Estudiantil

Declaración política frente a la Consulta Popular

Con las reformas sí, con la burocracia no.
La independencia de la clase trabajadora colombiana se respeta

En medio del panorama mundial al que nos enfrentamos como clase trabajadora, muchos de los derechos conquistados como producto de nuestra lucha social han sido arrebatados y las decisiones sobre nuestras garantías han sido relegadas a las manos de unos cuantos congresistas como producto de la lógica liberal representativa burocrática. Y en el contexto nacional colombiano, donde vivimos un adormecimiento como clase obrera producto de la instrumentalización de nuestra lucha por parte de un gobierno que se enuncia como progresista, vale la pena recordar que la unión como trabajadores, y la democracia popular son las únicas capaces de generar una verdadera justicia social y condiciones dignas necesarias para la clase obrera colombiana y del mundo.

Frente al reciente hundimiento de la reforma laboral por parte de la Comisión Séptima del Congreso, liderada por una bancada del sector burgués y conservador de este país, se llevaron a cabo movilizaciones nacionales por parte de sectores populares y obreros en apoyo a las reformas, pues estas son apenas algunas de las muchas condiciones básicas que necesitamos como trabajadores y trabajadoras. Nuestra lucha y posicionamiento es precisamente como esa clase que reclama nuevamente derechos que ya habían sido adquiridos y luego fueron borrados por el uribismo, no como el adorno de momento de un gobierno que ha hecho en repetidas ocasiones alianza con los sectores tradicionales de la política clientelista y de derecha colombiana. Creemos firmemente que nuestra lucha es independiente de cualquier fracción burocrática y contrarrevolucionaria llámese de izquierda o derecha, y en ese sentido consideramos las reformas propuestas y la consulta popular como un objetivo justo más no suficiente.

Como era de esperar, el pasado 14 de mayo nuevamente la derecha colombiana y el congreso se ríen en la cara de los y las trabajadoras colombianos hundiendo en plenaria la consulta popular que buscaba que el pueblo colombiano fuera quien decidiera sobre sus propios derechos. En el presente escenario es menester nuestra reacción como clase proletaria, pero no de la mano de instituciones y personalidades cuyo apoyo está permeado fuertemente por intereses electorales de cara a las presidenciales del próximo año y cuya instrumentalización del movimiento obrero no ha hecho más que contenerlo y retrasarlo. Creemos también que como estudiantes, docentes y trabajadores, como sectores populares y como universidad democrática y nacional, nuestro deber es abrir las discusiones en las aulas y en los edificios, es necesario el debate y la organización como clase trabajadora al interior y al exterior de las universidades públicas.

Como organización, manifestamos nuestro apoyo al paro anunciado por las centrales obreras para el próximo 28 y 29 de mayo, es así que desde la Unidad Obrera y Socialista convocamos a movilizarnos como estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad e invitamos a los sindicatos de la Universidad Nacional de Colombia: SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL, ASPU y a las organizaciones: ANJECO, OCE, FLORES DEL TRABAJO, MODEP, VEN, LA CRECIENTE y COLECTIVAS FEMINISTAS a unirse y articularse, no solo para una movilización coyuntural sino para promover una Asamblea Multiestamentaria para abrir la discusión y sentar posición sobre la Consulta Popular que ha sido presentada nuevamente ante el Congreso, como nos corresponde al ser la universidad de la nación. Asi mismo invitamos al rector de la universidad, Leopoldo Múnera y al equipo de rectoría a ser partícipes de la discusión y propiciar los espacios para que ésta se dé.

Creemos en la construcción de una universidad pública del pueblo y para el pueblo, para los hijos e hijas de las y los trabajadores, una universidad democrática y crítica que aporte a la construcción de una nación que sirva a los intereses de las clases populares y no del capital. Por ese motivo invitamos a toda la comunidad universitaria a reunirnos en una Asamblea Multiestamentaria en las fechas que se decidan en la coordinadora estudiantil en apoyo a la consulta popular y al paro de trabajadores, pero sin perder de vista la independencia que como clase trabajadora debemos tener frente al progresismo reformista del actual gobierno.

Ante la desmovilización impuesta por la clase burguesa y clientelista que se sienta en el congreso, respondemos con organización, lucha y movilización. ¡PROLETARIOS DEL MUNDO UNÍOS!

Bogotá, 27 de mayo de 2025
Unidad Obrera y Socialista
Frente Universitario

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Claustros, Mesa de Diálogo, Constituyente

Constituyente
en la Universidad Nacional
de Colombia

En la Universidad Nacional de Colombia se encuentra en marcha un proceso de democratización que puede reorientar el rumbo de la institución en las próximas décadas. Pero todo va a depender de factores como el desgaste político del gobierno de Petro, la reorganización de un movimiento estudiantil independiente y el fortalecimiento político de las organizaciones sindicales de profesores y empleados administrativos.

La rectoría de Leopoldo Múnera cuenta con el respaldo de un importante sector de los estudiantes, quienes fueron protagonistas del movimiento de protesta para lograr su designación. Igualmente, Sintraunal ha jugado un papel central en el respaldo a Múnera, pues garantizó el año pasado el cese de actividades administrativas de rechazo a los sectores más retardatarios del establecimiento. Sintraunicol en cambio había respaldado a la administración de Dolly Montoya y secundó el intento de Ismael Peña de legalizar su designación como rector en una notaría. El sindicato de profesores ASPU-UN ha hecho énfasis en que se concrete el plan de formalización laboral de los docentes ocasionales, además de participar en mesas técnicas con el gobierno central sobre el proceso de reforma a la Educación Superior y la garantía de financiamiento creciente del sector público.

