizada llamada PISA. Esta evaluación compara el rendimiento académico de estudiantes de 15 años en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias. Desde entonces, los resultados de PISA han tenido una influencia significativa en las políticas educativas a nivel mundial, posicionando a algunos países como referentes a seguir. Un ejemplo notable es Singapur, que durante varios años ha ocupado el primer lugar en el ranking de PISA.
Revisando el caso del Singapur en comparación con las propuestas de la enmienda a la ley colombiana de educación es importante aclarar algunos puntos importantes: en Singapur se prioriza la educación pública, destinando el 99% de los recursos a este sector. Los colegios privados son considerados una opción excepcional para la élite del país, sin ocupar un rol central en el sistema educativo. Así mismo, la comparación entre la inversión per cápita en educación de Singapur y Colombia revela una brecha significativa, según datos del Banco Mundial en el país asiático se invierten US$ 16.200 per cápita al año, mientras que en el latinoamericano apenas se alcanzan los US$ 1.000.
En cuanto a la formación, selección y retención de los docentes, también existen diferencias significativas. En Singapur la remuneración de los docentes se encuentra entre las más altas del país. El salario de entrada es un 30% superior al PIB per cápita, posicionándolo solo por debajo de Corea del Sur y Alemania. En cuanto a la formación, los futuros maestros reciben un entrenamiento práctico y con un componente importante de investigación educativa; los docentes inician su proceso de selección al mundo laboral en el mismo momento en que ingresan a su proceso formativo y los resultados de las evaluaciones no son motivo de despido, sino que se utilizan para brindar acompañamiento permanente por parte del ministerio de Educación y líderes escolares.
Se hace importante precisar que ante la ausencia de argumentos sólidos que sustenten que el mejoramiento de la calidad educativa se logra retirando a los “docentes malos” y privatizando la educación lo que dichas afirmaciones esconden es más bien la intención de acabar con el sindicato más grande de país que ha demostrado una importante incidencia política, acompañando demandas gremiales y sociales que casi siempre conflictúan con los intereses de la derecha colombiana.
16 de junio de 2024
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¡Todos a las calles a defender la educación pública
financiada por el estado y la carrera docente!
Avance de las políticas neoliberales
Desde el año 2007 – 2008 venimos arrastrando una crisis económica mundial del sistema capitalista. El gobierno Colombiano con Álvaro Uribe Vélez implementó medidas para mitigar los efectos de la crisis, con políticas fiscales, redujo los presupuestos e inversión en educación pública y la salud entre otros. Avanzó en la implementación de las políticas neoliberales y el plan privatizador orientado por los organismos internacionales como el BM, BID y FMI donde la educación pública debe ser considerada como una mercancía.
El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, fue uno de los líderes políticos que promovió la idea de los vouchers educativos durante su mandato. Durante su presidencia (2002-2010), se discutió la implementación de este sistema como una forma de mejorar la calidad de la educación en el país.
El gobierno Petro no se ha quedado atrás
Si bien, algunos sectores magisteriales llamamos a votar en contra de Rodolfo Hernández, no dejamos de reconocer que, Gustavo Petro como el mismo lo ha dicho, es un progresista y que cree firmemente en las reformas para hacer del capitalismo algo “más humano”, fundó en el 2011 el Movimiento Progresistas (posteriormente Colombia Humana). En 2021 fue uno de los fundadores de la coalición Pacto Histórico, compuesta por diversos partidos y movimiento sociales, es decir, un pacto con los sectores de la burguesía, corruptos y responsables de la crisis de este país, entre otros.
Algunos medios de comunicación y “varios analistas políticos son quienes consideran a Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda del país”[1]. Ideología que no viene al caso, por ejemplo, cuando al ganar la presidencia dijo: “vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”, llamó a un gran acuerdo nacional e invitó a los mandatarios “progresistas” de Latinoamérica a unir esfuerzos.
En las elecciones legislativas el movimiento político de Petro no obtuvo las mayorías en el Senado, por lo que ha realizado concesiones en las negociaciones con otros partidos, en cumplimento de su política de hacer un gran acuerdo nacional. De ahí, se explica porque el nombramiento de ministros como Alejandro Gaviria, asesores, defensores de la política neoliberal y algunos acuerdos que rayan con los intereses de los explotados de este país.
Medidas para mitigar los efectos negativos en el sector educativo
En la tan anhelada búsqueda de la “calidad de la educación” y en el acceso a recursos educativos, el gobierno de Petro en cabeza de la ministra de Educación busca adaptarse a la situación y concilian una ley estatutaria con los partidos más reaccionarios como la oposición del Centro Democrático, Partido Conservador y Cambio Radical, que termina por arrasar los derechos adquiridos de los docentes, las condiciones laborales y la defensa de la educación pública de Colombia como un derecho. Las pocas garantías que tenemos hoy los maestros, las hemos ganado con la lucha y movilización en las calles, nada ha sido regalado.
La dirigencia sindical de FECODE y de los sindicatos regionales
son los responsables de la inestabilidad del magisterio.
Hemos defendido las organizaciones sindicales, porque son las organizaciones de los maestros y la clase trabajadora. Pero hemos sido críticos con la dirigencia sindical en su actuar y la forma como han conducido nuestras luchas por mejores condiciones.
Fue la dirigencia sindical de FECODE y algunos dirigentes sindicales regionales los que matricularon al magisterio en el Pacto Histórico sin consultarnos, son ellos los que han levantado la consigna de apoyo irrestricto al Gobierno del cambio y a sus reformas sin un análisis crítico de las mismas.
Llevan dos años utilizando la movilización para apoyar las reformas neoliberales y el gobierno, desfigurando el único método que tiene la clase trabajadora para la defensa de sus derechos, de esa manera han confundido y han generado contradicciones en los maestros con la consecuente pérdida de independencia sindical y la democracia obrera, son ellos, los responsables de la inestabilidad que tenemos hoy los maestros.
Lo que está en el medio de los derechos de los maestros y la lucha por alcanzarlos, es la dirigencia sindical conciliadora y entreguista que dirige la mayoría de las organizaciones sindicales en el país y principalmente la dirigencia de FECODE. Por ello, debelar su carácter traidor es una necesidad urgente. El hecho que estemos a puertas de ser aprobada una ley con tremendos despojos es responsabilidad del entusiasmo, confianza y respaldo a un gobierno y una ministra que les queda más fácil hacer un acuerdo con lo más podrido y corrupto de país, que con la clase trabajadora.
No a la concertación y la conciliación como método de lucha.
El modelo educativo neoliberal se caracteriza por la centralización curricular, la definición de competencias y estándares, la financiación de la educación según la demanda, la contratación con empresas privadas, la flexibilización laboral, evaluaciones como mecanismo de control fiscal e ideológico, la tercerización del personal administrativo como las secretarias, las bibliotecarias, los vigilantes, los restaurantes escolares, hacer de las instituciones educativas empresas prestadoras de servicios y que tengan libertad para competir entre ellas.
Vuelve y juega el método de la concertación y la conciliación. Método que consiste en perder algo para ganar algo, ceder para no perder todo. Igual suerte correría el magisterio si se lleva al Senado a discusión el estatuto docente, ya que este método es el que utiliza hoy la dirigencia sindical y el gobierno para conciliar una ley estatutaria de educación.
Lo crítico es que la concertación y la conciliación de la enmienda a la ley estatutaria de la educación, que se discute en el Senado, se pierde todo lo que hemos logrado en los últimos 30 años, destruye la organización sindical más grande que tiene Colombia, FECODE, termina desfinanciando la educación pública y con la evaluación a los docentes medida por la eficiencia en los resultados de los estudiantes, desconociendo los contextos escolares y responsabilizando a los maestros de la mala calidad educativa, vienen por todos los maestros, lo que falta para acabar con la educación pública.
Exigimos el retiro de la ley estatutaria de la educación.
Alertar el peligro que estamos corriendo es insuficiente ante la magnitud del problema que enfrentamos hoy. Hay que dar la lucha por la resistencia contra la reforma educativa. El paro nacional indefinido, la movilización y la protesta masiva es el único camino que queda. No se sale a las calles por gusto, no se corren riesgos por placer, se sale a las calles porque vemos la necesidad de defender nuestros derechos a un trabajo con todas las garantías materiales para su ejercicio, por el derecho a que los avances de la ciencia y la tecnología estén al servicio de nuestros estudiantes y a que tenga la financiación necesaria por parte del estado.
El gobierno con la urgencia de salvar los acuerdos con los organismos internacionales con la OCDE y con el FMI, con la ley estatutaria se saltó la negociación con FECODE, entrega en bandeja de plata los derechos del magisterio, por ello salimos a las calles, nos obligan a marchar contra la reforma, por ello exigimos el retiro de la ley estatutaria de la educación.
Que se constituyan comités de paro por institución en todo el país, con un delegado elegido para asistir a la deliberación sobre cómo y cuándo levantar el paro.
Necesitamos recuperar las organizaciones sindicales para la lucha y la defensa de los maestros y los trabajadores, con total independencia frente al patrón y sus gobiernos.
Con la movilización podemos echar atrás todas las políticas de hambre y miseria por eso debemos unirnos en un gran paro nacional con todos los sectores que hoy están en conflicto y organizarnos mejor incluido el sector de la salud.
¡Ruptura inmediata de todos los pactos y acuerdos con los partidos y organismos internacionales que imponen el modelo neoliberal de la educación al servicio del capitalismo!
Bogotá/Medellín, 11 de junio de 2024
[1] Los Ángeles Times. 2022.
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El trámite de la ley estatutaria de educación
La encrucijada de Petro
Por: Víctor Cardona
Subdirectiva Municipal Sopó (ADEC)
Carlos Vergel
Activista Sindical ¡UNÍOS!
El pasado jueves 6 de junio, la ministra de Educación Aurora Vergara anunció emocionada que se había logrado “avanzar en la construcción de consensos para darle al país la respuesta que habían estado esperando desde 1994”; por su parte Germán Blanco, presidente de la Comisión Crimera del Senado de la República manifestó en una entrevista recogida en la página oficial del ministerio de Educación Nacional: “Todos los partidos políticos, los del gobierno y la oposición, nos pusimos de acuerdo para firmar una enmienda, a pesar de las diferencias se puede hacer una construcción colectiva”.
Los dos funcionarios se estaban refiriendo al trámite de la ley estatutaria de educación que de manera unánime fue aprobada en la Comisión Primera y quedó a un debate de convertirse en ley en la plenaria del Senado.
Al conocerse los detalles del texto, el júbilo del gobierno contrastó con la preocupación de los docentes, quienes encontraron en el articulado algunos párrafos con políticas complejas que afectan directamente los derechos laborales conquistados mediante décadas de luchas.
Dicha realidad ambivalente se vuelve más compleja al no comprender por qué la ley se distanció tanto de las demandas de los maestros que comunicaron formalmente al gobierno en un pliego de peticiones. Los docentes, fieles escuderos del gobierno del cambio, quedaron desconcertados al encontrarse en el documento con políticas que históricamente se han cuestionado como el enfoque de competencias, la tercerización del derecho, la evaluación de desempeño subordinada a los resultados de las pruebas de estado, la no garantía de la educación preescolar de tres grados, entre otras.
Con este panorama, el presidente Gustavo Petro tiene en su poder la salida a este problema político, su dilema es: o saca adelante una de las pocas reformas que le va a aprobar el legislativo, con lo cual pasaría a ser un gobierno progresista que lidera una contrarreforma neoliberal, o respalda las luchas históricas de los maestros retirando la ley. Cualquier decisión que tome afectará fuertemente al sistema educativo, de por medio está la garantía del derecho para millones de colombianos.
Sin conocerse los detalles del supuesto acuerdo de la ministra con la derecha más reaccionaria representada por los congresistas de la bancada del Centro Democrático y Cambio Radical, así como tampoco sus motivaciones; se hace necesario hoy más que nunca que los docentes se unan en un frente común para generar acciones contundentes en la defensa de la educación pública.
Para dar cuenta de ello, se hace importante tener claro que las acciones deben ir dirigidas a exigirle al gobierno que retire el proyecto, conducir la movilización al Congreso sería una batalla perdida ya que la derecha tiene las mayorías.
Así mismo, hay que darle claridad a las formas, las acciones de incidencia tienen que tener en cuenta el monstruo al que enfrentan, en dicho proyecto se materializaron las intenciones históricas de la derecha del país y por eso no se puede titubear con la movilización.
Las propuestas que ya circulan de decretar un paro de 24 horas son poco efectivas. Por eso, hacemos un llamado al Comité Ejecutivo de FECODE para que convoque a todas sus filiales a un paro indefinido, hasta que el gobierno retire el proyecto de ley estatutaria de la educación.
#ParoIndefinidoYa
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¡Derecho a la salud con garantías!
¡No al negocio de la salud!
¡Abajo la intermediación!
¡Por la recuperación y el fortalecimiento
de la red pública hospitalaria con todos
los avances de la ciencia y la tecnología!
Luego de que el presidente Gustavo Petro, el pasado 9 de octubre del año 2023, anunciara la suspensión del proceso de convocatoria para la nueva contratación de los servicios médico asistenciales para el magisterio, en razón a hallazgos de irregularidades y corrupción en el Fomag y La Fiduprevisora y la prórroga del contrato existente al momento, por 6 meses más, se abrió en el país y por supuesto al interior del Comité Ejecutivo de Fecode un fuerte debate político alrededor de lo que sería un “nuevo modelo de salud” para el magisterio. La mayoría de los ejecutivos comenzaron una propaganda temeraria sobre las intenciones del gobierno de acabar no solo el régimen especial del magisterio sino también el Fondo de Prestaciones del Magisterio, con una férrea defensa del modelo en salud que ha demostrado ser ineficaz y malo, por decir algo, desde hace 35 años cuando se aprobó la Ley 91 del 89. Hoy, luego de muchas reuniones del Comité Ejecutivo, la Junta Nacional, pleno de direcciones regionales y mesas técnicas, se llegó al acuerdo de aceptar el “nuevo modelo de salud”, concertado con el gobierno nacional. Hay que agregar que para esta decisión hubo ausencia de asambleas y debates con las bases. Si bien este nuevo modelo avanza parcialmente en la eliminación de la intermediación, es bastante limitado y no resuelve los problemas de fondo. Petro, en acuerdo con Fecode, introduce el nuevo modelo, como “piloto” de su reforma a la salud para el resto de los trabajadores, garantizando la participación de los privados, dado que la red pública de salud está en ruinas, como consecuencia de la aplicación de la ley 100 y el avance de la privatización de la salud.
El nuevo modelo generó expectativas de cambio en la pertinencia y oportunidad en la prestación de la atención médica para los maestros y sus beneficiarios, reconociendo todos los obstáculos para acceder a este vital derecho con el anterior modelo, así como la configuración y fortalecimiento de monopolios privados que se han lucrado con la salud como negocio. Sin embargo, tres semanas después de iniciada la implementación del nuevo modelo, los problemas antes de solucionarse se agravan.
Faltó previsión del Fomag, frente a la previsible resistencia de los empresarios de la salud y los defensores del modelo de intermediación, así como frente a los mecanismos de aseguramiento de la continuidad de tratamientos especializados. Se evidencia improvisación en la organización de las redes de prestación de los servicios. No ha existido un mecanismo ágil ni adecuado para desarrollar la transición de un modelo a otro, generándose muchas incertidumbres, pero, sobre todo, alto riesgo para la vida; sobre todo de aquellos pacientes con enfermedades catastróficas y tratamientos que requieren imperiosa continuidad.
Se evidencia incoherencia en el actuar del gobierno, cuando firma a través del ministro de Hacienda, la asignación de la presidencia de la Fiduprevisora al señor Mauricio Marín, cuota clientelista del Partido de la U en el gobierno (parte de los acuerdos burocráticos del Pacto Histórico) y luego lo señala, a través del ministro de Salud, como el responsable del impedimento para implementar el nuevo modelo.
Mientras los responsables se lanzan acusaciones y la derecha y sus medios de comunicación hacen festín con los nuevos errores del gobierno, los que pagan las graves consecuencias son los maestros y sus familias. Sin dejar de denunciar las responsabilidades por los graves errores, hoy es fundamental y urgente resolver el problema de la atención en salud en todos los niveles para los maestros y sus familias, estabilizar y regularizar los procedimientos médicos y diagnósticos pendientes, la entrega de medicamentos, así como las intervenciones quirúrgicas. Luego hay que ganar al gremio a dar la batalla por derogar la Ley 100, causante de la destrucción de la red hospitalaria pública, y recuperar la estatización de la salud. Así mismo, rediscutir el manejo de cesantías y pensiones, que, si bien está resguardado por el Fomag, está sometido a la crisis de desfinanciación de este.
Los maestros no depositamos confianza alguna en partidos políticos de la burguesía o sus representantes políticos, causantes de la crisis de salud y pensiones y favorecedores del enriquecimiento de empresarios y banqueros a costa de convertir estos derechos en mercancías y denunciamos su preocupación por la salud del magisterio y sus familias como una actitud hipócrita y oportunista.
Con la intención de defender los recursos del magisterio, el presidente Petro propone que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES sea la que se encargue de girar los dineros de la atención directamente a las IPS. Esta medida favorece el desmonte de la intermediación, pero mantiene las ganancias al sector privado dueño de las IPS y también al transformar las EPS en Gestoras de Salud, quienes recibirán el 5% y hasta un 3 % más de los recursos de capitación, por realizar trámites administrativos y de direccionamiento.
Por su parte, los medios de comunicación de la derecha sirviendo de bocina de los monopolios, hacen campaña de desprestigio político del gobierno y contribuyen con el sabotaje que las entidades de salud y la fiduprevisora han venido desarrollando durante las tres semanas de implementación del modelo.
Sin embargo, una cosa sí es clara, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio enfrenta una compleja situación; desde hace años está en crisis gracias a la desfinanciación generada por los gobiernos y de los reiterados casos de corrupción. Sumado a esto, el modelo de salud sigue siendo un negocio con el que particulares se quedan con un alto porcentaje del dinero y durante estos años han sido exactamente los mismos operadores que cambian de nombre, hacen uniones temporales y en la actualidad algunos de ellos, son los que están en el periodo transitorio hacia el nuevo modelo de salud del magisterio y en su gran mayoría con desatención a los maestros en diferentes partes del país, con la excusa de que el problema es el software.
Al respecto, consideramos lo siguiente:
- Dado que es necesario eliminar la intermediación financiera y la integración vertical para la prestación de la salud, no es suficiente esta política para responder a la garantía de los derechos fundamentales de los maestros y el pueblo. Por eso, le exigimos al gobierno que adelante acciones para fortalecer la red pública hospitalaria con todos los avances de la ciencia y la tecnología al servicio de todos e igualmente ponga toda la capacidad estatal y los entes de control al servicio de la garantía de la salud y la vida de los maestros y sus beneficiarios.
- Que el gobierno denuncie públicamente los casos de corrupción que conoce al interior de la FIDUPREVISORA que lo llevaron a tomar la decisión de declarar desierta la invitación pública para la nueva contratación.
- Mejorar el servicio de salud para la zonas rurales y más alejadas del país, lo que se resuelve fortaleciendo los centros de salud, creando unidades de atención de alto nivel y una red hospitalaria que garantice salud para los maestros y toda la población con atención de fácil acceso, oportuna con suministro eficiente de los medicamentos de excelente calidad.
- Exigir al gobierno que active el Sistema de Gestión de la salud y seguridad en el trabajo para el magisterio como lo establecen las normas y convenios internacionales garantizando riesgos profesionales y la salud mental.
A la dirigencia sindical le exigimos que:
- A través de la más amplia democracia y recuperando su independencia frente al gobierno, se elabore un plan de acción que incluya un paro por la salud y la vida.
- Exigir a la FIDUPREVISORA que responda por la transparencia en el manejo del dinero, vele por la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus beneficiarios y del pago de las prestaciones sociales (pensiones y cesantías).
- Crear las veedurías y los mecanismos de control independientes del prestador del servicio y de las juntas directivas de los sindicatos, es necesario velar por la buena prestación del servicio, la medicación tanto eficaz como oportuna y el manejo de los recursos. En ese sentido es urgente volcar toda la capacidad organizativa, de veedores de salud, activistas y dirigentes con permiso sindical a hacer presencia permanente en los centros de salud, para orientar y apoyar al magisterio en la exigencia de sus derechos y la plena atención a las necesidades de salud.