Constituyente en frío

En la Mesa de Diálogo, que hace seguimiento a los acuerdos con los que se levantó el paro, se puso en evidencia la complejidad de los problemas que debe superar la universidad más importante del país para poder responder a las expectativas del pueblo colombiano en relación con el derecho a la educación superior. Esa es la razón por la que se ha planteado la necesidad de un proceso constituyente universitario. Pero las actuales circunstancias no parecen propicias para adelantarlo.

Los estamentos universitarios se encuentran culminando el segundo semestre de 2024, una anomalía académico-administrativa que no afectaba a la universidad hace muchos años. Si bien la responsabilidad política es de quienes quisieron perpetuarse en el control de la universidad, sus consecuencias afectan a toda la comunidad que concentra la mayor parte de su energía en seguir funcionando con las dificultades presupuestales, de infraestructura y gestión que se acumularon en las últimas décadas.

A esas dificultades se le suma ahora la resistencia activa y consciente del sector desplazado del poder. Han intentado el saboteo jurídico empleando demandas contra la designación de Múnera o tratando de entorpecer otros procesos administrativos. Un grupo de profesores incluso ha conformado el sindicato Atenea con el argumento de velar por sus “derechos laborales”. Es evidente que muchos de ellos se quieren blindar frente a procesos disciplinarios, incluso penales, por los malos manejos en los que han participado. La reaccionaria revista Semana les ha servido de altavoz a sus denuncias.

A la administración de Múnera le ocurre algo similar a lo que está enfrentando Gustavo Petro desde su gobierno progresista. Es resultado de una lucha democrática, pero los problemas que debe resolver necesitarían de una institucionalidad revolucionaria que rompa con el poder establecido. Eso sólo se puede lograr con la movilización y autoorganización de los estamentos y, en últimas, con la participación decisoria del pueblo colombiano en la reestructuración de la universidad.

¿”Participar” o decidir?

Tal como lo expusieron los delegados de las directivas, la Mesa de Diálogo es sólo un “espacio participativo autónomo”…  como puede haber otros. Mientras tanto se realizó el proceso institucional de Claustros y Colegiaturas en el que, tal como lo contemplan los actuales estatutos, se deliberó sobre el Plan General de Desarrollo de la nueva administración. En el pasado reciente los profesores y estudiantes (únicos habilitados para participar) se distanciaron de ese mecanismo por inocuo. Durante años, semanas de deliberaciones concluían con “recomendaciones” que eran ignoradas olímpicamente por el Consejo Superior Universitario (CSU) de turno.

La realidad es que, a pesar del movimiento por la democracia que se dio, la capacidad de tomar decisiones sigue estando en manos del CSU, un organismo absolutamente antidemocrático en el que los estamentos académicos activos (estudiantes y profesores) sólo cuentan con dos delegados, los únicos elegidos democráticamente por voto universal. Los empleados administrativos carecen de representación a pesar de que se les exige compromiso incondicional con las actividades misionales de la universidad y son los garantes del funcionamiento de un ente profundamente burocratizado e ineficiente.

Recordemos que el bloqueo institucional que provocó la designación de Peña sólo se pudo destrabar gracias al cese de actividades académicas y administrativas y al cambiar la correlación de fuerzas políticas en el CSU con dos integrantes designadas directamente por Petro, el cambio de representante del CESU y el compromiso de la nueva representante estudiantil de respetar las decisiones de las asambleas.

Lo concreto es que hasta ahora las conclusiones a que llegue la Constituyente Universitaria por la que ha luchado el movimiento triestamental deberán pasar por el CSU, que incluso definirá los términos de su convocatoria, número de integrantes, distribución por estamentos, y acoger o no sus definiciones. Frente a esa perspectiva los estamentos debemos exigir a la actual administración que se comprometa a considerar vinculantes las conclusiones de la Constituyente si queremos dar pasos en firme en la democratización de la vida universitaria.

Es necesario un Encuentro Nacional Universitario

Si tenemos en cuenta las dificultades de funcionamiento que tiene no sólo la Universidad Nacional sino todo el Sistema Universitario Estatal y las Instituciones Técnicas de Educación Superior, es evidente la imperiosa necesidad de un Encuentro Nacional Universitario.

Sigue pendiente la reforma del conjunto del sistema universitario colombiano regulado desde hace tres décadas por la fracasada Ley 30 de Educación Superior que desfinanció la universidad pública y facilitó el lucro de las universidades privadas. También gravita sobre el conjunto de la educación superior el desfinanciamiento del ICETEX y su reforma estructural, ante la frustración de centenares de miles de jóvenes y familias endeudadas. Mientras tanto se degradan los campus universitarios producto de la precarización de la vida social en general, en un país que se desgarra entre la pobreza y la violencia política y social. Todo parece indicar que este gobierno será incapaz de lograr reformas estructurales para solucionar esos problemas y garantizar la universidad pública gratuita, de libre acceso y de alta calidad que requiere la juventud colombiana.