¡Si queremos un cambio de verdad, hay que recuperar nuestra independencia y movilización!
Unidad Docente – PST
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¡Derecho a la salud con garantías!
¡No al negocio de la salud,
por un fortalecimiento de la red pública hospitalaria
con todos los avances de la ciencia y la tecnología!
Marco internacional y nacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han respaldado el Marco de Alianza con el país de Colombia para el periodo 2024-2027. Esta nueva alianza estratégica respalda los objetivos de Colombia con respecto al Plan Nacional de Desarrollo (PND)[1] de Petro, que mantiene las políticas neoliberales de privatización y protección de los monopolios que se apropian de los negocios de la salud, entre ellos el del magisterio.
Para materializar el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia se propone entre otros, ajustar algunas condiciones del actual sistema de salud para mejorar las condiciones de acceso (esto se refleja a partir del artículo 150 hasta el 168 de la Ley 2294 de 2023)[2], de ahí que las reformas a la salud en Colombia y la salud del magisterio deben cambiar para dar cumplimento a los planes de continuidad y sostenibilidad de la oferta y la demanda que genere ganancias, en el marco de una crisis económica mundial que venimos arrastrando desde el año 2008.
Al mismo tiempo, la mayoría de la dirigencia sindical de FECODE y la mayoría de la dirigencia de los sindicatos regionales como ADIDA Y ASDEM, entre otros colectivos de docentes; matricularon al magisterio en respaldo y apoyo incondicional al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico, sin consultar sus bases y parten de la definición política de apoyo a las reformas sin cuestionamiento. Cualquier crítica que se haga a las reformas del gobierno es duramente atacada.
Conciliación y concertación de derechos
A raíz de la reunión sostenida con el presidente Gustavo Petro el pasado 9 de octubre del año 2023, el ejecutivo de la Federación Colombiana de trabajadores de la educación FECODE estaba dividida ante el problema con el sistema de salud que está atendiendo a los docentes y sus familias. La mayoría de ejecutivos comenzó una propaganda temeraria sobre las intenciones del gobierno de acabar no solo el régimen especial del magisterio sino también el Fondo del Magisterio, con una férrea defensa del modelo en salud que ha demostrado ser ineficaz y malo por decir algo, desde hace 35 años cuando se aprobó la Ley 91 del 89; hoy vemos como la mayoría de la dirigencia sindical se subió al bus del oportunismo, la conciliación y la concertación apoyando el “nuevo modelo de salud”, sin consultar ni informar a las bases del magisterio. Petro, con la complicidad de la cúpula de la burocracia sindical, decidió “un nuevo modelo de salud”, experimento que aplicarán en el sector docente y luego lo llevarán a la clase trabajadora como ocurrió con la Ley 100; conservando la intermediación y fortaleciendo la red privada en salud. Rechazamos esta estrategia que no soluciona el precario servicio de los maestros y sus familias y exigimos un fortalecimiento de la red pública hospitalaria con todos los avances de la ciencia y la tecnología.
El Sistema de Salud del Magisterio está regido por la Ley 91 de 1989
“Con la Ley 91 de 1989 de Barco, se privatizó la salud de los educadores colombianos, política neoliberal que se hizo extensiva a los demás trabajadores con la Ley 100 de 1993 (ley del entonces senador Álvaro Uribe). Los directivos de FECODE presentaron la Ley 91 como “la gran conquista”, pero fue esta ley la que privatizó la salud y se le asestó un duro golpe al régimen prestacional al perderse la retroactividad de las cesantías y la pensión gracia. A todos los maestros se nos aumentó la cotización al Fondo de Prestaciones del Magisterio (FOMAG), supuestamente para salvarlo, iniciativa votada en el XVI Congreso de FECODE en 2001”.[3] Algunos sectores magisteriales hemos manifestado que hay que derogar la Ley 91 que abrió el camino a la privatización, eso no quiere decir que se acabe el “régimen especial” del magisterio, sino organizar la lucha contra los grandes mercaderes de la salud, además de exigir un servicio prestado por el Estado para todos los trabajadores en el país.
Con la intención de defender los recursos del magisterio, el presidente Petro propone que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES sea la que se encargue de girar los dineros de la atención directamente a las IPS, de esa manera posibilitar el negocio y las ganancias al sector privado, quienes se han apropiado de todo el sistema hospitalario. En consecuencia, lo que el gobierno está haciendo es revisar y ajustar la Ley 91 del 89 con la cual hemos evidenciado que el servicio de salud es ineficaz, cada vez más inoportuno, de calidad peor y presa de la corrupción. Petro, quiere conciliar los intereses de los trabajadores y la población de escasos recursos con los del gran capital nacional e internacional, explotador, depredador, guerrerista y genocida por naturaleza.
Por su parte, los medios de comunicación de la derecha han revuelto todas las ideas para generar pensamiento contra el Gobierno. Sin embargo, una cosa sí es clara, el fondo de prestaciones sociales del magisterio enfrenta una compleja situación, desde hace años está en crisis gracias a la desfinanciación de los gobiernos y de los reiterados casos de corrupción difundidos. Sumado a esto, el modelo de salud sigue siendo un negocio con el que particulares se quedan con un alto porcentaje del dinero y durante estos años han sido exactamente los mismos operadores que cambian de nombre, hacen uniones temporales y en la actualidad algunos de ellos, son los que están en el periodo transitorio hacia el nuevo modelo de salud del magisterio y en su gran mayoría con plena improvisación y desatención a los maestros en diferentes partes del país, con la excusa de que el problema es el software.
Al respecto, consideramos lo siguiente:
- Dado que es necesario eliminar la intermediación financiera y la integración vertical para la prestación de la salud, no es suficiente esta política para responder a la garantía de los derechos fundamentales de los maestros y el pueblo. Por eso, le exigimos al gobierno que adelante acciones para fortalecer la red pública hospitalaria con todos los avances de la ciencia y la tecnología al servicio de todos.
- La Ley 91 de 1989 tiene que ser derogada porque abrió el camino a la privatización, la intermediación en la salud magisterial y en la administración de las prestaciones del magisterio. Necesitamos avanzar hacia la estatización del sistema de salud de los docentes y por qué no, del pueblo colombiano. El problema de la salud se resuelve con la derogación de la Ley 100.
- El nuevo modelo de salud es una política neoliberal que continúa, ya que el Estado contrata el servicio con la empresa privada que se fortalece en tanto que continúa con el desmonte de la red pública, el problema de fondo es la contratación, sea directa o indirecta.
Por todo lo anterior exigimos al Gobierno:
- Que denuncie públicamente los casos de corrupción que conoce al interior de la FIDUPREVISORA que lo llevaron a tomar la decisión de declarar desierta la invitación pública para la nueva contratación que entregue los nombres a los entes investigativos correspondientes, para que respondan por esos hechos y castiguen a los culpables y los inhabiliten para contratar.
- Mejorar el servicio de salud para la zonas rurales y más alejadas del país, lo que se resuelve fortaleciendo los centros de atención como METROSALUD, creando unidades de atención de alto nivel y una red hospitalaria que garantice salud para los maestros y toda la población con atención de fácil acceso, oportuna con suministro eficiente de los medicamentos de excelente calidad.
A la dirigencia sindical le exigimos que:
- A través de la más amplia democracia se tomen las decisiones para el futuro del magisterio colombiano. Negociación con la presencia de las bases del magisterio.
- Mantener la independencia de clase y exigir a la FIDUPREVISORA que responda por la transparencia en el manejo del dinero, vele por la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus beneficiarios y del pago de las prestaciones sociales (pensiones y cesantías).
- Exigir al gobierno que implemente el Sistema de Gestión de la salud y seguridad en el trabajo para el magisterio como lo establecen las normas y convenios internacionales garantizando riesgos profesionales y la salud mental.
- Crear las veedurías y los mecanismos de control independientes del prestador del servicio y de las juntas directivas de los sindicatos, es necesario velar por la buena prestación del servicio, la medicación tanto eficaz como oportuna y el manejo de los recursos con transparencia, conforme a los principios de la Constitución Política de Colombia).
¡Si el cambio es real, que sea para superar las carencias de todo tipo posible
y caminar por logros benignos para el magisterio y trabajadores colombianos!
Docentes ¡UNÍOS!
[1] https://www.wradio.com.co/2024/02/14/banco-mundial-anuncia-alianza-con-colombia-para-llevar-a-cabo-plan-nacional-de-desarrollo/
[2] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf
[3] Peñaloza C, Olga Lucia. La salud y los acuerdos después del paro de 2017.
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Unidad, solidaridad y lucha para la defensa del sindicalismo hacia la real transformación de la sociedad
[Divulgamos el pronunciamiento de la Corriente Magisterial Unidad Docente – ¡UNÍOS! con ocasión del llamado de Fecode a movilizaciones el 8 de febrero]
Todo gobierno intenta tener bajo su control directo o indirecto la totalidad de instituciones, el nuevo gobierno ha generado enormes fricciones entre las instituciones del régimen dado que el triunfo de Petro revolcó las aguas de la putrefacta, política colombiana como subproducto de un gigantesco proceso de movilización de masas, frente al cual el propio Petro se proclamó como el más apto para frenarlo, es así como en el momento actual, las fracciones de clase que se le oponen luchan por mantener el control y utilizar las instituciones a su favor. Ese es el juego normal de la mal llamada democracia.
Un punto más que se agrega a la crisis del movimiento sindical
El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de trabajadores de la Educación-FECODE sin consultar a sus bases destinó dineros de los aportes de sus afiliados a partidos políticos, cuyos principios, fundamentos y planes de lucha, no han sido debatidos por los trabajadores en general para considerarlos partidos de los obreros. Esto es un hecho más que se agrega a la ya evidente crisis del movimiento sindical producto del método de la concertación, la conciliación, el parlamentarismo, la lucha jurídica de manera individual y no colectiva; la realización de paros y de pliegos, así como el levantamiento de los mismos, sin consulta a las bases; la práctica continua de firmar acuerdos que no representan a los trabajadores y de igual modo, el no permitir que otras voces se puedan expresar con todas las garantías.