Un posible Encuentro Nacional Universitario debería superar el aislamiento de las luchas de cada universidad, y retomar un plan unitario de exigencias y movilización. En lo inmediato discutir el financiamiento de la educación pública, exigir presupuesto estatal que desahogue las universidades y garantice un aumento significativo de recursos que permita la permanencia a matricula cero con bienestar, cubra la nómina con contratos estables para profesores y administrativos, y que los departamentos y municipios aporten el 100% de recursos de investigación y desarrollo para las universidades públicas, para que se cumplan las promesas del gobierno Petro de llevar la universidad a las regiones. Estas medidas se pueden financiar suspendiendo el pago de la deuda externa, y un ejercicio democrático de auditoria y control de los recursos por parte de los estamentos universitarios y las organizaciones sociales.

Lamentablemente las reuniones de las Dinamizadoras Estudiantiles no han logrado definir un plan de acción que permita concretar un nuevo Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES) y se corre el riesgo que, de realizarse, se pretenda limitarlo a los intereses electorales de las organizaciones afines al Pacto Histórico y al gobierno. La pérdida de independencia política frente al gobierno por parte de las organizaciones y movimientos sociales populares son la camisa de fuerza que debemos desatar para que se pueda llevar de nuevo a las calles la inconformidad social y enfrentar las políticas que agencian los sectores más reaccionarios dentro y fuera de los claustros universitarios.

Periódico Estudiantil Revolución Permanente
Marzo 1 de 2024

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Universidad Nacional

Las lecciones del paro

Hace varias semanas terminó el cese de actividades en la Universidad Nacional de Colombia. Con un acuerdo firmado entre la nueva administración de la UN y un numeroso grupo de activistas estudiantiles, avalado por representantes y organizaciones gremiales de profesores y empleados, se definió retornar a labores académicas desde el 22 de julio. Es necesario que todos los estamentos hagamos un balance del paro, sus consecuencias inmediatas pero, sobre todo, las perspectivas de mediano y largo plazo en la lucha por una educación superior pública, de libre acceso, gratuita, con garantías de bienestar y de alta calidad.

Un conflicto aislado

A pesar de ser la institución más importante de educación superior del país, este prolongado movimiento de protesta no desencadenó un proceso nacional en el sector universitario público ni convocó la solidaridad de las organizaciones sociales que protagonizaron otras luchas, como el masivo paro nacional del magisterio contra el proyecto de Ley Estatuaria de Educación. El paro en la UN estuvo sometido a las mismas contradicciones que vive el resto de la lucha social en nuestro país: se dio en el marco del gobierno de Gustavo Petro, cuya política ha mantenido dispersas las luchas, las subordina a su agenda parlamentaria, las utiliza como mecanismo de presión para sus negociaciones con los sectores más reaccionarios, o directamente las reprime como ha sido el caso de la huelga en el Ministerio de Trabajo.

El detonador del cese de actividades fue la exigencia política de que el Consejo Superior Universitario (CSU) acogiera la decisión mayoritaria en el proceso de consulta a la comunidad académica para la designación de Rector. Pero el objetivo de fondo es la lucha por la democratización de la vida universitaria. A partir de allí muchos factores pesaron en la dinámica del paro, y una amplia mayoría de estudiantes, profesores y empleados lo respaldaron pasivamente. Las decisiones sobre el curso del conflicto estuvieron en manos de las asambleas, fundamentalmente estudiantiles, que se realizaban presencialmente en los campus o de manera híbrida con participación virtual, pero que se debilitaron paulatinamente. En ese sentido no fue la participación activa de amplias mayorías, ni la movilización masiva en las calles la que determinó su culminación. El cambio de dos consejeros (el representante del CESU y la representante estudiantil) modificó la correlación de fuerzas políticas al interior del CSU, lo que permitió definir la designación de Leopoldo Múnera como nuevo rector.

Encuentros y desencuentros

En el transcurso del conflicto se realizaron dos importantes encuentros estamentales y un cese de actividades administrativas. El primero fue el Encuentro de Estudiantes de la Universidad Nacional (ENEUN). Este evento, luego de varios días de deliberación no logró los resultados esperados, pues se enfrentaron dos orientaciones políticas: los grupos estudiantiles que responden a los partidos del Pacto Histórico, para quienes el movimiento por una reforma a la educación superior debe estar subordinado a la agenda parlamentaria del gobierno, y su método es “presionar para concertar”. Del otro lado están quienes consideran que debe haber independencia política del gobierno y plantean que se debe utilizar el método asambleario “horizontal” para la toma de decisiones. Esta última concepción termina empantanada con el “consenso” en el que la minoría puede paralizar a la mayoría. Ambos sectores contribuyeron a que el ENEUN fuera infructuoso.

De otro lado quienes participaron en las tomas de las instalaciones administrativas y los comedores, que fueron mecanismos de presión que pusieron a la efímera administración de facto de Ismael Peña ante el bloqueo de sus funciones, luego exigieron su propia representación en las negociaciones con la nueva administración. Hasta quienes promovieron el campamento de solidaridad con Palestina han tenido argumentos para reivindicar su participación en las negociaciones. Esa fragmentación del estamento estudiantil, que carece de organizaciones democráticas representativas, es un factor en contra  de un movimiento de largo plazo.

Los docentes por su parte realizaron el Encuentro de Profesores de la Universidad Nacional (ENPROUN), iniciativa que permitió deliberar sobre los problemas fundamentales que enfrenta la UN después de dos décadas de imposición del modelo de universidad-empresa agenciado por las administraciones que respondieron a las directrices de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque. En ese proceso la UN se ha convertido en un archipiélago de sedes y facultades que compiten entre sí por los recursos y los intereses privados externos e internos determinan su desarrollo. En el ENPROUN se planteó la necesidad de articularse alrededor de un plan estratégico que responda a las acuciantes necesidades de una de las sociedades más desiguales del mundo, desgarrada por una violencia social creciente, y que la UN vuelva a ser “la conciencia critica de la nación”, formando a las nuevas generaciones de profesionales e investigadores en la perspectiva de las transformaciones estructurales que permitan construir una nueva sociedad.

Los empleados administrativos de la UN no son tenidos en cuenta para la consulta de designación de rector(a). Una de sus exigencias es tener derecho a representación en los cuerpos colegiados y poder decisorio en la definición de los planes de desarrollo de la universidad. Tienen dos organizaciones sindicales (Sintraunicol y Sintraunal); lamentablemente directivos de la primera se prestaron como testigos para la posesión por notaría de Ismael Peña. Sintraunal en cambio decidió en asamblea declarar el cese de actividades ante la incertidumbre sobre la legalidad de las decisiones administrativas de Peña y en rechazo al grupo de poder que representa. Esa decisión fue otro mecanismo de presión para definir el conflicto. No es casual que el anuncio de designación de Múnera haya sido realizado desde la carpa de los huelguistas, quienes tienen expectativas que su gestión avance en el proceso de democratización de la UN.

Una victoria relativa

La designación de Leopoldo Múnera como nuevo rector se debe considerar como un triunfo democrático del movimiento de protesta contra el comportamiento arbitrario del CSU y la llamada “oligarquía académica”, que decía ser la personera de la autonomía universitaria pero ha utilizado su control para avanzar en el modelo de privatización de la UN y obtener privilegios económicos, como altos salarios y la administración de multimillonarios recursos destinados a investigación, haciendo proliferar fundaciones público-privadas que opacan la administración del presupuesto de la universidad. Como aún restan demandas que tienen como instancia de cierre el Consejo de Estado, la legalidad de la designación de Múnera sigue en entredicho, y él mismo ha manifestado que acatará el fallo. Por eso su nombramiento es un triunfo relativo, pues la autonomía universitaria sigue siendo tutelada por poderes externos. Otro logro es el congelamiento de reformas lesivas para la comunidad como la de Posgrados, que profundizaba la autofinanciación, o el nuevo Reglamento Estudiantil, de carácter abiertamente represivo.

Pero, como decíamos antes, el problema de fondo es la democratización de las universidades colombianas. La institución universitaria a nivel mundial tiene más de mil años de existencia y se la considera depositaria del conocimiento y la cultura. Su evolución ha estado ligada a sociedades fuertemente jerarquizadas en clases, pero se consolidó su derecho a la autonomía a partir del triunfo de la burguesía sobre la aristocracia feudal. Esta nueva clase social promovió la revolución de la ciencia, la tecnología y las artes para aplicarlas a la producción industrial; para ello requería del desarrollo libre del conocimiento y encontró en la universidad un ambiente propicio. Pero ahora el capitalismo, en un largo proceso de decadencia desde hace más de un siglo, ha renunciado al libre desarrollo del pensamiento crítico, la ciencia, la tecnología o las artes, debe controlarlas y poner todas sus manifestaciones al servicio de la acumulación infinita de ganancias.

Hoy todas las instituciones universitarias, públicas y privadas, están inmersas en esa contradicción. La UN no es una excepción, y en las dos décadas anteriores se asimiló a una concepción neoliberal, traducida como universidad-empresa, que promueve la autofinanciación, la investigación mercenaria, y el autoritarismo en la gestión académica, disfrazado de eficiencia administrativa. En realidad ese modelo estaba implícito en los parámetros de la Ley 30 de Educación Superior que se expidió en el marco de la Constitución de 1991, la misma que defiende el gobierno de Petro (pues su partido, el M19, aportó un número significativo de constituyentes y rubricó ese nuevo “Pacto Social”). Por eso es necesario replantear la propia Ley y ese debe ser el objetivo central del movimiento universitario.

“Lista de mercado” y Constituyente Universitaria

El acuerdo firmado para levantar el paro es una extensa lista de reivindicaciones inmediatas, unas de corto, otras de mediano plazo y las más ambiciosas que requieren de reformas estatutarias profundas, además de ingentes recursos presupuestales. Los sectores más retardatarios la estigmatizan llamándola “lista de mercado”. En realidad, la minuciosidad con que cada sector de la comunidad quería incluir la especificidad de sus exigencias sólo refleja la acumulación de problemas que los afectan y a las que no se les daba atención adecuada, además refleja el nivel de conciencia del movimiento universitario, que no solo identifica esas problemáticas sino que además plantea exigencias a la administración y propone soluciones que requieren una verdadera construcción de base para ser llevadas a cabo. Eso hace necesario un replanteamiento estructural de los objetivos misionales de la Universidad Nacional, empezando por el Plan de Desarrollo 2024-2034, que dejó la administración de Dolly Montoya, rectora saliente. Este replanteamiento coincide con el propósito gubernamental de aprobar una Ley Estatutaria de Educación y una Reforma a la Ley 30 de Educación Superior.

De allí que haya un consenso en los sectores que se movilizaron en que hay que ir a lo que se ha llamado Constituyente Universitaria, como un proceso de deliberación y decisión por parte de los estamentos sobre las reformas que se requieren. El tema de la Constituyente ha estado presente en los claustros desde hace décadas, y se han hecho experiencias en varias instituciones públicas. Quienes lo relacionan con el anuncio de Petro acerca de un “proceso constituyente” nacional, sólo quieren crear incertidumbre sobre la injerencia del gobierno en la UN y, ahora, aparecen como abanderados de la autonomía universitaria, cuando, en el pasado reciente, no tuvieron vergüenza alguna en ponerse al servicio de los gobiernos de turno y los sectores empresariales que los respaldaron. En la propia UN hay un monumento arquitectónico que simboliza la alianza “virtuosa” con el hombre más rico del país, el edificio de Ciencia y Tecnología, bautizado “Luis Carlos Sarmiento Angulo”, condición que puso el banquero para donarlo.