No por ello, no podemos dejar de levantar nuestra voz de protesta en defensa de la Federación, frente a lo que dice la misma FECODE una “acción sistemática orientada a estigmatizar, señalar, levantar falsas imputaciones, difundir una campaña de odio infundada” hacia los trabajadores en general y los maestros en particular. La Federación es de los docentes y para el servicio del movimiento obrero, por eso la debemos defender de los ataques de la clase política anquilosada y de los medios de comunicación al servicio de las élites políticas y burguesas de este país.
Somos los trabajadores aplicando nuestros propios métodos al interior de las organizaciones, los que debemos hacer la crítica a la dirección y hacer los correctivos. Lo ocurrido a la sede de la Federación es una amplia violación de la autonomía y libertad sindical.
Por garantías de las organizaciones obreras
Este ataque de la FISCALÍA a la FECODE tiene que ser rechazado por todos y cada uno de los trabajadores y servir para que esta última, encabece un plan de lucha con el cual todas las organizaciones de los trabajadores gocen de la adecuada protección contra todo acto de injerencia de las organizaciones patronales y autoridades del Estado en la vida interna y el desarrollo de los sindicatos. Se exija también, la protección a los trabajadores para que podamos ejercer nuestros derechos sindicales como el derecho a la huelga; para que el Ministerio del Trabajo vele realmente por las garantías del respeto al derecho de asociación sindical, adopte medidas adecuadas que estimulen y fomenten entre los patronos por una parte y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.
En otras palabras, FECODE en compañía de las demás centrales obreras, debe liderar la defensa del convenio 98 de la OIT de 1948, para el derecho de sindicalización y negociación colectiva, haciendo énfasis en los mecanismos de protección de los trabajadores en el ejercicio de estos derechos, con el gozo de la adecuada protección, contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el derecho a tener un trabajo digno, justo y de participación en la toma de decisiones que afecten a los trabajadores.
Dicho plan debe potenciar, además, la Democracia Sindical que abra el debate franco y sincero de cara a los obreros, donde sean los trabajadores quienes decidan qué camino seguir.
Este plan de lucha debe incluir acciones para levantar la moral de los trabajadores, fortalecer las organizaciones sindicales, elevar el prestigio del sindicalismo en Colombia, recuperar la movilización como el único método para alcanzar los derechos perdidos, mantener los que aún están vigentes y alcanzar los que aún nos faltan. A su vez, permita la autonomía de los sindicatos respecto al gobierno y la plena lealtad de las direcciones a los intereses y objetivos de las bases.
Propuestas que debe reivindicar la Fecode y las centrales obreras
Las propuestas obreras no pueden ser inferiores a las necesidades de miles de trabajadores, por tener un empleo digno, con todas las prestaciones, que le resuelva de una vez el problema de ingresos para sostener las familias en salud, alimentación, recreación y estudio.
Se debe recuperar los derechos que los gobiernos a favor de los patronos han impuesto con contrarreformas laborales arrebatando los derechos y conquistas más importantes como la jornada laboral de 8 horas, el servicio médico gratuito y eficiente para los trabajadores y sus familias, así como la estabilidad laboral.
La crisis económica no puede recaer sobre los trabajadores y los sectores populares y campesinos.
Resaltamos la importancia, entre otros aspectos, de:
1. Un pliego estatal de actualización salarial.
2. No a la intermediación en salud. La cual debe ser prestada a través de la red pública de hospitales fortalecidos.
3. Se debe extender la forma de ascenso y el escalafón del estatuto docente 2277 para todos los maestros, sin detrimento de los ascensos alcanzados por los maestros 1278, se descongele el escalafón 2277, es decir, se siga ascendiendo hasta su jubilación y juntos (2277 y 1278) luchar por el salario profesional que dignifique al maestro como intelectual de la educación.
Exigimos al Comité Ejecutivo de Fecode que:
1. Exija la reincorporación de los docentes provisionales que a raíz del concurso docente fueron declarados cesantes. el movimiento de los provisionales le ha demostrado al gobierno que pueden ser incorporados al trabajo sin afectar el mérito de los que pasaron el concurso.
2. Retire la propuesta de estatuto docente que actualmente tiene en discusión para avanzar en la concertación de este en la Comisión Tripartita, porque no parte de la defensa del estatuto 2277, dicha propuesta no unifica al magisterio del país, contiene puntos nocivos en su conjunto y entrega los pocos derechos que nos quedan.
3. El estatuto 2277 es el resultado de una lucha heroica y contundente del magisterio colombiano, ganado con la lucha y la movilización, por lo tanto, no se puede derogar como lo expresa el artículo 112 de la propuesta. Exigimos al ejecutivo de FECODE que vele por su permanencia, continuidad y luche por el descongelamiento salarial de estos maestros.
4. La estrategia de la lucha del magisterio debe ser la de reconquistar el estatuto 2277 para todo el magisterio, incluyendo los maestros que entraron al servicio estatal después del 2005 y recoja a los maestros del sector privado en lo concerniente al ascenso, escalafón y garantías laborales.
5. Defender en la calle mediante la movilización, el documento construido por las bases del magisterio, con el objetivo de que el gobierno, presionado por la huelga, negocie con los maestros. Se aplique así, una política de negociación coherente con la clase trabajadora y el magisterio, que no acepte la concertación del estatuto en una comisión tripartita.
6. Se debe recoger e integrar garantías para el ejercicio docente de las minorías étnicas, afro y género diversas y así se fortalezcan sus comunidades, libres de la discriminación y opresión.
7. Por una ley general de educación que fortalezca el presupuesto educativo, se reduzca el número de estudiantes por maestro y se garantice el ascenso permanente hasta la jubilación.
El estatuto docente debe posicionar al maestro como sujeto político, como intelectual de la educación y trabajador pedagógico que responda al desafío social de la actualidad, por la defensa de la educación pública.
Atentamente,
Maestros y maestras
Corriente Magisterial Unidad Docente ¡UNÍOS! -Unidad Obrera Socialista
Febrero 8 de 2024
———En defensa de la educación pública y el derecho a la salud,
apoyamos el paro nacional del magisterio
¿El “nuevo” viejo modelo de salud para el magisterio
y sus familias?
30 de agosto de 2023
Como colectivos que hacemos parte del movimiento sindical, social y popular, saludamos este paro de 24 horas, convocado por la Federación Colombiana de Educadores de Colombia – Fecode, que tiene como objetivo principal mostrar las dificultades en la atención de salud del magisterio y sus familias. Estamos ad portas de una “nueva” contratación en salud para el magisterio, que de “nueva” tiene más bien poco, poco. Pues desde la creación de la ley 91 de 1989 “La mayoría de las regiones tienen desde el 1 de enero de 1990, cuando empezó el Fondo de Prestaciones del Magisterio, el mismo prestador y coincidencialmente son algunos de los lugares de donde se reciben más quejas, lo que ha llevado a imponer algún tipo de sanción”[1]
Reiteramos, con vehemencia, que el modelo de salud para la atención del magisterio fue el experimento piloto para la aplicación de la Ley 100 de 1993 a los trabajadores. En consecuencia, es mentira que nuestro modelo de salud sea diametralmente opuesto a la Ley 100. Solo tiene algunos elementos que la diferencian, pero, en ambos, la intermediación es la columna vertebral del negocio. No obstante, con el gobierno del cambio o gobierno amigo, gran parte de la dirigencia sindical sigue defendiendo la Ley 91 de 1989, que es lesiva en algunos aspectos en las prestaciones sociales del magisterio.
Leyendo un poco el Acuerdo N° 5 de 2022 del 30 de diciembre de 2022 del Consejo Directivo Del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, encontramos arbitrariedad en el concepto establecido en la estandarización en la atención a la población, pues establecen unos parámetros que no corresponden a las vulnerabilidades de la población, dado los estilos de vida que exige el sistema capitalista. Además, no se entiende por qué en dicho acuerdo se consideran “atención adicional” cinco especialidades médicas, a saber: ginecología, obstetricia, pediatría, medicina familiar o medicina interna, como también que el servicio de psicología esté sujeto a “la disponibilidad de la oferta”. Nosotros podríamos pensar que esos servicios en salud no son adicionales sino consustanciales a la atención integral de la salud.
También, consideramos que el mecanismo de contratación planteado en el acuerdo no resuelve el histórico y crónico problema de salud en el magisterio, pues es sabido por todos que, desde hace varias convocatorias los contratistas siguen siendo los mismos monopolios, generalmente con la venia de la dirección de la Fecode, que hace parte del Consejo Directivo de dicho organismo.
De otro lado, pero todo que ver, es el tema de las veedurías en salud, mismas que se han convertido en un eslabón más de la intermediación donde no interesa la afectación colectiva sino el favor personal que le hagan al maestro. Por esta vía resuelven problemas personales y, fundamentalmente, mantienen y engordan muchas veces la clientela que les da réditos sindicales para sostener las maquinarias políticas que vienen reproduciendo la burocracia sindical. Mecanismos muy lesivos para el derecho de todos a gozar de principios de oportunidad y equidad en uno de los temas más sensibles, como es la atención oportuna en la salud.
Hacemos un llamado a las bases para que estemos muy atentos a las negociaciones de FECODE con el gobierno del cambio, pues son muchos temas que están sobre la mesa de los que depende la dignificación del maestro y la defensa de la educación pública. Solo por mencionar algunos: reforma constitucional al Sistema General de Participaciones – SGP; la conformación de un nuevo estatuto de la profesión docente; la convocatoria a ascenso y reubicación de los maestros del 1278, que desde el 2018 no se surte este supuesto derecho; la retroactividad a los 8.000 compañeros que hicieron el curso. Mantener la independencia de los patrones y del gobierno nos hará avanzar y mantener las conquistas logradas en años de lucha sindical y política.
El Proyecto Ley No. 192 de 2022 del Senado: “Por medio del cual se crea el bono escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones” este lesivo proyecto atenta una vez más contra la educación pública estatal y busca supeditar la educación pública a las lógicas del mercado neoliberal, suprimiendo la educación como derecho para convertirlo en una dádiva de los gamonales de la educación. Por otra parte, nuevamente el Centro Democrático busca entregar mediante este proyecto de Ley el presupuesto público de la educación a los particulares, promoviendo el clientelismo, la corrupción y la privatización.