Urge un Encuentro Nacional Universitario

El movimiento de protesta en la UN ha entrado en un reflujo que puede prolongarse. Los incidentes que protagonizan esporádicamente encapuchados, en enfrentamientos estériles con el nuevo Esmad, sólo sirven para dar argumentos a quienes quieren mostrar la “ingobernabilidad” de los campus, asediando a la nueva administración que, por la pasividad de la mayor parte de la comunidad, puede ser desbordada por lo urgente, dejando de lado lo importante. En el propio Consejo Superior Universitario permanece enquistado un enemigo jurado de la nueva administración, el repudiado representante profesoral Diego Torres, quien está dedicado a torpedear al nuevo rector. Los activistas estudiantiles y profesorales, abrumados ahora por la propia actividad académica, deben responder además por las mesas de seguimiento a los acuerdos y por el despegue del proceso constituyente.

La salida de la ministra de Educación Aurora Vergara, quien tuvo que enfrentar el conflicto institucional, ha sido un giro en la política de Petro. En buena medida, Vergara se “quemó” por el paro del magisterio y la crisis de la UN. El nuevo ministro, José Daniel Rojas, es presentado como un activista de la “primera línea” del presidente, y estará al frente de las reformas a las leyes de educación y de satisfacer las exigencias del sector. Su capacidad para abordar la complejidad de este reto está por verse, pero el grueso recorte presupuestal del año en curso y del que viene, por las limitaciones fiscales del gobierno, no permite hacer pronósticos halagüeños.

Por todas estas razones urge que el sector educativo en general, y el universitario en particular, de manera autónoma, aborde la discusión de las reformas que lo afectan, promoviendo encuentros sectoriales y nacionales, incentivando la participación de la comunidad y defendiendo sus propias propuestas, evitando que sean negociados a sus espaldas, como ocurrió con la malograda Ley Estatutaria de Educación de Vergara. La necesidad de un Encuentro Multiestamentario Nacional sigue vigente y el ENEUN y el ENPROUN están llamados a concretarlo. La comunidad no puede depender de un incierto fallo del Consejo de Estado o las vacilaciones de la administración. ¡Es la hora de la Constituyente, amplia, democrática, participativa y decisoria!

Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Bogotá, Medellín, agosto 18 de 2024

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Exijamos garantías para culminar el semestre,
medidas de bienestar inmediatas y Constituyente vinculante para las reformas estatutarias

La Universidad Nacional de Colombia entró en paro desde hace varios meses a causa de diferentes problemáticas sobre infraestructura, bienestar y securitización del campus, de la mano con el paquetazo de reformas que incluían enfoques privatizadores y represivos contrarios a lo que ha exigido el movimiento estudiantil durante años. Sin embargo, la gota que rebasó el vaso fue la designación de rector, pues el CSU quiso imponer la rectoría e irrespetó la consulta realizada días antes a docentes, estudiantes y egresadxs; las discusiones que se han tenido desde hace décadas en el movimiento estudiantil y que han planteado definiciones claras sobre autonomía universitaria y cogobierno se expresaron en la profunda indignación que causó la posibilidad de seguir la línea de las directivas salientes.

El paro a nivel nacional como mecanismo de presión en todas las sedes fue parte importante en el proceso para que se respetara la consulta y Leopoldo Múnera quedara como rector, sin embargo, quedan tareas urgentes como la derogación de las reformas aprobadas. Toda reforma que se realice en la Universidad Nacional de Colombia y en toda universidad pública del país debe pasar por la consulta y participación activa de todos los estamentos. Para ello, es prioritario realizar la constituyente universitaria; consideramos esta exigencia como la más importante, pues es la que podría ofrecer soluciones estructurales a las problemáticas que año tras año ponen a la comunidad contra las cuerdas.

Luego de que la composición del Consejo Superior Universitario se modificara y las acciones de presión permanentes durante dos meses impidieran la ilegítima posesión y gobernanza de Ismael Peña, la decisión fue rectificada y Leopoldo Múnera, quién ganó la consulta y se declaró en desobediencia civil frente a la decisión, se posesionó junto a su equipo de trabajo. Desde ese momento, los medios hegemónicos de comunicación, la mayoría del estamento docente y el mismo Múnera han estado planteando propuestas de calendario y siendo enfáticxs en la urgencia del regreso a clases. Incluso Múnera habla de una constituyente universitaria, pero sin garantías democráticas de participación y un movimiento estudiantil dispuesto a construir colectivamente, ésta es solo una consigna vacía.

Lo anterior se ha replicado en sectores estudiantiles, tanto desde las preocupaciones y necesidades individuales como de sectores que plantean metodologías con delegaciones sin procesos de base, sin consensos claros y pareciera que priorizando sus logros por encima de los procesos amplios y transformadores desde los que nos enunciamos. Estamos de acuerdo en que la constituyente universitaria es el mecanismo con el que podemos lograr (aunque de forma limitada por la Ley 30) una universidad más democrática e incluyente, pero debemos tener claro que los cambios no se harán solo llamando a una constituyente, sino priorizando la construcción de espacios de participación amplia como consejos estudiantiles, coordinadoras y asambleas, con garantías concretas de participación vinculante para todos los estamentos y con el compromiso de la comunidad en este proceso histórico.