El Proyecto Ley, “Por medio del cual se modifica el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales”: El martes 1 de julio los congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Christian Garcés y Hernán Cadavid radicaron una iniciativa con la que buscan prohibir el derecho a la protesta de profesores y de otros sectores, convirtiendo la educación en un servicio esencial, negando la posibilidad de elevarla a derecho fundamental mediante una ley estatutaria y coartando los derechos políticos de los trabajadores de la educación acallando las voces críticas y la conciencia colectiva del país.
El maestro luchando también está educando
¡En defensa de nuestros derechos, abajo los proyectos de ley del fascismo!
¡No a la intermediación de la salud!
Nueva Cultura
Unidad Docente – GTS
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Provisionales 2023
¡Un ejemplo de lucha!
Felicitamos a los maestros provisionales 2023 porque están dando una muestra de lucha y se han dado a la tarea de organizarse autónomamente para mostrar que sólo desde la movilización y la organización podrá haber alternativa.
Los maestros del país nos encontramos frente al despido masivo de nuestros compañeros provisionales, maestros que durante años han laborado con nosotros y que muchos de ellos han entregado todo su esfuerzo laboral, personal y familiar en la labor de educar a los niños y jóvenes del país. Cada vez que hay concurso docente y con la Plataforma Maestro, (plataforma que administra las vacantes nacionales), han servido para atropellarlos, desconocerles el arraigo, el tiempo de servicio en regiones aisladas y promoviendo el desplazamiento de maestros entre las diferentes zonas del país. Es de anotar que, ambas situaciones no son casuales que se agudizan antes de las elecciones regionales de gobernadores, alcaldes y concejales.
El comité ejecutivo de la FECODE y/o las juntas directivas de los sindicatos regionales no han logrado realizar acciones previas y efectivas contra los despidos, situación que viene generando estrés y depresión en nuestros compañeros y un mal clima laboral en las instituciones educativas.
Desde Unidad Docente tuvimos la misma experiencia en el 2005, donde las burocracias sindicales de aquel año dieron luchas equivocadas y el Estado colombiano logró imponer el nuevo estatuto docente 1278 aprobado en el año 2002 y aplicando toda la contrarreforma educativa dictada por los organismos internacionales y materializada por la Fundación Compartir y los alcaldes del momento en las diferentes entidades territoriales del país.
Marco nacional de los provisionales en el momento actual (2023)
Ante la falta de iniciativa de las direcciones sindicales de dar la lucha, los maestros provisionales se empezaron a organizar autónomamente en sus regiones para tratar de colocarle freno a la masacre o lograr unos mínimos laborales posibles.
La fuerza que han venido mostrando organizados o no desde tiempos atrás, alcanza su máxima expresión en La Guajira cuando voceros de algunas regiones del país confluyen allí para intentar fallidamente entrevistarse con el presidente del “Gobierno Amigo” y llamar la atención sobre sus problemáticas.
Con una nueva concentración de más voceros en Bogotá, ante el Ministerio de Educación, a la semana siguiente se posibilita la creación de una mesa técnica de estudio a las peticiones de los maestros, con algunos logros pequeños, pero significativos.
Las respuestas del Ministerio de Educación
Los funcionarios administrativos del Gobierno son los que continuamente manifiestan que la ley no les permite atender las peticiones de continuidad laboral. Que hay que garantizar el derecho a la igualdad y oportunidad para todos, que el concurso docente no se puede detener y los invitan a seguir haciendo parte de las mesas técnicas porque la Constitución Política de Colombia no se puede cambiar. Sin embargo, recordemos que está constitución ha sido modificada 45 veces según los intereses de quién tienen el poder y mediante decretos y resoluciones que se firman fácilmente por los gobernantes de turno han servido para golpear a la clase trabajadora. Sin embargo, les queda muy difícil aprobar decretos y/o resoluciones que sirvan para brindar soluciones reales al pueblo trabajador.
FECODE y los acuerdos de los provisionales
Gracias a la presión ejercida por estos maestros, la dirección de la FECODE se vio obligada a incluir el tema de los provisionales en el pliego de peticiones y obtuvo para ellos algunos acuerdos:“Logra” en el punto 14: Respeto el llamado “Retén Social”, la continuidad en la misma entidad territorial si la ETC cuenta con la vacante, prioridad en el sistema maestro para ser vinculado nuevamente, ajuste de los parámetros del sistema maestro con enfoque regional, experiencia y arraigo; auxilio de desempleo a través de las cajas de compensación familiar y una mesa técnica para incluir en el nuevo concurso las variables y otros aspectos que reconozcan al maestro provisional.
Los métodos equivocados de lucha
Desde Unidad Docente reconocemos la inequidad de los concursos de méritos, que cada vez trae más desigualdad en el magisterio y elimina de tajo los derechos adquiridos de los maestros provisionales, sumado a esto, la concertación como política del imperialismo y la burguesía para conciliar los intereses de la clase trabajadora, ha sido adoptada, asumida y defendida por los dirigentes sindicales en su mayoría llevando a los docentes a pérdida de derechos.
El método parlamentario, el clientelismo, la vía jurídica individual y los directivos sindicales burocratizados de las direcciones sindicales no creen en la acción colectiva y organizada de la clase trabajadora, en últimas terminan firmando acuerdos y mesas técnicas preparatorias que no son más que estrategias para frenar la lucha de los maestros y no solucionan la problemática real de los provisionales en el país.
Llamado a las direcciones nacionales y regionales entre ella a ASDEM
Le hacemos un llamado a que se promuevan al interior de las organizaciones sindicales los comités y voceros para se les brinde los recursos económicos necesarios, la asesoría jurídica colectiva, la continuidad de los maestros en el sindicato sin más afiliación y/o aportes extras, sin pago de los meses que quedarán cesantes.
Hacemos un llamado a que FECODE recoja la lucha de los diferentes grupos y sectores de provisionales en el país, que se han organizado autónomamente, para que se unifiquen, nombren entre ellos sus voceros por regiones, recojan las exigencias y la lucha de estos maestros hasta consolidar un plan de lucha y colocarlo en marcha en todo el país.
El magisterio en general organizado conjuntamente con los maestros provisionales deben vigilar para el cumplimento efectivo de los acuerdos y la defensa del derecho al trabajo de todos los que actualmente están nombrados bajo cualquier denominación de tal manera que los parámetros de arraigo en el territorio y experiencia que se han esbozado, en la práctica se hagan realidad.
Con relación al subsidio familiar, al auxilio de desempleo y otros beneficios se debe buscar que compensen el salario del año lectivo restante que el maestro quedará cesante, para que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones de vivienda, alimentación y servicios públicos.
Se debe llamar a la movilización de los maestros en general para solidarizarnos con las luchas de los provisionales. Aclaramos, que no estamos en contra de los maestros nuevos que se van a vincular y “ganaron” el derecho a posesionarse en propiedad, sin embargo, un cambio en la relación técnica maestro/alumno y una planificación acorde a las necesidades de las plantas de cargos podría garantizar trabajo sino para todos, para una gran mayoría; no obstante, estamos en contra de que ilusionen a los maestros con un supuesto proyecto de ley en favor de los provisionales que lo único que hace es desviar la justa lucha y organización de los maestros por defender su estabilidad laboral.
Los voceros de los maestros provisionales elegidos autónomamente por ellos mismos no pueden ser excluidos de las negociaciones o acuerdos de las mesas técnicas.
Entre las acciones previas que las direcciones sindicales deberían proponer, está que realmente se les otorgue a estos maestros provisionales los derechos que con su trabajo y experiencia se han ganado, donde se les garantice la estabilidad laboral y continuidad en la entidad territorial, donde su idoneidad ha quedado demostrada por todo el tiempo laborado, al servicio del Estado y la educación pública.
Los provisionales y sus voceros no deben renunciar a la exigencia por la vinculación en propiedad, la continuidad en el magisterio y evitar quedar cesantes.
Los maestros provisionales deben luchar por defender en unidad de acción con los maestros de todo el país sus reivindicaciones, comenzando por el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, el salario profesional, el ascenso, la salud y la resistencia al inminente despido mediante la organización y la lucha colectiva democráticamente organizada, como también la confrontación contra la dirigencia sindical, que no apoya las justas luchas.
Desde Unidad Docente, GTS e Impulso Socialista hacemos un llamado a participar de nuestros debates y aportar libremente para seguir fortaleciendo una corriente magisterial que se proponga organizar acciones por la labor docente y la educación pública. Debemos seguir la lucha intransigente contra las leyes injustas, los planes del Estado y los organismos internacionales.
Medellín, 26 julio de 2023
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Manifestaciones del 7 de junio
Comunicado a la opinión pública
Subdirectiva de Cáceres de la ADIDA
[Las subdirectivas de Jericó y Cáceres de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) han emitido cada una un «Comunicado a la opinión pública» en el que informan las razones del por qué NO participarán de la jornada de movilización programada por Adida para el día 7 de junio de 2023. Te invitamos a leer el comunicado. Déjanos tus apreciaciones con respecto a sus argumentos. Te leemos!!]
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Exigencia por el retiro de la propuesta de Estatuto Docente
de la Dirección de Fecode
Los maestros adscritos a la Corriente Magisterial Unidad Docente GTS, desde hace 10 años, cuando se conoció el primer borrador de “Propuesta de proyecto de Estatuto Docente” de la dirección de FECODE, hemos estado en la tarea de estudiarla, analizarla y debatirla. Hemos desarrollado una batalla constante con activistas y corrientes consecuentes en defender el estatuto especial 2277. En ese trabajo, visitamos varias regiones del país, recogiendo aportes del debate, juntos en el año 2013 impulsamos el Plebiscito por la derogatoria del 1278 y contra los fundamentos del proyecto de Estatuto Único elaborado por la dirección de FECODE, se recogieron más de 5.000 firmas rechazando la propuesta de estatuto docente y exigiendo su retiro.
Hoy el contexto político, con un gobierno del Pacto Histórico, no cambia la realidad de los intereses del estado burgués. Que defiende la precarización laboral y con las direcciones del magisterio de FECODE, insisten en un proyecto concertado en un congreso que es dominado por los mismos partidos de la burguesía y defienden los postulados privatizadores y de la OCDE.