Finalmente, consideramos necesario seguir movilizadxs y presionar colectivamente por reivindicaciones urgentes, como:

• Un sistema integral de bienestar universitario que incluya
  • Cobertura real de alimentación de calidad para lxs estudiantes sin empresas tercerizadas que prioricen sus ganancias, así como apoyo a los procesos autónomos del estamento que trabajan por la soberanía alimentaria.
  • Acuerdos con gobiernos locales para garantizar transporte público gratuito que les permita solventar costos en su sostenimiento.
  • Realizar los trámites necesarios con la SAE priorizando los predios para residencias y presupuesto suficiente para aumentar los cupos en espacios propios sin el apoyo a empresas privadas que aumentan el costo por estudiante.
• Contratos por períodos anuales y con todas las prestaciones sociales para docentes ocasionales como medida temporal, hasta el cambio en el modelo de contratación y ampliación de la planta docente.
• Eliminación de posibles procesos disciplinarios por las acciones realizadas en el marco del paro, además de acompañamiento jurídico y psicosocial desde la institución a quiénes lleguen a ser víctimas de montajes judiciales a futuro.

Un proceso constituyente exitoso en la Universidad Nacional debe servir de referente para todo el Sistema Universitario Estatal y la educación superior en general, como ejemplo de autonomía y autogobierno responsable frente a la sociedad. El gobierno nacional piensa seguir adelante con el proyecto de Ley Estatutaria de Educación a partir del 20 de julio, cuyo trámite tramposo fue derrotado gracias al paro nacional del magisterio. Esa Ley Estatutaria también afecta los principios sobre los que se debe sustentar la educación superior, que aspiramos sea gratuita, universal, de libre acceso, de alta calidad y con garantías de bienestar y permanencia para lxs estudientes. Todas las universidades públicas debemos declararnos en estado de alerta y participar decisoriamente en la formulación de una nueva Ley de Educación Superior. Por eso es indispensable promover un Encuentro Nacional Multiestamentario por la Educación Superior que elabore esa nueva Ley.

Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Liga Internacional Socialista – LIS
Bogotá – Medellín, julio 3 de 2024

——–¡Por un nuevo modelo
de educación superior!

El modelo de gobernanza actual de la Universidad Nacional es fruto de un proyecto político que busca ahorcar en su cuna cualquier noción de organización democrática local en la universidad, esto se manifiesta en que provista la institución de autonomía para delimitar sus propios estatutos, la Ley 30 establece que su mayor órgano de decisión, administración y reglamentación estará conformado por un grupo de tecnócratas y una participación minoritaria de representaciones políticas de los estamentos que la conforman. La poca rigurosidad con la que se definen las representaciones lleva a que éstas puedan decidir acatar o desconocer las decisiones que se toman de manera colectiva en las asambleas estamentales a su propio juicio, como vimos el pasado 21 de marzo.

Actualmente, el Pacto Histórico impulsa una reforma estatutaria a la educación en el senado, cuyo principal objetivo es establecer los recursos legales que se le proveerán a la ciudadanía para que se le otorgue el acceso a la educación en todos sus niveles, entre sus artículos tiene elementos progresivos como el establecimiento del principio democrático amplio en el autogobierno de las universidades y la transformación del trabajo académico tercerizado en trabajo formal. Sin embargo, el papel de una reforma estatutaria es meramente legislativo y si algo nos ha enseñado el sistema privado de prestación de servicios médicos, es que un derecho a la tutela no lleva a una cobertura integral y de calidad. Finalmente, los pasos agigantados que ha tomado la legislación desde 1991 para el bienestar y los derechos de todos los pueblos que habitan el territorio no se tradujeron nunca en un cambio estructural que implementara en Colombia un estado de bienestar con democracia amplia.

Por esto es que el proceso de reforma actual es limitado, en tanto que sólo se escriben derechos políticos sobre el papel sin una legislación formal mediante la cual se materialice la nueva propuesta de democracia, a pesar de que el movimiento (notablemente, el ENEES de 2023) ha adelantado de manera amplia y reiterativa la instalación de un máximo órgano asambleario, amplio y multiestamentario, y su vigencia dependerá de la voluntad de órganos de “democracia” representativa de un reformismo en retirada constante.

Por este motivo, si buscamos instaurar un sistema democrático que refleje la responsabilidad de las IES con sus comunidades, tenemos que construir en conjunto con todos los núcleos de la educación superior en el territorio (y en otros territorios); para arrancar la legislación actual del arsenal de defensa de Diego Torres y la camarilla e instaurar una autonomía universitaria que funcione para el bienestar comunitario en todas las IES, para que la constituyente de la Universidad Nacional no sea sino una chispa para convocar a los movimientos profesorales, trabajadores y estudiantiles del territorio y consigamos autodeterminación popular sobre los recursos públicos en nuestras manos, para que tengamos garantías de permanencia y de calidad que obedezcan a nuestras exigencias. ¡Llamamos a un Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior que unifique el horizonte político y táctico en nuestra lucha por un nuevo modelo de educación y un nuevo modelo de sociedad!

Revolución Permanente
Bogotá, 31 de mayo de 2024

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A pesar de las dificultades:

UN por la Constituyente

La realización de un Encuentro Nacional de Estudiantes de la Universidad Nacional fue una exigencia y una necesidad que venía siendo discutida desde varios semestres atrás y se materializó luego del inicio del paro actual, causado por el irrespeto a la consulta a la comunidad universitaria para la designación de rector. Con premura comprendiendo la importancia de dar discusiones profundas en las que pudieran participar las nueve sedes, se preparó rápidamente el encuentro, esperando tener como resultado una ruta clara para lograr las exigencias que sostienen nuestro mecanismo de presión.

Es esperable y por experiencia sabemos que los encuentros amplios suelen tener dificultades logísticas y contratiempos sobre la marcha, sin embargo, el último ENEUN enfrentó dificultades de carnetización y contradicciones respecto a la construcción de espacios seguros desde antes de comenzar. A pesar de que varias organizaciones e individualidades construyeron propuestas y ofrecieron sus manos para saldar los problemas mencionados, los cuales también se derivan de la preparación de la delegación Bogotá para su participación, los comités a cargo tomaron sus propias decisiones que, conociendo ahora el resultado, podemos como movimiento estudiantil reconocer como un error.

Los resultados dejaron un sin sabor profundo, el encuentro estuvo lejos de ser representativo de la comunidad estudiantil y quedó significativamente desconectado de lo que ocurría en otros espacios importantes para el paro, la discusión se posicionó como problemas respecto a VBG, sin embargo otros encuentros como el ENEES realizado el año pasado en Medellín, ya habían logrado estrategias que permitieran las garantías mínimas sin afectar la participación del estamento. Por lo anterior, nos atrevemos a decir que los errores tal vez fueron resultado de la poca memoria que habitualmente tenemos para valorar los aprendizajes que compañerxs pueden tener de coyunturas pasadas y los resultados de sus discusiones, pues esto también se refleja en el tiempo que seguimos invirtiendo en construir definiciones y programas mínimos que resultan siendo casi un espejo de documentos de generaciones pasadas.

Así mismo, también fue evidente la contradicción entre quienes quieren que el movimiento se ponga al servicio de la estrategia de reformas recortadas y negociadas en el Congreso con la oposición burguesa y los representantes de la educación mercantil, frente a quienes planteamos que el movimiento debe ser autónomo y debe construir desde los estamentos una nueva ley de educación superior que garantice gratuidad, bienestar, calidad y dignidad laboral para docentes ocasionales y trabajadores administrativos.

La comunidad universitaria sigue resistiendo y esperando una definición del Consejo Superior Universitario designando una rectoría provisional que revierta la usurpación que ha hecho Ismael Peña del cargo. Pero les estudiantes, les docentes y les trabajadores no podemos ser espectadores pasivos del enfrentamiento entre la camarilla de Dolly y Mantilla y el gobierno de Gustavo Petro. La autonomía está en nuestras manos y debemos defenderla con la Constituyente Universitaria.

Por lo pronto, nuestras preocupaciones reflejan lo costoso que puede ser haber realizado un encuentro que aún no tiene unas conclusiones ni declaración oficial y que si las tuviera, para muchas de nosotras mismas no tendría la legitimidad de expresar la postura del estamento estudiantil, en lo concreto luego de dos meses de arduo trabajo, parece que no tenemos una ruta clara para lograr la constituyente universitaria. Consideramos importante avanzar de las discusiones técnicas a la ruta táctica y la propuesta metodológica de la constituyente universitaria que estamos construyendo, es fundamental dar discusiones amplias decidiendo colectivamente cómo enfocaremos nuestras fuerzas para construir una Universidad Nacional con verdadera autonomía, cogobernada, plenamente financiada y al servicio de la clase trabajadora.

¡Todo el poder a la Asamblea! ¡UN por la Constituyente!

Editorial de próxima edición de
Revolución Permanente

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Declaración de los COSOL en respaldo a la lucha democrática de los universitarios

¡Viva el paro de estudiantes, profesores
y trabajadores de la Universidad Nacional
de Colombia!

¡Ismael Peña no es el rector de la Universidad!
¡Viva la Constituyente Universitaria!

Desde hace más de mes y medio la Universidad Nacional de Colombia vive una grave crisis provocada por el intento de imponer un rector repudiado por la mayoría de la comunidad. Pasando por encima de una consulta que respaldó de manera contundente a otro candidato, y utilizando maniobras que han sido calificadas como ilegales por destacados juristas, el profesor Ismael Peña ha pretendido posesionarse como rector de la principal universidad pública del país.

Tal como se ha denunciado por medios de comunicación alternativos, un pequeño grupo burocrático se ha apoderado desde hace más de veinte años de los órganos de gobierno universitario, promoviendo el modelo de universidad empresa, de la que se lucran quienes hoy quieren perpetuarse en el poder. Mientras tanto los fines misionales de la Universidad Nacional (docencia, investigación y proyección a la comunidad) enfrentan cada vez más obstáculos para su realización. La infraestructura de la universidad (como es el caso de la Sede Tumaco) es precaria, el bienestar estudiantil se reduce a medidas asistenciales, se incrementa la inestabilidad laboral de los docentes ocasionales y se generalizan las ODS como forma de contratación laboral en el sector administrativo.

La crisis de la Universidad Nacional es consecuencia de la aplicación de los planes del imperialismo para la educación que se profundizaron desde hace más de tres décadas con la imposición del neoliberalismo que se propuso privatizar las actividades a cargo del Estado, como la educación pública o la salud a todos los niveles. La mercantilización de la educación superior, disfrazada con las llamadas “políticas públicas”, ha sumido en la crisis a todas las universidades colombianas. La ausencia de democracia en la elección de las autoridades académico-administrativas es parte de ese proceso.