Crisis de dirección sindical
Reconocemos que cada cuatro años, en época de elecciones sindicales a FECODE y a elecciones de los sindicatos regionales, emerge el tema del estatuto docente, que le ha servido a los directivos sindicales para hacer campaña electoral y no aportan a la solución, defensa y recuperación de los derechos perdidos del magisterio.
Es evidente que en la actualidad existe una profunda crisis del movimiento sindical producto del método de la concertación, la conciliación, el parlamentarismo, la lucha jurídica de manera individual y no colectiva, la realización de pliegos y levantamientos de paros sin consulta a las bases, la práctica continua de firmar acuerdos que no representan el magisterio y de igual modo el no permitir que otras voces se puedan expresar con todas las garantías.
De tal manera que ese método ha traído desmoralización y las organizaciones sindicales se han debilitado y desprestigiado. Por ello hacemos un llamado a cambiar la estrategia de negociación, de mesas de conciliación y recuperar la movilización como el único método con el cual podemos recuperar los derechos perdidos, mantener los que aún están vigentes y alcanzar los que aún nos faltan. Exigimos la autonomía de los sindicatos respecto al gobierno y la plena lealtad de las direcciones a los intereses y objetivos de las bases.
¿Qué debe contener una propuesta de estatuto docente?
Una propuesta de estatuto docente no puede ser inferior a las necesidades de miles de maestros por tener una carrera docente digna, que le resuelva de una vez, los problemas de estabilidad laboral, ascenso, salario profesional y cualificación gratuita, que cubra las expectativas de un intelectual de la educación y suprima de tajo las diferentes evaluaciones neoliberales y de control fiscal, que han ejercido a todas luces los mecanismos de disciplinamiento social e ideológico del maestro, como lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional.
Se debe recuperar los derechos que desde los años 90, los gobiernos nos han impuesto con contrarreformas laborales arrebatando los derechos y conquistas más importantes, como el derecho al ascenso y a un salario profesional. El déficit presupuestal no puede recaer sobre los hombros de los maestros y el saneamiento económico del actual gobierno también debe incluir a los maestros como transformadores de una nueva sociedad.
Resaltamos la importancia, entre otros aspectos, de:
1. Mantener el régimen especial y la estabilidad laboral para todos los maestros vinculados al estado.
2. La idoneidad la brinda el título universitario y no los concursos de méritos que generan desigualdad social.
3. Se debe extender la forma de ascenso y el escalafón del estatuto docente 2277 para todos los maestros, sin detrimento de los ascensos alcanzados por los maestros 1278, se descongele el escalafón 2277, es decir, se siga ascendiendo hasta su jubilación y juntos (2277 y 1278) luchar por el salario profesional que dignifique al maestro como intelectual de la educación.
4. La evaluación debe ser institucional con todos los estamentos de la comunidad educativa, de acuerdo a los contextos escolares propios, sin mediciones externas e impuestas por organismos internacionales que responsabilizan únicamente al maestro de la mala calidad de la educación; contrario a como se establece en la propuesta de estatuto, en el capítulo V, que invoca la evaluación sanción, los planes de mejoramiento en caso de evaluación insatisfactoria e inestabilidad laboral.
5. La idoneidad de los maestros provisionales ha quedado demostrada con su título y años de servicio prestado al estado, por lo tanto su vinculación debe ser inmediata y sin concurso.
6. Restituir el artículo 67 del 2277 sobre vacaciones.
7. La constitución Política de Colombia la han cambiado 41 vez de acuerdo con las necesidades de quiénes tienen el poder. Por ello el artículo 125 de la CPC que reglamenta la meritocracia que trae desigualdad social, la evaluación sanción y la inestabilidad laboral se puede derogar con la lucha y a movilización en las calles con el sindicato más grande que tiene Colombia, FECODE.
8. Los maestros no le tenemos miedo a la evaluación, el punto es quién hace la evaluación y con qué fines presupuestales y fiscales nos han impedido el ascenso y nos han mantenido congelados.
9. En un estatuto de los docentes no se puede legitimar en el capítulo II, las funciones de administración, vigilancia, gestión y sanción de la Comisión Nacional del Servicio civil, el Ministerio y Secretarías de Educación, por cuanto estos son parte gubernamental del control sistemático del ejercicio docente y del recorte de derechos de los maestros.
Exigimos al Comité Ejecutivo de Fecode que:
1. Retire la propuesta de Estatuto Docente que actualmente tiene en discusión para avanzar en la concertación de este en la Comisión Tripartita, porque no parte de la defensa del Estatuto 2277, dicha propuesta no unifica al magisterio del país, contiene puntos nocivos en su conjunto y entrega los pocos derechos que nos quedan.
2. El estatuto 2277 es el resultado de una lucha heroica y contundente del magisterio colombiano, ganado con la lucha y la movilización, por lo tanto, no se puede derogar como lo expresa el artículo 112 de la propuesta. Exigimos al ejecutivo de FECODE que vele por su permanencia, continuidad y luche por el descongelamiento salarial de estos maestros.
3. La estrategia de la lucha del magisterio debe ser la de reconquistar el estatuto 2277 para todo el magisterio, incluyendo los maestros que entraron al servicio estatal después del 2005 y recoja a los maestros del sector privado en lo concerniente al ascenso, escalafón y garantías laborales.
4. Potenciar la Democracia Sindical que abra el debate franco y sincero de cara a los maestros, donde sean los maestros que decidan qué camino seguir, cuáles son los derechos por recuperar y los derechos faltantes del magisterio, para presentar un articulado que complemente el estatuto 2277 y para ello, se requiere de líderes decididos que luchen por la organización de los maestros y la movilización.
5. Defender en la calle mediante la movilización, el documento construido por las bases del magisterio, con el objetivo de que el gobierno, presionado por la huelga, negocie con los maestros. Se aplique así, una política de negociación coherente con la clase trabajadora y el magisterio, que no acepte la concertación del estatuto en una comisión tripartita.
6. Se debe recoger e integrar garantías para el ejercicio docente de los minorías étnicas, afro y genero diversas y así se fortalezcan sus comunidades, libres de la discriminación y opresión.
7. Por una ley general de educación que fortalezca el presupuesto educativo, se reduzca el número de estudiantes por maestro y se garantice el ascenso permanente hasta la jubilación.
El estatuto docente debe posicionar al maestro como sujeto político, como intelectual de la educación y trabajador pedagógico que responda al desafío social de la actualidad, por la defensa de la educación pública.
Atentamente,
Maestros y maestras Corriente Magisterial Unidad Docente GTS.
25 de marzo de 2023
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Frente a la doble moral
del Comité Ejecutivo de Fecode
Comunicado de Asoinca
[El Trabajador Socialista divulga el comunicado de la Junta Directiva Departamental de Asoinca respecto a la posición que ante sus exigencias han asumido el Comité Ejecutivo de Fecode y la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, militante del Partido Comunista de Colombia]
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Solidaridad con la lucha
del magisterio del Cauca
[El Trabajador Socialista divulga el comunicado de solidaridad con la lucha del magisterio del Cauca agrupado en Asoinca, emitido por Unidad Docente – GTS]
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DECLARACIÓN POLÍTICA
Los maestros(as), reunidos en Medellín, Antioquia, los días 14 y 15 de octubre de 2022, en el marco del encuentro nacional magisterial convocado por varios colectivos y sectores magisteriales, cumpliendo la tarea de fortalecer la unidad para las luchas tan necesarias en la actualidad, declaramos:
Es evidente la nueva y muy profunda crisis mundial del capitalismo acelerada por el COVID 19, reflejada en el aumento del hambre, la miseria, la migración y la descomposición social. La disputa entre países industrializados y poderosos política, económica y militarmente, por el control del mercado, por el control de los recursos naturales y por la dominación de los países con más pobladores pobres, identificados como semicolonias, se sigue agudizando para la clase trabajadora.
Los países imperialistas y sus organizaciones militares han encontrado en la guerra una forma de enfrentar sus propias crisis y en diferentes países del mundo han salido las masas a enfrentar el hambre y la desigualdad, luchando en las calles contra sus gobiernos y las medidas contra los trabajadores y el pueblo.
Se constata la relación entre las decisiones económicas de organismos multilaterales como FMI, BM, OCDE, y el rol que estos se le atribuye a la escuela y a los educadores, reconociéndose la permanente pretensión de dominio y control ideológico desde las políticas públicas sobre la escuela y los maestros(as).
Producto del estallido social de 2021, en Colombia fue canalizada la inconformidad general a través de las urnas, generándose un gobierno alternativo, de conciliación de clases, que ha despertado muchas expectativas y esperanzas entre los trabajadores, campesinos y en general sectores oprimidos y explotados de la sociedad; para el sector educativo oficia, como ministro, un representante de las clases dominantes, promotor de las medidas que han llevado a la agudización de la crisis social.
La dirección de FECODE está enmarañada en la mayor disputa burocrática y oportunista de su historia, agudizando la crisis sindical que junto con su política de concertación y de colaboración de clases ha contribuido con la pérdida de conquistas del magisterio y pérdida de garantías y condiciones para el ejercicio profesional docente.
Con ese marco político es indispensable analizar la situación del magisterio colombiano y los retos que la realidad actual impone en lo concerniente a derechos y reivindicaciones del sector educativo, en particular sobre ingreso, ascenso, estabilidad, evaluación, salud y prestaciones sociales.
Hecho el análisis colectivo, presentamos a las bases del magisterio nacional estas reivindicaciones para ser recuperados y extendidos a todo el magisterio:
- Ingreso a la carrera docente solamente con la inscripción en el escalafón, presentando el título universitario, como lo consagra el estatuto 2277 de 1979.
- Vinculación automática al servicio estatal para los maestros provisionales con más de 3 años de vinculación.
- Ingreso al servicio estatal para los maestros nuevos, solo debe existir la inscripción con el título al escalafón, sin periodo de prueba.
- En perspectiva, exigir que las universidades generen pasantías para los estudiantes de licenciatura, con vinculación a los colegios estatales, la cual sirva como prueba de ingreso a la planta docente, evidenciando idoneidad profesional desde la práctica.
- Ascenso por títulos y tiempo de servicio, como lo establece el vigente estatuto 2277 de 1979.
- Evaluación de procesos institucionales y no de responsabilidades individuales. Eliminar la evaluación de desempeño y de competencias.
- Salud sin intermediación a cargo de la estado y red pública hospitalaria nacional.
- Recuperar la pensión gracia y la retroactividad de las cesantías, perdidas bajo la ley 91 de 1989
- Extender para todos el régimen pensional vigente de los maestros nombrados bajo el decreto 2277 de 1979.
- Conservar las garantías magisteriales del estatuto 2277, estabilidad laboral, ascenso y régimen especial sin detrimento de los ascensos obtenidos por los maestros 1278.
- El estatuto 2277 no se deroga se debe luchar por un adenda con los derechos que faltan, sin que se pierda las garantías que están vigentes en ese estatuto y sin detrimento de los ascensos alcanzados por los maestros 1278.
- No al estatuto único de la dirección de FECODE sin discusión de las bases magisteriales y exigimos conocer las modificaciones hechas por las direcciones a la propuesta elaborada desde el congreso de Paipa sin escuchar a las bases.
- Las propuestas que hemos elaborado, son exigencias que hemos venido trabajando durante años atrás y las mantenemos.
- Exigimos a nuestra federación mantener la independencia frente a los patronos, al gobierno, al estado y ante los organismos internacionales, tales como la OCDE, FMI, BM sin depositar esperanzas en el actual ministro de educación quien fue clave en la pérdida de derechos y en los procesos de privación de la educación y salud.
Proponemos un llamado a las fuerzas clasistas, antiburocráticas y consecuentes a desarrollar la unidad de acción para garantizar el debate sobre estos aspectos, sobre los contemplados y aún no difundidos del mal llamado estatuto único de FECODE y actuar mancomunadamente en la asamblea federal de noviembre próximo, para democratizar los sindicatos, organizar la movilización y los paros, así como cambiar la dirección de la federación.
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La Carrera Docente
en América Latina y el Caribe
El propósito de estas notas es mostrar como las políticas que han definido y estructurado la carrera docente y el desarrollo profesional docente en América Latina y el Caribe, lejos de mejorar las condiciones del docente, han tenido un fuerte impacto negativo en la estabilidad laboral, la permanencia y el ascenso.
La UNESCO ha venido haciendo un seguimiento a la situación de los docentes y ha definido orientaciones para las políticas docentes en el marco de la iniciativa “Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe” que hace parte de la estrategia a nivel mundial de la UNESCO denominada “Profesores para una Educación para Todos”.
Estos estudios e investigaciones destacan “en sus fundamentos la existencia de una triple brecha respecto de la fuerza docente en el mundo en desarrollo –brecha de políticas, de capacidades y de financiamiento–, que estaría poniendo en riesgo las metas de Educación para Todos.”
Los temas críticos que destacan, respecto a la carrera docente, son los siguientes: “a) dificultad para atraer y retener buenos docentes; b) carreras que desconocen fases de la docencia; c) disociación entre carrera y desarrollo profesional; d) tensión entre estructuras salariales comunes y remuneraciones diferenciadas; e) dificultades en la generación de consensos para la evaluación del desempeño.” (1)
Pero ¿qué es la Carrera Docente?
Los profesores interpretan la carrera docente como el nivel de avance que se obtiene en el sistema de incentivos y remuneración de los docentes vinculados con el Estado.
Para la UNESCO la carrera docente es “el régimen legal que regula la vida laboral de quienes ejercen la profesión en el Estado.” (2) Específicamente, se norman los procedimientos de ingreso, permanencia, movilidad y retiro de los profesores del sistema estatal de educación.
Las carreras docentes en América Latina forman parte de un conjunto de políticas que han regulado el ejercicio docente en el marco de dos procesos: la expansión de los sistemas educativos, a partir de los años cincuenta, gracias a las políticas keynesianas y el fin de esta expansión, dando inicio a las carreras docentes bajo la tutela de las políticas neoliberales.
Para estos organismos internacionales resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio. De esta manera es necesario estructurar la carrera docente en torno al mejoramiento del desempeño profesional; mejoramiento que se mide no por la experiencia y estudios sino a través de la evaluación permanente de competencias y desempeño del docente como eje del ascenso en la carrera.
Para lograr lo anterior se recomienda a los gobiernos de la región diseñar e implementar una política de remuneraciones e incentivos clara y articulada para estimular la labor profesional docente, dejando de lado o negando al docente el salario profesional.
Para ello se debe diseñar e implementar un sistema de evaluación del desempeño “objetivo y transparente”, construido con participación de los docentes y basado en estándares validados por la profesión. Aunque estos organismos resaltan el propósito formativo de la evaluación docente, lo que se logra con la evaluación es el estancamiento del docente en la carrera docente.
“El más reciente informe publicado por el Banco Mundial, Great teachers. How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean, Bruns y Luque (2014) sostienen que la carrera profesional es una estrategia principal de recompensa financiera diferenciada de mayor eficiencia fiscal y mayores impactos en el desempeño de los maestros.” (UNESCO 2015)
Es decir, bajo las hipótesis de evaluar para mejorar, de esforzarse (individualmente) para alcanzar las metas y de mostrar resultados para demostrar éxito, el trabajo de los docentes está atravesando por nuevas transformaciones que impactan directamente en la noción de profesión docente.
¿Cuál es la característica fundamental
de las carreras docentes en América Latina?
A pesar de las luchas de los docentes, la heterogeneidad en la regulación es la principal característica de las carreras docentes en América Latina. Durante los últimos 65 años el nivel de modificación de la norma ha sido muy diverso.
En los dieciocho países revisados por la UNESCO se encontró:“la coexistencia de sesenta años de regulaciones laborales. La más antigua carrera vigente es la de Costa Rica que data de 1953 y la más reciente es la que regula la vida laboral de los profesores mexicanos promulgada en el año 2013”.
En Chile la carrera docente se estableció en el año de 1991 con repetidas modificaciones de la norma en los años siguientes. En Perú la carrera docente se modificó en su totalidad en el año 2012, cuando se unificaron los dos regímenes laborales existentes.
Además, también encontramos diversidad de niveles legislativos. “Por un lado, existe regulación sobre carreras docentes que forman parte de plataformas constitucionales. Este es el caso de Guatemala y Honduras que, siguiendo una tradición centroamericana, tienen vinculadas las carreras a artículos de sus constituciones nacionales. Existe también una mayoría de países donde como en Colombia y Perú, las carreras docentes están tipificadas como leyes independientes e incluso países como Argentina y Uruguay donde la regulación de la carrera son dispositivos legales de rango inferior a una ley (ordenanzas). Otro es el caso de Ecuador, donde la carrera docente no es una norma independiente, sino que forma parte de la ley orgánica de educación. En países con modelos federales, la heterogeneidad también está presente. En México existe una ley general para todos los estados, mientras que en Brasil existen niveles estaduales y municipales de regulación del ejercicio docente.” (2)
Para la UNESCO esta diversidad de regulaciones en las carreras docentes en la región hace difícil su clasificación, pero “es posible formular una tipología general de carreras docentes en América Latina sobre la base de dos categorías correspondientes a la existencia o no de un enfoque meritocrático que oriente la implementación de las carreras.” (2)
Este enfoque común a todas las regulaciones del trabajo docente trajo consigo mecanismos de evaluación con consecuencias de alto impacto; es decir, evaluaciones del desempeño de los maestros que pueden devenir en la pérdida de la estabilidad laboral.
A pesar del tratamiento dado al tema de carrera docente la UNESCO considera ¨necesario profundizar la discusión dada su alta complejidad por las distintas dimensiones de orden político, económico y propiamente pedagógico que están implicadas, siendo, a su vez, un campo donde se producen sucesivas modificaciones de normativas legales derivadas de cambios políticos y de equipos gubernamentales lo que hace necesario actualizar permanentemente la información. ¨ (UNESCO, 2015)
¿Cómo han influido los cambios políticos y económicos
durante el siglo XX en la carrera docente?
Según C. Vergel (3), a partir del año 1938, como respuesta a la gran depresión económica y a los logros obtenidos por la revolución socialista en Rusia, el imperialismo dejó de lado momentáneamente la política liberal e impuso el modelo keynesiano. Para superar la crisis económica y hacer frente a los avances de la revolución socialista, John Mario Keynes propuso que la inversión privada se complementara con la inversión pública o estatal, de tal manera que un fuerte gasto por parte del estado ayudara a resolver los problemas generados por la crisis, como el alto desempleo y la caída de la tasa de ganancia. Bajo esta nueva doctrina los Estados capitalistas realizaron importantes inversiones en educación. La educación de masas dejó de ser el mero resultado de las necesidades de la industria y la lucha de clases, para pasar a ser parte de la política de la burguesía imperialista, que buscaba desesperadamente recuperar la estabilidad del sistema capitalista y frenar el avance del socialismo.
Contradictoriamente, el desarrollo de la educación de masas y la expansión de los sistemas educativos provocó un desajuste con las necesidades de la industria capitalista, que se reveló incapaz de incorporar a todos los egresados de la escuela o la universidad. La crisis empezó a rondar los sistemas educativos y acentuó las diferencias de clase al proveer de una buena educación a los ricos y embaucar con una pésima educación a los pobres.
A finales de la década del 60 del siglo XX, estalló la crisis económica en Estados Unidos y la crisis política de mayo de 1968 que develaron que para el capital la educación tiene un límite: la ganancia. La educación se reveló como una mercancía que se vende y a cambio el estudiante adquiere conocimientos y habilidades que le servirán en un futuro para venderlas como otra mercancía: fuerza de trabajo.
Así, la política educativa para la educación pública de masas, en todos sus niveles, es cada vez menos viable por la crisis crónica de la economía capitalista pues el aparato productivo no tiene la capacidad de incorporar en su seno a todos los egresados.
Hoy se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que el sistema educativo contemporáneo atraviesa una grave crisis desde los años 60 del siglo XX. Se inició así una ruptura con el modelo keynesiano. Las políticas neoliberales ganaron adeptos dentro de los organismos internacionales. Los neoliberales explicaron la crisis por los gastos excesivos del Estado, su intervención en la economía y el papel jugado por los sindicatos.