El intento de golpe de Peña y el grupo que lo secunda ha sido respondido con un movimiento de rechazo encabezado por el estamento estudiantil, principal víctima del deterioro de la universidad insignia del pueblo colombiano. El movimiento se ha extendido a todas las sedes de la universidad y fue respaldado por los profesores que se han autoconvocado en claustros de deliberación sobre la situación de la universidad y para estudiar las profundas reformas que se requieren para superar la crisis haciendo realidad los objetivos de gratuidad, bienestar universitario, alta calidad y garantías laborales para sus estamentos, conquistando en primer lugar un sistema de gobierno universitario democrático. Estos objetivos coinciden con el propósito declarado por el actual gobierno de dar ingreso a todos los bachilleres del país a la formación universitaria plenamente garantizada por el Estado.

La semana pasada la asamblea de los trabajadores de la universidad tomó la decisión de sumarse a la protesta declarando la hora cero de cese de actividades a partir del 14 de mayo. Es necesario que los sindicatos universitarios unan esfuerzos para garantizar esa decisión organizando desde la base la participación activa de todos los trabajadores de la universidad. Este movimiento multiestamentario tiene como objetivo desarrollar un proceso constituyente que democratice la vida universitaria y sirva de ejemplo a todas las universidades del país, en medio de la lucha por el rescate de lo público.

Desde los Comités de Solidaridad con los Sectores en Conflicto (COSOL) respaldamos la decisión de los estamentos universitarios y haremos presencia en las sedes de la Universidad Nacional de Colombia para apoyar las actividades de protesta. Invitamos a todo el movimiento sindical a sumarse a esta lucha.

Bogotá, mayo 13 de 2024

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La democracia universitaria
y las tareas del estudiantado
de la Universidad Nacional de Colombia

La Nacho, como le decimos por cariño al alma mater muchos y muchas, ha pasado por un largo letargo organizativo y bajos niveles de movilización producto de la pandemia y el reflujo de la UNEES. Esto ha devenido en que el estado político de la universidad sea muy distinto a aquel que se dio hace ya más de 5 años, cuando los y las estudiantes de su momento enfrentaron al gobierno reaccionario de Iván Duque y llevaron adelante uno de los más grandes procesos desde la época de la Mane (2011).

Por otra parte, las luchas por la autonomía y contra la «securitización» del campus, las disputas alrededor del bienestar universitario y las garantías académicas o el debate en torno a la democracia universitaria son cuestiones que se han ido recuperando a lo largo del tiempo; dado que hoy una nueva generación de activistas estudiantiles está gestando nuevos procesos y abriéndose a la posibilidad de alcanzar sus reivindicaciones vía los procesos de resistencia.

En este sentido, es necesario recuperar los elementos históricos del movimiento estudiantil en tanto su método y debates, es decir, la utilización de mecanismos democráticos para organizar la lucha e intervenir en la realidad, cómo asambleas y consejos estudiantiles. Si bien en estos momentos se ha retrocedido al viejo debate de que, si estas son legítimas o no, las y los estudiantes de la universidad debemos asumirnos en los procesos colectivos sin sectarismo, sin maniobras o simple apatía para poder avanzar en las luchas.

Esto último no quiere decir que se deba pasar de cualquier debate, sino que haya plenas garantías para escuchar las distintas voces, pero también para llegar a conclusiones que puedan ser asumidas por el grueso del estudiantado. Pues, es el debilitamiento de los espacios colectivos lo que permite que liderazgos burocráticos e institucionalistas (cómo la mayoría de las actuales representaciones estudiantiles en altos cargos) se tomen la voz por el estudiantado y pacten con la dirección de la universidad sin motivar al estudiantado a ser un actor político activo con capacidad de estar luchando por sus reivindicaciones.

Así pues, la designación del rector en la Universidad Nacional de Colombia ha despertado la sensibilidad de diversos actores, que han propuesto al CSU respetar la consulta realizada hacia el estudiantado, el cual compone gran parte de la comunidad universitaria. Esta consigna si bien es una exigencia democrática, no puede plantearse sin exponer ampliamente que la designación del rector es un proceso esencialmente antidemocrático y nada vinculante, por el cual el estudiantado debe abrirse a una disputa abierta para luchar por una democracia real, dónde puedan elegir a las directivas de la universidad.

En ese sentido, en la universidad, desde el paro del año pasado, ha sonado en diversas voces la idea de una constituyente, la cual resulta ser uno de los objetivos imperativos que tiene que plantearse el movimiento estudiantil; pues será este proceso el que, empujado por la fuerza del estudiantado de todas las sedes, pueda llevar a toda la comunidad universitaria a definir cómo la institución se autogobierna, para que las decisiones no sean tomadas solamente por personas que defienden los intereses del capital y la profundización de la privatización de la universidad.

En ese sentido, a la comunidad universitaria, y en especial al estudiantado le decimos:

En conclusión, estas consignas no serán posibles si no agitamos en cada aula, en cada facultad, con estudiantes, trabajadores, trabajadoras y docentes, en torno a las problemáticas actuales de la universidad, y la necesidad de unificar nuestros esfuerzos para dar las disputas de este momento, las cuales serán decisivas para que en el futuro quede una universidad pública por la cual luchar.

¡Unidad y lucha organizada por la democracia universitaria!

13 de marzo de 2024