Por otra parte, como por arte de magia, el imperialismo “descubrió” que la educación era un gran negocio sin explotar “la enseñanza es una industria de trabajo intensivo, que utiliza grandes cantidades de mano de obra de alto nivel y alto costo … es un mercado mundial, y su volumen de negocio ha alcanzado gran auge en los últimos veinte años en medida, variedad y extensión geográfica. A pesar de ello, poco provecho se ha sacado de sus beneficios potenciales.” (Coobs 1991)
Hoy, para el Banco Mundial y la UNESCO, la educación es una industria de trabajo intensivo que utiliza “grandes cantidades de mano de obra de alto nivel y de alto costo” y por tanto las carreras docentes (léase regulaciones laborales) deben mejorar la eficiencia y la productividad de los docentes no solo en el aula de clase, donde tienen que enseñar a más alumnos por hora y en jornadas más largas, sino a través de las demás ramas de la industria que las circundan como la elaboración de pruebas, libros, textos, material didáctico, publicaciones científicas y educativas.
¿Por qué la literatura latinoamericana y la UNESCO hablan
de dos generaciones de Carreras Docentes en América Latina?
Por lo anterior, la literatura latinoamericana y la UNESCO coinciden en reconocer la “existencia de dos generaciones de regulaciones. La primera generación comprende las carreras diseñadas entre inicios de los años cincuenta y finales de los noventa. Esta primera generación coincide con el desarrollo del Estado de bienestar y se caracteriza por el reconocimiento de los profesores como trabajadores con derechos laborales amparados en el Estado”. (4).
La expansión de los sistemas educativos y las luchas de los docentes originó que el docente fuera reconocido como servidor público con derechos y deberes laborales. Para este tipo de carreras, el empleo docente está concebido “desde la carrera”; es decir, se privilegia la permanencia de largo plazo y el recorrido por la carrera es posible debido a un enfoque credencialista que premia la acumulación de certificaciones (de estudio) y la antigüedad. Es el caso del estatuto docente 2277 en Colombia.
Morduchowicz (2002) ha identificado un conjunto de elementos que caracterizan a las carreras que pertenecen a esta primera generación. Entre los más importantes, “están la promoción automática basada en la antigüedad, la estabilidad laboral, y las estructuras salariales centradas en sueldos básicos y aumentos asociados a ascensos antes que a desempeños individuales; es decir, ascensos basados en la antigüedad y certificaciones antes que en desempeños.”
Las carreras de segunda generación son claramente meritocráticas, se caracterizan por considerar mecanismos de promoción horizontal, incorporación de procesos de evaluación del desempeño, una orientación hacia los resultados y la consecuente implementación de esquemas de incentivos.
En esta generación, la eficiencia y el control se constituyeron en los ejes organizadores de la vida laboral de los profesores. Corresponde a lo que OCDE reconoce como empleo público basado en los puestos; es decir, ocupa el puesto de trabajo aquel mejor capacitado, según un conjunto de indicadores previamente establecidos. Esta centralidad en el puesto supone además impacto en dos asuntos fundamentales: salarios diferenciados por niveles de desempeño y pérdida de la estabilidad laboral.
¿Qué es la meritocracia y cuál es su papel en la Carrera Docente?
La meritocracia es un enfoque neoliberal de gran impacto en las carreras docentes de segunda generación, en donde la permanencia en un nivel específico de la estructura, el declive de esa posición o la conquista de posiciones superiores son producto del mérito, concebido como la capacidad individual que sumado al espíritu competitivo permite alcanzar los logros propuestos.
La consolidación de la meritocracia como sistema de ordenamiento de las posiciones laborales se produjo en el marco de las transformaciones del modelo capitalista durante los primeros años de la década del 80 (Chile, Estados Unidos e Inglaterra) y se consolida a partir de las definiciones tomadas por el “Consenso de Washington” en el año de 1989.
Estas transformaciones se observan en: “Primero, en la apropiación por parte del capital de una porción cada vez mayor del excedente proveniente del proceso de producción. Segundo, en el cambio de modelo de intervención estatal, con énfasis en el dominio político y la acumulación del capital, en detrimento de la legitimación política y la redistribución social. Y tercero, en la internacionalización de los procesos económicos para incrementar la rentabilidad y abrir mercado. De tal modo, siguiendo a Castells, el capitalismo emergería operando a través del nuevo modo informacional de desarrollo, de manera que la fuente de la productividad se basa en la calidad del conocimiento actuando sobre sí mismo” (UNESCO 2015)
¿Cuáles son los elementos específicos de las regulaciones en la Carrera Docente?
Lo dicho hasta aquí nos sirve de marco para el análisis de elementos comunes y específicos de cada una de estas regulaciones, tales como:
- los mecanismos de acceso a la carrera
- las estrategias de promoción laboral
- los procesos de evaluación de la función docente y
- los procedimientos de salida de la carrera.
Los organismos internacionales han logrado que la evaluación se incorpore a las carreras docentes en la región. La evaluación de la función docente está asociada al ingreso, al ascenso y al propio desempeño docente.
“Los mecanismos de acceso a la carrera son las vías por medio de las cuales un docente inicia su vida laboral regular en el sistema educativo. En todos los países latinoamericanos se han establecido y se desarrollan procedimientos de selección conducentes a incorporar a los mejores profesionales a la carrera.” (2)
En la región prevalece el método de concurso de méritos. Sobre la base del concurso de méritos, como punto de partida, algunos países de la región desarrollan exámenes que permiten conocer el nivel de conocimiento de los postulantes. “Este método de concurso por oposición es siempre un segundo grado de selectividad en los países donde ocurre. No obstante, las carreras docentes más recientes como las de México, Ecuador y Perú incluyen de manera expresa que los concursos por oposición de “lápiz y papel” son complementadas con acciones demostrativas, tales como clases modelo y entrevistas personales.” (2)
En relación a los procesos de evaluación de la función docente: En el Salvador la responsabilidad de la evaluación recae en los Consejos directivos, mientras que en Ecuador el responsable de la evaluación es el Instituto nacional de evaluación educativa. En Perú los representantes de los gremios participan como observadores y en Nicaragua el sindicato de docentes hace parte de la Comisión Evaluativa. En Chile, Colombia y Perú además de las evaluaciones por competencias y desempeño, hacen parte los instrumentos elaborados por los profesores como portafolios, videos de clases magistrales.
En relación con el retiro de la carrera docente, en Nicaragua se pierde el puesto de trabajo si se ejerce otro cargo. En Costa Rica se pierde el cargo o trabajo si la o el docente incitan a actividades contra el orden público y en general las carreras de segunda generación incluyen el retiro por pérdida de la evaluación de desempeño.
¿Qué recomienda la UNESCO?
Para la UNESCO, lo importante es reconocer y premiar el mérito; por tanto, la elaboración de marcos de desempeños, estándares o competencias específicas sobre la función y la práctica docente es un reto que tienen que resolver los sistemas educativos para consolidar las carreras docentes. Formarse desde el inicio para actuar en un marco meritocrático exige un conjunto de competencias básicas que no podrán conseguirse sólo con la formación post inicial.
La tendencia a hacer más meritocráticas las carreras docentes debe incluir la elaboración de planes integrados de estímulos e incentivos al desempeño docente.
Aun así, todo parece indicar que lejos de mejorar las condiciones de vida del docente, el trabajo docente se intensificó y se precarizaron las relaciones de empleo. (Ver recuadro con recomendaciones de la UNESCO)
Algunas reflexiones finales
La conclusión más general a la que podemos llegar es que los elementos neoliberales que estructuran las políticas públicas para la carrera docente y afectan a la identidad profesional del docente, contradicen las declaraciones fundamentales, los deberes y derechos promovidos por los organismos internacionales y gobiernos locales.
Segundo, que la forma que ha tomado el modelo neoliberal en educación en América Latina y el Caribe se caracteriza por la descentralización financiera y administrativa, la centralización curricular, la definición de competencias y estándares, la financiación de la educación basada en la demanda y en la contratación con empresas privadas y con una fuerza laboral docente flexible y tercerizada.
En el nuevo modelo la calidad no es algo que se busca o que es intrínseca a la actividad educativa, sino que es un resultado del mercado. Lo que cuenta en la carrera docente es la eficiencia en el uso de los recursos, el número de horas-clase, el número de estudiantes por profesor y el resultado de las pruebas por competencias y de desempeño. Son condiciones centrales para alcanzar dichos objetivos eliminar los derechos adquiridos por los docentes, destruir sus organizaciones sindicales, liberar las formas de contratación y estimular por medio de pruebas la competencia entre docentes.
Se constata que las políticas docentes, pese a que se proclaman como prioritarias, en los hechos tienden a no ocupar el centro efectivo de las prioridades gubernamentales, porque son de alto costo cuando se proponen afectar al conjunto de la docencia, poco visibles para el público en su implementación, políticamente complejas y de mediano y largo plazo en el logro de los efectos buscados.
Recomendaciones de la UNESCO
- Buscar reconocer y premiar el mérito sin perder la esencia colectiva de la educación se constituye en un primer gran reto que las políticas de regulación docente deben enfrentar.
- Resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio.
- Formarse desde el inicio para actuar en un marco meritocrático exige un conjunto de competencias básicas que no podrán conseguirse sólo con la formación post inicial.
- La elaboración de marcos de desempeños, estándares o competencias específicas sobre la función y la práctica docente es un cuarto reto que tienen que resolver los sistemas educativos para consolidar las carreras docentes.
- Otra consideración sobre regulaciones docentes está relacionada con las características jurídicas de la norma. Hay una tendencia a especificar (aislar la legislación docente de las normas educativas generales) la normatividad docente.
- La tendencia a hacer más meritocráticas las carreras docentes debe incluir la elaboración de planes integrados de estímulos e incentivos al desempeño docente.
Bibliografía
1. Antecedentes y Criterios para la Elaboración de Políticas Docentes en América Latina y el Caribe UNESCO 2014.
2. Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional. Estrategia regional sobre docentes, UNESCO 2015
3. La política educativa del imperialismo para el siglo XXI, Carlos Vergel 2008
4. Desarrollo profesional continuo y carrera docente en América Latina, Terigi 2009
5. Contra la escuela por Tomas Vasconi
Nicolás Verger – Carlos Vergel
Bogotá, 23 de septiembre de 2022
Unidad Obrera y Socialista UNÍOS 
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